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El gobierno federal sabía

Ni Peña Nieto ni Gobernación actuaron, aunque sabían lo que se avecinaba/GLORIA LETICIA DÍAZ, reportera.
Revista Proceso No. 1981, 18 de octubre de 2014.
Mientras el presidente Enrique Peña Nieto y sus colabo­radores, en particular el procurador Jesús Murillo Karam, se enmarañan en su discurso exculpatorio sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el diputado perredista Carlos de Jesús Alejandro declara a Proceso: por lo menos desde el primer trimestre de 2013 el gobierno federal fue alertado por un grupo de legisladores, activistas sociales y funcionarios federales acerca del grado de penetración del crimen organizado en las áreas de seguridad de varios municipios de Guerrero. Incluso en ese marco se formó la Comisión para la Armonía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pero no prosperó. Y reventó la violencia en Iguala…
 Desde su arribo a Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto lo supo: buena parte del territorio guerrerense estaba sometido por células del narco. En algunas regiones, le dijeron sus allegados, no podían entrar ni los representantes de las dependencias federales. 
Los sucesos del pasado 26 de septiembre en Iguala, donde murieron varios estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos y desaparecieron 43 de sus compañeros, exacerbaron la crisis. Y aunque al principio el gobierno federal intentó reducir el problema a una crisis local, Peña Nieto terminó por asumir su responsabilidad, acicateado por la presión de los medios y organismos internacionales.
 Para el diputado federal perredista Carlos de Jesús Alejandro, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el descubrimiento de una veintena de fosas clandestinas en Iguala, así como la declaración del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, de que los restos de 28 personas encontradas no corresponden a los jóvenes agredidos el 26 y 27 de septiembre, ponen en evidencia omisiones que el gobierno federal no puede eludir.

 Oriundo de Guerrero y consejero nacional de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), De Jesús Alejandro comenta a Proceso que por lo menos desde el primer trimestre de 2013 un grupo de legisladores, activistas sociales y funcionarios federales alertaron al gobierno de Enrique Peña Nieto sobre el grado de penetración del crimen organizado en las áreas de seguridad de los municipios y de las afectaciones directas al desarrollo de la entidad gobernada por el perredista Ángel Aguirre Rivero.
 Secretario de las comisiones legislativas de Asuntos Indígenas, Agraria y Turismo, el legislador relata: Frente a la incapacidad del gobierno estatal para enfrentar la violencia “se crearon las policías comunitarias en varios municipios, que tuvieron su máxima expresión en la Unión de Pueblo y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG)”.
 Fueron integrantes de esa organización quienes descubrieron algunas de las fosas en su búsqueda de los 43 normalistas, y en su momento advirtieron a la Secretaría de Gobernación acerca de la ola criminal que azota a la entidad, dice a la reportera el también fundador del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas (CPNAB).
 En 2013, cuenta, diputados federales recibieron en numerosas ocasiones a representantes de la UPOEG, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), autodefensas de la región de la Costa Grande y a empresarios de la entidad para hablar sobre el problema y sobre el involucramiento de los cuerpos policiacos municipales con grupos de la delincuencia organizada.
 Ellos relataron a los legisladores que numerosos alcaldes estaban amenazados: los de la región norte –Iguala, Cocula, Apaxtla, Cuetzala del Progreso–; los de nueve municipios de Tierra Caliente; casi todos los de Costa Grande; los de la Montaña Baja de Chilapa de Álvarez; de la zona Centro (Chilpancingo); de la Costa Chica (Tierra Colorada); de Acapulco; de la zona de las Cañadas, como Olinalá…
 Describieron incluso el modus operandi de las bandas delincuenciales: Una vez que los alcaldes llegan al poder, en sus oficinas se presentan sicarios que les proponen pactos. “Para garantizar la gobernabilidad –les dicen–, tienen que darles espacios en la administración municipal, sobre todo en los de seguridad pública. Los compañeros que vinieron nos contaban que en los pueblos había un clima de zozobra, de temor hacia los presidentes municipales porque permitían a estos grupos actuar libremente”.
 Temores y omisiones
 De Jesús Alejandro relata que la UPOEG se formó para diseñar e impulsar proyectos productivos enfocados al desarrollo de las comunidades indígenas. Pero al advertir la penetración de la delincuencia organizada, sus integrantes optaron por planear estrategias para combatirla.
 Agrega que la Secretaría de Gobernación tenía conocimiento de ese estado de cosas, pues varios miembros de la UPOEG, entre ellos Bruno Plácido Valerio, le presentaron un informe. De ese acercamiento, recuerda el legislador entrevistado, en febrero de 2013 nació la Comisión para la Armonía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Jaime Martínez Veloz quedó como interlocutor por parte de las autoridades federales.
 La comisión, expone, “no tenía que ver sólo con la reconciliación y la seguridad interna, sino también con la coordinación con los otros niveles de gobierno –el estatal y el federal– para que entre todos se buscara la paz, armonía, gobernabilidad, seguridad en las comunidades y posteriormente impulsar el desarrollo de manera conjunta”.
 Sin embargo, el proyecto “fue abortado por los gobiernos federal y estatal. Gobernación dejó de enviar a su representante, Martínez Veloz, quien no recibió el acompañamiento ni el respaldo necesario; el gobierno del estado incluso lo vetó”.
 De Jesús Alejandro sostiene que la situación de crisis humanitaria que vivía Guerrero no sólo llegó a Gobernación por boca de Martínez Veloz; “Bruno (Plácido Valerio) también se reunió con el secretario Miguel Ángel Osorio Chong. Lo que quería la UPOEG era trabajar en coordinación con las tropas del Ejército y la Marina, así como con las corporaciones del estado, para recuperar el control de la seguridad. Pero la relación se descompuso cuando la UPOEG hizo señalamientos directos de (que había) altos mandos militares involucrados con el crimen organizado.” 
Esas advertencias de la UPOEG, insiste, “pueden quedar en evidencia con lo que pasó la noche del 26 al 27 de septiembre en Iguala, pues en esa ciudad tiene su sede el 27 Batallón de Infantería. Y aunque está a unos metros del lugar donde se desató la balacera, ningún militar actuó. ¿Acaso hubo una omisión deliberada?”
 El miércoles 8, durante la conferencia de prensa en la Ciudad de México previa a la marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo, Omar García, uno de los normalistas sobrevivientes, contó que la madrugada del 27 de septiembre, después de que sus compañeros fueron rafagueados por segunda ocasión por hombres vestidos de civil, llegaron miembros del Ejército y durante 40 minutos sometieron a los sobrevivientes.
 Les quitaron sus celulares y pretendían acusarlos de allanamiento de morada, toda vez que los jóvenes buscaban protección en casas vecinas. “Los capitanes o comandantes nos dijeron que nos lo habíamos buscado (la agresión). Y aunque vieron a varios heridos, no persiguieron a los perpetradores ni enviaron ayuda; los dejaron a su suerte”, expuso García.
De Jesús Alejandro prosigue su relato: “Las conjeturas que saco de la actitud de los gobiernos federal y estatal para no atender en el seno de la Comisión los temas que ocasionaron el crecimiento de las policías comunitarias, fueron sus temores de que éstas se expandieran y pusieran en evidencia la ingobernabilidad; incluso que pudiera constituirse una guerrilla en el estado de Guerrero”.
 Mientras los trabajos de la comisión se mantenían congelados, en agosto de 2013 Aguirre Rivero y las autoridades federales recurrieron a los militares para detener a los policías comunitarios, entre ellos a Nestora Salgado, comandanta de la CRAC de Olinalá, quien hoy está recluida en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
 Otros testimonios
 El gobierno de Peña Nieto no sólo contaba con la información proporcionada por las organizaciones sociales sobre la situación de emergencia en Guerrero.
 Funcionarios de dependencias federales sabían que detrás de la dilación de la entrega de obras públicas estaban las extorsiones del crimen organizado. “Desde 2012 –cuenta De Jesús Alejandro– hemos etiquetado recursos para la construcción de obras carreteras que comuniquen las comunidades desde 2012. Recientemente pedimos cuentas a la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) y nos confesaron que no pudieron avanzar a causa de las amenazas de organizaciones delictivas cuyos personeros les pidieron sus cuotas.
 “Cuando se negaban, los técnicos eran levantados para obligar a la dependencia a pagar. Muchas empresas optaron por retirarse. Algunas obras están inconclusas; otras ni siquiera se iniciaron.”
 La primera quincena de octubre, agrega, empleados de la constructora Coconal fueron secuestrados en Tierra Caliente. Asimismo, los recursos programados para la construcción de la carretera Iguala-Teloloapan-Arcelia-Altamirano –presupuestada en 500 millones de pesos– no han podido ejecutarse.
 Para esa obra, los diputados federales guerrerenses consiguieron que para el ejercicio fiscal 2013 se etiquetaran 70 millones de pesos, pero la SCT les comunicó recientemente que sólo se ejercieron 34.11 millones; para 2014, se etiquetaron 82 millones, de los cuales sólo se han ejercido 41.2 millones.
 Abunda el legislador: “Para la apertura, ampliación y pavimentación de un kilómetro de carretera se requiere una inversión promedio de 5 millones de pesos. Sucede que ahora la SCT está reduciendo las metas de construcción a la mitad, y el resto de la inversión lo paga a la delincuencia organizada”.
 Las respuestas de la SCT “son inaceptables”, dice. Eso significa que la federación conoce la impunidad con la que opera el crimen organizado en Guerrero, donde se está deteniendo la inversión federal, pero no hace nada.
 “No puedo creer que este gobierno que favorece la inversión privada y extranjera no sea capaz de dar garantías de seguridad para las empresas constructoras a las que se les
El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, organizó una conferencia de prensa en Chilpancingo el 27 de mayo último para hablar sobre el problema.
El retraso en el programa de reconstrucción, instrumentado tras los daños causados por los huracanes Manuel e Ingrid en septiembre de 2013, se debía a “amenazas, presiones, intentos de extorsión, algunas agresiones a personal” de empresas constructoras, sobre todo en Tierra Caliente, y a que se habían interpuesto seis denuncias ante la PGR y la procuraduría local, dijo Ramírez Marín.
De Jesús Alejandro insiste: “Hay una omisión del gobierno federal porque tuvieron información de la operación de estos grupos delincuenciales (por parte) de sus propios funcionarios, que bien pudieron solicitar apoyo a las instituciones de seguridad.
“No sé por qué no pudo darse eso cuando altos funcionarios traen todo un aparato para cuidar su seguridad personal y no vemos lo mismo para velar que los recursos de la nación sean realmente invertidos para beneficio de la ciudadanía.”
Sordera en Los Pinos
Pese a esas evidencias, Peña Nieto aseguró el 30 de septiembre en Coacalco, Estado de México, que lo ocurrido en Iguala era un asunto local.
En su primera referencia a la desaparición de los 43 normalistas, el expuso: “Es muy claro que el gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios gobiernos estatales.”
Pero ante la reacción internacional por la agresión a los normalistas de Ayotzinapa y las exigencias de organismos y organizaciones internacionales de que se esclarecieran los hechos, Peña Nieto cambió su discurso.
El lunes 6, en su mensaje al país desde Palacio Nacional, aseguró estar “indignado y consternado”; en el Estado de derecho, dijo “no había espacio para la impunidad”, y agregó que su gobierno colaboraría “en el ámbito de sus responsabilidades” con el de Guerrero.
Dos días después, desde Monterrey, ya no habló de los “jóvenes desaparecidos”. Se centró en elogiar al gobernador de Nuevo León, su correligionario Rodrigo Medina, a quien reconoció por su labor en materia de seguridad y de coordinación con el gobierno federal; de manera elogiosa, comparó incluso a su gobierno con otros donde había “señales de debilidad institucional”.
El jueves 9, en Irapuato, Guanajuato, dejó entrever que los jóvenes guerrerenses estaban muertos y en las fosas. Ya no mencionó la coordinación con el gobierno de Aguirre sino que optó por destacar las instrucciones dadas al gabinete de seguridad:
“Tenemos que ir a profundidad y tope donde tope, llegar a los responsables, a aquellos que por negligencia o por actuación permitieron o solaparon que esto hubiese ocurrido en Iguala y que, lamentablemente, de confirmarse, jóvenes estudiantes hubiesen perdido la vida.”
La semana pasada, en sus apariciones públicas, se refirió a “los hechos de Iguala”. Pero ya no habló de muertos sino de desaparecidos, y aunque destacó las acciones del gabinete de seguridad, amplió la transferencia de responsabilidades, que en un principio había atribuido sólo al gobierno de Guerrero.
El miércoles 15, por ejemplo, expuso: “Era un reto para el Estado y la sociedad”; el jueves 16 anunció una redefinición del papel de los municipios en materia de seguridad, y el viernes 17, en Torreón, Coahuila, puso como ejemplo de eficiencia al gobernador Rubén Moreira Valdez, como lo hizo en Monterrey ante Rodrigo Medina.
Y mientras la prensa internacional informaba sobre la indignación desatada por la agresión a los normalistas de Ayotzi­napa y el Parlamento Europeo se pronunciaba por condicionar los acuerdos con México, la Presidencia de la República se dedicó dos noches seguidas –el jueves 16 y el viernes 17– a presentar imágenes de Peña Nieto con su gabinete de seguridad, porque “la prioridad” de su gobierno es encontrar a los 43 normalistas secuestrados. (Con información de Arturo Rodríguez)­



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