Generales imputados

El caso de los generales en los medios impresos del 1 de agosto de 2012
La fuente principal un Comunicado de la PGR Boletín 275/12, que dice:
“El Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México (nunca ponen  el nombre pero se trata de Raúl Valerio Ramírez), con residencia en la ciudad de Toluca, libró orden de aprehensión contra los probables responsables con motivo de la consignación ----“(abajo completo).
Tres periódicos le dan las de “Ocho”;  otros en cintillos, sólo una opinión la de Julían Andrade; mañana muchas.
REFORMA: Van a cárcel Generales, Pp
Un juez federal ordenó la aprehensión del General de División Tomás Ángeles Dauahare y de cinco militares más por dar protección a los Beltrán Leyva.
Nota de Abel Barajas
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MILENIO: Generales, del arraigo al penal, Pp
Los divisionarios están acusados de vínculos con el cártel de los Beltrán; PGR también ejerció acción penal contra un coronel, "La Barbie" y "El Indio".

Nota de Ruben Mosso

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LA JORNADA: Cárcel formal a los generales Ángeles, Dawe y Escorcia
Incierto, el paradero de otro; un teniente coronel y un mayor, también recluidos.
Nota de Gustavo Castillo y Jesús Aranda
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EXCÉLSIOR:  Panistas le madrugan plazas al PRI
Descubren, al menos, mil convocatorias irregulares del Servicio Profesional de Carrera.
·        Consignan a generales por narcotráfico
El General de brigada Rubén Pérez Ramírez podrá ser capturado en las próximas horas.
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LA CRÓNICA: ..
·        Ordenan aprehensión de cuatro generales
Por delincuencia organizada, un juez federal libró orden de aprehensión contra cinco militares —cuatro de estos generales— todos ellos, excepto uno, bajo arraigo desde mayo pasado por sus posibles nexos con el Cártel de Los Beltrán Leyva.

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LA RAZÓN:

Opinión La suerte de los generales: Julián Andrade

Las notas y opiniones.
Van a cárcel Generales /Nota de Abel Barajas
Reforma, 1 agosto 2012.- Un juez federal ordenó la aprehensión del General de División Tomás Ángeles Dauahare y otros 5 militares a quienes la PGR acusa de haber brindado protección al Cártel de los Beltrán Leyva.
Raúl Valerio Ramírez, juez tercero de distrito en procesos penales federales en Toluca, instruyó capturar por delincuencia organizada al General de División Ricardo Escorcia Vargas y al Brigadier Roberto Dawe González, así como al teniente coronel Silvio Hernández Soto y al mayor Iván Reyna Muñoz.
Asimismo, giró la aprehensión contra el General de Brigada Rubén Pérez Ramírez, pero en este caso por delitos contra la salud en la modalidad de colaborar y fomentar el narcotráfico.
Todos los militares serán encarcelados –algunos, como Reyna, ya lo estaban– por un solo delito.
Dentro de la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, el juez también ordenó la captura por delincuencia organizada de Édgar Valdés, "La Barbie"; Gerardo Álvarez Vázquez, "El Indio"; Pedro Bermúdez Suaza, "El Arquitecto", y Denis Gerardo Rodríguez Pacheco, "El Denis".
Los cuatro narcos ya se encontraban encarcelados cumpliendo otras condenas.
La PGR trasladó ayer a los militares, que estaban arraigados, al penal de máxima seguridad del Altiplano para ponerlos a disposición del juez que ha instruido sus capturas.
Si bien el expediente se encuentra en el Edomex, la autoridad puede internar a los acusados en otro centro penitenciario.
Esta es la primera vez en la historia de México que cuatro Generales son encarcelados simultáneamente en un expediente de narcotráfico. Aunque Ángeles y Escorcia estaban en situación de retiro, nunca habían sido consignados dos divisionarios a la vez.
La última ocasión en que un General de División pisó la cárcel fue en el sexenio de Ernesto Zedillo, con Francisco Quirós Hermosillo, quien murió en el Campo Militar Número Uno el 19 de noviembre de 2006.
En tanto, el único divisionario que ha pisado un penal de alta seguridad es Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fue detenido en 1997.
Una vez que los militares sean puestos a disposición del juez, tendrán de 72 a 144 horas para que se defina su situación jurídica.
Si el juez estima que la acusación carece de elementos, serán puestos en libertad.
Pero, si considera que los indicios de su responsabilidad son suficientes, les dictará formal prisión, lo que implica que deberán llevar un juicio privados de la libertad, pues el delito que se les imputa es grave.
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Generales, del arraigo al penal
Milenio Diario, 1 de agosto,
Nota de Rubén Mosso
Los divisionarios están acusados de vínculos con el cártel de los Beltrán; PGR también ejerció acción penal contra un coronel, "La Barbie" y "El Indio".
Una traición entre narcos, origen del escándalo militar
México • Un juez federal ordenó la aprehensión del general Tomás Ángeles Dauahare, acusado por un divisionario y tres testigos colaboradores (incluido un mayor del Ejército), de proteger presuntamente las actividades del cártel de los hermanos Beltrán Leyva en Morelos.
Por esa razón fue levantado el arraigo al ex subsecretario de la Defensa Nacional y consignado al penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, junto con los generales Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia Vargas.
 Funcionarios de la PGR revelaron que Escorcia Vargas fue acusado de enviar soldados a Morelos para recoger el dinero que recibía Tomás Ángeles.
 En tanto, Dawe González fue enlace del general Rubén Pérez Ramírez, comandante de la guarnición militar de Cancún, Quintana Roo (a quien también se encarceló ayer en otro penal federal), al que supuestamente se le ofrecieron 30 mil dólares para que permitiera el aterrizaje de aviones cargados con cocaína procedentes de Sudamérica.
 La PGR también ejerció acción penal contra el teniente coronel retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, a quien se le imputa la venta de información sobre mandos militares que estaban en puntos clave del país.
A este militar se le acusa también de contactar a elementos de la Policía Federal y de la entonces AFI para que no interfirieran y protegieran los arribos de aeronaves en Cancún.
Las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público adscrito a la SIEDO (averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010), fueron suficientes para que el juez tercero de distrito de procesos penales federales con sede en Toluca, Estado de México, ordenara la captura de los generales.
Contra Ángeles Dauahare, Escorcia Vargas, Dawe González y Hernández Soto se giró orden de aprehensión por delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud.
En tanto, al general Rubén Pérez Ramírez se le responsabiliza del delito contra la salud en otra modalidad: colaborar en la ejecución de delitos de esa naturaleza.
Homicidios
Los militares no fueron las únicas personas contra las que la PGR cumplimentó órdenes de captura.
Por el delito de homicidio calificado se procedió contra Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, y Dennys Gerardo Rodríguez Pacheco, El Denis.
A ambos se les relaciona con el homicidio de Luis Soldana Ortiz, comandante adscrito a la Dirección General de Servicios Aéreos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Cancún, quien en noviembre de 2007 fue levantado del estadio del Atlante por supuestamente no dejar aterrizar una aeronave que se estrelló dos meses antes en Yucatán con más de tres toneladas de cocaína.
Asimismo se consignó por delincuencia organizada al mayor Iván Reyna Muñoz, uno de los principales acusadores de Ángeles Dauahare, y al capo José Gerardo Álvarez Vázquez o Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, capturado por el Ejército en abril de 2010.
De igual forma, se giró orden de captura contra el colombiano Pedro Bermúdez Suaza, El Arquitecto, integrante del cártel Norte del Valle y extraditado por México a Estados Unidos en junio de 2007
La SIEDO señalo que las diligencias se desahogaron “con pleno respeto a los derechos procesales y humanos” de los detenidos, quienes por la noche fueron llevados al penal de máxima seguridad.
Claves Imputaciones
► Tomás Ángeles Dauahare fue acusado de recibir dinero del narcotráfico. Según la PGR, el general Ricardo Escorcia Vargas enviaba soldados a Morelos para recoger esos recursos.
► En tanto, Roberto Dawe González fue enlace del general Rubén Pérez Ramírez, comandante de la guarnición militar de Cancún, a quien se le ofrecieron 30 mil dólares para permitir el aterrizaje de aviones cargados de droga.
► Al teniente coronel retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto se le imputa la venta de información sobre militares que estaban en puntos clave del país.
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LA JORNADA: Cárcel formal a los generales Ángeles, Dawe y Escorcia
Incierto, el paradero de otro; un teniente coronel y un mayor, también recluidos.
Nota de Gustavo Castillo y Jesús Aranda
 La Jornada, Pp, Miércoles 1º de agosto de 2012, p. 5
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) consignó ante un juez federal a diez personas por delitos contra la salud y delincuencia organizada, entre ellos al menos tres generales, un teniente coronel y un mayor; por presuntos nexos con operadores del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, destaca el general de división y ex subsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), Tomás Ángeles Dauahare, quien desde mediados de junio pasado denunció que el Ministerio Público Federal fabricaba testimonios para inculparlo de delitos que no cometió.
Ayer, la Procuraduría General de la República (PGR), que encabeza Marisela Morales Ibáñez, difundió que el juzgado tercero de distrito en materia penal con sede en Toluca, estado de México, libró órdenes de aprehensión contra los militares que permanecieron más de 70 días bajo arraigo: el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, el mayor Iván Reyna Muñoz y los generales Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia Vargas.
Se desconoce si ya fue detenido el general Rubén Pérez Ramírez, quien hasta mayo de 2011 fue comandante de la 22 Zona Militar con sede en Toluca, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador de esa entidad, y la PGR, a diferencia de los otros generales, no había dado a conocer información de que existieran imputaciones en su contra.
Personal de la Policía Federal Ministerial trasladó a los militares desde el llamado Centro Nacional de Investigación –que se localiza en la colonia Doctores en la ciudad de México–, a prisiones federales de máxima seguridad. En el caso de los generales Ángeles, Dawe y Escorcia, fueron enviados al Altiplano (también conocido como La Palma o Almoloya), en tanto que de los otros trascendió que fueron enviados a Papantla, en Veracruz, sin que se conociera la situación jurídica del general Pérez Ramírez.
El caso se inició oficialmente el pasado 15 de mayo, cuando los generales Ángeles, Dawe y Escorcia fueron trasladados de sus domicilios a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y luego entregados a la Siedo por integrantes de la Policía Judicial Federal Militar; dos días más tarde, la PGR les notificó que un juzgado federal había concedido su arraigo por 40 días, y el 25 de junio les informó que el plazo se ampliaba a 80 días.
Días después de su detención, tanto los militares como sus familiares alegaron inocencia y dijeron que se fabricaban testimonios con ayuda de narcotraficantes que se convirtieron en testigos protegidos; asimismo, se hizo público que el mayor Iván Reyna Muñoz había declarado ante la PGR que Ángeles Dauahare tenía nexos con los Beltrán Leyva, pero posteriormente presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por presuntos actos de intimidación y tortura de que fue objeto por parte de personal de la Siedo para acusar al divisionario.
Durante la integración de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, la dependencia que encabeza Marisela Morales Ibáñez dio entrada a testimonios anónimos que no resultaron ciertos, como el de que el general Ángeles Dauahare favoreciera la venta de cocaína cuando fue director del Colegio Militar; que sostuvo encuentros en el sur de la ciudad de México con Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, y que entabló negociaciones con miembros de Los Zetas.
En el expediente con el cual se solicitaron las órdenes de aprehensión contra los militares existen imputaciones de los testigos protegidos identificados como Jennifer (cuyo nombre es Roberto López Nájera); Mateo (Sergio Barragán Villarreal, El Grande, operador del cártel Beltrán Leyva); La Barbie (Édgar Valdez Villarreal), y con declaraciones del mayor Arturo González Rodríguez, sujeto a proceso penal desde 2008 por reclutar militares en el Estado Mayor Presidencial para el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Sin embargo, la Siedo señaló que “desahogó la diligencias necesarias para el desarrollo de esta investigación con pleno respeto a los derechos procesales y humanos que establece el orden jurídico nacional y conforme a los elementos contenidos en la averiguación previa.
También informó que el juzgado tercero de distrito en materia de procesos penales federales libró las órdenes de captura contra los militares y contra narcotraficantes como Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, y Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, quienes se desempeñaron como importantes operadores del cártel de los Beltrán Leyva.
Igualmente, se giró otra orden de aprehensión contra el colombiano Pedro Bermúdez Suaza, El Arquitecto, relacionado con una red de traficantes de cocaína de origen sudamericano que operaba en varios aeropuertos en México, entre los que destacaban las terminales de Cancún y Toluca. Además, fue el responsable de un vuelo que transportaba 3.7 toneladas de cocaína de Colombia a México, y que se desplomó en Tixkokob, Yucatán, en octubre de 2008.
Dentro de este proceso penal fue acusado Dennys Gerardo Rodríguez Pacheco, El Denis o El 19, detenido en 2008 en Cancún por secuestro, pero ha sido considerado como el principal sospechoso del asesinato del comandante de la Dirección General de Aeronáutica Civil, José Luis Soladana Ortiz, ocurrido en 2007, e involucrado en la ejecución del general Mauro Enrique Tello Quiñónez y dos de sus colaboradores, en febrero de 2009, cuando el militar se desempeñaba como asesor en materia de seguridad pública en el municipio de Benito Juárez (Cancún).
“Apoyaron a narcos”
La PGR acusa a cinco militares de “delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud”, esto es, que supuestamente apoyaron las actividades del cártel Beltrán Leyva; en el caso del general de brigada Rubén Pérez Ramírez, se le imputan “delitos contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza”.
En tanto, a Édgar Valdez y Dennys Gerardo Rodríguez Pacheco se les imputa delincuencia organizada, delitos contra la salud y homicidio calificado (este último ilícito sin precisar quién fue la víctima); a Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, y a Pedro Bermúdez Suaza se les menciona como probables responsables de delitos contra la salud “en la modalidad de introducción de cocaína al país”. Dos de los testigos protegidos y acusadores de los militares, El Indio y El Grande, ya fueron extraditados a Estados Unidos.
Al cierre de esta edición, la PGR no había informado si el general Rubén Pérez Ramírez ya se encuentra detenido.
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Encarcelan a generales por nexos con el narco
Las órdenes de captura también incluyen a los operadores de los Beltrán Leyva: El Indio, La Barbie y El Arquitecto
Nota de Aurora Vega y Juan Pablo Reyes 
Excélsior, 1 de agosto.- La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo del juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, la orden de aprehensión contra seis militares entre ellos cuatro generales de división del Estado Mayor, por el delito de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud al presuntamente estar vinculados con la organización Beltrán Leyva.
En la consignación que entregó la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) se hace mención que los generales Tomás Ángeles Dauahare; Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez —general de Brigada, quien podría ser detenido en las próximas horas—, así como el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz están relacionados con los operadores Édgar Valdés Villareal, La Barbie, y Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, y otros dos narcotraficantes.
En la averiguación previa que el Ministerio Público consignó al Juzgado Tercero de Distrito en Toluca, las únicas pruebas que existen contra los militares —arraigados desde el 15 de mayo— son los dichos de tres testigos protegidos que se encuentran en Estados Unidos; entre ellos, Mateo, quien fue identificado como Sergio Villareal Barragán, El Grande, lugarteniente del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, según revelaron funcionarios del juzgado.
De acuerdo con la PGR, los militares se encuentran relacionados con la organización Beltrán Leyva y sus operadores, Édgar Valdés Villarreal, La Barbie; José Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio; José Antonio Ramírez Suaza, El Arquitecto, y Denny’s Gerardo Rodríguez Pacheco, El Denis, por lo que en la misma averiguación se les inició un nuevo proceso a los cuatro narcotraficantes, por delitos contra la salud en la modalidad de introducción al país de cocaína; obteniendo la PGR órdenes de aprehensión en su contra, las cuales fueron cumplimentadas en su centros de reclusión.
Funcionarios del juzgado precisaron que la PGR relacionó diversos hechos de los cuatro narcotraficantes con los militares, no sólo de protección, sino de fomento, por lo que diversos hechos que fueron cometidos por La Barbie, El Indio, El Arquitecto y El Denis tendrán que ser probados ante el juez, quien tendrá que valorar las pruebas y no sólo los señalamientos.
Por el delito de homicidio calificado se señala la presunta responsabilidad de Édgar Valdés Villarreal y de Denny’s Gerardo Rodríguez Pacheco.
Durante el arraigo de los generales Tomás Ángeles Dauahare; Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dawe González, así como del teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, y el mayor Iván Reyna Muñoz, no se había mencionado la participación del general de Brigada Rubén Pérez Ramírez, quien fue comandante de la 22 zona militar en el Estado de México hasta febrero del 2011 y hasta el cierre de la edición continuaba libre, pese a la orden aprehensión.
Los militares fueron internados en el penal del Altiplano, en  Almoloya de Juárez.
El procedimiento
La PGR precisó que la SIEDO desahogó las diligencias necesarias para el desarrollo de la investigación y que cuenta con suficientes elementos y pruebas sobre la culpabilidad de los militares acusados y de su relación con el crimen organizado.

El Ejército Mexicano se ha deslindado de las investigaciones que realiza la PGR. En una respuesta de información pública la Secretaría de la Defensa Nacional precisó que no investiga ni tampoco ha iniciado ninguna averiguación previa en contra de los generales Escorcia Vargas, Ángeles Dauahare y Dawe, así como el teniente coronel Hernández, y afirmó que se mantendrá al margen de indagatoria iniciada por la Procuraduría.

La Sedena precisó que “la participación de la dependencia del Ejecutivo se limitó exclusivamente a cumplimentar la orden de presentación de los militares referidos”.
Tras haber sido detenidos en el pasado 15 de mayo por una indagatoria que realiza la SIEDO por su relación con la organización de los Beltrán Leyva, el Ejército mexicano indica “las investigaciones del caso son realizadas por la propia Procuraduría General de la República, la cual cuenta con la totalidad del expediente, siendo la única responsable de su integración”.
 “Las autoridades harán el ridículo con el caso”
“Una vez más (las autoridades) van a hacer el ridículo”, consideró Adriana Ángeles Zepeda, hija del general Tomás Ángeles Dauahare, ante la orden de aprehensión girada en contra del militar ayer.
Leticia Zepeda y Adriana Ángeles, esposa e hija de quien fuera subsecretario de la Defensa Nacional —entrevistadas por Excélsior—, afirmaron que buscarán agotar todas las instancias posibles hasta demostrar la inocencia de Ángeles Dauahare y conseguir su libertad.
“Se va a demostrar la inocencia de mi esposo, no sabemos cuánto tiempo se lleve, él es inocente y tenemos pruebas fehacientes. La impunidad y el abuso de poder deben terminar por el bien del país”, aseveró Leticia Zepeda.
Tras asegurar que ya veían venir la orden de aprehensión contra su familiar, comentaron que fue el abogado que lleva el caso, Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, quien les comunicó que un juez había resuelto no beneficiar el general en retiro.
“Sabíamos que era una posibilidad, no sabíamos que el hecho se fuera a realizar, teníamos la esperanza de que no llegara tan lejos, pero ya el abogado, desde el principio, nos dijo que era una posibilidad”, lamentó la hija del militar.
Durante la conversación las familiares del general Tomás Ángeles aseguraron que no se sienten seguras ante las amenazas recibidas en días pasados, ya que “esto no se va a acabar aun después de que mi papá saga libre”.
Reiteraron su confianza en la inocencia de quien fuera segundo al mando en la Secretaría de la Defensa Nacional, y afirmaron que lucharan “con todo” e irán “hasta donde sea necesario” para limpiar el nombre de Ángeles Dauahare.

“Esto no es una lucha personal o familiar, es una lucha de toda la sociedad, ya que todos los ciudadanos somos rehenes del poder del Estado. Hay muchos ojos puestos en el caso y no puede ser que haya tantas personas acusadas y encarceladas injustamente, México no puede seguir viviendo así”, insistieron Adriana Ángeles y Leticia Zepeda.

La esposa del militar indicó que espera que en los próximos días se puedan ofrecer más declaraciones, una vez que la defensa del general en retiro, tenga el expediente completo ya que, sostuvieron, la información y el expediente “nunca se tuvo completo, siempre a cuentagotas”.
Luego de reconocer que no se han comunicado con los familiares de los otros militares detenidos, adelantaron que en su momento y cuando cuenten con los elementos necesarios realizarán un comunicado como familia para fijar su postura.
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LA CRÓNICA: ..
·        Ordenan aprehensión de cuatro generales
Por delincuencia organizada, un juez federal libró orden de aprehensión contra cinco militares —cuatro de estos generales— todos ellos, excepto uno, bajo arraigo desde mayo pasado por sus posibles nexos con el Cártel de Los Beltrán Leyva. Entre los inculpados está el ex subsecretario de la Defensa Nacional, general Tomás Ángeles Dauahare.
El juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federal, con residencia en Toluca, fue quien otorgó la orden también contra los generales Ricardo Escorcia Vargas y Roberto Dawe González, así como el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, éste ex escolta de Andrés Manuel López Obrador, por delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud.

Asimismo, la orden incluye al general de Brigada, Rubén Pérez Ramírez, por delitos contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza.

Hasta anoche los militares se hallaban en el Centro de Investigaciones Federales y se esperaba que serían confinados en un penal federal de alta seguridad.
En el mandamiento judicial también es contra los narcotraficantes Edgar Valdés Villarreal, La Barbie, Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, José Antonio Ramírez Suaza, El Arquitecto, MayorIván Reyna Muñoz y Denis Gerardo Rodríguez Pacheco, alias El Denis, acusados por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de introducción al país de clorhidrato de cocaína.
En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) señaló que "la SIEDO desahogó las diligencias necesarias para el desarrollo de esta investigación, con pleno respeto a los derechos procesales y humanos que establece el orden jurídico nacional y conforme a los elementos contenidos en la indagatoria indicada".
La orden de aprehensión se da a partir de la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010 de donde se desprenden los testimonios que inculpan a los militares de ser parte de una red de protección al servicio de la organización de los Beltrán Leyva.
De acuerdo con las investigaciones, uno de los testimonios de Jennifer, nombre clave del testigo protegido, Roberto López Nájera, colaborador de Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, fue quien señaló al general de División Diplomado del Estado Mayor, en retiro, Tomás Ángeles Dauahare.
Otro de los testigos protegidos (detenido en septiembre de 2010 en Puebla por la Marina) a quien se le identificó como Mateo, nombre clave de Sergio Villarreal Barragán El Grande, uno de los principales operadores del Cártel de Los Beltrán Leyva, señaló también a los generales Ángeles Dauahare, Dawe González y Escorcia Vargas, así como al teniente coronel Silvio Isidro de Jesús haber formado parte de la narco nómina de dicho cártel.
El general Tomas Ángeles Dauahare, enviado a situación de retiro en 2008 cuando ocupaba el segundo puesto de mayor importancia en la Secretaría de la Defensa Nacional, estuvo a cargo del Consejo de Guerra instaurado contra los generales Francisco Humberto Quirós y Mario Arturo Acosta Chaparro, a quienes se les investigaba por presunta colaboración con el cártel de Juárez, con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes El Señor de los Cielos, lo cual no se comprobó.

En tanto que Roberto Dawe González, general de brigada de Estado Mayor, se le investigaba por presuntos nexos con la delincuencia organizada durante la administración de Arturo Chávez Chávez al frente de la Procuraduría General de la República.

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La suerte de los generales /Julián Andrade
La Razón, 1 de agosto de 2012
Los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas y Roberto Dawe, tendrán que enfrentar un juicio por delitos de delincuencia organizada.
En el filo del vencimiento del plazo de arraigo en su contra, la Procuraduría General de la República obtuvo las órdenes de aprehensión respectivas.
Hay que decir que esto ocurrió luego de que fueran valoradas las pruebas de descargo que proporcionó el propio general Ángeles y que sólo fueron integradas al expediente por la orden precisa y apremiante de un juez a las autoridades.
Para el Ministerio Público es una buena noticia, ya que de no lograr la detención habría significado fortalecer las teorías que ven en las acusaciones una venganza.
Tampoco sería la primera, y menos la última vez, que algo así ocurre, y esto se puede entender si tenemos en cuenta la rudeza de los cuarteles y las ambiciones que despierta el poder que proviene de las armas.
Los tres generales serán acusados junto a dos narcotraficantes de altos vuelos, Edgar Valdés Villarreal, La Barbie, y Gerardo Álvarez Vázquez, El indio. Ambos sujetos pertenecieron a la organización de los hermanos Beltrán Leyva.
Hay un dicho que señala que en México “a nadie se le niega un vaso de agua o un auto de formal prisión” y eso se puede aplicar muy bien a las órdenes de captura.
Habrá que esperar a las valoraciones del juez que decida dictar el auto de formal prisión y con el tiempo al propio proceso para tener una valoración adecuada del asunto.
Por lo pronto es una noticia triste para las fuerzas armadas, porque el general Ángeles pertenece, como se ha dicho con insistencia, a la élite militar mexicana.
El caso, además, es el más importante desde la operación limpieza, la que culminó con la detención de quien había sido el Zar antidrogas.
La historia penal mexicana indica que se debe ser cauto en los juicios, ya que en más de una ocasión los grandes anuncios sólo han sido el prólogo de fiascos de gran envergadura.
Lo más grave para los grandes casos judiciales, y más en los que está implicada la política, es que nunca hay final feliz, ya que cualquier desenlace tiene graves implicaciones.
No se necesita mucha imaginación para prever las consecuencias que se derivarán de que tres generales del ejército hayan estado al servicio de los barones del narcotráfico, pero peor aún, sería terrible amanecer un día con que siempre no, que alguien se equivocó y que los testigos protegidos no fueron lo confiables que se esperaban.
Los generales no se improvisan, y la pérdida de cada uno de ellos y en circunstancias en las que está en litigio su honorabilidad, representa un alto costo en inversión y, más grave, en la moral de los mandos más jóvenes.
Triste suerte para los generales, pero también para un aparato de seguridad sometido a las presiones del narcotráfico y a una guerra de la que no hay final a la vista.
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El Comunicado de la PGR
Obtiene el AMPF orden de aprehensión en la AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010
Martes, 31 de Julio de 2012 > Boletín 275/12
El Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México (nunca ponen  el nombre pero se trata de Raúl Valerio Ramírez), con residencia en la ciudad de Toluca, libró orden de aprehensión contra los probables responsables con motivo de la consignación de la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010 por los delitos siguientes:
 1. Delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud, contra: Tomás Ángeles Dauahare, General de División Diplomado del Estado Mayor (DEM) retirado; Ricardo Escorcia Vargas, General de División DEM retirado; Roberto Dawe González, General Brigadier DEM; Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, Teniente Coronel retirado, quienes se encontraban sujetos a la medida cautelar de arraigo prevista en el artículo 16 Constitucional; Mayor Iván Reyna Muñoz; Edgar Valdés Villarreal, alias "La Barbie"; José Gerardo Álvarez Vázquez o Gerardo Álvarez Vázquez, alias "El Indio"; Antonio Aguilar Cuervo o Antonio Aguilar Vélez o Antonio Bermúdez Uribe o Pedro Bermúdez Suaza o José Antonio Ramirez Suaza, alias "El Arquitecto" y Dennys Gerardo Rodríguez Pacheco o Denis Gerardo Rodríguez Pacheco, alias "El Denis".
2. Contra la salud en la modalidad de introducción al país de clorhidrato de cocaína, contra: Edgar Valdés Villarreal, alias "La Barbie"; José Gerardo Álvarez Vázquez o Gerardo Álvarez Vázquez, alias "El Indio" y Antonio Aguilar Cuervo o Antonio Aguilar Vélez o Antonio Bermúdez Uribe o Pedro Bermúdez Suaza o José Antonio Ramirez Suaza, alias "El Arquitecto".
 3. Homicidio calificado, contra Edgar Valdés Villarreal, alias "La Barbie" y Dennys Gerardo Rodríguez Pacheco o Denis Gerardo Rodríguez Pacheco, alias "El Denis".
 4. Contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza, contra Rubén Pérez Ramírez, General de Brigada.
La SIEDO desahogó las diligencias necesarias para el desarrollo de esta investigación, con pleno respeto a los derechos procesales y humanos que establece el orden jurídico nacional y conforme a los elementos contenidos en la indagatoria indicada.