Revista
Proceso No. 1999, 21 de febrero de
2015
Medina
Mora: una historia de cargos al vapor/JORGE
CARRASCO ARAIZAGA
Eduardo
Medina Mora brincó del sector privado al público con la llegada de Vicente Fox
a la Presidencia. Sin tener preparación para ello, encabezó las instancias de
seguridad y de procuración de justicia en los sexenios panistas, y al final de
la administración anterior fue habilitado al vapor como diplomático. Con el
regreso del PRI a Los Pinos se le hizo representante de México ante Estados
Unidos, país ante el cual ha mostrado un alto grado de sumisión. La sorpresa
ahora es que Peña Nieto lo quiere como ministro en la Suprema Corte, encomienda
para la cual tampoco posee prendas, tal vez con el ánimo de colocar ahí a otro
incondicional. Pero nadie contaba con que el rechazo a esta última propuesta ha
sido casi unánime.
En
su pretensión de tener una justicia a modo, el presidente Enrique Peña Nieto
propuso a Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN). Pero más tardó en hacerlo que en recibir una andanada de
críticas por el perfil policial del ahora diplomático, por su cercanía con
Televisa, por su falta de experiencia y por no cumplir al menos con uno de los
requisitos constitucionales para el cargo.
Como
nunca había ocurrido con alguna propuesta presidencial para ministro de la
SCJN, la candidatura de Medina Mora generó un amplio e inmediato rechazo en
distintos sectores. Entre los especialistas, incluso se puso en duda la
legalidad de la terna enviada por el Ejecutivo al Senado el miércoles 18.
Con
Medina Mora, Peña busca reemplazar al aliado natural que tenía en el máximo
tribunal, el ministro Sergio Valls Hernández, un declarado priista que falleció
el 3 de diciembre de 2014. La Presidencia tardó más de dos meses en elaborar la
propuesta al Senado, que incluye a los magistrados Felipe Alfredo Fuentes
Barrera y Horacio Armando Hernández Orozco, por lo que la SCJN ha tenido que
sesionar con 10 de los 11 ministros que deben componerla.
En
cuanto se conoció la iniciativa presidencial, se dio por hecho que el ahora
embajador de México en Estados Unidos llegaría a la SCJN, pero el amplio
rechazo ha puesto en duda su viabilidad. Los principales opositores son las
organizaciones de derechos humanos, por el desempeño de Medina Mora como
funcionario policial.
(Cumple los requisitos de ley?)
También
ha sido considerada una falta grave la forma en que Peña Nieto lo incluyó en la
terna. El constitucionalista Elisur Arteaga, autor de varios libros sobre
derecho constitucional y uno de los especialistas más reconocidos del país,
asegura que la terna incumple uno de los requisitos establecidos por la
Constitución.
Explica:
El artículo 95, en su fracción V, determina que un requisito para ser ministro
es haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la
designación, lo que en el caso de Medina Mora no se cumple porque desde 2009 ha
vivido en el Reino Unido, designado embajador allá por Calderón, y en Estados
Unidos, con el mismo cargo otorgado por el actual gobierno.
Señala
que, para su propuesta, la Presidencia de la República se apoya sólo en el
artículo 45, fracción I, según el cual los miembros del Servicio Exterior
mexicano conservarán para los efectos de las leyes mexicanas el domicilio de su
último lugar de residencia en el país. “Pero manifestar un domicilio no
significa tener residencia”, observa el también profesor de la Universidad
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y de la Escuela Libre de Derecho.
“Cualquier
persona puede dar como domicilio legal un lugar distinto de aquel en el cual
reside. La Constitución pone el requisito de los dos años de residencia para
que quienes aspiren a ser ministro de la Corte conozcan y estén al día de las
leyes y jurisprudencia del país, lo que no es posible para alguien que lleva
cinco años fuera del territorio mexicano”, dice el constitucionalista.
Además,
continúa, extender a Medina Mora el nombramiento en el máximo tribunal “sería
pagarle para que aprenda, pues nunca ha litigado, no tiene idea del trabajo de
los tribunales y no sabe incluso qué hace la Corte”.
En
sentido estricto, dice, “no se puede siquiera considerar que hay terna. Por
esos vicios, el Senado tendría que rechazarla. El presidente lo incluyó
pensando que tendría a uno más de sus subordinados en la Suprema Corte”.
Un
“personero de Televisa”
Igualmente,
el senador del PAN Javier Corral opina que la inclusión de Medina Mora en la
terna es un cálculo político de Peña Nieto, quien apenas ocupó la Presidencia
propuso como ministro al fiscalista Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y está
preparando la llegada a la SCJN del priista Raúl Cervantes, expresidente del
Senado, quien se separó del cargo para cumplir con el requisito constitucional
de no haber ocupado un puesto de elección popular un año antes de su
postulación como ministro.
Corral
asegura que Medina Mora es “un personero de Televisa. Es socio de Alejandro
Quintero (exvicepresidente de Ventas y Mercadotecnia de Grupo Televisa) y
compadre de Bernardo Gómez” (vicepresidente de la empresa y director de
Contenidos de los noticiarios de la televisora).
Recuerda
que en 2006, “cuando varios senadores dábamos la batalla contra la Ley
Televisa, Medina Mora se encargaba de advertir a no pocos que esa batalla no la
iban a perder jamás, asumiéndose como parte de la empresa”, en momentos en que
era secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox. “Como alto funcionario del
gobierno se dedicó a defender a la televisora en la SCJN”.
La
pregunta es cuál partido, si el PAN o el PRD, va a entregar a Peña Nieto estos espacios
en la Corte, dice el senador por Chihuahua. El Senado tomará la decisión en la
segunda quincena de marzo, y se requiere que quien sea designado cuente con dos
terceras partes de los legisladores presentes.
No
es la primera vez que Medina Mora carece de credenciales para ocupar un cargo.
La improvisación ha sido su principal característica en sus tres lustros de
servicio público. A pesar de ello, siempre ha ocupado carteras sensibles para
la seguridad del país. Lo mismo ha servido a gobiernos del PAN que del PRI,
ocupando posiciones clave en las administraciones de Vicente Fox, Felipe
Calderón y Enrique Peña Nieto.
De
abogado corporativo en los noventa en el Grupo Desc, con el arribo de Fox a la
Presidencia, en el año 2000, se convirtió en director del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Terminó ese sexenio como titular de
la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), hoy desaparecida.
A
pesar del conflicto con el gobierno de Fox, Calderón lo designó en 2006, con el
aval del Senado, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), sin
siquiera haber sido agente del Ministerio Público o tener una mínima
experiencia en la administración de justicia. Ya con un corte policial y
carente de carrera o formación diplomática, la segunda mitad de ese sexenio la
vivió como embajador de México en Inglaterra.
Derrotado
el panismo en las elecciones presidenciales, Peña Nieto no sólo lo mantuvo,
sino que en enero de 2013 lo hizo representante de su gobierno ante Estados
Unidos, la embajada más importante de México en el mundo. Ahora, en una
improvisación más, lo quiere como ministro de la Corte para los próximos 15
años, sin importar su nula experiencia como juez constitucional.
Hombre
de confianza de EU
Las
tareas de seguridad de Medina Mora lo han convertido en uno de los hombres de
confianza de Estados Unidos en México, aunque no era desconocido en ese país.
Durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio en América del Norte,
entre 1993 y 1994 fue el representante jurídico del sector privado.
Los
altos cargos públicos que ha ocupado durante tres sexenios consecutivos lo han
hecho uno de los funcionarios mexicanos con más contacto con las agencias de
seguridad de Estados Unidos.
Tras
los atentados terroristas de 2001 en EU, ese país promovió acuerdos de
seguridad con México y en la frontera sur del país. Como director del Cisen,
fue el operador de los acuerdos, al fungir como responsable del secretariado
técnico de la Alianza para la Frontera México-Estados Unidos y de los Grupos de
Alto Nivel de Seguridad Fronteriza México-Guatemala y México-Belice.
En
2005 fungió como negociador por parte de México de la Alianza para la Seguridad
y Prosperidad en América del Norte (ASPAN). Allí participó primero en calidad
de director del Cisen, y luego como titular de la SSP, cargo al que llegó tras
la muerte de Ramón Martín Huerta en un accidente de helicóptero ocurrido en
septiembre de ese año.
En
2008, ya con Calderón, Medina Mora intervino desde la PGR en las negociaciones
de la Iniciativa Mérida, que bajo el argumento de combate al narcotráfico y a
la delincuencia organizada abrió la puerta a las agencias de seguridad e
inteligencia civil y militar de Estados Unidos.
Como
parte de ese acuerdo, la PGR a cargo de Medina Mora permitió que agentes de la
DEA operaran en las propias oficinas de la Procuraduría, interrogando,
integrando expedientes o atestiguando torturas (Proceso 1812).
De
2000 a 2009 formó parte del gabinete de Seguridad Pública y del Consejo de
Seguridad Nacional; inclusive entre 2005 y 2006, como secretario de la SSP,
presidió el Consejo Nacional de Seguridad Pública. La información que ha
compartido con Estados Unidos no ha sido poca. Desde hace dos años lo hace de
forma directa como embajador de México en Washington.
Opacidad
persistente
A
partir de que Fox lo designó director del Cisen a propuesta del Consejo
Mexicano de Hombres de Negocios, y hasta la fecha, no ha querido hacer pública
su declaración patrimonial. Durante los 14 años en que ha debido hacerla ha evitado
que se conozcan sus bienes. Además de razones de seguridad, el motivo son los
posibles conflictos de intereses, situación en que caería de forma recurrente
como ministro de la Suprema Corte.
Antes
de ser funcionario público y aun como director del Cisen fue socio o
representante legal de varias empresas. Entre ellas, el Grupo Crea TV. Según el
folio mercantil de dicha firma, dado a conocer por Proceso en 2005 (edición
1525), era vicepresidente y apoderado, además de accionista, junto con el
escritor Héctor Aguilar Camín; el Consorcio Interamericano de Entretenimiento,
de Alejandro Soberón Kuri, y el Grupo TV Promo, de Carlos Quintero Íñiguez.
El
hermano de Carlos, Alejandro, hasta enero pasado fue vicepresidente de
comercialización de Televisa, y según el diario The Wall Street Journal se
ufanó de haber “creado” a Enrique Peña Nieto desde el consorcio televisivo. El
periódico lo identificó así en su edición del 1 de julio de 2012, un día antes
de la elección de Peña como presidente.
Muestra
de la opacidad de Medina Mora fue también su pretensión de que la información
clasificada como de seguridad nacional se reservara 30 años. Esa fue su
propuesta como director del Cisen cuando el Congreso elaboraba la Ley de
Seguridad Nacional. La reserva se estableció en 12 años.
Su
paso por la SSP confirmó las acusaciones en su contra de haber desmantelado al
Cisen. Su llegada representó la salida de diversos funcionarios que por años
habían trabajado para la seguridad del Estado. El director de Análisis del
Centro, Rafael Ríos, dejó de ser subsecretario de Seguridad. Lo mismo ocurrió
con Ardelio Vargas Fosado, quien de director de Seguridad e Investigación del
Cisen pasó a subsecretario de Política Criminal. Luego, cuando Medina Mora se
posicionó en Seguridad Pública, designó a Vargas jefe de Estado Mayor de la
entonces Policía Federal Preventiva (PFP), antecesora de la actual Policía
Federal.
Desde
que Medina Mora arribó a la PGR, le entregó a Vargas Fosado la Agencia Federal
de Investigación (AFI), hoy Agencia de Investigación Criminal (AIC). Medina y
Vargas, en 2006, durante el gobierno de Vicente Fox, fueron los responsables de
la actuación federal en la represión de los movimientos de Atenco y de la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que derivó en graves
violaciones a los derechos humanos.
En
la PGR coincidió con las actuaciones de un viejo conocido, Enrique Bayardo, a
quien durante su gestión como titular de la SSP contrató como consultor
externo. En el cargo de jefe de la Tercera Sección, Estado Mayor, de la PFP,
Bayardo fue operador de la DEA en México y luego se convirtió en testigo
protegido de la PGR tras ser detenido en 2008 como parte de la Operación
Limpieza, uno de los mayores fiascos de la PGR.
Procesado
por colaborar con el Cártel de Sinaloa, Bayardo fue asesinado cuando era
testigo protegido, en diciembre de 2009, dos meses después de que Medina Mora
dejara la Procuraduría para irse a Londres como embajador.
En
la PGR emprendió la Operación Limpieza a instancias de la DEA, pero años más
tarde prácticamente todos los acusados están libres. Unos porque se
convirtieron en testigos protegidos y la mayoría, absueltos por falta de
elementos. Algunos de ellos, como el exdirector de la Interpol, Rodolfo de la
Guardia, han iniciado demandas penales contra quienes los encarcelaron sin
pruebas.
Otro
de sus fracasos fue el llamado michoacanazo, cuando en semanas previas a las
elecciones de medio término en 2009 Medina Mora ordenó la detención de 11
presidentes municipales, de una docena de funcionarios de nivel medio del
gobierno del PRD y de un juez por sus presuntos vínculos con la delincuencia
organizada. Las acusaciones se diluyeron y los acusados quedaron libres.
Su
paso por la PGR empezó con la desaparición de la Fiscalía Especial para Movimientos
Sociales y Políticos del Pasado, creada para investigar y sancionar los
crímenes del régimen del PRI. Medina Mora decretó su extinción en 2007, aunque
había numerosas investigaciones que estaban en curso y que se diluyeron sin
nuevas actuaciones judiciales.
Otra
de sus primeras acciones como procurador fue la extradición masiva a Estados
Unidos de numerosas personas en enero de 2007, acusadas de narcotráfico en ese
país. La extradición ocurrió aun cuando varios de los extraditados estaban
amparados.
En
el gobierno de Calderón trascendieron los conflictos que tuvo con su sucesor en
la SSP, Genaro García Luna, ante la intención de éste de dejar a la PGR sin la
AFI.
La
candidatura de Medina Mora como ministro provocó el rechazo de decenas de
organizaciones que, el jueves 19, en una declaración conjunta, dijeron que está
descalificado para llegar a la Corte porque “tiene una trayectoria política que
imposibilita que sea un ministro independiente del Poder Ejecutivo y está
implicado en diversos casos graves de violaciones a los derechos humanos”.
Recordaron
que el 3 y el 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, durante un
operativo de la PFP bajo su mando y de la policía del Estado de México, cuando
Peña Nieto era gobernador de esa entidad, dos jóvenes fueron asesinados y hubo
207 detenidos, entre ellos 47 mujeres. De éstas, 26 denunciaron tortura sexual
y 11 de dichos casos están en manos de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
Entre
los firmantes de la declaración se encuentran el Observatorio Ciudadano
Nacional de Feminicidio y Justicia; los centros de derechos humanos Fray
Bartolomé de las Casas, de la Montaña de Tlachinollan, el Pro Juárez y el
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Asimismo, Fundar Centro de
Análisis e Investigación, Casa del Migrante de Saltillo y la Red de Organismos
Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”.
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