·
Ocurrió en Ajuchitlán,
Guerrero/Fred Alvarez P.
Publicado en la revista Código Topo, 2 de mayo de 2016
La revista se puede adquirir en las tiendas Sanborns, cuesta 30 pesos
La revista se puede adquirir en las tiendas Sanborns, cuesta 30 pesos
Un
video de 4 minutos que fue colocado en las redes sociales y que se volvió
viral, muestra como un grupo de militares apoyados por policías federales, cortan
cartucho y apuntan con el
cañón de un arma de asalto sobre la cabeza de joven mujer descalza, con playera
lila y jeans. Después la atan de manos por la espalda, mientras le colocan una
bolsa de plástico en el rostro para simular asfixia mientras le preguntan sobre
el paradero de otra persona de nombre María:
“¿Quién es María? ¿No me vas a
decir? Dime y no te mato”.
La mujer militar le dice a la
detenida: “Pinche vieja dramática, hija de tu puta madre, ¡contéstame lo que te
estoy preguntando!, ¿quién es la pinche María?”.
Después, un agente de la
Policía Federal (PF) le esposa las manos para luego asfixiarla con una bolsa de
plástico transparente, mientras la militar le sigue haciendo preguntas.
Al no responder la mujer, la policía
federal vuelve a asfixiar a la joven por varios segundos, hasta que ella se
recuesta en el suelo por la falta de oxígeno.
Mientras esto sucede, la mujer
militar la cuestiona de nuevo: “¿Ya te acordaste o quieres más bolsa? ¿O
quieres agüita?, ¿o quieres toques? Dime tú qué quieres...”.
Hasta ahí el video de hechos
que ocurrieron en un lugar del estado de Guerrero.
Horas después de que el video
estaba como tema del momento se dio a
conocer, un comunicado de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) confirmando
que los hechos evidenciados habrían ocurrido el 4 de febrero de 2015, en la
comunidad de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.
Precisa que la institución
castrense se enteró de ellos varios meses después, -en diciembre-, cuando alguien de manera anónima los envió a
la Procuraduría General de Justicia
Militar (PGJM). El general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, se enteró de inmediato de la existencia del anónimo y giró instrucciones para que se investigara a fondo.
Juan Veledíaz relata en un reportaje para el semanario Proceso # 2060, del 23 de abril de 2016,
que el video circuló varios meses entre efectivos de la Policía Militar “pero
no fue sino hasta finales del 2015 que el alto mando militar supo del
contenido. Durante este lapso, los órganos de información e inteligencia
militar nunca lo detectaron“.
Dice el escrito anónimo
elaborado con letra manuscrita y que publica Proceso:
“Señor
General.
Procurador de Justicia Militar:
Me encuentro indignado con el
contenido del vídeo que le hago llegar,
esos actos que en él hace (ilegible)
Soldado Policía Militar Dulce
Elena Reyes Ramos, que
trabaja en el batallón de Polícia
Militar en San Miguel de los
Jagueyes, no son dignos
De una persona.
Me despido de Usted
esperando que tomé cartas
en el asunto“
En tanto, la Procuraduría
General de la República (PGR) reconoció que fue informada a principios de enero
de 2016, dando inicio a una averiguación previa por hechos probablemente
constitutivos del delito de tortura.
Por alguna razón que se desconoce la Policía Federal Preventiva no fue informada, aunque en los hechos habrían participado 3 elementos de esa corporación que fueron destituidos y están indiciados por delitos de tortura por un juez federal penal.
Por alguna razón que se desconoce la Policía Federal Preventiva no fue informada, aunque en los hechos habrían participado 3 elementos de esa corporación que fueron destituidos y están indiciados por delitos de tortura por un juez federal penal.
El video fue filtrado -no
sabemos por quién, seguramente por la misma mano que lo envió a la Procuraduría
Militar- el miércoles 13 de abril a algunos medios mexicanos, así como al sitio
estadounidense Breitbart Texas, de inmediato se volvió tema del momento
desatando una gigantesca ola de indignación.
¿Que ocurrió en Ajuchitlán,
Guerrero?
La mañana del miércoles 4 de febrero de
2015 las fuerzas federales habrían detenido a tres presuntos secuestradores –de
entre ellos a una mujer–, a quienes se relacionó con la organización criminal
conocida como La Familia Michoacana.
El caso fue evidenciado sin los
detalles de tortura el viernes 6 de febrero del 2015 el periódico Diario de
la Tarde, que circula en Iguala. El texto decía:
“Un nuevo golpe asestó
personal de la Base de Operaciones Mixtas (Policía Federal, Ejército y PGR) al
crimen organizado, al lograr la captura de tres presuntos sicarios integrantes
de una banda de peligrosos secuestradores al parecer miembros de una célula del
autollamado grupo delictivo La Familia Michoacana”.
“De acuerdo con el reporte
policiaco, la captura de los tres presuntos secuestradores, dos hombres y una
mujer, se dio dentro del Operativo Tierra Caliente implementado en el municipio
de Ajuchitlán del Progreso, donde existen reportes de un repunte en los índices
de violencia producto de la presencia del citado grupo criminal”.
Según la nota del Diario de la
Tarde: “Fue aproximadamente a las 13
horas de este miércoles (4 de febrero), cuando agentes de las fuerzas
federales y personal del Ejército Mexicano lograron la captura de los tres
presuntos criminales, a quienes les aseguraron armas de grueso calibre, entre
éstas las conocidas como “cuernos de chivo” y R-15, además de equipo celular,
una motoneta y dinero en efectivo. Los detenidos fueron identificados como José
Villalobos Díaz, de 32 años, originario de Arcelia; Juan Hernández Villa,
de 35 años también de Arcelia, y Elvira Santibañez Margarito, de 21
años, originaria de Ajuchitlán”.
Comenta Veledíaz que al paso de las horas, después de que uno de
los grupos apoyó a la corporación federal en la captura de tres personas, los
militares regresaron a su base. “Había un considerable número de vehículos de
la PF cuando regresaron. La primera orden que recibieron los soldados fue
dividirse para formar un perímetro de seguridad alrededor de la base. A los
detenidos les habían asegurado cuatro armas largas, cartuchos, dinero en
efectivo, celulares y un radio de comunicación.
Por este aparato, los militares y los agentes federales escucharon una voz que decía que fueran a recoger unas armas al panteón del poblado para ir a “rescatar” a los detenidos.
Por este aparato, los militares y los agentes federales escucharon una voz que decía que fueran a recoger unas armas al panteón del poblado para ir a “rescatar” a los detenidos.
Por
lo que “ Se activó la alerta de un posible ataque, se emplazaron
ametralladoras y colocaron los vehículos para formar barricadas..“
Era
evidente las medidas ya que en zona el crimen organizado suele evocar a las
fuerzas del orden...
Los
detenidos fueron llevados a la base de
operaciones de Ajuchitlán, donde se registró por escrito el tipo de armamento y
se especificó lo incautado.
Hasta ahí las cosas iban bien,
hasta que se ordeno que los civiles fueran conducidos a un lugar abandonado.
¿Para qué?
Agrega
Veledíaz que “momentos más tarde arribó a la base el mayor Ricardo Lara
Aguilar, comandante del sector de Ajuchitlán, y ordenó al capitán Limón
Portillo que sacara de la base a los tres civiles detenidos.
Y
así fue...“ Los subieron a unas camionetas de la PF y se los llevaron hacia la
salida del poblado. Al llegar a una glorieta el oficial ordenó a sus
hombres formar una valla de seguridad mientras los federales los bajaban para
meterlos a una casona que estaba en obra negra.“
Fue cuando en ese lugar según
el expediente “el capitán Limón "le ordenó a la soldado Dulce Elena Reyes Ramos que interrogara
a la mujer detenida por la PF; también le pidió tomar nota de la información
que obtuviera del interrogatorio".
Observaron el interrogatorio varios
compañeros de armas y elementos de la policía federal
Nadie sabe quién realizó el
video presumiblemente desde un teléfono celular.
Hasta ahí van las cosas, y el
caso está abierto.
Muchos comunicados oficiales después de que el video
fue colocado en las redes sociales.
Me pregunto el por qué no
informaron oportunamente de los hechos ocurridos para darle más transparencia a
las cosas. Sobretodo a partir de que el vídeo llegó de manea anónima a la PGJM.
Los comunicados institucionales
1.- El primer comunicado fue emitido
en Lomas de Sotelo, la mañana del 14 de abril de 2016, dice:
“La
Secretaría de la Defensa Nacional se enteró el pasado 10 de diciembre 2015, de
las acciones que se muestran en el video, dándole inmediatamente vista al
Agente del Ministerio Público Militar, quien integró la averiguación previa correspondiente a fin de reunir los elementos
de prueba para ejercer acción legal en contra del personal involucrado.“
Y
subraya que 24 días después,- no entendemos el porque de tanto tiempo- “Para
el 4 de enero 2016, se dio vista y desglose de la averiguación previa a la
Procuraduría General de la República (PGR), para que en el ámbito de su
competencia, determine la responsabilidad en cuanto a las afectaciones a la
civil.“
“El 5 de enero de 2016, la PGJM
cumplimentó la orden de aprehensión a un Capitán y a una Soldado
Policía Militar como presuntos responsables del delito de desobediencia.
(averiguación previa número SC/413/2015-VI).
Precisa
el boletín que “El oficial y la elemento de tropa, están internados en la
prisión militar por lo que respecta a los delitos del orden militar,
habiéndoseles dictado auto de formal prisión el 11 de enero de 2016 y están a
disposición del Juez Quinto Militar (expediente 406/2015), quien con
plena autonomía jurisdiccional determinará lo que conforme a derecho proceda;
denotándose que se trata de poner en entredicho el actuar de los integrantes
del instituto armado.“
2.- Horas después, la PGR
emitió el comunicado 525/16 donde informa que:
“El
pasado (jueves) 7 de enero de 2016, la PGR a través de la Unidad Especializada en Investigación del Delito
de Tortura -UEIDT (...) inició una averiguación previa para investigar la
probable responsabilidad de elementos del Ejército Mexicano, así como de uno
de la Policía Federal quienes
presumiblemente habrían participado en hechos ocurridos el día 4 de febrero de
2015...“
“Lo anterior, a partir de la
vista de la averiguación previa, por actos contrarios a la disciplina militar,
que turnó la PGJM el 5 de enero de 2016.
Subraya la PGR que “en el
marco de dicha investigación, hasta el
día de hoy esta representación social ha practicado diversas diligencias
para el esclarecimiento de los hechos, destacando que en todo momento se ha
contado con el apoyo de la Secretaría de la Defensa nacional y la Comisión
Nacional de Seguridad (CNS), para la práctica de todas las diligencias e
inspecciones que han sido necesarias.
La PGR reitera que tanto en
este, como en todos los casos, actuara con todo el rigor que la ley permite a
efecto de evitar la impunidad de cualquier conducta ilícita.
3.- A las 15:04 horas de ese
14 de abril la CNS emitió su posicionamiento a través del comunicado
No. 262, a saber:
“Con relación al video dado a conocer por un medio
de comunicación el día de hoy, en el que se observa a personas uniformadas
maltratando a una mujer, se informa que por instrucciones del Comisionado
Nacional de Seguridad se encuentra
abierta una investigación por parte de la Unidad de Asuntos Internos.
La Policía Federal coadyuvará
con la PGR, y estará abierta para aportar los elementos que sean necesarios
para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y sancionar a quienes
resulten responsables.“
4.- Las disculpas del General Secretario, de los
“hechos aislados“
Por la tarde del viernes la oficina de comunicación social de la
defensa nacional se dio a conocer que la mañana del sábado habría información
del tema. En efecto, a las 10 horas del sábado, en las instalaciones de la
explanada Damián Carmona del Campo Militar 1-A, el general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda dirigió un
mensaje al alto mando, generales, jefes, oficiales y soldados, en total ante la
presencia de 30 mil personas y también por vía satelital a todos los integrantes
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en todo el territorio nacional, el
contenido del mensaje destacó:
“Los he reunido este
día, porque es necesario expresar públicamente nuestra indignación por los
hechos lamentables que sucedieron hace 14 meses en Ajuchitlán del Progreso y
que han sido difundidos a través de un vídeo en las redes sociales, en el que se aprecia que malos integrantes
de nuestra institución empañan la actuación de miles de hombres y mujeres y
hombres en uniforme militar.
Agregó el general que “Son estos sucesos aunque aislados los que dañan
de manera muy importante nuestra imagen y el prestigio, que dignamente hemos
ganado en más de 100 años de lealtad (…) Ofrezco una sentida disculpa a toda la
sociedad agraviada por este inadmisible evento”, afirmó.
Obviamente esa declaración se llevó las primeras planas
del domingo 16 de abril, y de ella dieron cuenta todas las columnas políticas.
La disculpa se consideró como algo histórico, nunca antes visto.
5.- Disculpas del Comisionado e instalación del Grupo Especial de Seguimiento
Días después, eEl día 18 de
abril y desde San Luis Potosí, en el marco de la inauguración del Programa
Nacional de Capacitación Policial en Derechos Humanos, el comisionado Renato
Sales Heredia, externó una disculpa pública por esos hechos y dijo que la
institución que preside asumirá las responsabilidades necesarias para lograr
que este tipo de actos no se repitan.
Lamento los "hechos
agraviantes y dolorosos acontecidos en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, toda
vez que ofenden a la ciudadanía y deshonran a las instituciones de seguridad y
que no quedarán impunes".
Al lado de él estaban el
subsecretario de Gobernación Roberto Campa Cifrián y el Comisionado de la
Policía Federal Enrique Galindo Ceballos.
Sales Heredia resaltó que
estos actos no deben empañar la labor de los más de 40 mil elementos de la
Policía Federal que dijo- "son policías honestos, valientes, orgullosos de
su labor, de la misión que les ha sido encomendada".
Destacó que para vencer a la
delincuencia es necesario actuar en la legalidad, en la eficiencia porque
"no debemos enfrentar a quienes violan la ley, violando la misma; no
podemos enfrentar al delito delinquiendo; ante la violencia del crimen, debemos
responder con la fuerza legítima y con las herramientas de la
Constitución".
Y no sólo el asunto quedó ahí
en las disculpas, sino que por estos hechos fueron suspendidos tres agentes
federales, no uno como afirmó la PGR.
Sales Heredia anuncio la
implementación de tres medidas para que estos hechos no se repitan. “Una de
ellas es el fortalecimiento de la Unidad de Asuntos Internos, otro más es
vincularnos en un mecanismo de supervisión externa con la sociedad civil, y
otro es la creación de un grupo en la comisión formado por los cuatro
comisionados y la inspectoría para dar seguimiento a los temas de derechos
humanos”.
El grupo será presidido por el
comisionado Sales.
6.- Cinco personas están indiciadas
por tortura
El martes 19 de abril, la PGR obtuvo del juez V de Distrito en el estado
de Guerrero, cinco órdenes de aprehensión en contra de tres elementos de
la Policía Federal y dos miembros del Ejército Mexicano, por su probable
responsabilidad en el delito de tortura.
En el comunicado 556/16, se informa
que “Las órdenes de aprehensión libradas
en contra de dos elementos, del sexo masculino, de la PF fueron
cumplimentadas el día de hoy y serán ingresados al Centro de Reinserción Social
de Iguala. En cuanto al elemento femenino de dicha corporación, aún está
pendiente de cumplimentarse el mandamiento judicial”.
“Respecto a la orden de
captura girada contra los dos miembros del Ejército Mexicano, esta será
ejecutada en reclusión, ya que actualmente se encuentran privados de su libertad
en una prisión militar”. (léase en el campo Militar numero 1).
Agrega el comunicado oficial
que “Una vez desahogadas las diligencias de ley y habiendo acreditado los
elementos del cuerpo del delito, descritos y previstos en la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como en la Ley Federal
para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Ministerio Público de la Federación
ejerció acción penal en contra de cinco servidores públicos y consignó el
expediente ante la autoridad jurisdiccional, quien obsequió las órdenes de
aprehensión hoy cumplimentadas”.
El comunicado no da nombres de
los cinco servidores públicos indiciados sólo dicen “sexo masculino” y
“elemento femenino”. Tampoco nos dan el nombre del juzgador sólo dice que es el
juez V de Distrito de Iguala, Guerrero.
7.- Dos días después, el 21 de abril otro comunicado de la PGR –
566/16- nos informa que se “cumplimentó“ la orden de aprehensión “en contra de
un elemento femenino de la Policía
Federal, relacionada con hechos difundidos en redes sociales.“ La mujer fue trasladada
al penal de Iguala, Guerrero, donde quedó a disposición del Juez de la causa.
Los imputados
Ninguno de los comunicados
oficiales da el nombre de los indiciados. Se trata de cinco personas, 3 de
ellos son policías federales (ha trascendido que la mujer policía se llama
Karina) y los militares son el capitán Juan
Carlos Limón Portillo y la cabo Dulce
Elena Reyes Ramos.
Ambos forman parte del 12 Batallón de Policía Militar con base
en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de
México y estuvieron comisionados del 26 de diciembre de 2014 al 26 de febrero
de 2015, en el operativo especial de Iguala, Guerrero.
El mayor Ricardo Lara Aguilar, el sargento Ignacio Javier Jiménez Peña, y
el cabo Francisco Dámaso Aragón Luna. presenciaron el interrogatorio de
evidente tortura.
El batallón estaba encabezado
por el coronel Francisco Javier Mandujano Acevedo, y por arriba de él se
encuentra el general Alejandro Badillo
Trueba,.
Jorge Alejandro Medellín en la
web Estado
Mayor señala que Juan Carlos Limón no estuvo presente en el
interrogatorio y mucho menos haberlo ordenado, el estaría en ese momento en un vehículo
militar escribiendo el parte de la operación realizada horas antes. “Su
alegato, plasmado en sus primeras declaraciones ministeriales, se centra en que
los elementos de tropa bajo su mando aquel día, actuaron por cuenta propia, sin
recibir órdenes suyas para ejercer algún tipo de violencia física o psicológica
contra los civiles detenidos.“
Su defensa sostiene que fue
detenido, porque en ese momento era el jefe al mando de la unidad que operó en
Ajuchitlán del Progreso.
El caso es ninguno de los
militares presentes en el “interrogatorio“ hizo algo para detener e impedir el
acto de tortura.
¡!Eso es grave y debe
castigarse!
El caso lo tiene en este
momento además de la justicia militar el juez penal Ricardo Mercado Oaxaca, juez V de Distrito en el estado de
Guerrero,
El Consejo de la judicatura
Federal no ha dicho nada, aún.
Los comunicados
institucionales aportan información básica pero no profundizan en los detalles,
el periodismo de investigación trabaja.
No sabemos quien o porque
difundieron el video a la opinión publica, y sobretodo en ese momento, a
mediados de abril.
Se sabe que el video llegó de
manera anónima junto con un escrito a la Procuraduría de Justicia Militar, y el
remitente firmó como Luis Hernández
Hernández, puso como domicilio un lugar inexistente.
Hay muchas preguntas en este
asunto.
En primer lugar es evidente la
descoordinación entre las dependencias encargadas del caso..
Por ejemplo no hay
consistencias entre los dos primeros comunicados de Sedena y PGR.
Mientras una dependencia - PGR -
afirma que ellos tuvieron conocimiento
por parte de la PGJM el día 5 de enero, Sedena dice que fue el día
cuatro.
Asimismo, afirma la PGR que
“en todo momento“ contaron con el apoyo de la CNS, empero la misma Policía
Federal dijo en una entrevista radial –radio Fórmula- que ellos se habrían
enterado por la redes sociales y que de inmediato investigaron el caso.
Además es evidente de que no fue un elemento de la policía quien
participó sino que son tres, y que fueron suspendidos y ahora están procesados
por un juez federal por delitos de tortura.
¡Increíble la descoordinación
institucional!
¿Cómo es que la PF no sabía
del caso aun cuando había 3 elementos de su corporación involucrados
¿Y la coordinación
interinstitucional?
Fue bien visto que el General
secretario Cienfuegos ofreciera disculpas por los hechos lamentables, pero
consideramos que ya condenó a los inculpados
como torturadores sin concluir el proceso que les sigue un juez civil.
¿Y dónde queda el debido
proceso General secretario? Y sobretodo el principio de presunción de
inocencia.
Y por otro lado, ¿por qué la
Procuraduría Militar no los encausó por los delitos de tortura y sólo por
desobediencia que es un delito menor.
Muchas irregularidades en la
detención. ¿Por qué no llevarlos de inmediato al Ministerio Público como lo
ordena la ley?
¿Y la capacitación de que
tanto se presume sobretodo a pocas semanas de que se instaure en todo el país
el nuevo sistema de justicia penal?
Es evidente que no hemos
aprendido de lo que nos dejó el caso de Florence Cassez en enero de 2013.
Recordemos
que un día después que se dictó la resolución de la Primera Sala de la SCJN y
se liberó a la señora Florence Cassez el Presidente Peña Nieto giró
instrucciones para que todas las acciones se lleven a cabo con estricto apego a
derecho con el propósito de garantizar el debido proceso y evitar que se
repitan esos casos.
Se
dijo que toda la Policía Federal recibirían capacitación sobre los protocolos,
todavía más se dijo que se distribuirá a todos sus efectivos, una Cartilla de
Derechos que Asisten a las Personas en Detención.
Parece
que todo mundo olvido ese librito.
Después de los hechos de
Ajuchitlán el comisionado Renato Sales, les recordó a los guardas del Servicio
de Protección Federal a portar y aplicar manera obligatoria y permanente la dicha
cartilla que dice de entre los nueve puntos, de los cuales incumplieron el
numero ocho:
“Tiene derecho a que se le
ponga, sin demora, a disposición de la autoridad competente.“
Evidentemente
ni la policías ni el ejército llevaron a cabo ese librito, y ello supone
además de una violación a sus derechos no hacer las cosas bien y ello pone en
riesgo el debido proceso
Las Reacciones
Las reacciones de este asunto
penoso han sido varias.
De entrada, revive los dichos
del relator especial para la tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez,
sobre que la tortura en México está “generalizada”. Por cierto, el relator
estuvo por esos días en México invitado por el Senado con el fin de discutir la
ley contra la tortura que está en construcción. Cuando le preguntaron sobre el
video dijo que la reacción del gobierno demuestra que hay avances en la materia
y que la disculpa pública es un hecho positivo. En entrevista radial dijo que
sobre el caso mismo no puedo opinar “es terrible, ciertamente, pero con las
declaraciones hechas por altos mandos militares y policiales estoy convencido
de que estos son pasos en la dirección adecuada, y es importante que se
pronuncie públicamente la intolerancia absoluta a cualquier tortura”.
Agregó que en 2014, respecto a
su visita, la tortura sí era una práctica generalizada y desde entonces
ha recibido denuncias de casos graves de tortura.
Precisó que no saber si las
cosas en materia de tortura han cambiado o que siguen igual o que siguen peor.
Esta vez nadie del gobierno federal
cuestionó su parcialidad y de que sus dichos entonces fueron considerados
indignantes.
Había que guardar silencio
ante el la elocuencia del video.
Para el ombudsman nacional, Luis
Raúl González Pérez, la disculpa pública no basta, por lo que es necesario
aplicar responsabilidades penales por el hecho delictivo.
Legisladores
coincidieron que es preocupante la evidente violación de derechos humanos.
Amnistía Internacional
reconoció que las disculpas son un primer paso hacia un nuevo enfoque oficial
para emprender acciones eficaces en busca de sancionar y prevenir violaciones a
los derechos humanos, pero condenó que calificara la situación como “hechos
aislados”.
Hechos aislados, eso dijo el
general secretario en su discurso y lo reiteró dos veces.
Qué bueno que el Congreso esté
legislando en la materia es una tarea pendiente.
Por cierto, Elvira
Santibañez Margarito, y sus dos cómplices fueron presentados ante el
Ministerio Público Federal, en Iguala, Guerrero. El quid es que por lo menos con la mujer no se hizo en tiempo y en
forma. Hasta donde sabemos la certificación médica que se hizo mostró que
no tenía lesiones ni mostraba signos de tortura.
Además ella no presentó
ninguna queja de tortura. Hoy e encuentra sujeta a proceso penal en un Centro
de Reinserción Federal en Tepic, Nayarit por delitos de secuestro y portación
de arma de fuego.
Pero con los hechos del video
y las disculpas ofrecidas, cualquier buen abogado penalista podría quitarle todos los cargos, ya que el proceso
penal está viciado por los actos de tortura.
De entrada los abogados
pueden pedir que se reponga el procedimiento, y no sería raro que la dejen
libre.
¡Seria obviamente muy
lamentable!
Además organizaciones como Alto al Secuestro que dirige Isabel
Miranda de Wallace piden sí que se castigue severamente a quienes llevaron a
cabo su tortura, y también se castigue con firmeza a los presuntos
secuestradores. Precisa que el hecho que haya sido torturada “no la hace
inocente, eso no la exime de nada. Ella causó mucho mal”, subraya.
Recordemos en el caso de
Florence Cassez nunca se abordó el tema de fondo, y la señora salió libre
porque no se llevó el debido proceso.
Así funciona nuestra justicia penal.
Así funciona nuestra justicia penal.
%203.20.53%E2%80%AFp.m..png)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario