Algunas reacciones sobre el caso de los generales

El caso de los generales en los impresos de este miércoles 23 de enero de 2013
 

REFORMA:

·         Es justicia, no favor, dice esposa de General

Leticia Zepeda relata que brincó de gusto cuando supo la noticia: la PGR reconoció no tener pruebas en contra de su marido, el General Tomás Ángeles Dauahare. 'Era hora de que se hiciera justicia, no le están haciendo un favor a mi marido, se está haciendo justicia', dijo en entrevista luego de que Reforma dio a conocer el giro en el caso por parte de la Procuraduría General de la República (PGR). La dependencia informó al juez federal que lleva el proceso contra el militar que no tiene prueba alguna que confirme las declaraciones de los testigos protegidos que incriminaron a Ángeles Dauahare de proteger al Cártel de los Beltrán Leyva.

EL UNIVERSAL:

·         Firmes, las acusaciones contra generales: PGR

La acusación en contra del exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), Tomás Ángeles Dauahare, se mantiene, y la Procuraduría General de la República (PGR) esperará a que el Poder Judicial de la Federación determine la situación legal del militar y de los elementos castrenses que son sus coacusados, y cualquiera que sea el fallo se respetará, indicaron autoridades de la dependencia. El general, quien fue detenido y sometido al arraigo en mayo de 2012, fue acusado por la PGR de presuntos nexos con el cártel de ‘Los Beltrán Leyva’, junto con otros cinco mandatarios castrenses. Aunque la imputación sólo se basó en las declaraciones de los testigos protegidos Mateo y Jennifer, según reconoció la propia dependencia ante el juzgado en el que se procesa al inculpado.

EXCELSIOR: Testigos protegidos y arraigo, a revisión

El Congreso de la Unión analizará las figuras de los testigos protegidos y el arraigo para evitar que su uso perjudique a inocentes, anunció el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón. Un día antes de que se inicie la reunión plenaria de los senadores priistas en Nayarit, el líder de la bancada resaltó la necesidad de revisar a fondo las medidas cautelares, debido al cúmulo de anomalías registradas en los últimos años. De acuerdo con Gamboa Patrón, de ser el caso, su partido propondrá en el próximo periodo ordinario de sesiones una reforma legal de ambos instrumentos jurídicos. Explicó que precisamente en la junta de este grupo parlamentario, para conformar una agenda de temas prioritarios, los legisladores se reunirán también con el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, para conocer su opinión y determinación sobre ambos temas.

LA JORNADA:

·         Falla de la PGR en pesquistas abre salida a generales presos

La defensa del general de división Tomás Ángeles Dauahare solicitó al juzgado tercero de distrito en materia penal, con sede en Toluca, que dicte sentencia a su cliente, toda vez que no existen pruebas que acrediten las imputaciones que le hizo la Procuraduría General de la República (PGR) y las únicas que hay están basadas exclusivamente en el dicho de dos testigos protegidos, cuyos testimonios son insuficientes para sustentar una condena acusatoria contra el militar, informaron a La Jornada el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana y funcionarios del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con documentos ministeriales expedidos por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, las acusaciones que formularon testigos protegidos al militar, durante la gestión de Marisela Morales Ibáñez al frente de la PGR, no fueron investigadas ni corroboradas por la dependencia y sin embargo se le acusó de delitos contra la salud y delincuencia organizada.

LA RAZON:

·         Jennifer, acusador de Generales a sueldo de la PGR

En los dos sexenios panistas, la Procuraduría General de la República (PGR) gastó unos 163 millones de pesos para mantener a testigos colaboradores o protegidos, con cuyas acusaciones se iniciaron procesos que al final no se pudieron sostener en tribunales, como la Operación Limpieza, el Michoacanazo, el caso Greg y, más reciente, el juicio de los generales. Incluso la PGR ha utilizado a un mismo testigo hasta en siete casos distintos. A cambio de colaborar con ellos, la dependencia les da a los testigos manutención, vestido, vivienda, protección, beneficios procesales y salario de hasta 50 mil pesos mensuales. En el caso de los generales Tomás Ángeles y Roberto Dawe, el colaborador fue Roberto López Nájera, con clave Jennifer, quien ligó a los militares con el cártel de Los Beltrán Leyva. Jeniffer ha sido el testigo clave de la PGR cuando menos en otros tres casos. Uno es el Michoacanazo, en el que se ligó a más de 35 funcionarios con La Familia Michoacana y, aunque fueron detenidos, todos ya están libres.
  Columnas:

Rayuela

¿Cuántos ciudadanos inocentes purgan condenas por delitos fabricados? (La Jornada)

Caminante

¿Cuánto le cuesta al país formar a un general de División? ¿Veinticinco, treinta años? Y deshacer su honra toma, apenas, la acusación de un testigo comprado. (La Razón)

Trascendió…

Que lo que son los "vaivenes" de la vida. Los actuales encargados de la vocería de la PGR son los mismos que con Marisela Morales difundieron en boletines y filtraciones las órdenes de aprehensión y de consignación contra los generales Tomás Ángeles y Roberto Dawe por supuestos nexos con el narco. Y ahora son ellos quienes han aceptado y hasta difundido que la información que revelóMilenio, en el sentido de que el Ministerio Público se retractó de las acusaciones contra los altos mandos de la Defensa Nacional por falta de elementos (Milenio pág. 2)
*

 

Es justicia, no favor.-Esposa de General

La PGR reconoció que carecía de pruebas para sostener las acusaciones contra el General, acusado de tener nexos con los Beltrán Leyva
Nota de Benito Jiménez
Reforma, 23 enero 2013.- Leticia Zepeda relata que brincó de gusto cuando supo la noticia: la PGR reconoció no tener pruebas en contra de su marido, el General Tomás Ángeles Dauahare.
"Era hora de que se hiciera justicia, no le están haciendo un favor a mi marido, se está haciendo justicia", dijo en entrevista luego de que REFORMA dio a conocer el giro en el caso por parte de la Procuraduría General de la República.
La dependencia informó al juez federal que lleva el proceso contra el militar que no tiene prueba alguna que confirme las declaraciones de los testigos protegidos que incriminaron a Ángeles Dauahare de proteger al Cártel de los Beltrán Leyva.
Al respecto, Zepeda comentó que a su marido le salieron enemigos muy poderosos que lo han mantenido ocho meses encarcelado.
"Nunca entendimos por qué tanta saña si mi marido siempre ha sido un hombre de paz. Según nosotros no tenía enemigos y le salieron unos poderosísimos", reflexionó.
La esposa del ex subsecretario de la Defensa Nacional recordó que desde la detención del Divisionario, en mayo de 2012, la PGR se basó en las declaraciones de dos testigos protegidos que presuntamente lo implicaban con el crimen organizado.
"Nunca le debieron haber hecho a mi marido lo que le hicieron, jamás, fue una saña. Mi marido va a salir libre pero que no se olvide que le robaron ocho meses de lo más sagrado que tiene un ser humano, que es su libertad", añadió Zepeda.
Apenas el 16 de enero un tribunal federal con sede en Guanajuato determinó ratificar el auto de formal prisión dictado en contra de Ángeles y otros cinco militares acusados de proteger a los Beltrán Leyva.
"El magistrado ratificó en razón de un expediente incompleto, sin pruebas contundentes", añadió Zepeda.
Una de las esperanzas para la familia del General Ángeles Dauahare fue el careo que el mando militar tuvo con Édgar Valdez Villarreal, "La Barbie", lugarteniente de los Beltrán Leyva.
"En ese careo oímos lo que dijo el señor Valdez. No fue un invento cuando dijo que le ofrecieron canonjías sobre su proceso, de la PGR, con tal de que declarara en contra de mi marido.
"Hubo persecución con la familia. Nos quitaron la pensión, que no lo debieron haber hecho por ley, congelaron las cuentas, aseguraron las casas, incluso en la que vive mi hija, que es herencia de mis padres y ahí no aparece el nombre de mi marido.
"Ahora que la devolvieron ya se imaginará: saquearon la casa, robaron las cosas que mi hija compró con su trabajo", lamentó la señora Zepeda.
Aunque confió en que el General Ángeles, quien se encuentra preso en el Penal Federal del Altiplano, en el Estado de México, salga libre en los próximos días, Zepeda recriminó el daño moral al Divisionario y a su familia.
"Esto es un precedente importante, porque mi marido no es la única persona que está encerrada injustamente, también las otras personas tienen derecho a que se les haga justicia.
"Las cosas caen por su propio peso, la consigna era hacernos pedazos a nosotros. Saldrá libre, pero el daño moral y psicológico ¿Quién nos lo quita? ¿Con un 'usted disculpe'? No", advirtió la esposa del General.
Critican proceso
Expertos en temas militares criticaron el proceso del que fueron objeto cinco militares por supuestos vínculos con la delincuencia organizada.
"Se derivó de una venganza, lo que les pasó es injusto", resumió el General de División retirado Jorge González Betancourt, quien agrega que con los testigos protegidos existe el riesgo de que distorsionen la información para desprestigiar al Ejército.
Luis Garfias, General de División retirado y ex Rector de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea, opinó que el proceso de los mandos demuestra los vicios "terribles" que hay en el sistema judicial.
Javier Oliva, experto en temas militares, consideró que casos como el de los Generales demuestra que hay decisiones políticas que pueden llegar a imponerse a las jurídicas.
 *
La PGR no corroboró las declaraciones de Jennifer y Mateo
No hay pruebas en contra del general Ángeles: su abogado
Nota de Gustavo Castillo y Alfredo Méndez
 Periódico La Jornada, Miércoles 23 de enero de 2013, p. 6
La defensa del general de división Tomás Ángeles Dauahare solicitó al juzgado tercero de distrito en materia penal, con sede en Toluca, que dicte sentencia a su cliente, toda vez que no existen pruebas que acrediten las imputaciones que le hizo la Procuraduría General de la República (PGR) y las únicas que hay están basadas exclusivamente en el dicho de dos testigos protegidos, cuyos testimonios son insuficientes para sustentar una condena acusatoria contra el militar, informaron a La Jornada el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana y funcionarios del Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo con documentos ministeriales expedidos por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, las acusaciones que formularon testigos protegidos al militar –durante la gestión de Marisela Morales Ibáñez al frente de la PGR– no fueron investigadas ni corroboradas por la dependencia y sin embargo se le acusó de delitos contra la salud y delincuencia organizada.
En entrevista con La Jornada, el litigante informó que “el hecho de que la subprocuraduría haya notificado al juzgado que no corroboró las declaraciones de los testigos protegidos identificados como Jennifer y Mateo no significa que exista una retracción de la PGR, pero ello sirve a la defensa del general, el cual tiene ocho meses preso con acusaciones falsas”.
En los acuerdos emitidos por el juzgado tercero de distrito se dio a conocer que la PGR le informó mediante el oficio DGCPPAMDO/707/2013, que no tiene ninguna corroboración de las declaraciones realizadas por los testigos protegidos Jennifer y Mateo en las que involucran al general Ágeles Dauahare con integrantes de la delincuencia organizada, concretamente con el cártel de los Beltrán Leyva, y lo acusan de recibir dinero a cambio de protección para que el grupo criminal transportara droga en el territorio mexicano y no fueran capturados.
“Los deposados (declaraciones) de los testigos colaboradores no se encuentran corroborados con medio convictivo alguno, salvo el hecho de que el encausado fue servidor público de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin que al día de la fecha se cuente con probanza alguna para confirmar los dichos de los atestes Jennifer y Mateo”, refiere el acuerdo del juzgado tercero de distrito con sede en Toluca.
“Esa información ayudará a demostrar la inocencia del general Ángeles y a soportar la inocencia que ha venido alegando durante el procedimiento”, dijo el abogado Sánchez Retana.
Para obtener esa información de la PGR, el litigante solicitó a través del juzgado –como parte de las actuaciones para demostrar la inocencia de su cliente– que la actual Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) respondiera si las 14 declaraciones ministeriales rendidas por los testigos protegidos entre noviembre de 2008 y el 17 de julio de 2012 habían sido “corroboradas, ya que, como se mencionó, fueron tomadas en cuenta al momento de ejercitar acción penal en contra de mi cliente”.
En el documento, del cual posee copia este diario, la defensa de Ángeles Dauahare solicitó a la Seido que, “en caso de contestar afirmativo al cuestionamiento anterior, deberán señalar de forma detallada todas y cada una de las diligencias que haya realizado dicha representación social federal, hasta el día de hoy, para corroborar los deposados ministeriales de los referidos testigos colaboradores Jennifer y Mateo.
“Esta prueba se ofrece con el objeto de constatar la veracidad de lo manifestado por los multicitados testigos colaboradores, en relación a que mi defendido colaboraba con la delincuencia organizada”, solicitó el litigante.
La respuesta de la PGR fue dada a conocer el lunes, al reconocer ante el juez que no comprobó las acusaciones realizadas contra el general Tomás Ángeles Dauahare. La información obtenida por la defensa podrá ser utilizada por los generales Roberto Dawe, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez Ramírez, así como el teniente coronel Silvio Alejandro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz, quienes fueron acusados por los mismos hechos y los mismos testigos.
En el caso del general Ángeles Dauahare, su sentencia podría ser emitida en un plazo de tres meses (el Código Penal Federal otorga ese plazo al juez, en teoría, para emitir una resolución de primera instancia), toda vez que fue el primero en solicitar que ya se le dicte sentencia y haya pedido que se cancelaran todos sus careos con los testigos protegidos, por considerar que su inocencia ha quedado plenamente demostrada.