Preside la Comisión Permanente el diputado Silvano Aureoles Conejo (PRD).
El presidente de la CNDH presentó el Informe anual ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
El Presidente de la CNDH aseveró que lo ocurrido en Iguala es ejemplo de la omisión, negligencia y falta de compromiso del Estado, que debió alertar y tomar medidas oportunas y contundentes sobre lo que se gestaba.
Consideró también que lo más relevante a reportar en materia de derechos humanos durante 2014 es el despertar y la toma de conciencia que hechos como Tlatlaya e Iguala han provocado en nuestra sociedad, así como el nuevo paradigma de actuación que autoridades e instituciones tienen que asumir a partir de ellos.
Informó que las autoridades más señaladas como responsables de violación a derechos humanos fueron: IMSS, 1,542 casos; Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la SEGOB, 1,177; SEDENA, 642; Policía Federal, 580; ISSSTE, 538; SEP, 530; PGR, 487; Migración, 450; Marina, 374 e INFONAVIT, 326.
Respecto de las autoridades que no aceptaron las recomendaciones de la CNDH, todas ellas del ámbito municipal, apuntó que este Organismo nacional ejercerá plenamente sus facultades.
Este fue el informe presentado por Luis Raúl González Pérez,
Gracias. Muy buenos días tengan todos y
todas ustedes. Señor diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa
Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión;
senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, y senador Javier Lozano Alarcón,
vicepresidentes; diputada Irazema González Martínez Olivares, diputado Sergio
Augusto Chan Lugo, senador Isidro Pedraza Chávez y diputado David Pérez Tejada
Padilla, secretarios. Señoras legisladoras y señores legisladores, señoras y
señores, es un honor acudir ante esta soberanía a rendir el informe que da
cuenta de la actividad que la Comisión Nacional de Derechos Humanos desarrolló
durante 2014, así como compartir algunas consideraciones sobre el estado actual
de los derechos humanos en México y la prospectiva de este organismo nacional
para los siguientes años.
Al
asumir el cargo con el que me honró el Senado de la república, me fijé como
objetivos privilegiar la defensa férrea de los derechos fundamentales, la
atención integral y la representación de las víctimas de violaciones a estos
derechos y contribuir al abatimiento de la impunidad lacerante.
Asimismo,
me propuse ejercer a fondo las facultades que la Constitución y las leyes
otorgan a la CNDH, en particular en lo relativo a la autonomía de la propia
comisión nacional, así como respecto de la facultad de investigación de casos
de violaciones graves a los derechos humanos.
Lo
sucedido en Iguala ha consternado a la sociedad mexicana y al mundo. Se trata
de un hecho que indigna y agravia a todos los mexicanos y nos obliga a buscar
la verdad de estos acontecimientos a fin de que los responsables sean señalados,
puestos ante la justicia y sancionados conforme a derecho.
Debe
señalarse que en las investigaciones que se llevan a cabo, las autoridades no
podrán dar por concluido este expediente, hasta que todos los responsables sean
juzgados y se aclare el destino de los estudiantes desparecidos.
Los
hechos de Iguala son el ejemplo más significativo de lo que está mal en nuestra
sociedad, sobre todo de la infiltración del crimen organizado en algunas
estructuras del Estado, de la displicencia y omisiones, hay que desmontar ese
entramado perverso de complicidades y colusiones cuyo trasfondo no es otro que
la corrupción.
Las
manifestaciones de apoyo y solidaridad a las víctimas que se han presentado,
las cuales han sido acompañadas por esta comisión nacional, son una expresión
de hartazgo ante la impunidad, de indignación por la complicidad entre
autoridades y delincuentes, y de inconformidad ante los abusos del poder y la
falta de respuesta de las autoridades a las demandas por un país más justo e
incluyente.
La
CNDH defiende la libertad de expresión y con ella el derecho a la protesta
social consagrado en nuestras leyes. Sin embargo, estos derechos y libertades
no son absolutos, sus límites son la afectación a terceros o la alteración del
orden público y en este sentido nos hemos pronunciado porque las
manifestaciones se mantengan dentro de los límites de la legalidad, lo que a su
vez las reviste de mayor legitimidad.
Es
obligación de la autoridad dar cauce a las muestras de descontento, escuchar
necesidades y generar canales o vías adecuadas para responder a ellas
efectivamente. También lo es la oportuna y debida aplicación de la ley, la cual
lleva implícito el respeto a los derechos humanos.
El
compromiso de la Comisión Nacional es hacer efectivo el derecho a la verdad, el
acompañamiento y la reparación integral del daño a las víctimas con la garantía
de no repetición, así como la rendición de cuentas y la sanción a los
responsables. La ilegalidad, la violencia y el delito deben ser prevenidos y
sancionados por la autoridad en Guerreo y en cualquier otra parte del país.
En
el caso, sucedido en Iguala, la CNDH solicitó medidas cautelares y de igual
forma apoya y da seguimiento a la implementación de aquellas emitidas por la
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos el 3 de octubre del año pasado.
Para
la atención de este asunto y el acompañamiento a las víctimas se creó una
oficina especial en diciembre pasado. El caso es grave por su propia
naturaleza, así como por su relevancia y proyección, pues hasta que no se
acredite lo contrario estamos en presencia de desapariciones forzadas, entre
otras violaciones a derechos humanos.
El
informe también contiene una sección de anexos que principalmente incluye el
seguimiento de las recomendaciones, el cual se presenta este año únicamente en
formato electrónico. El contenido de los mismos está disponible para el
conocimiento público en la página Web de esta Comisión Nacional.
Con
independencia de lo anterior, considero que lo más relevante a reportar en
materia de derechos humanos durante 2014
es el despertar y toma de conciencia que hechos como Tlatlaya e Iguala han
provocado en nuestra sociedad, así como el nuevo paradigma de actuación que las
autoridades e instituciones tenemos que asumir a partir de ellos.
El Instituto Mexicano del Seguro Social, que
recibió 8;
la Comisión Nacional de Seguridad, también 8;
el gobierno de Oaxaca,
7;
la Procuraduría General de la República, 4;
el gobierno del Distrito
Federal, 4;
el gobierno de Chiapas, 3;
el gobierno de Tabasco, 3;
la Secretaría
de Educación Pública, 2;
el gobierno de Hidalgo, 2;
el gobierno del estado de
México, 2; y,
el ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, 2.
Respecto
de los expedientes de queja, las autoridades señaladas con mayor frecuencia
como responsables fueron el IMSS, en mil 542 casos;
el órgano administrativo
desconcentrado de prevención y readaptación social de la Secretaría de
Gobernación, en mil 177 casos;
la Sedena en 642 casos;
la Policía Federal, 580
casos;
el ISSSTE, con 538;
la SEP, 530; l
a PGR, 487;
el Instituto Nacional de
Migración, 450;
la Semar, 374, y el Infonavit, 326.
Ante
la complejidad de las violaciones denunciadas se da seguimiento puntual a su
cumplimiento.
Es de subrayarse que cinco autoridades no aceptaron las
recomendaciones del ombudsman nacional, me refiero a los ayuntamientos de
Alvarado, Veracruz; Ahuacuotzingo, Guerrero; Florencio Villarreal, Guerrero;
Guachinango, Jalisco. La CNDH ejercerá plenamente las facultades con que cuenta
ante el rechazo o incumplimiento de sus recomendaciones.
Por
otra parte, se emitió una recomendación general sobre la prevención, atención y
sanción de casos de violencia sexual en contra de las niñas y los niños en
centros educativos. Es pertinente señalar, que en este tipo de recomendaciones
sería deseable que las mismas requirieran la aceptación por parte de las
autoridades a las que van dirigidas, razón por la cual se tendrían que promover
las reformas legales conducentes para que tuvieran mayor fuerza y su contenido
sirviera para formular políticas públicas.
En
ejercicio de la facultad del ombudsman nacional para promover acciones de
inconstitucional, durante 2014 se presentaron 6 acciones de este tipo,
impugnando diversos ordenamientos jurídicos, tanto federales como locales,
mismas que aún se encuentran en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
Como
parte de las acciones de protección y defensa de los derechos humanos, este año
se brindaron 6 mil 22 servicios de atención a víctimas, se realizaron 10 mil 22
gestiones a favor de personas migrantes ante las autoridades correspondientes,
y se llevaron a cabo 319 trabajos de campo emitiéndose 63 mil 629 solicitudes
de información a diversas autoridades, a fin de esclarecer la situación de
personas reportadas como desaparecidas, extraviadas, ausentes y fallecidas no
identificadas.
En
relación con las personas recluidas en centros penitenciarios, se tramitó ante
las instancias competentes el otorgamiento de 120 beneficios de libertad
anticipada. De igual forma, se gestionó la liberación anticipada de 109
personas indígenas sentenciadas, de acuerdo a los beneficios a los que por ley
tenían derecho.
Durante
2014 se registró un total de 6 mil 571 eventos de capacitación en todas las
entidades federativas, los cuales habrían contado con un millón 256 mil 902
participantes.
Al
respecto, se busca valorar el impacto real de estas acciones en el desempeño de
los servidores públicos que participaron, así como en las entidades y
organismos en los que prestan sus servicios.
Este
informe también contiene los datos relativos a los programas que atienden
situaciones específicas en favor de niñas, niños, adolescentes, mujeres,
familias, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas que
viven con VIH y/o sida, migrantes, periodistas y defensores civiles de derechos
humanos.
De
igual manera, se describen los esfuerzos para contribuir al combate contra la
trata de personas e impulsar la defensa de los derechos laborales, económicos,
sociales, culturales y ambientales.
Se
revisará el diseño y esquemas operativos de los programas antes mencionados,
para enfocarse en la atención de víctimas, así como en las cuestiones
prioritarias de cada área.
Consideramos
que los indicadores que reflejan las acciones que se llevaron a cabo deben
replantearse para que en los informes sucesivos a éste se reflejen de mejor
forma las acciones realizadas y su incidencia real en la materia a la que se
aboca.
En
lo que se refiere a la observancia de los derechos humanos, se llevaron a cabo
2 mil 737 visitas a los lugares de concentración de migrantes, 457 a
comunidades indígenas y 539 a distintos lugares de detención e internamiento en
el ejercicio de las facultades del mecanismo nacional de prevención de la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
Por
otra parte, se integró y publicó el diagnóstico nacional de supervisión
penitenciaria 2013. En cuanto al estudio y divulgación de los derechos humanos
se imprimieron diversos materiales tales como libros, compilaciones, artículos,
reseñas hemerográficas, comentarios, cartillas, fascículos, entre otros, los
cuales tuvieron un volumen total de 7 millones 697 mil 763 unidades.
En
lo sucesivo se revisaran las políticas editoriales para garantizar la calidad y
utilidad de los materiales que se impriman o publiquen, así como propiciar que
sean verdaderamente aprovechados y difundidos, por lo que se hará un mayor uso
de los formatos digitales para los mismos.
En
2014, con el objeto de promover y fortalecer sus vínculos internacionales, la
CNDH suscribió convenios de cooperación con organismos públicos de derechos
humanos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas de
diversas entidades federativas.
Asimismo,
esta Comisión Nacional participó en diversas actividades con agrupaciones
internacionales y regionales, tales como el Comité Internacional de
Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los
Derechos Humanos, la Federación Iberoamericana del Ombudsman y la Red de
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano. La CNDH
trabaja para retomar su liderazgo en los foros internacionales.
En
seguimiento de recomendaciones se advirtió que durante los años 2013 y 2014 la
CNDH presentó 148 denuncias administrativas por presuntas irregularidades
imputables a servidores públicos federales y locales, de las cuales a diciembre
de 2014, 124 seguían en trámite y se habían concluido 24, en las que solo en 7
casos se determinó la imposición de una sanción administrativa a los servidores
públicos involucrados, que en la mayoría de los casos consistió en una
amonestación o suspensión por 15 días. En los restantes 17 asuntos no se
encontraron elementos suficientes por las contralorías para imponer alguna
sanción o se alegó la prescripción de la facultad para tal efecto.
Del
mismo modo, en cuanto a las denuncias penales formuladas por la CNDH como
consecuencia de las recomendaciones emitidas durante 2014, se registraron 82
denuncias ante las distintas procuradurías de Justicia, tanto federales como
locales, mismas en las que no se registró consignación alguna durante el
periodo que se reporta.
Si
acudimos a los registros generados desde 2010, se habrían presentado en los
últimos cuatro años 435 denuncias, de las cuales se habrían llegado a consignar
sólo 43 casos. Seremos más estrictos en el seguimiento e integración de las
denuncias administrativas y penales que se presenten, así como en el
seguimiento que se dé al trámite de las mismas.
La
atención de las violaciones a derechos humanos no concluye con la emisión de
las recomendaciones. Es necesario dar seguimiento y constatar su cumplimiento
puntual en caso de que las autoridades responsables las acepten, así como
denunciar pública y decididamente las negativas u obstáculos que se presenten
para su cumplimiento.
La
institución está obligada a observar los principios de transparencia y acceso a
la información, tanto por su condición de entidad pública como por su misión de
proteger y defender estos derechos considerados fundamentales en nuestra
Constitución.
Por
lo que hace a los datos que se reportan en este informe anual, es pertinente
señalar que en general en los sistemas y registros institucionales –los que
existen actualmente– se percibe un enfoque de carácter más cuantitativo que
cualitativo, por lo que es mi compromiso generar mecanismos para evaluar la
incidencia real del trabajo de este organismo nacional ante la sociedad y
transparentar la gestión. La atención integral a las víctimas, el cumplimiento
de la ley y la solución real de los casos planteados serán parámetros que nos
orienten para ello.
El
informe del Ombudsman ante los Poderes de la Unión, señalará en lo sucesivo un
reporte o estado de la situación de los derechos humanos en México; los
obstáculos que enfrenta su gestión, las autoridades que son renuentes a
colaborar con él o a cumplir con las recomendaciones, las reformas normativas que
se tendrían que llevar a cabo para propiciar de mejor forma el respeto y
defensa de los derechos humanos, así como la defensa y protección integral de
las víctimas.
Trabajaremos
en indicadores y registros que permitan ofrecer esta información a la sociedad
para que conozca y acompañe las tareas que por la defensa y protección de los
derechos humanos se emprendan.
Señoras
legisladoras y señores legisladores. A poco más de 70 días de que asumí la
Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, vivimos aún bajo
las circunstancias extraordinarias provocadas por los hechos de Iguala y
Tlatlaya, así como por los reclamos sociales en favor de acciones inmediatas y
efectivas de justicia, legalidad y respeto a la dignidad humana.
El
clamor nacional es por una convivencia en paz y seguridad, con instituciones
democráticas que atiendan con eficacia y espíritu de servicio las demandas de
la sociedad.
Reconocemos
que la crisis de credibilidad y confianza que desató Iguala, afecta también a
la CNDH.
En
perspectiva y más allá de las reformas y cambios puntuales, estamos trabajando
para que la CNDH recupere su esencia y vuelva a sus orígenes.
Recordemos
que esta institución surgió en una situación donde se multiplicaban las
violaciones a los derechos humanos sin que nadie atendiera a las víctimas, y
con instituciones de impartición de justicia que no actuaban de manera eficaz y
oportuna.
Para
retomar este legado no basta con decirlo, hace falta trazar un plan de acción
cuyo marco lo dan elementos como los
siguientes: los derechos humanos deben colocarse en el centro de todas las
políticas públicas y de la actuación gubernamental; no es admisible una actitud
acomodaticia en esta materia tan sensible ni en el ámbito nacional ni en el
internacional.
La
atención integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos debe ser
igualmente central, porque ellas representan el corazón del agravio, del dolor
y de la indignación.
El
cuidado y la atención a las víctimas es el fundamento de cualquier posibilidad
de reconciliación y recomposición social.
La
procuración e impartición de justicia son las áreas donde más se manifiesta la
crisis del Estado de derecho en nuestro país.
El
burocratismo, la exasperante lentitud, el abuso de los procedimientos y
recursos jurídicos, así como la corrupción en estas zonas, no son males
menores. De hecho condicionan el funcionamiento de las instituciones y agravan
la precariedad de la convivencia social.
La
p0breza y la desigualdad, son abono a la violencia endémica. No afirmamos que
se la causa principal, pero sin duda contribuyen a la descomposición social y
en consecuencia a la criminalidad.
De
ahí la importancia de repensar los enfoques y las políticas públicas de combate
a la pobreza y de impulso al desarrollo.
La
lucha en contra de la impunidad y en favor de la vigencia del Estado
democrático social de derecho, es hoy un clamor nacional; pero la condición
para avanzar decididamente en esta área, es el combate frontal contra la
corrupción que requiere la aplicación de controles más estrictos para propiciar
una cultura de actuación institucional sustentada en el respeto a la ley, la
austeridad y la integridad de los servidores públicos.
Como
parte del nuevo enfoque hemos iniciado encuentros y acercamientos con las
organizaciones de la sociedad vinculadas a la materia de los derechos humanos,
y con otras organizaciones de la sociedad civil, reforzando lazos con los
organismos locales de protección a los derechos fundamentales, con las
instituciones académicas como la ANUIES, con la Conferencia Nacional de
Gobernadores, así como con legisladores federales preocupados por la situación
de los derechos humanos en el país. Asimismo, le hemos dado un nuevo impulso
con los organismos internacionales y regionales de los derechos humanos.
Desde
esta comisión nacional se exhortó respetuosamente al Ejecutivo federal a que
acepte la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones
Unidas para admitir peticiones individuales.
Del
mismo modo se hizo un atento llamado al Poder Legislativo a realizar las
reformas pertinentes a fin de aprobar una ley general en materia de
desaparición forzada que incluya la adecuación del tipo penal a los estándares
internacionales, así como la obligación de implementar políticas públicas y
protocolos para la búsqueda de las personas desaparecidas.
Un
tema de significativa importancia es la no reelección en la CNDH. Por ello es
necesario realizar las reformas conducentes, desde mi particular punto de
vista, a efecto de eliminar la posibilidad
de reelección del presidente de la comisión nacional, lo cual ayudará a
evitar la politización del trabajo del ombudsman.
Este
entendimiento y reflexión nos darán la oportunidad de evolucionar como personas
y como sociedad, de trascender nuestras diferencias y renovar el pacto social.
Nadie, nadie debe caer en la tentación de la violencia. El diálogo, el
entendimiento y el respeto a la ley deben prevalecer como las vías para la
solución de los conflictos. Sólo de esta forma superaremos la desconfianza y
podremos construir el espacio común que se requiere para hacer efectivo el
derecho a la verdad.
Evitar
la impunidad es una obligación de todos, principalmente de las autoridades. No
hay manera de recuperar la confianza y credibilidad de la sociedad si no se dan
ejemplos claros de coherencia y compromiso para tal efecto.
El
abatimiento de la impunidad con la oportuna y debida aplicación de la ley en
todos los casos lleva implícito el respeto de los derechos humanos.
Por
complejas que sean las circunstancias, México no puede renunciar a su
convicción democrática ni violentar su Estado de derecho. La defensa de la
dignidad humana debe ser el fin y el objeto de toda acción y proyecto que
emprendamos como nación. Por su atención, muchísimas gracias.
(El
comisionado entrega el informe escrito)
El
Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor licenciado
Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos. Esta Presidencia recibe el informe por escrito con un anexo
electrónico que habrá de ser turnado a las comisiones correspondientes, y a las
legisladoras y legisladores que así lo soliciten. Muchas gracias, presidente.
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