La madre de todas las refomas

Por todos lados, México pierde/JESUSA CERVANTES

Revista Proceso # 1937, 14 de diciembre de 2013

En cuanto asumió el poder, el presidente de la República comenzó a mover las fichas para concretar la madre de todas sus reformas: la energética. Primero modificó el artículo 6 constitucional, luego se metió con el 35 y concluyó con los cambios al 25, al 27 y al 28. Hoy Pemex ha quedado debilitado, la inversión privada que llegue disfrutará de opacidad y comprometerá la soberanía  y la seguridad nacionales. Todo lo armó para que nadie pueda tumbar la joya de su corona.

A la una de la tarde del jueves 12 de diciembre de 2013, la maquinaria legislativa –aceitada desde hace un año por el PRI– le cumplió su mayor deseo a Enrique Peña Nieto: en la Cámara de Diputados cayó el voto 353 en favor de la reforma energética. Ya era un hecho.

 Esa modificación constitucional acabó con los 75 años de la nacionalización de los hidrocarburos. Dejó en manos de la iniciativa privada buena parte del destino económico y político del país, según especialistas y diputados: Los empresarios controlarán el ramal de gasoductos que atraviesa el país y, con ello, la seguridad nacional. También mermó la soberanía: México ya no podrá pelear el destino de su petróleo en territorio nacional, sino que ahora deberá acudir a cortes internacionales en caso de conflictos.

La exploración, explotación y venta de hidrocarburos pasará a manos de compañías extranjeras. Como consecuencia, perderá el control de sus recursos naturales. Lo lógica de la explotación será la que dicten los intereses particulares. Además, y contrariamente a lo que se dice, disminuirá la renta petrolera.

Para pavimentar el camino a la reforma, el PRI recurrió al PAN y al PRD, agrupándolos en el Pacto por México. Desde ahí armó su estrategia que, poco a poco y “de manera perversa”, según legisladores federales, empezó a cambiar la Constitución. Primero el artículo sexto, para mantener en la opacidad el destino de la venta del petróleo; después, reglamentó el 35, para dificultar que una consulta popular revirtiera la reforma energética, y finalmente el 25, el 27 y el 28, que abrieron el sector a la participación privada.

Pemex & Asociados

“Lo que antes era una actividad exclusiva del Estado –la exploración y explotación de los hidrocarburos– ahora la podrá realizar un privado, ya sea nacional o extranjero”, resume la abogada y diputada del Partido del Trabajo Loretta Ortiz Ahlf.

La razón por la cual se destacaba que “sólo el Estado” podía ejercer estas funciones era evitar que entregara concesiones. Esto garantizaba que el Estado mantuviera el control sobre el recurso que más dinero deja al país.

Ahora, las compañías participarán en el sector estratégico más importante del país, explica Ortiz Ahlf, y será muy difícil que el gobierno las controle. Tendría que instalar un sistema de auditoría permanente, pero “en un país que ocupa los primeros lugares mundiales de corrupción, esto no podrá suceder”.

Ejemplifica: a finales de los años noventa la zona petrolífera más rica del hemisferio se detectó en la llamada “plataforma continental” del Golfo de México, entre Estados Unidos y México. A falta de instrumentos para fotografiar el subsuelo, México dejó pendiente la delimitación del territorio que le correspondía. “¿Por qué es tan importante? Porque ahí están los recursos más importantes, son las famosas donas. La mayoría le pertenece a México y una parte pequeña a Estados Unidos. Ahora que se firmen contratos con empresas extranjeras ellas tendrán todo el control sobre lo que se encuentre,  y no el gobierno mexicano”.

Además, cuando la Federación firme contratos con corporaciones privadas, el país aceptará asumir un papel de empresa. Así está consignado en el Tratado de Libre Comercio.

De presentarse un accidente en un pozo explotado por Pemex y alguna transnacional, México no podría exigir una compensación en tribunales nacionales, sino que tendría que irse a una corte internacional. “Su soberanía se perdería, porque te sometes a un juicio en papel de particular y no de una nación”, considera la diputada Ortiz Ahlf.

Otro problema: el nuevo artículo 28 constitucional crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya misión será “recibir, administrar y distribuir los ingresos” que resulten de cada contrato con hombres de negocios. El fondo se radicará en el Banco de México, pero eso es un riesgo: “Es un absurdo, porque Banxico puede negar toda la información sobre cuánto dinero hay en el fondo. Puede argumentar que es un tema de seguridad nacional o que se están invadiendo sus funciones”. Hasta el día de hoy, todo el dinero que administra Pemex es público.

 El diablo está en los transitorios

Para el ingeniero Fabio Barbosa Cano, miembro de la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético de la UNAM, los artículos transitorios esconden otras fisuras. El tercero “convierte en empresas productivas del Estado” a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esto las convierte en compañías que deben dejar dinero, y no en prestadoras de un servicio.

El cuarto transitorio es otro caso. Barbosa Cano, quien en los últimos 15 años ha estudiado la presencia de hidrocarburos en aguas profundas, sostiene que “es una maniobra más que se suma a la de Vicente Fox, cuando se permitieron los contratos de servicios múltiples, y a la de Felipe Calderón, quien creó los incentivados. Y hasta la fecha  ninguno ha funcionado: no ha dado el gas más barato”. Cuando Peña Nieto dio a conocer su iniciativa de reforma, abunda, propuso el acuerdo “de utilidad compartida”, pero el dictamen final va mucho más allá.

En el cuarto transitorio se asienta que habrá distintos tipos de contratos: los primeros son los “de servicios”, donde México pagará en efectivo a las trasnacionales.

Los segundos son “de utilidad compartida”, en los que se retribuye con un porcentaje de la ganancia que deje la venta de petróleo o gas. Aquí no se asienta cuál será el porcentaje de la utilidad a pagar, denuncia el ingeniero. Puede ser de 50% y 50% o de 30% y 70%, como pacte el gobierno…

El tercer tipo de contrato es el de producción; se le pagará a la empresa con parte del hidrocarburo antes de ser procesado.

Finalmente están los contratos “de licencia”, que para el investigador son iguales a los que había antes de la expropiación de 1938. En este esquema, la empresa controla toda un área y no sólo un pozo o un poco de producto. El pago será mediante “la transmisión onerosa de los hidrocarburos, que no entendemos el alcance ni lo que esto significa. Yo lo entiendo como concesión, es decir, derecho sobre todo, sin especificar”.

La consecuencia es que “el gobierno reducirá sus ingresos. La renta petrolera, que es cuantiosa –el diputado Ricardo Monreal la estimó en 85 mil millones de dólares–, ahora será compartida”.

El ingeniero Barbosa Cano va más allá: “Actualmente Pemex tiene un paquete de cerca de 30 campos vírgenes, todos bajo más de 100 metros de agua. Algunos se descubrieron desde el sexenio de José López Portillo. Ahora, con la reforma, esos campos pueden ser explotados por empresas extranjeras, que se llevarán la producción para especular con los precios”.

Existe otro artículo atractivo para las empresas y nocivo para el país: el quinto. Establece que las compañías “podrán reportar para efectos contables y financieros el contrato y sus beneficios esperados” siempre y cuando se establezca que los hidrocarburos que están en el subsuelo son propiedad de la nación. Esto puede fomentar que las firmas reporten menos dinero del que en verdad recibirán: la corporación no tiene que informar de la materia prima que está enterrada (porque es de la nación)… aunque al final le saque provecho, en cuanto lo extraiga.

Los créditos son otro talón de Aquiles: cuando los bancos prestan dinero piden una garantía: Generalmente se hipoteca el objeto del contrato, el bien a obtener o la infraestructura.

Paralelamente, la reforma da nuevas facultades a la Comisión Nacional de Hidrocarburos –que estará manejada por gente propuesta por el Ejecutivo federal–. Ella decidirá a quién y qué tipo de contratos se darán. “Esto reducirá aún más a Pemex, que pasará a ser una mera administradora de instalaciones y empleados”. Así, contrario a lo dicho, Petróleos Mexicanos no se fortalece: se hace más chica al quitarle atribuciones.

Los gasoductos, abunda el investigador, son otro foco rojo. Están considerados  ramales de seguridad nacional, pues son instalaciones imprescindibles cuyo fallo puede paralizar grandes regiones. Con la reforma se abre la posibilidad de que la construcción de esas vías quede en manos del capital privado. “Eso lo veremos en las leyes secundarias”.

Ignorancia o complicidad

La ruta para la privatización del sector energético se fijó en diciembre de 2012, relata el diputado por Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía Berdeja.

Ese mes, el Senado reformó el artículo sexto constitucional, que habla sobre la transparencia. Incluyó la posibilidad de que el Banco de México rechazara entregar información al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Cuando la minuta llegó a San Lázaro, los diputados rebotaron esa modificación. Pero cuando la iniciativa regresó al Senado, “en una maniobra la volvió a cambiar, pero sin poner ‘Banxico’, y estableció que los organismos autónomos podrían controvertir la orden de entregar información”.

Esto significa que si alguien pide información sobre el costo de un contrato derivado de la reforma energética, Banxico puede negarla interponiendo una controversia. “Toda la izquierda metida en el Pacto por México votó a favor, creyendo que efectivamente se trataba de una intención de transparentar todo”.

La siguiente pieza del rompecabezas fue la Ley Federal de Consulta Ciudadana (LFCC), que norma el artículo 35 de la Constitución. La Carta Magna permite la consulta ciudadana, pero la LFCC “pone todas las trabas para que ésta no se realice, porque sólo los temas ‘trascendentes’ se pueden consultar. El obstáculo es que será la Suprema Corte la que decida qué es ‘trascendente’ o no. Además, los temas de ingreso y gasto no se pueden consultar. Y ya lo dijo el senador David Penchyna (PRI), presidente de la Comisión de Energía: la reforma energética es un tema de esa categoría, por lo tanto no se puede consultar ni echar abajo en 2015, como sostiene el PRD.

“Yo no sé si fue ignorancia de los compañeros que votaron estas leyes y cierran el paso a tumbar la reforma energética. A veces digo que la ignorancia linda con la complicidad”, lanza Mejía Berdeja.

Esa “ignorancia o complicidad” tuvo un nuevo capítulo el miércoles 11 y jueves 12, cuando la minuta de la reforma energética aprobada por el Senado llegó a la Cámara de Diputados.

A las nueve de la mañana, cuando el Senado aún no concluía su aprobación en lo particular, el presidente del PRD, Jesús Zambrano; el coordinador de los diputados perredistas, Silvano Aureoles; el vicecoordinador, Miguel Alonso Raya, y Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador de los priistas, negociaron en el hotel Four Seasons de avenida Reforma que la minuta se enviaría a la Comisión de Energía, que preside el priista Marco Antonio Bernal, y de Puntos Constitucionales, que encabeza el perredista Julio César Moreno.

A las 12 del día, cuando la minuta llegó en helicóptero a San Lázaro (manifestantes del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, tenían bloqueados los accesos terrestres a la Cámara, el coordinador perredista Silvano Aureoles debatía con el panista Alberto Villarreal; Arturo Escobar, coordinador de los verdeecologistas, y Ricardo Mejía Berdeja, de MC, el modo de procesar la minuta. Minutos después se incorporó Ricardo Monreal. Acordaron que después de 48 horas de discusión en comisiones se votaría en el pleno, es decir, el viernes. Sin embargo, más de dos horas después y cuando el PAN ya había aceptado, apareció en los monitores una imagen que aceleró todo: unos 80 legisladores (50 del PRD y los demás de MC y PT) habían tomado el salón de plenos. El reloj marcaba las 2 y 15 de la tarde.

Las imágenes mostraban que las seis entradas al recinto estaban cerradas con candados y bloqueadas con curules apiñadas. Escobar y Villarreal enardecieron. Demandaron “castigo” para los “diputados rijosos y violentos”. El panista reculó entonces y le reclamó a Aureoles. Dijo que lo estaba “engañando”. El perredista no hallaba cómo disculparse y sostener que desconocía la maniobra. MC y PT decían que la estrategia era válida y motivada por los “madruguetes e imposiciones”.

Tomada la tribuna y el salón de plenos, Beltrones rompió el acuerdo y respaldó a Villarreal, quien dijo que la reforma se votaría en ese momento y “sin pasar por comisiones”. Lo cierto es que la Constitución y el Reglamento de la Cámara obligan a que, antes de votarse, sea dictaminada en comisiones.

Mientras los izquierdistas festejaban “su sorpresa”, Beltrones apresuraba los preparativos para habilitar el auditorio del edificio “E” como salón de sesiones.

Se ubicaron dos banderas al lado del escudo nacional, el cual, de hecho, “llevaba una semana” ahí, previendo una toma del salón.

A su vez, ocho diputados de Morena, entre ellos Alfonso Durazo y Luisa María Luján, iniciaron un ayuno de 24 horas en protesta por que la reforma no sería discutida. No sirvió de nada. Pasadas las cinco de la tarde los diputados ingresaron a un sencillo auditorio. Todos los asientos estaban ocupados. Incluso en los pasillos  había diputados –y unos 50 empleados de “resguardo”, para “proteger” la pequeña tribuna.

Quienes habían hecho la toma acudieron al auditorio para votar en contra de la reforma en lo general. Hubo jaloneos, reclamos, acusaciones de vendepatrias, revires de “burros”, presunción de los priistas, un diputado que se desnudó como un símil de cómo quedará la nación; rasguños, empellones, caídas, insultos y hasta amenazas de muerte de priistas del  Estado de México hacia perredistas. Pero la reforma pasó: fue avalada en lo general. Luego vino un monólogo de 20 horas de la izquierda, que había reservado todos los artículos para la votación en lo particular. Tampoco modificó nada y al final llegó la votación. Y a las 13 horas del jueves 12, día de la Virgen de Guadalupe, el diputado panista Ricardo Anaya emitió el voto a favor número 353. La reforma había pasado.