Diagnóstico equivocado, reforma fallida

• Plantados en la Plaza de la Constitución, los más de 20 mil maestros que han llegado desde distintas comunidades del país a la capital para pelear contra la reforma educativa están decididos a resistir.

Diagnóstico equivocado, reforma fallida

SANTIAGO IGARTÚA

Revista Proceso # 1921, 24 de agosto de 2013

 La privatización de los hidrocarburos y de la generación de electricidad no es lo único que preocupa a algunos sectores de la sociedad. Los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes han paralizado las principales avenidas de la Ciudad de México, motivo por el cual son linchados mediáticamente, manifiestan su voluntad de mantenerse firmes en su protesta contra una reforma que, sostienen, privatizará la educación, incluso a los mismos maestros y alumnos, convirtiéndolos en porcentajes, en mercancía al gusto de la OCDE.

 Plantados en la Plaza de la Constitución, los más de 20 mil maestros que han llegado desde distintas comunidades del país a la capital para pelear contra la reforma educativa están decididos a resistir.

Han desbordado el Zócalo con pequeñas casas de campaña, recargadas unas contra otras, la mayoría improvisadas con pedazos de plástico, cartones y varillas unidas con cinta canela. Algunos pudieron colocarse bajo dos grandes carpas que el gobierno capitalino instaló para exhibir películas durante el periodo vacacional. Esa es su única barrera contra la lluvia y el frío que cala en las madrugadas.

De día, mientras los hombres toman las calles en su lucha contra una reforma que los agravia, las mujeres se quedan a cuidar a los niños con los que hicieron el viaje. Cuelgan en mecates sus cobijas mojadas y cocinan en anafres. La suciedad se acumula en las jardineras; es profundísimo el olor que le descompone el semblante a cualquiera.

Insultados en las calles, hombres y mujeres lejanos al poder de las cúpulas sindicales explican sus circunstancias: “Mucha gente cree que preferimos viajar hasta aquí, algunos durante días, antes que ir a trabajar. Hay que pagar pasajes, dejar la familia, comer lo que se pueda. No se ponen a pensar los sacrificios que hace uno, económicos y físicos. Ponemos en riesgo la salud. Tratamos de ser higiénicos pero somos muchos. Estamos a sol, frío y agua allá afuera (en las manifestaciones) y vamos a seguir hasta que aguantemos”, dice José Juan Castro, maestro de la región de Tuxtepec, Oaxaca.

Xóchitl Cruz, de la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), le explica a un grupo de maestros de comunidades rurales e indígenas de Oaxaca y Michoacán que los legisladores discutirían las iniciativas de la Ley General de Educación y de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), dejando fuera del periodo extraordinario la de la Ley General del Servicio Profesional Docente (SPD).

“Son las mismas leyes que conocíamos desde abril. Aunque no pasen ahora la Docente sí pasan las otras dos y ya nos amolaron. No nos escucharon”, dice la maestra al reportero, en referencia a los foros Análisis y Perspectivas de la Reforma Educativa, que a raíz de las negociaciones de la CNTE y la Secretaría de Gobernación se realizaron durante 42 días con maestros y decenas de expertos en la materia, cuyas conclusiones fueron ignoradas en las leyes reglamentarias.

“La Docente es la que ejecuta las formas de despido masivo y termina con el sindicalismo. La frase que más se repite es ‘será separado del servicio sin responsabilidad para la autoridad’. Pero la (Ley) del INEE era la que más les importa, aunque digan que era la otra. Con esa privatizan todo y se lavan las manos para corrernos. Aunque lo nieguen.

“Mucha gente no abre los ojos: El problema de la educación es la corrupción, no los maestros. Elba existió con el poder y el dinero que directamente le daba el gobierno, incluidas nuestras cuotas. En ellos está el problema. Pero para ellos en despedirnos está el corazón de la reforma.”

El profesor Castro da su punto de vista: “Un maestro luchando por sus derechos, por no ser pisoteado, también es un maestro que está enseñando. Si quieren ayudar a los maestros, democraticen el SNTE. No impongan, como hicieron con Gordillo, a su mano derecha supeditada a sus intereses”.

 Privatización ideológica

 El 18 de octubre de 2012, como presidente electo, Enrique Peña Nieto se presentó en París ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), institución presidida por el exfuncionario priista José Ángel Gurría.

En presencia de personajes del ámbito empresarial, acompañado por el entonces coordinador general de su equipo de transición, Luis Videgaray, habló de la “visión de país” que se proponía “impulsar” desde el gobierno y los “principales objetivos” de su programa de acción. Destacó la educación como el “pilar del desarrollo nacional” y se manifestó por adoptar “mecanismos como los propuestos por la OCDE para elevar la calidad de la educación” y alcanzar un “crecimiento económico sostenido”.

Días más tarde asumió el poder con la reforma educativa como carta de presentación, que fue declarada constitucional el 26 de febrero y de la cual se desprende el paquete con las dos leyes reglamentarias que aprobó esta semana el Congreso de la Unión en periodo extraordinario, referentes al INEE y el decreto que reforma la Ley General de Educación, así como la iniciativa de Ley General del Servicio Profesional Docente, pospuesta temporalmente por los legisladores.

Desde entonces, el gremio magisterial que no está alineado con el gobierno y académicos especializados en la materia han advertido acerca del carácter empresarial con que fueron diseñadas la reforma y sus leyes secundarias.

Consultados por Proceso, especialistas en el sector educativo analizaron las entrañas de la reforma que desde las calles los miembros de la CNTE han decidido rechazar.

Para los académicos, la privatización “ideológica” que se establece a partir de cambios sustentados en un sistema de evaluaciones y lineamientos laborales administrativos, por encima de una discusión educativa, marcan la reforma.

Raquel Sosa, investigadora de la UNAM, sostiene que las leyes secundarias confirman un esquema de simulación y subordinan la política educativa del país a un organismo extranjero (la OCDE).

“Es una forma de privatizar la educación en manos de este grupo, manejarla como una empresa. Lo que importa es que respondas como quieren quienes te van a evaluar a partir de planes y programas dictados por un despacho económico, priorizando la competitividad, la productividad, la eficiencia. Nada les importan los millones de analfabetas y personas que no terminan la educación primaria.”

Respecto a la embestida en materia laboral contra los maestros, Sosa asegura que la reforma cumple la función de controlar al magisterio.

“Por eso las negociaciones entre el gobierno federal y la CNTE las llevó Gobernación, no la SEP. Es un tema de gobernabilidad”, dice para después advertir sobre la creación del Sistema de Información y Gestión Educativa, decretado en la Ley General de Educación, que se establece con las atribuciones de regular, coordinar y operar un padrón nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares. “Se plantea que si hay una situación que lleve a que los maestros se manifiesten o cuestionen a la autoridad, sean separados del servicio”.

Para Eduardo Andere, investigador del ITAM, crear el INEE y el SPD con las funciones que los definen es partir de un diagnóstico equivocado.

La corrupción, dice, no desaparece por decreto, como tampoco la calidad educativa se asegura por mandato. “No se trata de meter al magisterio en una olla de presión. Para hablar de una verdadera reforma hay que hablar de pobreza, segregación, iniquidad, corrupción y cultura. Son factores externos a la escuela que inciden en la educación del alumno. Si el niño llega a la escuela desnutrido, golpeado o tenso, rodeado de un ambiente violento, la pedagogía puede hacer muy poco.

“Lamentablemente no es la reforma educativa que le urge a este país. Esta es una reforma que atiende asuntos meramente laborales, concretamente de administración de recursos humanos”, acota el ingeniero Manuel Pérez Rocha, exrector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

El problema más serio es que el peso de la reforma no va encaminado a la educación, sino al ámbito laboral de los maestros, dice el doctor Hugo Aboites, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana:

“Respecto al ingreso, la promoción y la permanencia del personal docente no sólo se vulnera el artículo tercero constitucional, sino también los derechos de los trabajadores. En concreto, el hecho de que después de un examen me van a despedir, que es el acuerdo que se firmó con la OCDE. Y más allá se prescinde de la bilateralidad. Hay una clara tendencia a romper la influencia de los gremios en la educación. Pero ya no sólo las dirigencias corruptas, sino los sindicatos en sí mismos. ‘Ustedes son empleados de esta nueva cultura laboral de la precariedad de derechos y no más. Ustedes cumplan con su deber. Van a ser evaluados; si no funcionan los vamos a despedir’”, dice el especialista.

En términos de privatización, Sosa recuerda que, entre otras cosas, en torno a la educación se disputan un presupuesto que para 2013 alcanzó 260 mil 277 millones de pesos y el control de un generador crítico de la sociedad.

“Todos los grupos de poder quieren intervenir en la educación. Porque a grupos como Mexicanos Primero o las mismas iglesias les parece sumamente agresivo que la educación pueda generar un conocimiento crítico. El Banco Mundial estableció que de donde se pueden extraer más ganancias, después de las armas y las drogas, es en la educación. Entonces han hecho toda una parafernalia tremenda para sacar al Estado de la educación y convertirlo en un campo de disputa entre organismos privados.”

Andere explica que el afán de medir y evaluar la reforma responde a su carácter corporativo:

“Y los empresarios tienen una voz fuerte y directa al mandar un mensaje de (pedir una) reforma educativa conductista, estableces un objetivo de producción. Es una visión reduccionista de la educación. Cuando tú te obsesionas con la evaluación acabas convirtiendo el proceso pedagógico en ensayar para el examen. Entonces el maestro ya no se preocupa tanto por modificar las actitudes de aprendizaje de los niños y se pierden las actividades para la solución de problemas, creativas, de ejercicio, de colaboración y de pensamiento crítico.”

Aboites lo resume: “Creo que hay un grado de desesperación muy fuerte por la exigencia desde el extranjero porque México no tiene un sistema educativo competitivo, que ofrezca al capital una mano de obra lo suficientemente capacitada, un capital humano –como dice EPN– a la altura mundial. Y hay una presión muy fuerte para aceptar las recomendaciones de la OCDE, porque esa es la llave para la entrada de capital.

“Si la OCDE dice que México no está aplicando las políticas correctas en materia social, de educación, de salud, empieza a tener un tache a nivel mundial que se traduce en la baja de inversión de capitales extranjeros. Pierde su nivel de competitividad mundial y eso lo ven muy peligroso. Y a fuerza de la presión, están convencidos de que ésta es la única salida.”

Desplazar a la SEP

 Creada con el fin de garantizar la calidad de la educación, la Ley del INEE encomienda a esa dependencia “la alta responsabilidad” de evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación obligatoria, así como expedir los lineamientos y emitir las directrices para hacer las valoraciones.

También tendrá entre sus atribuciones definir planes y programas anuales para la educación básica y media superior conforme a los cuales se harán las evaluaciones; para ello se creó el Sistema Nacional de Evaluación, el cual tendrá la facultad de determinar los niveles mínimos para el ejercicio de la docencia y para desempeñar los cargos de dirección y supervisión, así como para autorizar los parámetros e indicadores para el ingreso, promoción, permanencia y reconocimiento de los profesores.

El INEE tendrá “plena” autonomía técnica, de gestión, presupuestaria y para determinar su organización. Entre las facultades de la Junta de Gobierno está la de aprobar los proyectos de medición y evaluación del sistema educativo nacional, así como los instrumentos, lineamientos, directrices y criterios.

La institución también podrá aprobar las bases para establecer los vínculos que considere necesarios para formalizar la participación, colaboración y coordinación en materia de evaluación con las autoridades educativas, instituciones académicas y de investigación, organizaciones nacionales y extranjeras y organismos internacionales.

Con la creación de este instituto, explica Sosa, hay una renuncia a la rectoría del Estado en la materia: “La reforma establece que en adelante las autoridades educativas estarán subordinadas a los lineamientos que establezca el INEE, convertido en un organismo público, descentralizado y autónomo que le va a decir a la SEP lo que tiene que hacer, qué programas de estudio puede autorizar, porque se va a evaluar sobre esos planes.

“Todo el funcionamiento de las escuelas, su gestión, su administración, su supervisión y, desde luego, la supervisión de los maestros, será realizada por ese instituto, que siendo descentralizado y autónomo puede acordar contratos y convenios nacionales, internacionales, privados o públicos, sin pasar por el Congreso ni la Secretaría de Hacienda. Esa libertad es lo que le interesa desde hace muchos años al Banco Mundial y a la OCDE.

“La Junta de Gobierno del INEE, con cinco integrantes elegidos mediante ternas que seleccionó la Presidencia de la República, está presidida por Sylvia Schmelkes del Valle, presidenta también de la Junta de Gobierno del Centro de Investigaciones e Innovación Educativas de la OCDE de 2002 a 2004, y del Consejo Asesor sobre Liderazgo Escolar y Política de esa misma organización en México.

“Es muy grave porque la rectoría del Estado no puede ser renunciable. No es aceptable que sustituyan a las instituciones del Estado por institutos autónomos que pueden hacer de todos nosotros como les venga en gana. Pero de esta manera la institución educativa superior del país estará en manos de lo que decida un instituto que va a subordinar la política de un país a un organismo extranjero, como una empresa. Es una forma de privatizar la educación”, remata Sosa

Andere señala que entregar tanto poder al INEE es una medida “centralizadora” que sólo aumentará el gasto en la materia, y advierte sobre el riesgo de crear institutos con esos alcances, como lo han sido el IFE o el IFAI, en un país “corrupto”.

“Son organismos muy costosos. Yo no conozco ningún otro instituto para la educación de ese tamaño, ni siquiera en el mundo OCDE. Y no necesitamos un súper INEE para la evaluación, porque el principal tema del fracaso educativo en México no es la evaluación educativa. Las trabas de la educación y el aprendizaje de México están en los problemas estructurales, sociales: la pobreza, la iniquidad, la segregación, la corrupción.”

Manuel Gil Antón, sociólogo de El Colegio de México, es contundente al afirmar que crear un instituto autónomo, con la función de evaluar a cada profesor, es trasladar la responsabilidad de la autoridad.

“Estamos ante un grandísimo riesgo en el que el INEE sustituiría a la autoridad educativa y entonces, muy cómodamente, le diría a un profesor: ‘Oye, pues el INEE, que es autónomo, te corrió. No la SEP’. Nos estamos llenando de organismos autónomos que terminan por politizarse muy fácilmente y en los cuales parecería que el gobierno renuncia, aparentemente, a sus responsabilidades. Eso es una barbaridad”, dice el académico.