Gobierno
y PRI mantienen “comprada” a la LXII Legislatura/reportaje de JESUSA
CERVANTES
Revista Proceso # 1968, 19 de de julio de 2014
Los
500 diputados federales les salen muy caros a los mexicanos. Cada año se
embolsan poco más de 830 millones de pesos en salarios y apoyos a su quehacer
parlamentario, aunque producen poco, pues las iniciativas se elaboran en el
Senado o vienen directamente de Los Pinos. Según Ricardo Monreal, del
Movimiento Ciudadano, el Legislativo está podrido porque sus integrantes no
sólo no debaten, sino que se alinean uniformemente con el PRI.
A
pesar de que los diputados de la LXII Legislatura federal no han elaborado una
sola de las “reformas trascendentales” –todas han sido confeccionadas fuera de
San Lázaro–, sus integrantes se han esmerado en crear “otro tipo de proyectos”,
como la práctica “reedificación” del Palacio Legislativo a costos millonarios.
Cada
año los 500 legisladores federales reciben poco más de 830 millones de pesos en
salarios y “apoyos” a su quehacer parlamentario. Sólo que ahora les dio por
modernizar su sede, acorde –dicen– con la “intensa actividad política y
trascendental de las reformas que demanda el país”.
Su
gran propuesta de ingeniería civil se realizará en cuatro etapas, en la primera
de las cuales se invertirán por lo menos 400 millones de pesos. Los proyectos
se han asignado de manera directa, es decir, sin someterlos a concursos de
licitación, según consta en contratos obtenidos por Proceso.
En
las “autorizaciones” han participado los grupos parlamentarios de PRI, PAN y
PRD a través del Comité de Administración, el secretario general, así como el
titular de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la LXII
Legislatura.
Los
diputados han invertido más tiempo en proponer y presupuestar “remodelaciones”,
“ampliaciones” y “restructuraciones” de sus ocho edificios y en la búsqueda de
la renta de equipos de cómputo, aplicaciones tecnológicas o el arrendamiento de
130 automóviles –lo que cuesta una millonada– para apoyar el trabajo de sus 56
comisiones ordinarias y comités, que en aprobar las reformas constitucionales y
secundarias en materia laboral, educativa, de telecomunicaciones y energética,
esta última aún en discusión.
Para
Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, la actual Legislatura atraviesa por su “peor crisis de autoridad y
confianza” ante la ciudadanía porque, expone, “no ha sido productiva. Y por más
que se diga que ha hecho múltiples leyes e infinidad de reformas estructurales,
la verdad es que el Ejecutivo federal es quien las ha elaborado y sólo se
envían (a San Lázaro) para su ratificación”.
Ese
desprestigio se observa en las maratónicas sesiones para aprobar las reformas,
en las cuales, insiste Monreal, sus pares “no debaten, no deliberan, no
estudian, no proponen nada. Sólo emiten su voto de manera mecánica. Es una
mayoría silenciosa que preside el PRI, acompañado de sus aliados”.
–Para
tener aliados, ¿el PRI necesita dinero? –se le pregunta.
–Sí.
Sin duda.
–¿Cómo
le hace el PRI para obtener y manejar libremente los recursos?
–Son
varias las vías. No sólo se trata de la dieta, tienen distintos privilegios,
como las asignaciones de obras sin concursar, por ejemplo, o la selección y
contratación de personal que cada diputado solicita; también está la gestión de
recursos que se traducen en el presupuesto anual, donde, sin duda, existen los
diezmos.
En
ese volumen expone: “Los recursos públicos entregados a la Cámara (de
Diputados) son la reserva para la compra de voluntades y lealtades. Así es como
se mantiene en funcionamiento una capa de alta burocracia, privilegiada, que
opera directamente para las bancadas de los poderes fácticos, dispone de
automóviles de lujo y sueldos elevados; además facilita licitaciones de
insumos, maquinaria y mantenimiento altamente cuestionables.
“Los
presupuestos para el ‘correcto funcionamiento’ de la cámara son un dispendio
indignante y obedecen al proceso de decaimiento del Estado frente a una
oligarquía cerril.”
Asimismo
detalla la llamada “dieta” de los diputados, que incluye la asistencia a las
sesiones legislativa y la atención ciudadana. Cada legislador recibe 148 mil
558 pesos por ese concepto.
También
están las llamadas “subvenciones” que la cámara asigna a cada grupo parlamentario,
según su número de escaños. En 2013, por ejemplo, PRI, PAN y PRD se llevaron
676 millones 400 mil 904 pesos, en tanto que PVEM, Movimiento Ciudadano, PT y
Nueva Alianza recibieron 153 millones 987 mil 96. En conjunto suman 830
millones.
Para
2014 la distribución es similar. De ese monto sólo se debe justificar 30%,
según la investigación de Monreal.
En
cuanto a los trabajadores del recinto parlamentario –6 mil 245, entre
sindicalizados, mandos medios, superiores y homólogos y los que cobran por honorarios–,
la mayoría no son necesarios. “El problema está en los mandos medios,
superiores y homólogos (567). Ahí se concentra la mayor parte de peticiones
especiales de los legisladores. Todos ellos, sin excepción, tienen ese
privilegio”.
Con
respecto a la “gestión de recursos”, añade Monreal, aquí sin duda la existencia
de diezmos es real. Habrá excepciones muy marcadas de quienes no pidan diezmo,
pero es ya una práctica corrupta generalizada.
Los
diezmos, explica, ascienden a 10 millones de pesos por año. “Pero esa cantidad,
aclara, es para los diputados comunes, los desconocidos, los que nunca suben a
tribuna. Hay quienes piden más recursos para asignárselos a cualquier
municipio, no necesariamente de su distrito electoral”.
Los
temas que aborda ampliamente en su próximo libro –la dieta, las prerrogativas
para los presidentes y secretarios de comisiones, la subvención del grupo
parlamentario de acuerdo al número de diputados– “son los más emblemáticos”.
Pero
el verdadero tema está en las “asignaciones”, según el legislador. Esto es, en
los proveedores de servicios y ahora en las grandes obras y adquisiciones que
se autorizaron en la LXII Legislatura federal.
El
nuevo saqueo
Monreal
muestra a la reportera la documentación relacionada con dos puntos fundamentales:
la renta de 130 automóviles “en arrendamiento puro” por 57 millones 396 mil 591
pesos. Los vehículos se asignaron de manera directa por el Comité de
Administración –el primer año estuvo presidida por el PAN, el segundo por el
PRD y ahora por el PRI– a la empresa Casanova Renta “a propuesta de Toyomotors
de Polanco”.
Monreal
se inconformó formalmente porque, arguyó, de haberse comprado, la erogación
hubiera sido de 40 millones 943 mil 240 pesos, 16 millones 453 mil 320 menos
que lo que se está pagando por el arriendo de los autos.
Aldo
Jonathan Dávila Ríos, asesor de la dirección general de Recursos Materiales y
Servicios, respondió a Monreal:
“No
se señala que la dirección general de Recursos Materiales y Servicios o la
dirección de Servicios Generales haya recibido y/o realizado, según sea el
caso, la documentación, evaluación y análisis descritos en los considerandos
VII, X y XI –el primero se refiere a por qué arrendar y no comprar, por qué se
escogió Toyota y por qué fue por adjudicación directa– del citado acuerdo, por
lo que esta dirección no cuenta con los antecedentes, documentación y elementos
administrativos para dar respuesta a la solicitud hecha.”
Los
autos fueron asignados a los presidentes de las 56 comisiones, a los miembros
de la Junta de Coordinación Política –cuyo presidente es el perredista Silvano
Aureoles–, a los miembros del Comité de Administración –en el cual están
representados los coordinadores de los siete partidos–, así como a los
integrantes de la Mesa Directiva: 20 al PRI, 11 al PAN, 11 al PRD, tres al
PVEM, y uno al PT, Movimiento Ciudadano y Alianza Nacional.
El
entrevistado muestra un contrato por 115 millones de pesos autorizado el 15 de
noviembre de 2012 por un “servicio de monitoreo e información legislativa para
apoyo de las funciones de los CC diputados y diputadas, comisiones y comités
de la LXII Legislatura”.
Luego
de que el 13 de marzo de 2013 la reportera Claudia Salazar dio a conocer el
documento que provocó un escándalo, el Comité de Administración entregó a Monreal
un oficio fechado el 11 de febrero de ese año, en el cual dejaba sin efectos la
decisión de contratar el monitoreo. Sin embargo el comité sí autorizó un gasto
de 115 millones de pesos, aunque lo hizo el 25 de octubre de 2013 y fue para la
renta de computadoras de escritorio, escáner, impresoras a color, computadoras
de diseño, reguladores y computadoras portátiles. La beneficiada fue la empresa
española El Corte Inglés.
Según
la “adjudicación directa”, el contrato se hizo para renovar el equipo de cómputo
bajo la modalidad de “servicios administrados” (renta) por una vigencia del 19
de diciembre de 2013 al 30 de abril de 2016.
Sin
embargo en diciembre de 2012 el mismo Comité de Administración autorizó un
contrato con Telmex por los servicios de teléfono, internet y otros, que
incluía la entrega de 500 computadoras Dell. La inversión fue de 44 millones
651 mil 949 pesos.
Y
aun cuando los contratos por el servicio de monitoreo informativo y la
telefonía se renuevan cada año, lo preocupante es el proyecto de la
remodelación de San Lázaro.
Desde
el 29 de octubre de 2013, el Comité de Administración autorizó la “contratación
de restauración y conservación de las celosías (…) del patio central del
Palacio Legislativo”, y lo hizo como “caso de excepción” por adjudicación
directa. El costo: 19 millones 360 mil 523 pesos. Pero la ingeniero Virginia
Arroyo Rodríguez determinó que había mucho deterioro y aumentó otros 6.5
millones, lo que suma 26 millones 550 mil pesos.
La
empresa Sackbe, especializada en restauración de monumentos históricos, fue la
beneficiada. Y por si no fuera suficiente esa suntuosa obra, el 17 de diciembre
de 2013 el mismo comité autorizó al despacho Vagar Consultores la “supervisión”
de la obra de restauración y le pagó 1 millón 169 mil 296 pesos.
El
Palacio Legislativo consta de ocho edificios y una Plaza Cívica. Fue diseñado
por el despacho Ramírez Vázquez Asociados, el cual por cierto tiene “la
propiedad” intelectual de San Lázaro. Ello significa que cualquier cambio que
se le haga debe ser consultado.
Por
eso el 5 de diciembre pasado el Comité de Adquisiciones encomendó a ese
despacho –con la firma única de PRI, PAN y PVEM– “la primera etapa” de
remodelación de fachadas, con una superficie de 34 mil metros cuadrados. La
obra incluye sustituir losas de cantera y tezontle por material de “piedra
aligerada” para evitar el hundimiento.
La
asignación “directa” de esa primera etapa costó 94 millones de pesos. En las
siguientes etapas –se habla de tres más– se harán “trabajos de nivelación”,
pues varios edificios tienen un metro de hundimiento.
En
la justificación, el comité sostiene que el de San Lázaro “es un edificio
emblemático por ser sede de la Cámara de Diputados, por lo que su restauración
requiere de un plan integral”. Incluso solicitó otro estudio al mismo despacho
sobre el estado que guarda la Plaza Cívica que se encuentra en “condiciones
deplorables”, por lo que en “una primera etapa” se le harán cambios con un
costo de 51 millones 850 mil 79 pesos para “su dignificación”.
Respecto
al cambio de las celosías, se contrató a José Jesús Arteaga Lara para
supervisar los trabajos de la plaza y las fachadas. El 17 de diciembre de 2013
se autorizó el proyecto estimado en 2 millones 371 mil 755 pesos.
En
la mayoría de los acuerdos, el Comité de Administración sostiene que la
remodelación del inmueble es “para evitar exponer la integridad física de los
legisladores”.
Además
PRD, PRI y PAN acordaron el 19 de diciembre de 2012 y el 8 de enero de este año
autorizar otra millonaria obra: el proyecto ejecutivo de la ampliación del
Palacio Legislativo. El solo proyecto costó 18 millones 560 mil pesos y su
propósito, según los documentos consultados, es hacer un puente que cruce la
avenida Congreso de la Unión y conecte con la avenida Corregidora; además se construirá
un museo interactivo.
En
la justificación de las obras, del 19 de diciembre, el Comité de Adquisiciones
sostiene: el recinto requiere “una modernización acorde a la intensa actividad
política y trascendental en las reformas que demanda el país para que se
desarrollen en tiempos postbicentenario…”.
Ante
los múltiples contratos, un empleado del área legislativa comenta a la
reportera: “Se dice que saldría más barato construir un nuevo San Lázaro que
seguir con las remodelaciones”.
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