Bancomer, bajo investigación por el financiamiento a Peña Nieto/

 Bancomer, bajo investigación por el financiamiento a Peña Nieto/

JESUSA CERVANTES

Revista Proceso No. 1927, 5 de octubre de 2013;

El Consejo General del IFE, que ya había exonerado en una primera fase al PRI por el Monexgate, acaba de dejarlo libre de culpa por completo al decidir que los millones de pesos de las tarjetas repartidas para las elecciones presidenciales del año pasado no se destinaron a la compra y coacción del voto. Pero detrás del entramado en el cual se quiere hacer perdedizo el origen y destino de aquel dinero aparece una sorpresa: no sólo Monex emitió plásticos para esos comicios, también lo hizo Bancomer.

Una investigación encabezada por el consejero electoral Alfredo Figueroa sacó a la luz datos para apuntalar la acusación de que el PRI recurrió a la triangulación ilícita para hacer perdedizo el origen y destino de los millones de pesos usados en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y exhiben también “falta de competencia” e “incongruencia” de la Unidad de Fiscalización del IFE para indagar el llamado Monexgate.

 Lo anterior viene a sumarse al hecho de que, el pasado 23 de enero, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) exoneró al partido que llevó a Peña Nieto a la Presidencia.

 La investigación de Figueroa fue motivo de un amplio debate en la sesión del IFE del pasado 26 de septiembre; pese a ello, los medios se limitaron a consignar que se exculpaba al PRI de la “compra y coacción” del voto a través de la madeja bancaria y mercantil del Monexgate y que se aprobó un recurso “oficioso” para indagar a Bancomer. No más.

 Sin embargo los resultados del escudriñamiento a los casi ocho mil destinatarios de los monederos Monex que realizó la Comisión de Quejas y Denuncias, encabezada por Figueroa, reveló que Alfredo Cristalinas Kaulitz, jefe de la Unidad de Fiscalización del IFE “se negó” a investigar un cuarto banco –Bancomer– el cual aparece en la trama financiera del PRI pese a contar con elementos suficientes para hacerlo”.

 Lo más grave, dice Figueroa a Proceso, “se descubrió que los 70 millones de pesos que aceptó el PRI manipular mediante los monederos no fueron para ‘el pago de estructura electoral’, como justificó ante la autoridad electoral, versión aceptada sin investigar”.

“Monexgate” de nuevo

La historia del Monexgate se destapó el 26 de junio de 2012, nueve días antes de la elección presidencial, cuando el Partido Acción Nacional denunció el uso de tarjetas Monex por parte del PRI para la “compra y coacción del voto”; incluso presentó varios plásticos y narró cómo fue el operativo, estimando que para la maniobra se había dispuesto de por lo menos 700 millones de pesos.

Días después, el 5 de julio la coalición PRD-PT-MC robusteció aquella denuncia al presentar cientos de facturas emitidas por Monex a nombre de las empresa Inizzio, S.A. de C.V. y Comercializadora Efra, S.A. de C.V., propiedad de Emilio Fraga, recientemente sumado la dirección nacional del PRI, y las cuales respaldan la compra millonaria de tarjetas Monex.

Una semana más tarde la coalición de izquierda reveló la participación de otras compañías: Atama, con operaciones financieras por 13.9 millones de pesos; Tiguan, con 9.2 millones y Koleos, con 3.2 millones.

Tras la denuncia del PAN el IFE dijo en conferencia de prensa que había detectado la emisión de tarjetas por 70 millones 815 mil pesos por parte del PRI para “el pago de su estructura electoral”.

A partir de ese momento y ante el alud de denuncias y evidencias presentadas por la oposición, el PRI hubo de aceptar públicamente el 17 de julio que su partido contrató a una empresa para la emisión de tarjetas Monex: 7 mil 851 monederos por tan sólo 70 millones, misma cantidad que el Instituto Federal Electoral había detectado.

Las denuncias sobre el caso Monex empezaron a desahogarse el 23 de enero de 2013 en el Consejo General del IFE. Ese día la Unidad de Fiscalización sostuvo que el PRI no sólo había recurrido a Monex y Santander en su entramado financiero, como lo había denunciado la coalición de izquierda, sino sumó a la veintena de empresas que Proceso reveló en su momento, otras 14, además de la participación de cuatro personas físicas y tres bancos más: Banamex, Banorte y Bancomer.

Sin embargo a éste último nunca lo investigó. La Unidad de Fiscalización tampoco buscó a los propietarios de las tarjetas. No obstante en su dictamen consideró que el “origen y destino” de los recursos utilizados por el PRI estaban plenamente identificados: “Para el pago de la estructura electoral”, además de que el entramado financiero no fue ilegal.

El Consejo General avaló el dicho de la Unidad, pero al aparecer el nombre de Alkino, la empresa a la cual el PRI –como reconoció el 17 de julio– había contratado para la adquisición de las tarjetas, también surgió el término de “contrato de mutuo acuerdo” firmado entre empresa y partido.

Al no estar validada la figura “contrato de mutuo acuerdo” en el Reglamento de Fiscalización del IFE e incluso no haber sido notificado cinco días antes de su firma al órgano electoral como obliga la regla, se ordenó a Cristalinas que investigara sobre “la legalidad o ilegalidad” de ese instrumento financiero. El pasado 26 de septiembre la Unidad dictaminó que sí fue legal y el Consejo lo respaldó por mayoría de votos.

El PRI mintió

En paralelo, la Comisión Quejas y Denuncias abrió una investigación sobre el caso de las tarjetas.

En entrevista, su presidente, Alfredo Figueroa relata que ellos sí hicieron el trabajo nunca realizado por los más de 50 empleados de Cristalinas: acudir con cada uno de los propietarios de las 7 mil 851 tarjetas para comprobar si de verdad eran los dueños y utilizaron el dinero para lo que la “Unidad y el PRI dijeron” –el pago de la estructura electoral– así como los montos.

“La investigación mostró dos cosas: lo planteado por la Unidad de Fiscalización (el 23 de enero) para lo que se habían empleado los recursos no fue así (en su totalidad para el pago de la estructura).

“Las personas nos dijeron en una proporción muy grande que no fue eso; ni era el monto ni era para lo que la Unidad de Fiscalización y el PRI decían que se había destinado el monto”, relata Figueroa.

Añade: “Esta otra investigación hecha desde la comisión y el Jurídico, muestra la ausencia de congruencia y consistencia de los datos de fiscalización ¡desde el origen de la queja! En la indagatoria viene el porcentaje de quienes dijeron que el dinero no era para lo que se decía, el porcentaje de quienes no contestaron y el de quienes dicen no haber recibido el dinero que dicen la Unidad y el PRI; uno dijo: ‘Yo fui representante distrital para otros efectos’ (es decir no para la estructura electoral)”.

Figueroa, quien concluirá su plazo de siete años como consejero electoral el miércoles 30, señala que la investigación de la comisión “revela en realidad para qué fue el dinero” y todavía más preocupado suelta: “Es decir, no estaba comprobado el destino del dinero”. Destino que la mayoría del consejo general del IFE y la Unidad de Fiscalización dieron por comprobado el 23 de enero.

Se le comenta que con esta indagatoria se echa abajo la justificación del PRI sobre el uso de los 70 millones de pesos emitidos en tarjetas Monex y en cuyo proceso participó la empresa Alkino, así como la aceptación de la Unidad de Fiscalización.

“Sí, pero también de la mayoría del Consejo General que votó en esa dirección”, dice y añade: “Las conclusiones de esta investigación que hicimos y las de la Unidad de Fiscalización no son las mismas”.

Ante las contundentes evidencias de la nueva indagatoria realizada por la Comisión de Quejas y Denuncias, Figueroa propuso dar vista y remitirla en su totalidad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior porque el tribunal tiene desde el 23 de enero pasado el recurso de impugnación tanto del PAN como del PRD, PT y MC por la decisión que tomó el Consejo General del IFE, queja que hasta el momento no se ha resuelto. “En este país los tribunales no investigan, pero ahora van a tener ya dos investigaciones terminadas en distintos momentos; ambas las deben sumar a su reflexión sobre la resolución principal”, detalla Figueroa.

Antecedente para la impunidad

En la emisión de las tarjetas el PRI dijo haber utilizado a Alkino. En el dictamen que la Unidad de Fiscalización presentó el 23 de enero se reveló el entramado financiero: El PRI contrató a Alkino la cual, por incapacidad de crédito, solicitó un préstamo a Atama en un monto a ser dispersado en las tarjetas contratadas. Luego Atama solicitó a Inizzio la adquisición de las tarjetas de prepago para que después ésta y Banco Monex celebraran un contrato para adquirir las tarjetas. Y finalmente Atama realizó a través de empresas mercantiles y cuatro ciudadanos los pagos a Monex.

En todo este entramado el PRI firmó un “contrato de mutuo acuerdo” con Alkino por 66 millones que con todo e intereses sumaba los 70 millones de pesos. La Unidad de Fiscalización determinó que el instrumento financiero fue legal y así lo respaldó en su mayoría el consejo General.

No obstante Figueroa votó en contra. En primer lugar, explica, porque el “mutuo acuerdo está reglamentado por la autoridad civil y el Reglamento de Fiscalización no lo permite; lo único que avala para financiamiento a partidos son los créditos bancarios y éstos se deben notificar con cinco días de anticipación.

“En el sistema electoral no debe permitirse un financiamiento con una contratación de mutuo acuerdo por las siguientes razones: porque Alkino le dio al PRI una tasa de interés de apenas 3% y con esto lo que estaríamos legalizando es la vía por la cual las empresas mercantiles (las cuales tienen prohibido por ley financiar) o los hombres más ricos del país podrían financiar un partido a diez años. ¿Acaso una persona mercantil puede hacer un convenio mutuo a diez años?”

Se defiende ante cualquier suspicacia y recuerda que la Unidad consideró legal el “contrato de mutuo acuerdo”; pero “voté en contra y perdí la votación pero también en la anterior (la de compra y coacción del voto). Lo que planteé en este tema es que no podía advertirse el destino de los recursos empleados, no estaba acreditado y por lo tanto ameritaba una sanción”.

De Monex a Bancomer

En la misma sesión del 26 de septiembre salió a la luz la participación de Bancomer en el tinglado financiero del PRI. En su investigación Figueroa detectó dos tarjetas emitidas por tal banco. Es decir, no sólo Monex fue utilizado para la dispersión de recursos y no sólo Bancomer fue utilizado para hacer transferencias o depósitos bancarios sino que también vendió plásticos.

El descubrimiento de Figueroa llevó a ordenar a la Unidad de Fiscalización que inicie una indagación “oficiosa” sobre la participación de este banco. Es decir, el caso Monex sigue abierto en el IFE y ahora podría surgir el Bancomergate.

Al buscar a cada uno de los propietarios de las casi 8 mil tarjetas, relata el consejero, se detectaron dos plásticos emitidos por Bancomer. “Encontramos a dos personas quienes nos dijeron que ellas no habían sido financiadas con Monex sino con tarjetas Bancomer”.

En paralelo, continúa Figueroa, fuimos con el PRI y le preguntamos si ellos habían utilizado otro mecanismo de dispersión de recursos y nos contestaron que no.

El consejero llama la atención sobre el actuar de la Unidad de Fiscalización a la cual seis meses atrás le informaron del descubrimiento y le pidieron investigar. “Hubo una relación epistolar con la unidad preguntándole sobre estas cuentas, su respuesta fue que como no tenían relación con Monex no iba a investigar nada y no estaba investigando nada.

Aclara, “no se puede prejuzgar qué se puede encontrar, pero… así empezó el caso Monex: con dos tarjetas. Ahora deberán investigar si esos números de tarjetas existen o no y si es positivo habrá que establecer quién las fondeó, quién se las dio, cuántas fueron. Esta investigación tendría que llevar a la cuenta central y seguir así la ruta del dinero.

“Otra cosa que se debe investigar es por qué el PRI no lo reportó”, dice Figueroa. “Incluso lo negó”.

Con la resolución del Consejo General, la Unidad de Fiscalización abrirá una nueva línea de investigación a cargo de su titular, Alfredo Cristalinas, una personaje a quien Figueroa califica de “incompetente”.

Por lo pronto, ante la nueva reforma político-electoral que se discute en la Cámara de Diputados, existe el planteamiento de desaparecer la Unidad de Fiscalización ante su inoperancia y falta de credibilidad por el Monexgate y regresar nuevamente las investigaciones a los consejeros auxiliados por un órgano técnico.

No se sabe quiénes habrán de hacer las nuevas investigaciones sobre fiscalización pues se ignora cuál será la composición del próximo Instituto Nacional Electoral. De ahí que la elección de los cinco espacios que se deberán renovar, según la ley vigente, el miércoles 30 está en el limbo.