Y Todos Somos Juárez, gran negocio/Marcela Turati

Y Todos Somos Juárez, gran negocio/Marcela Turati Revista Proceso # 1879, 4 de noviembre de 2012.
La matanza de Villas de Salvárcar, en Juárez, a principios de 2010, obligó al gobierno federal a destinar una partida millonaria para reconstruir el tejido social y combatir la pobreza en esa ciudad, y le encomendó la tarea a la Sedesol. Y aun cuando el supuesto éxito de los programas asistenciales se divulgó a los cuatro vientos, los manejos del dinero público son nebulosos, en particular los del programa Hábitat.

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Dos adolescentes recorren el Centro de Desarrollo Comunitario Granjas de Chapultepec preguntando si ese día habrá clases de batería porque, dicen, el maestro no llega. Éste no es un centro como los que la Presidencia publicita en televisión, con arquitectura moderna, alberca o canchas deportivas, aunque el nuevo gimnasio de box, los vestidores y el salón de usos múltiples son un lujo en esta colonia que estrena banquetas. Los muchachos suelen pasar en él las tardes dos días a la semana.

“Nos aburríamos y necesitábamos despertar nuestro lado creativo y musical y vinimos a preguntar y ya nos metimos a clases de guitarra y percusión. Nos interesa meternos a mantenimiento computacional e inglés”, dice Érik Corral, de 14 años, estudiante de segundo de secundaria. Su amigo Juan Manuel Márquez, quien dejó inconclusa la primaria, dice que aprovecharía más horas el espacio si estuviera mejor equipado. “Venimos cinco a estudiar batería y nomás hay una para todos”, lamenta.
Colgadas en el alambrado que rodea el centro, unas mantas de plástico anuncian a los vecinos las oportunidades de aprendizaje: las clases de kick boxing, box, decoración de pasteles, computación, corte y confección, belleza, taekwondo o inglés, que pueden tomar por 50 pesos. Patricia López, la encargada del centro, explica que las clases gratuitas, las del programa Hábitat, están suspendidas por un tiempo.
El día que la reportera visitó el centro tampoco hubo desayunos escolares, porque éstos funcionan sólo con el ciclo de la SEP. Unos albañiles trabajan en la remodelación del inmueble.
La inversión en los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) fue una de las respuestas del gobierno a la crisis de violencia vivida en esta ciudad después de la masacre de 15 estudiantes en Villas de Salvárcar en 2010 y de que la obrera Luz María Dávila, madre de dos de los asesinados, le reclamó al presidente Calderón en un acto público las consecuencias de su guerra.
En el plan de contingencia orquestado por la Presidencia, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se encargó de la restauración del tejido social y el combate a la pobreza. El modelo a seguir eran los centros culturales construidos en los barrios más pobres de la ciudad colombiana de Medellín.
Dos años después, en su última visita a esta ciudad, Calderón recorrió Villas de Salvárcar, donde disfrutó conciertos infantiles en un teatro al aire libre, torneos deportivos en las majestuosas canchas, e inauguró una moderna biblioteca equipada con computadoras. Parecía un milagro.
Pero el milagro esconde sus miserias, como constató Proceso en una investigación en la que encontró costos inflados, ocultamiento de información sobre licitaciones, acciones sin supervisión y descontinuadas. Todas en el programa Hábitat, dirigido por María Eugenia González Alcocer, de familia panista de abolengo.
La investigación incluyó solicitudes de información pública, recorridos por los centros, entrevistas a involucrados y documentos de la Sedesol.
En una primera consulta, luchadores sociales juarenses habían manifestado a Proceso críticas a la intervención federal. El sociólogo Hugo Almada, de la Mesa de Seguridad, dijo que los programas de la Sedesol se diseñaron desde el centralismo defeño, sin consultar prioridades locales. De la Mesa de Infancia, Catalina Castillo objetó que se invirtió mucho en cemento y viáticos de funcionarios y poco en restauración del tejido social y fortalecimiento de organizaciones locales.
El visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Gustavo de la Rosa, dijo que el PRI terminó adjudicándose las obras para ganar votos. Y sobre el terreno sus críticas toman sentido.
Los buitres de la guerra
En el CDC Francisco I. Madero, “el más grande de Latinoamérica”, como lo presenta su encargado, Francisco López, éste explica que muchas clases se cobran “para sacar la gasolina de los maestros” y otras las paga el gobierno. Señala que acuden unas mil 500 personas a tomar cursos, talleres, oficios, educación abierta, consulta médica o deportes. Todos los que entran a su oficina climatizada ven el retrato del alcalde Héctor Teto Murguía. Su foto aparece en todos los centros.
Mientras informa que se suspenderá el campamento de verano, indica la afluencia que tienen los distintos cursos. Dice que los de ConArte (de “canto, urbedanza, saxofón, batería y guitarra”) reúnen semanalmente a 60 niños.
La publicidad oficial señala que 7 mil infantes de Juárez son beneficiarios del ConArte en 24 centros. Para operar el milagro esa organización recibió 5.8 millones de pesos para talleres y 1.9 millones para los instrumentos en 2010. Sus alumnos son los niños que reciben a Calderón con música o con los que el titular de la Sedesol, Heriberto Félix, posa tocando guitarra.
La organización –cuyo nombre legal es Consorcio Internacional Arte y Escuela y fue fundado por Lucina Jiménez, exdirectora del Centro Nacional de las Artes– presenta en su página de internet informes menos pretenciosos en los cuales menciona a “más de 2 mil 400” beneficiados en las clases de Urbedanza, ¡Ah, que la canción!, Ensamble musical y Núcleos juveniles de música.
Las bases de datos generadas por el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales en la Sedesol, en cambio, indican que los beneficiarios son 2 mil 46 niños, lo que indica que la educación de cada uno costó 5 mil 376 pesos. En informes internos se señala que en centros como el José Refugio Sánchez los directivos calcularon que tendrían 460 alumnos, pero llegaron ocho. En una hoja de cálculo de noviembre de 2010 se indica que toman clases sólo 20% de los alumnos estimados.
En sus reportes correspondientes a ese año y a 2011, cuyas copias tiene Proceso, la organización indica que ello se debe, entre otros factores, a la inseguridad de la zona, la inestabilidad en algunos CDC, las obras de remodelación o bien a que en ocasiones el encargado de la llave no llegó o a la falta de espacio.
Cuestionada por el desfase, la titular de Hábitat arguye que “por error” se contaron niños dos o tres veces; es decir, sumaron a sus hermanitos. Además hubo un mal cálculo de los proyectos de inversión, pues a gente de su oficina “se le hizo fácil” calcular exceso de niños en clases de saxofón, donde sólo tres pueden tocar el instrumento.
“Como teníamos comprometidos 2 mil niños, tuvimos que prorratearlo”, explicó. Su dicho se contrapone a los testimonios de los extrabajadores de Hábitat Ximena García y Rafael Gutiérrez, quienes revelaron a este semanario los elevados montos de algunos convenios, las órdenes que recibían para que inventaran beneficiarios en programas de bajo impacto o para que “cuadraran gastos”.
“Teníamos que aprobar todo lo que fuera de Juárez, aunque muchos de nosotros decíamos que eso no se podía porque no entraba dentro de las reglas”, señaló Ximena García.
Otro exempleado que pidió el anonimato, encargado de labores administrativas, recordó: “ConArte no levantó las cédulas de información socioeconómica que usa el programa, culpó a la delegación de Chihuahua y cuando nos dieron la orden de regularizar todo vimos que muchos niños no existían y sólo pudimos meter al sistema a poco más de 2 mil”.
A pesar de que no alcanzó las metas, para 2011 se aumentó el presupuesto a ConArte, en el cual –según la hoja de desglose de gastos– se incluyen rubros como: documental del proyecto (86 mil 500 pesos), apoyo de transporte de maestros (235 mil), así como viajes de supervisión, pago al enlace en Juárez o gastos y equipo de oficina, entre otros. El total: 14 millones. Este año consiguió 23.7 millones de pesos de la Sedesol para replicar su modelo en seis ciudades.
Algunos ciudadanos, como el visitador De la Rosa, defienden la inversión al señalar: “Independientemente de los resultados cuantitativos, ConArte logró entretener quizás a unos 4 mil jóvenes y tenerlos ocupados, pero cualquier esfuerzo resulta limitado en ésta que fue la ciudad más violenta del siglo XX”.
De Hábitat han renunciado al menos una decena de empleados por las irregularidades y los malos tratos de la directora. Los relatos de los exfuncionarios parecen surrealistas. “Durante las inauguraciones de los centros se iba quitando el equipamiento de unos para ponérselo a otros que no tenían, montaban y desmontaban centros; al final no se supo dónde quedaron muchas cosas”, dijo García.
Gutiérrez narró que varias veces les pidieron inventar beneficiarios de obras de pavimentación o de talleres, así que contrataban a alumnos de escuelas públicas para que consiguieran firmas de otros. “Sacábamos niños de donde fuera”.
“En los PH (los formatos del Programa Hábitat para la aprobación de los presupuestos) tuvimos que inflar costos para pagar cosas que no estaban en los lineamientos, como el concierto del proyecto Hagámoslo en el Centro Cultural Paso del Norte, al que se fueron 2 millones de pesos”, agregó García.
Desayunos pobres, ganancias ricas
En el CDC Felipe Ángeles y en los otros 39 centros, todos los días los niños reciben un cuarto de litro de leche y una cajita de cereal, yogurt o jugo –actualmente con suplemento alimenticio–, patrocinado por la Fundación Pedro Zaragoza, de la millonaria familia juarense Zaragoza, dueña de un consorcio lechero y distribuidora de gas en el continente. Esta se encarga de la operación del programa Sustenta.
“Sustenta viene dos días a brindar apoyo a las personas que tienen necesidades; dan pláticas de diferentes temas, como nutrición y huertos familiares; al final venden medio galón de leche y medio de jugo a 20 pesos. Si la leche te cuesta 25 y el jugo como 18 pesos, el ahorro es sustancial. Eso sí, tienen que llevarse los dos, porque así es el kit”, explica Agustín Corral, el encargado de ese centro equipado con salón de taekwondo.
En el Granjas de Chapultepec doña Ema Lucero –uno de cuyos hijos fue asesinado– habla del beneficio: “Hay una lista de espera para entrar al Sustenta y a los desayunos, por eso a los que no vienen se les da de baja. Eso me apoya mucho porque tengo tres nietos y no tengo cómo darles leche y aquí te dan todo por un ratito de juntas”.
En diversos comunicados de la Presidencia y de la Sedesol se festeja la bondad de la Fundación Zaragoza. Pero la buena voluntad queda en entredicho al revisar los contratos suscritos entre las partes.
El PH-01 (formato de aprobación del presupuesto a Sustenta) para la obra 080371DS002 registra que la Sedesol este año paga a la fundación 11.6 millones por impartir cursos semanales de nutrición y huertos familiares a 6 mil beneficiarios. En 2011 el monto fue de 7.6 millones por 3 mil 500 beneficiarios y en 2010 de 1.5 millones para mil 500 familias. Esto significa que se pagaron mil 800 pesos por cada persona que recibió una charla y que, al final, compró leche.
El esquema Sustenta se usa en toda la República, a través del cual la dependencia financia talleres nutricionales a los bancos de alimentos de cada entidad y éstos se comprometen a dar una despensa semanal gratuita a cada familia capacitada.
En el contrato firmado con el Banco de Alimentos de Campeche, la Sedesol le paga 842 mil pesos por capacitar y alimentar a mil 500 personas. Cuando los beneficiarios son 3 mil 500, la Sedesol otorga un máximo de 1.8 millones de pesos. Sin duda Zaragoza disfruta de un trato preferencial.

En el cuarto informe trimestral de 2011 de Sedesol al Congreso se señala que “se capacitó en salud comunitaria a 3 mil jefas y jefes de familia (…) a través del proyecto Sustenta, con una inversión federal de 7 millones”.

González Alcocer justificó el trato señalando que mientras los demás Bancos de Alimentos sólo velan por la alimentación, Zaragoza da atención integral al impartir talleres sobre proyectos productivos, cultivo para autoconsumo, salud, educación nutricional, e instalar estancias infantiles.

En contraparte, García la acusó: “Nos pedía que infláramos los PH de Sustenta para que entrara con el pago de talleres el costo de los desayunos que dan a cada niño; le sumábamos cinco pesos por desayuno, así que los PH de los talleres salían de hasta 2 millones de pesos y además ellos vendían ahí su excedente de leche”.

Los exempleados dijeron desconocer qué había detrás de los beneficios. Sólo recuerdan que cuando viajaban a Juárez la familia Zaragoza los proveía de camionetas, salones, materiales y que la directora de Hábitat se hospedaba en El Paso, Texas, con Lydia Verónica Jiménez Montes, la directora de la fundación.
Una exoperadora del programa en Juárez dio a este semanario una posible explicación: “El recurso para Sustenta se elevó porque Calderón iba a viajar a Juárez y faltaba equipar una cocina, una estancia infantil y había otros rezagos desde 2010, entonces Zaragoza prestó el dinero para que compraran lo que les hacía falta para la visita y el préstamo se le pagó con el recurso”.
De hecho, según documentos internos, Hábitat le otorgó a la empresa Paneles Solares y Energía Solar, del marido de Jiménez Montes, el contrato para la construcción de tecnología de celdas solares y calentamiento de agua en diversos CDC por 3.2 millones de pesos. Como en 2011 la empresa no existía, Fundación Zaragoza firmó los convenios. A pesar de que su objeto social es la asistencia de huérfanos y ancianos, presentó una certificación del Conalep que la acredita como capacitada para “diseñar e instalar energía fotovoltaica”.
Los exintegrantes del programa señalan que las irregularidades iban autorizadas desde “niveles altos”. Algunos culpan al secretario Félix, otros a González Alcocer, otros a Maurilio Fuentes –director de los CDC y exoficial mayor del alcalde– o al delegado de la Sedesol en Chihuahua, Arturo Fuentes Vélez. Todos coinciden en que los ilícitos pasaron por Soledad Torres Zaragoza, la directora de Servicios Financieros de la unidad.
Según las bases de datos, los convenios de Hábitat con esas y otras organizaciones no fueron concursados y llevan como código “AD”, de adjudicación directa, versión contraria a la dada por González.
Según los testimonios, desde Hábitat se pagaron conciertos, estudios de grabación, viáticos de personal externo e insumos no aprobados por las reglas de operación, los cuales tuvieron que ser camuflados. Además, cinco músicos fueron contratados como personal de la Sedesol, aunque laboraban para Hagámoslo. El pasado 27 de octubre los artistas de barrio financiados por Hábitat se presentaron en el Palacio de Bellas Artes.
González defendió el trabajo hecho en Juárez diciendo que contribuyó a la restauración del tejido social (“cuajaron” las enseñanzas para autoconsumo, ahorro de agua y gas, nutrición, cocina, tecnologías, arte y formación de formadores). Dijo que no desvió un solo peso, que los resultados se pueden constatar en cada niño y que “hubo una eficiente y eficaz documentación”.
La transparencia que presume no se reflejó en las obras. Hábitat se encargó de armar las licitaciones para la pavimentación de 200 mil metros cuadrados de calles y vialidades, y para la rehabilitación, ampliación y equipamiento de 15 nuevos parques y seis CDC por 250 millones de pesos.
Sin embargo la dependencia no permite fiscalizar el destino de los recursos. A través de la Ley de Transparencia Proceso solicitó padrones de beneficiarios, desgloses de obras, montos de convenios y compañías contratadas para Todos Somos Juárez, pero la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, a la que Hábitat responde, y la delegación de Chihuahua, manifestaron que esa solicitud no era de su competencia. Los datos de las constructoras fueron negados en tres peticiones (la 70012, la más reciente) argumentando “causas de seguridad nacional”. El municipio de Juárez tampoco respondió.
En contraste, la SEP y la Secretaría de Salud respondieron a peticiones similares y no ocultaron la información.
Un abogado de la Secretaría de la Función Pública, a quien esta reportera mostró algunos contratos firmados por la Sedesol, encontró que la delegación de Chihuahua omitió los párrafos que indican a quién corresponde supervisar el cumplimiento de los acuerdos.
Para el visitador De la Rosa hubo un doble juego: “Los millones de pesos de la Sedesol fueron manejados con fines político-electorales, a la gente se le hizo creer que era gracias a Teto (el alcalde priista), así que se coyotearon para el PRI los beneficios a los 300 mil beneficiarios de los centros a los que no se les resolvió de fondo su problema pero tomaron programitas. Y van a premiar a Teto como el mejor presidente municipal del país por lo que hizo con la inversión federal”.
Este defensor lamenta que con la reducción de los crímenes acabó la fiebre del rescate a Juárez y los fondos federales, y señaló: “El programa se manejó bajo una lógica de urgencia, pero si no se mantiene, los jóvenes volverán a ser reclutados por la delincuencia y todo quedará en el vacío”.