La estrategia anticrimen simplemente no existe, reportaje

La estrategia anticrimen simplemente no existe/ANABEL HERNÁNDEZ

Revista Proceso No 1929, 19 de octubre de 2013

Desde el día en que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia hasta el 31 de agosto de 2013, en México 13 mil 916 personas fueron asesinadas, de acuerdo con la información del portal de internet del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las ejecuciones criminales en el país danzan al ritmo macabro de más de mil 500 al mes.

 En el mismo periodo –según la misma fuente– hubo mil 188 secuestros en comparación con los mil 317 de todo 2012; y 5 mil 911 extorsiones denunciadas en comparación con las 6 mil 696 entre enero y noviembre del año pasado.

 Si se compara aquella cifra de homicidios dolosos con la del periodo que va de diciembre de 2011 a agosto de 2012 (cuando sumaron casi 16 mil), el índice sólo disminuyó 16%.

 Pese a ello, el gobierno federal presume que la baja en la cifra de ejecuciones se debe a su estrategia contra la inseguridad, la violencia y el narcotráfico y no es casual ni obedece a cambios y ajustes de la delincuencia organizada en algunas zonas del país.

 Muchas veces Peña Nieto se ha referido a su estrategia, como se puede corroborar en más de una decena de declaraciones públicas, entre ellas la del pasado marzo en el Vaticano, cuando habló del plan de su gobierno contra el crimen: “Creo que en un año podríamos hacer un balance, realmente. Ya en el corte a un año podremos estar viendo resultados favorables, una reducción sensible, pero también espacio para hacer los ajustes necesarios a la estrategia que se está instrumentando”.

 El pasado 16 de julio, en una entrevista con reporteros de la fuente presidencial, Peña Nieto afirmó sobre la captura de los grandes capos: “No hemos cejado en el objetivo de dar con estos blancos, pero sobre todo de lograr lo que estamos buscando en toda la estrategia, que es abatir las condiciones de criminalidad y sobre todo la violencia… y lo estamos logrando”. Reiteró la necesidad de esperar un año para evaluar los resultados.

 Según la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación (Segob) –cuyo titular, Miguel Ángel Osorio Chong, también ha hablado ampliamente de esa estrategia– es responsable de la elaboración y aplicación del plan contra la violencia, la inseguridad y el narcotráfico.

 “Tenemos una estrategia de fondo en materia de seguridad”, afirmó Osorio en conferencia de prensa el 22 de mayo pasado, y aseguró que el gobierno federal tiene claridad, pues además de objetivos y estrategia, “sabemos dónde y quiénes y qué tenemos que hacer; es una gran diferencia”.

 La estrategia del gobierno de Peña Nieto hasta ahora no es sino una enumeración de intenciones esbozada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), pero los detalles de su planificación, calendarización, aplicación y medición de resultados no existen ni en papel. De hecho una parte de estos pormenores operativos no estará lista sino hasta el próximo diciembre y una más, en abril del año entrante, según información oficial de la Segob.

Sin respuesta

Con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, a principios de agosto pasado esta reportera pidió a la Presidencia, a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las secretarías de la Defensa (Sedena), Marina y Gobernación los documentos donde se plasma la estrategia federal anticrimen.

“Solicito copia del documento y/o documentos, oficios, informes, diapositivas, videos, o cualquiera que sea la modalidad donde se encuentre el contenido de la estrategia señalada por el jefe del Ejecutivo. Asimismo solicito copia de cualquier escrito, audio o video donde se encuentre definida la meta de dicha estrategia así como los indicadores de medición a través de los cuales se evalúa su avance”, decía la solicitud de información.

 “Solicito saber cuál es la dependencia y/o dependencias del gobierno federal que evalúan dicha estrategia, cuándo se hace dicha evaluación, quiénes participan en dicha evaluación. Y los informes mensuales derivados de dicha estrategia entregados al Presidente de la República y/o al secretario de esta dependencia que permiten afirmar que se está logrando una disminución de la violencia”, se añadió.

 Las respuestas de las instancias a las que se les pidió la información terminaron de ser entregadas la primera semana de este mes. La constante en todos los casos fue la ignorancia sobre el tema. Incluso en Los Pinos.

 La Secretaría Particular de la Presidencia respondió que en sus archivos “no se encontró documentación que contenga información relacionada con la antes citada solicitud de información” y remitió a la reportera a la Unidad de Enlace de la Segob. La Jefatura de la Oficina de la Presidencia respondió del mismo modo.

 La Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, dependiente de Los Pinos, remitió al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

 La Coordinación de Asesores de la Presidencia respondió: “Me permito informarle que dentro de los archivos de la Coordinación de Asesores no se encontró documento alguno que contenga la información requerida en la solicitud de referencia” y remitió al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, de la Segob.

 La PGR respondió que la información solicitada “no se encuentra dentro del ámbito de competencia de esta institución” y aconsejó solicitarla a Los Pinos pues “se advierte que usted requiere información que podría encontrarse dentro de la competencia de la Presidencia de la República”.

 La Sedena señaló que luego de una búsqueda “exhaustiva” en los archivos del Estado Mayor no encontró la información solicitada. Aclaró que las acciones de la Defensa en el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada se hacen “a petición y en coadyuvancia de las autoridades civiles encargadas de la seguridad pública”.

 La Marina contestó que la “estrategia” estaba plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo. Añadió: “Por otra parte con fundamento en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dentro de sus atribuciones (la Marina) no contempla dicha estrategia, por lo cual se le sugiere canalizar su solicitud a la Unidad de Enlace del Consejo Nacional de Seguridad Publica quien evalúa las estrategias bajo los acuerdos aprobados en la II Sesión extraordinaria”. Tampoco ésta era la institución indicada.

 Al final se evidenció que ninguna de las dependencias implicadas tiene información sobre la estrategia.

“En elaboración”

Finalmente la Segob dio una respuesta: la estrategia aún está en elaboración, como quedó plasmado en el oficio “urgente” firmado por José Saab Aldaba, director general jurídico de la Comisión Nacional de Seguridad, encabezada por Manuel Mondragón.

“La estrategia del gobierno de la república contra la delincuencia, violencia, inseguridad y narcotráfico se plasmará en diversos documentos del Sistema Nacional de Planeación Democrática como con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Gobernación, el Programa Nacional de Seguridad Pública y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”, señala el documento.

El PND es sólo uno de los cuatro documentos donde estará definida dicha estrategia. Los otros tres, admitió la Segob en su respuesta, están en proceso de elaboración y definiciones.

El contenido de la llamada “meta nacional de un México en Paz” en el PND dista mucho de ser una estrategia. Está subdividida en los temas gobernabilidad democrática, seguridad pública, sistema de justicia penal, seguridad nacional, protección civil y prevención de desastres, federalismo articulado, defensa exterior y seguridad interior, derechos humanos, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

En realidad se trata de una enumeración de consideraciones y propósitos que no llegan a ser estrategia, pues no se define cómo, cuándo ni quiénes serán los responsables de aterrizar esas propuestas.

“En materia de seguridad pública el gobierno de la república tiene claro que los mexicanos quieren un país seguro y pacífico, exigen que se reduzca la violencia y se recupere la convivencia armónica. La prioridad es clara: salvaguardar la vida, la libertad y los bienes de los mexicanos”, se señala en el PND al final de las enumeraciones, pero no se dice cómo se va a lograr eso.

 Hay también una supuesta enumeración de “líneas de acción” que sigue siendo una lista de propósitos sin planificación, definición de tiempos ni métodos de aplicación.

 Medición por encuestas

En el PND se señalan dos indicadores con los cuales se supone que se podrán medir los resultados del combate al crimen, la inseguridad y la violencia: “estado de derecho” y “tasa de victimización”.

El gobierno piensa medir el éxito o fracaso de su política anticrimen mediante encuestas de opinión, no con números de denuncias presentadas, tiempo de atención, delitos perpetrados, detenidos en proceso y sentenciados ni número de averiguaciones previas.

La encuesta de “estado de derecho” será un “conjunto de datos que resumen los puntos de vista sobre la calidad de la gobernabilidad, proporcionada por un gran número de encuestados de empresas, ciudadanos y expertos de países industriales y en desarrollo”, dice el PND. Será evaluada por el Banco Mundial, se asegura en el documento.

Para evaluar la “tasa de victimización” se levantará la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública con la cual se pretende: “Hacer estimaciones sobre el número de personas que han sufrido victimización delictiva”, “calcular el número de delitos ocurridos en el año de referencia”, “medir la percepción de los habitantes del país sobre la seguridad del lugar donde viven y de diferentes ámbitos de convivencia”. Se señala que será el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el encargado de evaluar el sondeo.

Encuestas similares se han hecho durante los últimos seis años y sus resultados aparentemente no han sido de utilidad.

La Segob explicó que en el decreto por medio del cual se aprobó el PND se ordena que los programas sectoriales deberán “publicarse a más tardar en diciembre de 2013 (…) en tanto que los programas especiales, como el Programa Nacional de Seguridad Pública, deberán publicarse a más tardar el último día hábil de abril de 2014”.

La dependencia afirmó que el Programa Nacional de Seguridad Pública está en proceso de elaboración y hasta ahora existe sólo un borrador incompleto.

“El borrador del Programa Nacional de Seguridad Pública es información clasificada como reservada en su totalidad, hasta en tanto se cuente con una versión definitiva la cual deberá contemplar las propuestas del Consejo Nacional de Seguridad Pública, será presentada por el Comisionado Nacional de Seguridad a consideración del Secretario de Gobernación, quien a su vez lo someterá a aprobación del Presidente de la República previo dictamen de la Secretaría de Hacienda.”

Sobre el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que también depende de la Segob, la dependencia no abunda.