Causa penal 1/2015
Revista
PROCESO No. 1999, 21 de febrero de 2015
El proceso
contra los Abarca, plagado de inconsistencias/ Anabel Hernández, y Steve
Fisher..
A
casi cinco meses de ocurrida, la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa
está más turbia que nunca debido a una razón fundamental: la desastrosa y, más
aún, sospechosa actuación de la Procuraduría General de la República en
relación con esos hechos, los cuales pretende archivar. En lo que concierne al
expediente judicial del exalcalde José Luis Abarca y su esposa, a quienes la
dependencia responsabiliza de los ataques de septiembre de 2014 contra los
estudiantes de esa Normal Rural, el proceso exhibe en sus distintas etapas
acusaciones plagadas de contradicciones y basadas en versiones de testigos
desprestigiados…
De
acuerdo con diversos datos contenidos en las causas penales seguidas a José
Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles
Pineda Villa, el caso contra la pareja como presunta responsable principal del
ataque contra los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, y la
desaparición forzada de 43 de ellos entre el 26 y el 27 de septiembre pasados,
se basa en evidencias contradictorias y en desprestigiados testigos de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO).
A
Abarca se le acusa de “delincuencia organizada” en la modalidad “contra la
salud con fines de fomento” (sic), por supuestos nexos con el grupo criminal
Guerreros Unidos.
En
la causa penal 1/2015, iniciada el pasado 3 de enero en el Juzgado Tercero de
Procedimientos Penales Federales en Tamaulipas, la PGR solicitó orden de
aprehensión contra el exalcalde por el delito de “secuestro” contra los 43
estudiantes desaparecidos, sin que el Ministerio Público presentara nuevas
pruebas, sólo los mismos testimonios que muestran inconsistencias entre sí.
Estas
y otras irregularidades afloraron a raíz de una investigación efectuada por
Proceso, en colaboración con el Programa de Periodismo de Investigación de la
Universidad de California en Berkeley.
Respecto
de Pineda Villa, luego de 40 días de arraigo sin encontrar elementos para
incriminarla, en diciembre de 2014 la SEIDO recurrió a Sergio Villarreal
Barragán, Mateo (alias que se le adjudicó como testigo colaborador; antes usaba
el de El Grande), extraditado a Estados Unidos en mayo de 2012, para que la
incriminara tras más de cuatro años de no haberla mencionado en sus
declaraciones ministeriales sobre los Beltrán Leyva y los hermanos Mario y
Alberto Pineda Villa.
El
testimonio de último momento de Mateo sirvió para que se abriera la causa penal
105/2014 y el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el
Estado de México girara contra ella orden de aprehensión por delincuencia
organizada. Por el mismo cargo, pero en su modalidad “contra la salud”, la PGR
también solicitó orden de aprehensión en su contra en la causa penal 1/2015, y
ya se dictó auto de formal prisión sin que haya sido notificada.
La
PGR le imputa al exalcalde el homicidio de Justino Carvajal Salgado, síndico de
Iguala, en marzo de 2013. También se le responsabiliza del secuestro de Arturo
Hernández Cardona, líder de la Unión Popular (UP), y otras seis personas el 30
de mayo de 2013.
Según
las declaraciones ministeriales presentadas por la PGR al juzgado, la acusación
se basa en testimonios “de oídas” y de presuntas víctimas que dicen haber
atestiguado los mismos hechos pero dieron versiones diferentes.
Exonerados
en 2010
La
primera denuncia contra la pareja por supuestas actividades ilícitas fue una
denuncia telefónica anónima a la PGR el 1 de junio de 2010, mucho antes de que
el empresario manifestara aspiraciones políticas.
“La
herencia económica de los Pineda Villa está floreciendo en la ciudad de Iguala
de la Independencia, Guerrero, bajo la de su (sic) hermana María de los Ángeles
Pineda Villa y su esposo José Luis Abarca, quienes a últimas fechas han
realizado inversiones importantes de más de 50 millones de pesos en céntricos
terrenos, edificios de departamentos, casas y una plaza comercial, Galerías
Tamarindos”, señala la llamada registrada en la PGR.
La
acusación dio origen a la averiguación previa PGR/GRO/IGU/M-I/64/2010 por el
delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; la pareja fue citada
a declarar.
El
31 de agosto de 2010 Abarca rindió por escrito su declaración. Aclaró que se
dedicaba al ramo de joyería, compra-venta de oro y otros metales similares y
recorría poblaciones para vender de casa en casa. Agregó que desde 1988, cuando
se casó con Pineda Villa, trabajaba en compañía de su esposa y sus hijas y que
en 2010 obtenía ingresos tanto por el negocio de la joyería como por la
administración del centro comercial Tamarindos.
Declaró
ser propietario de 15 inmuebles en Iguala y afirmó que entre 2006 y 2009 sus
ingresos por arrendamiento y por la actividad de joyero fueron de 19.5 millones
de pesos.
El
Centro Joyero de Iguala fue construido con la ayuda del gobierno de Guerrero y
la Beneficiadora Nacional de Apoyo al Pequeño Comercio Establecido hace
aproximadamente 24 años. Los dueños son los 145 locatarios. Abarca sólo posee
sus locales.
El
exedil dijo a la PGR ser propietario de cinco fracciones de un terreno rústico
en el Bulevar H. Colegio Militar, donde construyó una parte de Galerías
Tamarindos. En mayo de 2003 creó ante notario público la Asociación Yozy’s
S.A., de C.V., de la cual eran socios él, su esposa y su hija mayor; la
instancia quedó inscrita ante el Registro Federal de Contribuyentes con la
clave AYS039522UV2, para escriturar los cinco terrenos adquiridos entre
septiembre y octubre de ese año.
Explicó
y presentó documentación que acredita que el 21 de febrero de 2008 Yozy’s
vendió a la Inmobiliaria Gleznova, S.A., de C.V., en 20.2 millones de pesos la
fracción del terreno donde se edificó la Comercial Mexicana de Iguala. Dicho
espacio representa 50% de la plaza comercial que comenzó a operar a finales de
2008.
Con
tres préstamos de BBVA Bancomer por 22.05 millones de pesos y el dinero pagado
por Gleznova, se construyó la obra negra de Galerías Tamarindos. Cinépolis
ocupa 30% de la plaza, la tienda Coppel 10% y el resto, locales de comida
rápida, entre ellos McDonald’s, que no son dueños. Pagan renta.
“Asociación
Yozy’s, S.A., de C.V., ha presentado sus declaraciones fiscales, de donde se
desprenden sus ingresos, perfectamente acreditables. Pueden observarse en forma
clara tanto mis ingresos como el incremento de mi capital, las inversiones que
he realizado y su origen de actividades lícitas, sin contravenir ley alguna, se
desprende el modo de operar de las inversiones ligadas unas a las otras y su
origen (…), por ende, niego lo afirmado en la denuncia anónima materia de la
presente declaración”, dijo.
Los
documentos a los cuales se tuvo acceso indican que la Policía Federal
Ministerial hizo su propia investigación. La PGR concluyó: “Del estudio de
todas y cada una de las diligencias practicadas de la indagatoria en que se
actúa se infiere que no se encuentran acreditados los elementos que integran el
cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
El
31 de diciembre de 2010 se emitió el dictamen de “no ejercicio de la acción
penal” contra Abarca y su esposa por “enriquecimiento ilícito”, con el folio
1138/169/2010.
Confrontaciones
políticas
En
2012 Abarca fue designado candidato perredista a la alcaldía de Iguala. Ganó la
elección y tomó posesión en septiembre del mismo año. Su primera dificultad con
los grupos sociales y políticos vinculados con el PRD fue por el Programa de
Fertilizante y Transferencia de Tecnología.
Cada
año el gobierno guerrerense, por conducto de los municipios, reparte abono a
productores de maíz. Durante años la empresa Agrogen fue proveedora de
fertilizante en varios municipios de Guerrero y otros estados. El gobierno de
Abarca decidió cambiar de proveedor y entregar el abono directamente a cada
beneficiario, sin intermediarios.
La
entrega del fertilizante debía hacerse conforme a un padrón de beneficiarios
aprobado en marzo de 2013; pero Arturo Hernández Cardona, líder de la Unión
Popular (UP) y de la Unión Campesina Emiliano Zapata, pedía el producto para
sus agremiados. Su pareja, la regidora de Desarrollo Rural, la perredista Sofía
Mendoza, lo apoyaba con presión política.
El
síndico Justino Carvajal Salgado y Hernández Cardona protagonizaron una intensa
disputa. El 4 de marzo de 2013, en una entrevista radial, el primero denunció
que Hernández Cardona lucraba con el fertilizante entregado por el gobierno y
lo revendía.
En
respuesta, Hernández Cardona dijo ese mismo día, en una sesión de cabildo, que
el síndico era un secuestrador.
Un
día después en una entrevista –de la cual se tiene el audio– Hernández Cardona
afirmó: “Voy a decir lo que no quiero decir que dijiste un día (apuntó
refiriéndose a Carvajal), que aceptabas que habías secuestrado (…) y que los
secuestros que tú habías hecho… tú lo dijiste ingeniero, tengo la fecha, tengo
el lugar y los testigos”.
Abarca
quedó en medio de esa disputa. Días después, el 8 de marzo, Carvajal fue
encontrado muerto de cinco balazos en su domicilio. Las primeras sospechas por
el asesinato recayeron en Hernández Cardona. Abarca informó que a petición del
cabildo, la PGR comenzó a coadyuvar en la investigación del homicidio, pero no
se dieron a conocer los resultados.
El
29 de mayo de 2013 Hernández Cardona y 10 líderes de organizaciones sociales
pertenecientes a la Unión Popular presentaron un escrito ante la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE, actualmente Fiscalía General)
donde se hizo una reseña de los desencuentros con Abarca por el tema del
fertilizante.
Entre
otras cosas se refirieron a una reunión en el cabildo el 1 de abril de 2013,
donde Hernández Cardona le reclamó al alcalde que quisiera encarcelarlo por el
homicidio de Carvajal: “Ahí hay un muerto, que es Justino Carvajal Salgado y
(…) tenemos el temor fundado de perder nuestras vidas. Los que estamos al
frente de las diferentes organizaciones que integramos la Unidad Popular,
aunque parezca injusto, le decimos que te hacemos responsable si alguien de
nosotros fallece por balas criminales y asesinas…”
De
acuerdo con el escrito del 29 de mayo que forma parte de la causa penal
100/2014, presuntamente Abarca se levantó de su asiento y dijo: “Estás loco y
pendejo. Ahora nomás falta que te andemos cuidando para que no te maten, con
tantos problemas que tienes cabrón”.
Los
líderes sociales le dijeron a la PGJE que temían que Abarca, su esposa o Felipe
Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública de Iguala, ordenaran matarlo
“porque hasta donde nosotros tenemos conocimiento, no tenemos enemigos de quien
cuidarnos”, señala el escrito, omitiendo el enfrentamiento de Hernández Cardona
con Carvajal Salgado.
El
30 de mayo Hernández Cardona y otras siete personas desaparecieron, luego de
haber encabezado la toma de la caseta del tramo de la autopista
Iguala-Cuernavaca para exigir la entrega de 200 toneladas de fertilizante y
obras públicas.
Sus
familiares denunciaron el hecho el 1 de junio. Pablo Mendoza, hijo de Nicolás
Mendoza Villa (chofer de Hernández Cardona), declaró a la PGJE que su padre no
tenía enemigos y no sospechaba de ninguna persona. María Soledad Hernández
Mena, hija de Hernández Cardona, señaló que “existe la presunción de mi parte
de que en la desaparición del hoy agraviado podrían estar involucrados los tres
niveles de gobierno”.
Judith
Ávila Pineda, esposa de Héctor Arroyo Delgado (otro de los secuestrados),
denunció que antes de los hechos “el ingeniero Arturo Hernández Cardona tuvo un
altercado con un federal de Caminos de nombre Roberto Castillo Villa, cuando se
llevó a cabo la manifestación”.
El
26 de junio de 2013, cuando la regidora Sofía Mendoza solicitó al Congreso
local revocar el mandato de Abarca “por violaciones graves y sistemáticas a las
garantías individuales”, también hizo referencia a la discusión de Castillo,
inspector de la Policía Federal, con los dirigentes de la marcha: “Posterior a
la discusión ya señalada fueron desaparecidos”, afirmó.
El
3 de junio fueron encontrados sin vida los cuerpos del líder de la UP, Ángel
Román Ramírez y Félix Rafael Banderas. En la causa penal contra Abarca, la
100/2014, la PGR retomó esos casos para imputarle los delitos de homicidio y
secuestro.
El
expediente judicial refiere que la única imputación que lo relaciona con la
muerte de Carvajal es una declaración rendida un año después, el 12 de marzo de
2014, por Nicolás Mendoza Villa, quien dijo que cuando presuntamente fue
secuestrado el 30 de mayo de 2013 escuchó de uno de sus atacantes: “Pinche
síndico, tenía muchas fuerzas… y que se les había escapado, pero que la segunda
vez no se le había escapado, cumpliendo las órdenes de José Luis Abarca
Velázquez, ya que éste no estaba nada contento con el síndico Justino Carvajal
Salgado”.
También
se usó la declaración de Ernesto Pineda Vega –excolaborador de Hernández
Cardona– rendida el 1 de mayo de 2014, en la cual señaló que en una ocasión
Abarca lo llamó en privado y supuestamente le dijo: “A ver, hijo de la
chingada, ya me tienen hasta la madre. O te separas de Cardona o vas a correr
con la misma suerte. También yo sé que había mandado asesinar al síndico
municipal Justino Carvajal (…) y a Rafael Ochoa…” .
Respecto
del secuestro de los integrantes de la UP, existen diferencias sustantivas en
los testimonios de las víctimas que se supone vivieron los mismos hechos.
Mendoza Villa declaró ante notario público el 25 de junio de 2013 que “es el
presidente José Luis Abarca Velázquez quien le da un escopetazo (a Hernández
Cardona) en la cara y otro en el pecho”.
Según
la necropsia, el cuerpo de Hernández presentaba tres tiros: uno en la cara,
otro en la parte trasera de la cabeza y uno más en la pierna derecha. Ninguno
en el pecho. Las características y tamaño de las heridas muestran que no fueron
causadas por proyectiles de escopeta.
En
su declaración ministerial, Mendoza Villa cambió su versión. Afirmó que estando
a 10 metros vio cómo Abarca le disparó a quemarropa a Hernández en la mejilla
izquierda y luego le dio otro tiro.
Arroyo
Delgado declaró a la PGR algo diferente. El 14 de octubre de 2014 dijo que en
el lugar donde estaban secuestrados él vio llegar a Flores y a Mauro Valdés,
director jurídico del ayuntamiento, pero no señala en ningún momento la
presencia de Abarca.
El
caso Ayotzinapa
En
la causa penal 100/2014 la PGR también acusa a Abarca de delincuencia
organizada, supuestamente por colaborar con el grupo criminal Guerreros Unidos.
A fin de probar su acusación, el Ministerio Público presentó declaraciones
ministeriales inconexas e incoherentes. Incluso testimonios que contradicen la
versión oficial de la procuraduría sobre quiénes, cómo y dónde atacaron a los
estudiantes, y acusan a la PF y al Ejército de trabajar para el crimen
organizado.
En
el abultado legajo para incriminar al exalcalde están las declaraciones de Luis
Alberto José Gaspar; Honorio Antúnez; Martín, policía municipal de Iguala;
Alejandro Macedo Barrera, y Marco Antonio Ríos Berber, detenidos a principios
de octubre por la PGJE.
Los
dos últimos testificaron que ellos dispararon en el centro de Iguala contra los
normalistas, los capturaron, los llevaron a un lugar conocido como Pueblo
Viejo, los mataron, los quemaron en una fosa y los enterraron por órdenes del
policía municipal Francisco Valladares y un sujeto al que apodan El Chucky. Sus
declaraciones llevaron a fosas en las que se encontraron 28 cuerpos que, tras
análisis, se supo que no eran de los estudiantes.
En
el expediente judicial la PGR presenta estos testimonios como también los que
señalan que los estudiantes fueron transportados en un camión de redilas al
basurero de Cocula, fueron ultimados y quemados en una pira que duró más de 15
horas.
El
pasado 30 de septiembre Abarca solicitó licencia por 30 días, para no entorpecer
las investigaciones del caso de los estudiantes desaparecidos, según dijo. El 6
de octubre el gobierno de Guerrero presentó ante el Congreso local la
declaración de procedencia, y el día siguiente la revocación de mandato de
Abarca.
En
ambos casos la acusación fue por “violaciones graves y sistemáticas a las
garantías individuales”, “conductas que alteran el orden público y la paz” y
“omisión reiterada en el cumplimiento de sus obligaciones”. No lo acusaron de
la muerte ni de la desaparición de los normalistas.
La
primera orden de captura fue girada el 21 de octubre por el Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Guerrero, Juzgado Segundo de Primera Instancia en
Materia Penal, a petición de la PGJE. En la causa penal 217/2014 se acusa al
exalcalde del delito de “homicidio calificado” por la muerte de seis personas
durante los ataques del 26 de septiembre, así como “tentativa de homicidio”
contra 60 personas (entre ellas, ninguno de los estudiantes desaparecidos).
Al
igual que la PGR, la PGJE le imputa haber dado la orden de detener a los
estudiantes “a como diera lugar”. La Fiscalía de Guerrero, en su exposición de
hechos, afirma al juez que Felipe Flores afirmó eso, pero en las declaraciones
ministeriales del 27 y 28 de septiembre, las únicas que hizo, no viene ese
señalamiento.
Hay
tres versiones oficiales de cómo fue detenido Abarca:
La
primera fue la difundida por el gobierno federal a los medios televisivos,
donde se exhibió un video supuestamente grabado en vivo cuando el exalcalde fue
detenido junto con su esposa en una vivienda de la delegación Iztapalapa, en la
Ciudad de México.
La
segunda es la señalada en el parte informativo elaborado por agentes de la
Dirección de Inteligencia de la PF (PF/DI/COE/2625/2014) presentado ante la
PGR, cuando la pareja fue puesta a disposición. Según el documento, ambos
fueron detenidos en un retén en la Ciudad de México mientras transitaban en un
taxi.
La
única versión de la captura que se encuentra en el expediente del juzgado donde
se radica la causa penal 100/2014, es lo señalado en el oficio
PGR/AIC/PFM/UAIOR/DF/ATPI/1246/2014 firmado por los agentes de la Policía
Federal Ministerial Javier Herrera Barrios, Elpidio Hernández Nájera, Aurelio
Álvarez García y Juan Manuel Santiago García.
Ese
documento indica que el arresto ocurrió el 5 de noviembre de 2014 “en las
inmediaciones de avenida Paseo de la Reforma número 75, casi esquina con la
calle de Violeta, colonia Guerrero, en el Distrito Federal”. Es decir, en las
inmediaciones de la SEIDO.
El
testigo estrella
La
PGR tuvo bajo arraigo a Pineda Villa durante 60 días. A las 11 de la noche del
28 de diciembre de 2014 envió al Juzgado Tercero de Distrito de Procesos
Penales Federales en el Estado de México la averiguación previa
PGR/SEIDO/UEIDMS/855/2014 y solicitó que se librara la orden de aprehensión. Se
abrió la causa penal 105/2015 y el 29 de diciembre se giró la orden de captura.
El
principal testigo de la PGR en su contra es Sergio Villarreal Barragán, Mateo,
desprestigiado testigo colaborador de la PGR en el sexenio de Felipe Calderón,
exintegrante del Cártel de Sinaloa y del de los Beltrán Leyva.
Tras
el desplome de casos muy sensibles, como sus falsas acusaciones contra el
exsubsecretario de la Defensa, general Tomás Ángeles Dauahare, y otros cinco
militares –todos puestos en libertad por falta de pruebas– el procurador Jesús
Murillo Karam, al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, afirmó que ese y
otros testigos eran “poco creíbles” y anunció una investigación.
Ahora,
sin dar las conclusiones de dicha investigación, la PGR usa las declaraciones
de Mateo para mantener en prisión a la esposa de Abarca tras la declaración
rendida por aquel en un consulado de México en Estados Unidos el 11 de
diciembre de 2014.
A
su vez, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público la acusa de “probablemente” haber recibido más de 13 millones
de pesos de Guerreros Unidos. Pero el presunto narcotraficante Sidronio
Casarrubias aseguró que ella daba “tres o cuatro” millones de pesos bimestrales
o mensuales para que ese grupo delictivo pudiera operar.
Durante
los últimos cuatro años, desde que Villarreal fue detenido y se acogió al
programa de testigos colaboradores, hizo nutridas declaraciones sobre los
Beltrán Leyva y los hermanos Mario y Alberto Pineda Villa, quienes desde 2000
tenían operaciones de narcotráfico en Guerrero. Nunca antes se había referido a
María de los Ángeles.
Súbitamente
recordó en diciembre pasado que ella se reunió en Cuernavaca con Mario y
Alberto en 2006 y 2007. Según él, la primera vez que la vio fue en una casa de
seguridad en Cuernavaca a mediados de 2006. Supuestamente ella saludó a sus
hermanos y estuvo presente en una conversación donde habló de la llegada de
lanchas con cinco toneladas de cocaína.
Villarreal
Barragán dijo que en diciembre de 2006 volvió a ver a María de los Ángeles
durante la supuesta visita a sus hermanos y estuvo en conversaciones sobre las
operaciones del cártel. “Les dijo a sus hermanos que habían comprado unas
propiedades y que habían embargado otras… dándoles datos de las propiedades, de
las joyerías y del centro comercial”, afirmó en diciembre de 2014. En esa fecha
aquel centro comercial aún no se construía.
En
otra declaración afirmó “el de la voz no recuerda si en la Navidad, no sabe si
fue del año 2000 o 2007 (sic), hubo una reunión… a la que concurrieron los
integrantes del cártel, entre ellos Arturo Beltrán Leyva, su esposa Marcela,
sus hijas… a la cual llegó Alberto Pineda Villa, alias El Borrado, con su
esposa y sus dos hijos adolescentes y la hermana de éste último a la que me he
referido en la presente declaración”.
Mateo
ya había dado nutridos testimonios de esa índole a la PGR con anterioridad. Por
ejemplo, en la causa penal 44/2012 –a la que este semanario tuvo acceso– afirmó
que el general Ángeles Dauahare era compadre del narcotraficante Juan José
Esparragoza Moreno, El Azul, y aseguró ser testigo presencial de la entrega de
5 millones de dólares de Arturo Beltrán Leyva al general.
En
abril de 2013 el general y cuatro militares más acusados por Mateo fueron
liberados por falta de pruebas. l
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