Castillo Cervantes, “apagafuegos” de Peña Nieto.../

 Castillo Cervantes, “apagafuegos” de Peña Nieto.../JENARO VILLAMIL

Cercano a Enrique Peña Nieto desde sus tiempos en el Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes ha sido uno de sus “apagafuegos”. Empezó con el caso de la menor Paulette Gebara Farah y siguió con otros más cuando estuvo al frente de la procuraduría mexiquense, inmerso siempre en el escándalo. Ese estigma no lo abandona, tal como se ve ahora que fue nombrado comisionado en Michoacán para meter orden en esa exaltada entidad.

 “Tú debes buscar a una niña muerta, no a una niña desa­parecida”, le advirtió Luis Cárdenas Palomino –segundo hombre fuerte de Genaro García Luna en el sexenio calderonista– a su amigo Alfredo Castillo Cervantes en marzo de 2010.

 En esa época Castillo Cervantes era subprocurador regional de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y responsable de la investigación de la niña Paulette Gebara Farah, desaparecida entre el 21 y 22 de ese mes en Huixquilucan.

 Hoy Castillo es comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán. En privado admite que la recomendación de Cárdenas Palomino fue determinante para la solución de aquel caso, uno de los más escandalosos en los tiempos de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México.

Y así fue. Castillo “salvó” de la peor crisis mediática al gobierno peñanietista, pese a que muchos consideraron fantasiosa y poco creíble la versión de que la menor murió accidentalmente en su propia cama. Decenas de agentes, reporteros y familiares estuvieron en el mismo cuarto donde después apareció el cuerpo de Paulette, en el llamado “colchón asesino”.

Castillo le dio carpetazo al asunto. Semanas después, en mayo de 2010, sustituyó a su amigo Alberto Bazbaz Sacal como titular de la procuraduría mexiquense; éste había lanzado en cadena nacional de televisión la versión de que no había duda de que “se trató de un homicidio” (Proceso 1745).

En menos de un lustro, el joven licenciado en derecho por la UAM y licenciado en ciencias políticas y administración pública por la Universidad Iberoamericana ha tenido una meteórica carrera: fue procurador mexiquense hasta el primer año de la administración de Eruviel Ávila, con quien tuvo roces constantes por su “protagonismo mediático”; responsable del área de Justicia en el equipo de transición de Peña Nieto.

El 1 de diciembre de 2012 asumió como subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo en la PGR, con línea directa con el primer mandatario; en mayo de 2013 sustituyó a Humberto Benítez Treviño como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), tras el escándalo conocido como “Lady Profeco” y el pasado miércoles 15 un decreto presidencial lo convirtió en el “hombre fuerte” de Peña Nieto en Michoacán.

Como operador personal de Peña Nieto y “apagafuegos” de crisis con alto impacto mediático, Castillo Cervantes jugó un papel clave en la investigación y el expediente de la explosión de la Torre B2 de Pemex el 31 de enero de 2013, y en detallar las operaciones ilícitas que condujeron a la detención de la profesora Elba Esther Gordillo, exaliada de Peña Nieto, en febrero del mismo año. El elbazo es considerado el “golpe espectacular” más importante de la administración peñanietista.

 Con estos antecedentes, Castillo Cervantes sustituyó a Humberto Benítez Treviño en la Profeco, luego del escándalo de su hija Andrea Benítez, quien mandó a cerrar un restaurante de la colonia Roma en el Distrito Federal porque, dijo, no fue atendida a su gusto.

El escándalo #LadyProfeco –el hashtag de Twitter duró 20 días–, como antes el de Paulette, afectó mediáticamente a Peña Nieto y provocó una disminución en los índices de popularidad del mexiquense. En ambos estuvo Castillo Cervantes para revertir los escándalos.

Pocos recuerdan que su ascenso a la procuraduría mexiquense se dio el 25 de mayo de 2010, al día siguiente de que María de las Heras, de la empresa Demotecnia, publicó una encuesta en el diario español El País, donde consignó una fuerte caída en la popularidad de Peña Nieto por el caso Paulette.

A la pregunta de “¿Después de ver cómo manejó la procuraduría estatal el asunto de la niña Paulette, su opinión sobre el gobernador Enrique Peña Nieto es mejor o peor?”, 45% contestó que peor y 12% “igual de mala”.

Las encuestas internas elaboradas por Ipsos Public Affaire y Buendía & Laredo para el gobierno mexiquense consignaron también una fuerte afectación en la percepción pública sobre el trabajo de Peña Nieto y peor para su procurador Bazbaz (Proceso 1752).

En contraste, la detención de Elba Esther Gordillo, operada en absoluta confidencialidad por Castillo Cervantes, le otorgó a Peña Nieto los más altos índices de aceptación en el arranque de su gobierno federal.

¿Comisionado o virrey?

Como en las crisis anteriores, la decisión de emprender un operativo militar y de seguridad en Michoacán se tomó en el gobierno de Peña Nieto tras una fuerte presión externa, diplomática y mediática.

El jueves 9 el Departamento de Estado norteamericano emitió una alerta para que sus ciudadanos evitaran viajar a Michoacán y Guerrero porque grupos de autodefensas operan independientemente del gobierno en muchos casos. “Aunque no son considerados hostiles a extranjeros o turistas, desconfían de extraños y deben ser considerados volátiles o impredecibles”, aconsejó.

En paralelo, las notas de los principales periódicos y medios anglosajones como The New York Times, The Wall Street Journal, The Guardian, Boston Journal, así como las cadenas televisivas BBC y CNN destacaron la lamentable situación de inseguridad y la confusión de la estrategia gubernamental frente a los grupos de autodefensa.

Ante esta situación, el miércoles 15 Peña Nieto emitió un decreto en el Diario Oficial de la Federación para crear la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán con atribuciones que rebasan las de otras figuras similares, como la Comisión para la Concordia y Pacificación en Chiapas, creada en enero de 1994 por Carlos Salinas de Gortari, a raíz de la irrupción del EZLN.

El titular de esa comisión, Alfredo Castillo Cervantes, tendrá entre sus funciones las siguientes:

–Coordinar a las autoridades federales “para el restablecimiento del orden y la seguridad” en Michoacán y “su desarrollo integral” que abarque “todos los aspectos políticos, sociales, económicos y de seguridad pública”.

–“Formular y ejecutar políticas, programas y acciones orientados a la prevención del delito, fortalecimiento institucional y reconstrucción del tejido social.”

–Promover la coordinación de las autoridades locales y municipales de Michoacán con las federales.

–Establecer mecanismos de coordinación entre el procurador general de la República y el procurador de Michoacán.

–“Disponer, ordenar y coordinar” las acciones de apoyo y auxilio social de la fuerza pública federal.

–“Solicitar el auxilio de las Fuerzas Armadas, en términos de disposiciones aplicables, a fin de dar cumplimiento al decreto.”

–“Solicitar a la Secretaría de Gobernación la remoción o designación de servidores públicos federales” en Michoacán.

Frente a estas atribuciones, el senador Luis Sánchez, vicecoordinador de la bancada del PRD y exlíder de su partido en el Estado de México, advierte: “Es una forma de decretar la desaparición de poderes en Michoacán”.

–¿Es una violación a la ley? –se le pregunta.

–Es una forma sutil de saltar las leyes. En la práctica y en la realidad, Peña Nieto está nombrando un virrey.

Conocedor de las maneras y estilos de gobernar de los priistas en el Estado de México, el vicecoordinador compara esta decisión con lo ocurrido en 2009, cuando el tricolor recuperó el llamado “corredor azul-amarillo” en los municipios conurbados de la entidad con el Distrito Federal que antes gobernaban el PAN y el PRD: Ecatepec, Atizapán, Naucalpan, Tlalnepantla, Ciudad Neza, Chimalhuacán y Huixquilucan, entre otros.

“Peña nombró directamente o a través del secretario general de Gobierno (Luis Enrique Miranda Nava) o del titular de la Agencia de Seguridad Estatal (David Garay Maldonado) a los jefes de las policías municipales, a los delegados del Ministerio Público y en varios casos hasta los tesoreros. Era el control total”, abunda Sánchez.

Proceso solicitó una entrevista con el nuevo comisionado de Michoacán para abundar sobre sus atribuciones, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.( si se la dieron a Roberto Zamarripa de Refiorma).

De lo mediático a lo real

Para Luis Sánchez, el exprocurador mexiquense es “un personaje oscuro”. “Su desem­peño no tiene que ver con su capacidad como funcionario, sino con la amistad. Él trabaja para el jefe, no para la sociedad”, comenta.

 Recuerda que la salida de Castillo Cervantes de la procuraduría mexiquense, ya en el gobierno de Eruviel Ávila, coincidió con una advertencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que ratificó la condición de la entidad como la que concentra el mayor número de feminicidios sin aclarar en la República Mexicana.

 Tan sólo en 2012, 328 personas perdieron la vida de forma violenta en el Estado de México, durante el último año del periodo de Castillo Cervantes.

 Sin embargo, al dejar la dependencia, Castillo afirmó que se iba satisfecho y rechazó que en su gestión se hubieran incrementado los feminicidios, las desapariciones o los índices delictivos, en clara respuesta a la alerta de la ONU.

 “Me siento satisfecho por haber hecho mi mejor esfuerzo. Entiendo que el reclamo de seguridad y justicia de la población es totalmente legítimo, y en estas circunstancias siempre habrá algo que mejorar, pero los grandes retos los resolvimos: detenciones del crimen organizado, llevamos criterios nuevos a la Corte, etcétera”, afirmó.

 Sobre el tema de los feminicidios, presumió que el Estado de México es la entidad con más sentencias condenatorias, existe una fiscalía especial y “somos ejemplo de la Conferencia Nacional de Procuradores”.

 Sin embargo, la prensa local y nacional consignó una serie de escándalos y errores cometidos por la procuraduría durante el paso de Castillo Cervantes.

 El más recordado es la detención y fuga de César Armando Librado Legorreta, El Coqueto, capturado el 23 de febrero de 2012. Chofer de un autobús que manejaba en el Distrito Federal y el Estado de México, estaba acusado de siete feminicidios, seis de ellos cometidos en territorio mexiquense. Librado se fugó de las instalaciones de la Subprocuraduría de Barrientos, Tlalnepantla cuatro días después de su detención. El error se atribuyó a un descuido de los policías que lo custodiaban, quienes también huyeron.

 El Coqueto fue reaprehendido el 3 de marzo siguiente. Tuvo una lesión durante su huida. La captura se facilitó por una llamada de su hermanastro a su madre.

 El 19 de julio de 2012 ocurrió otro escándalo. Un grupo de 17 presuntos asaltantes violó a varias mujeres, la mayoría menores de edad, en el campamento de jóvenes cristianos en el parque El Colibrí, entre Chalco e Ixtapaluca.

 De los 17 detenidos, 13 fueron identificados por las víctimas y nueve fueron señalados como participantes de otros delitos similares en los parques Dos Aguas y Tenango del Aire. Castillo Cervantes los atrapó e hizo una presentación ante las cámaras de televisión de los inculpados. Se transmitió un video donde los detenidos explicaban la forma en que violaron a las menores. Esto provocó la molestia de los familiares de las víctimas, así como diversos organismos de derechos humanos, que argumentaron que el show mediático dañaba la dignidad de las víctimas.