6 mar 2016

Comparecencias... en privado/JESUSA CERVANTES


Revista Proceso # 2052, 5 de marzo de 2016...
 Comparecencias... en privado/JESUSA CERVANTES
El 14 de agosto de 2015, poco antes de concluir la pasada Legislatura, la Mesa Directiva de San Lázaro gastó 1 millón 44 mil pesos en publicar un libro sobre la obra del arquitecto Manuel Parra; la nueva legislatura gastó 550 mil pesos para el mantenimiento de los salones de eventos del edificio G de la Cámara de Diputados.
 La actual Legislatura federal (LXIII) invirtió 584 mil 356 pesos en adaptar el espacio que tiene en la Mesa Directiva el Partido Encuentro Social, que no ganó ni un distrito de mayoría pero cuenta con grupo parlamentario: ocho diputados designados.
 Y el 26 de febrero la Junta de Coordinación Política (Jucopo, el órgano que aglutina a los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PVEM, PES, Panal, MC y Morena) sesionó extramuros, en el imponente edificio del siglo XVI que alberga al Club de Banqueros. Considerando el precio del menú más económico, los coordinadores parlamentarios pudieron invertir poco más de 30 mil pesos, recursos que un obrero con salario mínimo tendría que ahorrar durante un año para desayunar y comer en ese lugar.
Para el abogado constitucionalista y exdiputado federal Jaime Cárdenas, los diputados “distorsionan” y “degradan” el Poder Legislativo al sucumbir a las exigencias de funcionarios federales que ahora gustan de “comparecer” ante unos pocos legisladores, quienes renuncian así a su obligación de vigilar al Poder Ejecutivo y ser su contrapeso.

 Tales encuentros para escuchar cuentas de secretarios de Estado o directivos de paraestatales con altísimas cuentas por salones y comida, cuando el palacio de San Lázaro tiene decenas de salones para eventos, cocineros y meseros de calidad, no le preocupan al presidente de la Jucopo, el priista César Camacho Quiroz: “La sede es un asunto secundario”.
 En cuanto a los gastos, comenta: “No tengo idea, seguramente será una cantidad marginal y mucho menor en relación con la importancia de los acuerdos que vamos a alcanzar”.
 Ni vigila ni controla
 Para Cárdenas, el regreso del PRI a la Presidencia de la República trajo la “degradación” del Poder Legislativo e inició el 2 de diciembre de 2012, cuando se firmó el llamado Pacto por México: las reformas estructurales que llegaron a la Cámara de diputados fueron “un vaciado” del pacto, “en el cual la redacción, los acuerdos y los matices de las iniciativas se realizaron fuera de cámara”.

Si la legislatura pasada asumió ese papel de “oficialía de partes”, dice, la actual ha incrementado el desprestigio del Legislativo. Se refiere sobre todo a la Jucopo, cuyos integrantes han realizado encuentros fuera de San Lázaro, comparecencias en “lo oscurito”, y se han subordinado al Ejecutivo al “acudir a las oficinas de los funcionarios para que les expliquen recortes presupuestales, la política de seguridad, y les impongan la agenda legislativa”.

Se refiere al encuentro que sostuvo la Jucopo el pasado 26 de febrero en el Club de Banqueros con los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Durante poco más de dos horas, Osorio Chong explicó a los coordinadores parlamentarios la necesidad de aprobar el mando único de policía y cada representante de partido expuso su concepto sobre el mismo. Durante un lapso similar, por separado, Videgaray explicó las razones del recorte presupuestal de 132 mil millones de pesos.

La función de “control y vigilancia”, una de las tres que tiene el legislador, pudieron ejercerla sólo ocho de los 500 diputados, en una sesión extramuros, en un club privado y con un gasto innecesario, comenta Cárdenas. Y recuerda que todos los recortes presupuestales habían sido explicados por anteriores secretarios de Hacienda en San Lázaro.

La nueva forma de trato con el Ejecutivo es grave desde el punto de vista jurídico, advierte. Explica que la validez de una norma depende de que sea aprobada por el órgano competente, que siga los procedimientos parlamentarios establecidos y no sea contraria a la Constitución o a los tratados internacionales suscritos por el país.

“Pero aquí han sido atropellados los procedimientos con las reformas estructurales. La energética ni siquiera se discutió en comisiones y pasó directo al pleno”, dice.

Añade que las funciones del Poder Legislativo son legislar, controlar o vigilar al poder Ejecutivo y orientar con éste la acción política del Estado. Sin embargo, indica, en México se legisla mucho pero con atropello al procedimiento parlamentario.

Y la obligación de controlar o ser contrapeso “es una burla”, como lo muestran las mencionadas reuniones con los funcionarios, quienes están obligados por el artículo 93 constitucional a comparecer cada vez que los convoquen diputados o senadores, “cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos”.

Para Cárdenas, “cuando hay un acuerdo que firman en económico los coordinadores parlamentarios, sin deliberación, pues es contrario al principio democrático y al procedimiento parlamentario”.

Desde su punto de vista, el encuentro del 26 de febrero debió ser ante comisiones. Aun si fue una reunión de trabajo de la Jucopo, está mal porque San Lázaro tiene instalaciones dignas, de calidad. Añade que si se pagó el desayuno, la comida y el club, “cualquier fiscalista diría que hubo desvío de recursos” y habría sanciones administrativas para los miembros de la Jucopo.

“La Jucopo es un superpoder. Debería sesionar y deliberar en público y en sus instalaciones”, dice el abogado, aunque aclara que la Ley del Congreso y el Reglamento de la Cámara de Diputados no establecen si ese órgano debe sesionar sólo en sus oficinas.

El pasado 25 de septiembre, la Jucopo dio a conocer sus lineamientos para sesionar y en ningún apartado se refiere al lugar físico para hacerlo.

“Pero se debe apelar al artículo 6 de la Constitución –insiste Cárdenas–, donde dice que a los actos públicos debe dárseles la máxima publicidad. Ahora la práctica es pactar en las cámaras en sedes extraparlamentarias, como el Club de Banqueros o restaurantes u hoteles. Además, nosotros tenemos el derecho a la información.”

Imposición priista

Los partidos han insistido en que Videgaray vaya a San Lázaro a explicar el recorte de 132 mil millones de pesos al gasto público, y como alrededor de 100 mil millones corresponderán a Pemex, demandan la presencia del director de esa empresa.

Pero el PRI no quiso “exponer” al titular de Hacienda. Primero lo convocó a un encuentro con la Jucopo, en privado y fuera de San Lázaro, después hizo mayoría con el PVEM para que fuera el subsecretario Fernando Aportela quien rindiera esas cuentas.

El 25 de febrero, el presidente de la Jucopo, Camacho Quiroz, advirtió  que Videgaray no asistiría y que el nuevo director de Pemex, José Antonio González Anaya, sólo rendiría cuentas ante la Jucopo y no en comisiones.

El coordinador del PAN, Marko Cortés, amenazó con no acudir si la comparecencia era ante la Jucopo y no en comisiones. Camacho matizó: “No hemos definido si es sólo ante la Jucopo… en todo caso puede ser una reunión de trabajo con diputados de todas las fracciones”.

Después de escuchar a Osorio Chong y a Luis Videgaray en el Club de Banqueros y pasado el fin de semana, Cortés dio marcha atrás. El pasado martes 1 escuchó atentamente al director de Pemex en sus oficinas, como los demás integrantes de la Jucopo.

Ya en San Lázaro, el coordinador del PAN se justificó: “En mi carácter de coordinador y miembro de la Jucopo acepté ir a esta reu­nión privada en Pemex, en el entendido de que el próximo martes será la comparecencia pública ante las comisiones de Hacienda y de Energía… (para que el director de Pemex) supiera nuestras dudas y que no ocurra en la comparecencia pública que no cuenta con la información”.

Para Cárdenas esos encuentros fuera de San Lázaro son “aberrantes”, pues “las comparecencias son para que la nación entera sepa de los asuntos que le preocupan al Poder Legislativo… Eso que ocurrió con el director de Pemex es una violación a la Constitución… La comparecencia no es para tomarse un cafecito o un té juntos, funcionario y diputados”.

Los 500 diputados y sus coordinadores cuestan a la nación poco más de 7 mil millones de pesos anuales y cada grupo parlamentario le costará en 2016, más los cuatro meses que ejercieron el año pasado, mil 176 millones 757 mil 111 pesos por las “subvenciones”, es decir, únicamente por los salarios de los legisladores. l

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