El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley General de Víctimas..
Las reformas fueron avaladas en lo general, con 323 votos a favor, 41 en contra y 34 abstenciones, el proyecto fue enviado al Ejecutivo para su publicación en el DOF.
La nueva ley establece la obligación de las entidades federativas para contar con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, a fin de flexibilizar los mecanismos de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Se define la figura de recursos de ayuda, como diversos gastos: alimentación, hospedaje, trasportación, entre otros, que deben ser concebidos como gastos operativos ordinarios que les permita a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva.
Facultan a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para atraer los casos del fuero local relacionados con la atención y reparación de las víctimas, y como órgano operativo y rector en materia de su atención y de violaciones de derechos humanos.
Con la reforma la CEAV deja de ser un órgano colegiado y esta responsabilidad recaerá en un Comisionado Ejecutivo, que será nombrado por el Presidente de la República, previa consulta pública entre colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en su atención y ratificado por el Senado de la República.
Garantizan los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas respecto a los convenios de coordinación firmados entre la CEAV y las comisiones de víctimas de las entidades federativas, para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados. También se otorgará atención inmediata a las poblaciones víctimas de desplazamiento para cubrir sus necesidades prioritarias.
Reservas
Durante la discusión en lo particular, se aprobaron en términos del dictamen, con 302 votos a favor y 96 en contra, las reservas a los artículos 5, 6, 7, 8, 12, 15, 21, 28, 38, 45, 47, 79, 83, 84, 84 Ter, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 96, 132, 135, 136, 179, 180, quinto, octavo y décimo quinto transitorios.
El debate..., miércoles 14 de diciembre.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. Toda vez que fue fundamentada ya esta iniciativa a discusión por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, se somete a discusión en lo general.
De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por tres cinco minutos; hasta por tres minutos, perdón.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social; la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena; la diputada Lia Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD; el diputado Javier Antonio Neblina Vega, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional; y la diputada María Sofía Tamayo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Con su venia, diputada presidenta. Honorable asamblea, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que hoy se somete a nuestra consideración, plantea modificaciones de gran calado a un instrumento fundamental para la impartición de justicia plena en nuestro país.
Dentro de las múltiples bondades de esa minuta Encuentro Social saluda las siguientes: la flexibilidad de los mecanismos de acceso al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral y esta que obliga a las entidades federativas a que cuenten con uno propio, una asesoría jurídica y con un registro de víctimas, lo cual se hace factible proporcionar recursos para ayuda; del mismo modo es digno de encomio la previsión de una compensación subsidiaria a víctimas del fuero común para garantizar sus derechos.
En segundo término consideramos de notable trascendencia la instauración de la facultad de la atracción en favor de la Comisión Ejecutiva de la Atención a Víctimas, lo cual evidentemente hará factible que los asuntos locales de especial relevancia sean atendidos por la comisión referida.
Otro avance que merece ser señalado es el importante proceso de la armonización y la actualización de la norma, así se modifica la fundamentación de la Ley General a Víctimas, atendiendo a la reforma constitucional que adiciona una ordinal décima a la fracción XXIX del artículo 73 constitucional que nos faculta ampliamente para legislar en la materia.
Un acierto más que manifiesta es la inclusión, la obligación a cargo de las autoridades de los tres niveles de gobierno de brindar atención inmediata en materia de salud, educación y asistencia social, bajo el apercibimiento no hacerlo, esto de no hacerlo quedará sujeto a responsabilidades administrativas, civiles o penales o a las que haya lugar.
Adicionalmente resultan sumamente acertadas las disposiciones que tienen por objeto la modificación de la estructura, la integración y la fundamentación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues al transitar de un cuerpo colegiado a un comisionado ejecutivo con el amplio reconocimiento de la defensa y protección de los derechos humanos, se agiliza su fundamentación en beneficio de los usuarios.
Asimismo se abre la posibilidad para que la sociedad civil participe de manera activa y en la elaboración de las políticas públicas y en materia a través de la figura de la asamblea consultiva integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos.
Con ello estamos ante una gran, y un gran aporte en favor del sector en que este acto a lo que buscamos proteger. Finalmente consideramos de toral importancia el avance realizado en materia de interés superior de la niñez, pues se garantiza a todo menor víctima de un delito de violación de sus derechos humanos, un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo nivel de bienestar.
De este modo, en virtud de las múltiples luces del dictamen a discusión, las y los diputados de Encuentro Social, conscientes de los beneficios que la reforma traerá consigo, votaremos a favor. Es cuanto, presidente.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene el uso de la palabra la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por tres minutos.
La diputada Angélica Reyes Ávila: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, les saludo con respeto.
En esta ocasión me refiero al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. Lo anterior, con la finalidad de robustecer las medidas de ayuda, asistencia, atención y rehabilitación para las víctimas.
La propuesta pretende hacer una reestructuración de los órganos operativos. Es un hecho lastimoso que la mayoría de los estados siguen sin cumplir con los mandatos que les impone la ley.
Por eso es preciso establecer la obligación de que las entidades federativas cuenten con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, con lo cual la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones ejecutivas de los estados podrán, con cargo al fondo federal o a los fondos estatales, proporcionar recursos de ayuda.
Es preciso dotar a la Comisión Ejecutiva de directrices puntuales a fin de intervenir efectivamente en la atención a las víctimas y de ser el caso conseguir la reparación del daño.
No queremos dejar pasar un tema que nos parece fundamental y con el cual coincidimos plenamente, y es la inclusión del interés superior de la niñez como uno de los principios rectores de la ley.
En Nueva Alianza estamos decididos a no ser omisos con las obligaciones que tenemos para quienes han sufrido en su vida, su familia, su integridad física, psicológica o su patrimonio. Por eso coincidimos con el presente dictamen, confiando en que las acciones que se deriven de este decreto se conviertan en una atenuante del dolor de miles de mexicanas y mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene el uso de la palabra la diputada Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.
La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. La crisis de derechos humanos que atraviesa nuestro país requiere de un proceso de reconocimiento y aceptación. Nada gana en México ni las víctimas con la negación de esta crisis.
Han sido persistentes y constantes los reportes y recomendaciones por parte de los principales organismos de derechos humanos nacionales e internacionales a lo largo de este sexenio.
Esta crisis de derechos humanos ha llevado a organizaciones internacionales a señalar que en México se han cometido crímenes de lesa humanidad. Hemos atestiguado casos terribles, como: Tlatlaya, con 21 ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército, como el de Iguala, en el que 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos; como el de Tanhuato, en donde la policía federal ejecutó extrajudicialmente a por lo menos 22 personas; o como el de Nochixtlán, en que una decena de manifestantes fueron asesinados en un operativo de la policía.
La legislación en materia de víctimas es uno de los principales instrumentos que tiene el Estado mexicano para reconocer este problema, pero también para reparar el daño. Su aplicación no ha estado a salvo de obstáculos y resistencia, pero no por eso podemos perder de vista que esta legislación es uno de los principales instrumentos que tenemos para hacer frente a esta crisis de derechos humanos.
Decimos que una legislación en materia de víctimas es un instrumento idóneo para combatir la crisis de derechos humanos por la que atraviesa México, porque se reconoce la dimensión de un problema que lastima a la sociedad; porque se reconoce como sujetos de derecho a quienes no tienen voz; porque se restituye y repara el daño que en muchas ocasiones es cometido por el Estado en contra de sus ciudadanos.
Sin una Ley de Víctimas apropiada México no será capaz de salir de esta crisis. La actual Ley de Víctimas es resultado de la lucha de la sociedad civil y de los colectivos de víctimas, las violaciones a los derechos humanos se reconocen hoy como las víctimas que tienen rostro, tienen nombre y deben ser reconocidas y reparadas.
La reforma que estamos discutiendo hoy no es perfecta, pero intenta superar obstáculos, intenta ser más operativa y eficaz la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, darle viabilidad y suficiencia al Fondo de Asistencia, pero la reparación del daño no es la sustitución de recursos económicos por el castigo y sanción de los culpables.
Estamos convencidos como fracción ciudadana, que los derechos de las víctimas no se negocian ni se regatean, ni mucho menos se quitan. Por ello, conscientes de que este instrumento normativo, como cualquier otro, requiere ser probado en su aplicación, votaremos a favor con una reserva, que es el nombramiento del primer comisionado ejecutivo, porque el compromiso debe ser puntual seguimiento y aplicación a la norma, apreciar cómo funciona y corregir.
En beneficio de la ciudadanía está esta Ley de Víctimas, todo lo que puede ser mejorado lo tendremos que revisar. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene el uso de la palabra la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.
La diputada Ernestina Godoy Ramos: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros, a 10 años del inicio de la guerra declarada contra el narcotráfico, los resultados son desoladores, la derrota de una estrategia militar que nos cuesta a todos y se hace presente cada vez con más fuerza en nuestras vidas.
El parte de guerra de hoy: Más de 100 mil muertes, 30 mil desaparecidos. En ese lapso creció en más del doble la cifra de secuestros denunciados. Las denuncias por extorsión se triplicaron, las bandas criminales son más fuertes, están más armadas y mejor equipadas. Miles de niños y adolescentes armados como soldados del crimen. El dinero sucio se limpia, genera derrama económica y se transforma en puntos del PIB. Crecen las fortunas de algunos, la pobreza de incrementa y el tejido social se deteriora.
Lo más terrible es que la mayoría nos acostumbramos. Es mejor seguir de largo y asumir que estamos lejos de las balas. El país está carcomido en su espíritu. Pocas cosas cimbran y movilizan.
En los últimos años han sucedido en México los crímenes más atroces. En 10 años hemos sido incapaces de enfrentar el drama humano generado por esta absurda guerra de Calderón y Peña.
Cuando al Estado no le preocupa la justicia ni la búsqueda de la verdad, invita a la repetición, garantiza la impunidad a los victimarios y olvida a las víctimas.
Diez años de contar víctimas y hasta hoy estamos discutiendo nuevamente esta ley. No es motivo de orgullo, sino de vergüenza para las instituciones de la República.
Creemos que este dictamen en lo inmediato resulta un pequeño avance. Pero en el fondo es una afrenta a los colectivos de víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil. Un tema tan sensible y de gran trascendencia dejó fuera a las víctimas mismas.
El dictamen es resultado de un acuerdo político, para que el presidente designe al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Se omitió la petición expresa de las organizaciones para excluir a los actuales comisionados.
Resulta necesario señalar la omisión deliberada de no reconocer una cuestión fáctica, que es el desplazamiento de miles de personas, desplazamiento forzado. Esta circunstancia implicó desconocer el desplazamiento interno forzado, lo cual en la especie implicará que persistan trabas burocráticas.
Es una vergüenza para esta Cámara la forma en que se procesó el dictamen, sin la consulta y el consenso de las víctimas y de las organizaciones. Además que en la Comisión de Justicia no se permitió la discusión.
Dese aquí decimos: Morena seguirá caminando al lado de las víctimas y sus familiares. Seguiremos denunciando las graves violaciones. Reconocemos los avances, pero ubicamos temas importantes que quedaron pendientes. La desdicha nacional que estamos viviendo merece una legislación que tenga a las víctimas como eje central de la reforma.
Los temas importantes que quedaron pendientes son, el tema de la autonomía de la comisión; la descripción, la definición de desplazamiento interno forzado; ubican el tema de los peritajes, le ponen un candado al tema de los peritajes internacionales e independientes; el nombramiento del titular de la comisión va a ser hecho por esta ocasión, por una primera vez, por el presidente de la república, vamos a presentar reservas; el tema del presupuesto, en lugar de ser acumulativo le pone que será hasta el 0.014, estamos en contra de eso. Reconocemos avances y por eso Morena, en consecuencia, votará en abstención. Es cuanto.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene el uso de la palabra la diputada Lia Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, hasta por tres minutos.
La diputada Lia Limón García: Con su venia, presidenta. Las reformas que hoy estamos discutiendo a la Ley General de Víctimas buscan subsanar deficiencias de esta ley que han impedido la correcta operación y el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y también el correcto funcionamiento del Fondo para la Reparación a las Víctimas.
Esta serie de reformas yo las dividiría en dos rubros. Aquellas que tienen que ver con poder agilizar los recursos que se encuentran en el fondo, que es justamente la de fortalecer la ayuda provisional a las víctimas y crear un esquema más flexible para el uso y comprobación de los recursos. Y por otro lado, la que tiene que ver con la estructura de la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para hacerla más operativa.
El fondo lamentablemente, el fondo tiene una cantidad importante, Morena ahorita mencionaba, cuestionaba el tema de la definición del presupuesto del fondo. La ley establece que el fondo debe de ser de 0.014 por ciento de lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y eso se mantiene. Es decir, la reforma que se hace garantiza que cada año el fondo cuente con ese recurso.
El problema no ha sido la falta de fondos para la atención a víctimas, el problema ha sido la serie de trabas que existen en la propia ley para poder ejercer este fondo. Con estas reformas hoy las víctimas podrán recibir apoyo de manera adecuada, no solo como indemnización sino también apoyos para poder ejercer varios de los otros derechos establecidos en la propia ley.
También se fortalece la facultad de atracción de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esto quiere decir que se da la posibilidad de que ante ciertas condiciones la comisión pueda atraer los casos que se encuentran en entidades federativas y que no han sido atendidos y pueden repetir contra las entidades federativas para que éstas cubran los recursos o el otro modo de hacerlo es ir directamente al presupuesto del siguiente año de la entidad federativa que debe de hacer este pago.
En cuanto a la restructuración de la comisión, aquí se cuestionaba y se decía que se dejó fuera a los colectivos y a las organizaciones de la sociedad civil. Eso es falso. Se está modificando la comisión para que en lugar de ser un cuerpo colegiado sea unipersonal, porque como ustedes bien saben, los cuerpos colegiados muchas veces son muy democráticos pero poco ágiles y lo que se requiere es una mayor agilidad de la comisión en beneficio de las víctimas.
Por ello se modifica y se hace unipersonal pero se establece una asamblea consultiva conformado justamente por nueve personas, miembros de colectivos de víctimas y de organizaciones de la sociedad civil y académicos que llevarán y seguirán llevando la voz de las víctimas.
Y trato de explicar un par de temas más. Se cuestionaba aquí también el tema de dejar de lado el tema del desplazamiento interno forzado. No se está dejando de lado, se está incluyendo desplazamiento interno.
No se incluye la palabra forzado porque si revisan los instrumentos internacionales, los instrumentos internacionales de derechos humanos se refieren a desplazamiento interno forzado en aquellos estados que están en guerra o en un conflicto interno armado, no es el caso de México, por eso se dejó específicamente el término de desplazamiento interno, agregando esta posibilidad de que se atienda ese grupo de personas, así como también a los migrantes.
Por último, en cuanto a peritajes independientes, se establece la posibilidad de que se puedan pagar peritajes independientes con cargo al fondo en aquellas materias donde no se contase con peritos expertos en México.
En esos casos se pueden traer peritos internacionales para atender esos temas. Esa es otra de las reformas importantes de esta ley y solo quiero decir que estoy convencida de que votar a favor de este dictamen es votar a favor de las víctimas. Votar a favor de que las víctimas puedan ejercer sus derechos, entre otros el de reparación, el de indemnización y todos los demás derechos establecidos en la Ley General de Víctimas. Y es votar a favor de que por fin pueda funcionar una ley que tiene elementos muy positivos pero que por ciertas trabas hasta hoy no hay podido funcionar.
Por ello, por lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México daremos nuestro voto a favor. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD, por tres minutos.
El diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada presidenta. Con su venia. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy presenta la Comisión de Justicia, con la opinión de la Comisión de Derechos Humanos, tiene por objeto realizar múltiples ajustes a la Ley General de Víctimas, que derivan de su propia falta de funcionamiento.
En el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática hemos hecho un amplio análisis de esta propuesta de Ley General de Víctimas. Muchas voces en contra, otras a favor, hemos defendido este dictamen desde el momento en que fue turnado por parte del Senado.
Hemos defendido que sean incluidos aspectos trascendentales como lo son la facultad de atracción, que hoy adquiere esta nueva conformación de la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas del Delito.
Hemos defendido la protección que en este dictamen se le da al interés superior de la niñez. Hemos defendido el hecho de que se haya plasmado en este dictamen que el apoyo económico por parte del fondo ya se otorgará de manera expedita, sin necesidad de una sentencia de carácter judicial.
Hemos defendido que la asamblea consultiva sea de una representación equilibrada, con participación de colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, académicos, etcétera.
Hemos señalado también con mucha puntualidad una serie de omisiones y errores que se han detectado también en el cuerpo del presente dictamen.
Por ejemplo, el tratamiento que se le da al ofrecimiento de los peritos especializados en diversas materias, poniendo una barrera para que no se eche mano de peritos internacionales, de peritos extranjeros, hasta en tanto no se agoten los peritos especializados en la materia del país.
Hemos señalado nosotros de manera puntual, que es necesario que se plasme en el cuerpo de la ley o que se incluya el término de desplazamiento forzoso interno. Hemos propuesto que este organismo sea un organismo completamente autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo cual no ha sucedido.
Pero hoy por hoy, también reconocemos en lo particular las bondades de este dictamen, porque con esto en lo particular estoy consciente de que se va a dar respuesta a más de 185 mil mexicanos que se desplazaron a otras entidades debido a la violencia y a la inseguridad. Por su parte la ONU también es de destacar que establece que hay un 1.7 millones de desplazados.
Entonces, compañeros y compañeras, no confundamos este dictamen y no tratemos de engañar, tiene bondades, pero como lo dije desde un principio y dado que me están acortando ya el tiempo, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará en consciencia utilizando el libre albedrío de cada uno de los compañeros y compañeras que lo integramos.
En lo particular, anuncio mi voto a favor del presente dictamen, como lo van a hacer otros compañeros y compañeras, y tal y como lo hicimos en la comisión en congruencia. Y en congruencia, dándole respuesta a los miles de desplazados, a los miles de mexicanos que han sido víctimas de violación de sus derechos humanos.
Por ello, en lo particular, anuncio mi voto a favor y reitero la posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene el uso de la palabra, el diputado Javier Antonio Neblina Vega, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por tres minutos.
El diputado Javier Antonio Neblina Vega: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados. La ola de violencia que vive nuestro país, desde hace varios años ha obligado al Estado mexicano a saldar una deuda histórica o en la figura de la víctima de los delitos.
Durante prácticamente toda la historia del procesamiento penal mexicano, la figura central fue el presunto delincuente. En torno a ella se desarrollaron leyes, normas, políticas públicas, enfoques y teorías. La figura de víctima estuvo relegada y se consideraba que la simple existencia del Ministerio Público como representante social colmaba todas las necesidades para el acceso y satisfacción de la justicia por parte de quien sufriera directa o indirectamente un delito.
A lo largo de las décadas, dentro de la evolución de la criminología latinoamericana se fue gestando un área de estudio relativa a este grupo vulnerable. Así nació la victimología.
Ha sido tan importante la conformación de un área que se dedique en exclusiva a las víctimas y ofendidos, que la victimología ya se debe considerar una rama de estudio independiente. En México se cuenta con dos hechos relevantes en este campo.
El primero fue la inclusión de un catálogo de derechos para la figura de víctima en la reforma constitucional de 2008. El segundo fue la creación de la Procuraduría de Atención a Víctimas en 2011.
Con posterioridad, fue emitida la Ley General de Víctimas en su primera versión, sin embargo dicho texto tuvo muchos errores, al grado que el Ejecutivo en turno remitió varias observaciones. Ya en este sexenio se tuvo que enmendar debido a los despropósitos que contenía.
Además de generar confusiones y una falsa competencia entre víctimas de delitos que son la razón de su existencia, y víctimas de derechos humanos, es que se han generado estructuras disfuncionales y una política errática.
La mayor muestra de lo anterior, es que en estos tres años la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha tenido un subejercicio de mil 500 millones de pesos respecto de los cuales no ha existido capacidad de gestionar una aplicación provechosa en los numerosos casos de víctimas de violencia.
Al votar a favor del presente dictamen, los diputados del PAN hacemos un enérgico llamado a las autoridades responsables para que de inmediato se desplieguen acciones de apoyo a las víctimas del delito.
Igualmente exigimos que los pagos a presuntas víctimas de violación a los derechos humanos, no se hagan en contextos que revictimicen a ofendidos de delitos graves como secuestros, extorsiones y homicidios.
Calificamos como favorable que en este proyecto se homologuen los derechos procesales con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Otro de los rubros en los que queremos hacer patente nuestra atención, es que en la Asamblea Consultiva se observe una composición que privilegie la presencia de organismos de las dos categorías victímales que la ley prevé.
Los diputados del PAN votaremos a favor del dictamen advirtiendo de antemano que seremos muy escrupulosos vigilantes del desempeño de los órganos directivos y ejecutivos de las políticas que dispone tanto la ley como las reformas que se aprobarán. Compañeros diputados y diputadas, muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Sofía Tamayo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.
La diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Muchas gracias, presidenta; con su autorización. Compañeras y compañeros diputados, el sufrimiento de las víctimas es el dolor de la nación toda; superarlo exige escuchar las voces de los agraviados, ser sensibles y proceder con base a la ley.
En la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad, del año 2008, se estableció en el artículo 20 de nuestra Constitución la reparación del daño a la víctima.
Asimismo en el apartado b) de ese mismo artículo 20 se reconocen los derechos de la víctima u ofendido, entre ellos la impugnación ante autoridad jurisdiccional, el desistimiento de la acción penal o la suspensión del procedimiento, cuando sea reparado el daño ocasionado, el derecho a recibir asesoría jurídica gratuita, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y el procedimiento penal, coadyuvar con el ministerio público, que le reciban todos los datos y elementos de prueba con los que cuente tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen diligencias y pruebas en su favor, a intervenir en el juicio e interponer recursos en los términos establecidos por la ley.
Esta ley generó mecanismos efectivos, un adelanto en nuestra legislación de la mayor importancia y significó un perfil, se connotó por un perfil humanista y progresista, ya que se constituyó el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que se complementó con el establecimiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es la institución encargada de operar la política del estado en esa materia y de establecer un derecho para que resulte eficaz.
Los priistas queremos una sociedad segura y de leyes en la que éstas se apliquen con justicia, firmeza y sin distingos, sin perder de vista que contribuya a resarcir los daños para quienes se han visto afectados.
Consecuentemente consistentes con nuestra función-obligación como Poder Legislativo, el día de hoy realizamos importantes modificaciones a este instrumento legal. El documento que se somete a consideración de esta soberanía tiene entre otros, beneficios la eficacia y eficiencia de la oportunidad y acceso en los recursos al fondo de ayuda de asistencia y reparación integral, y está facultado esta comisión ejecutiva para poder no nada más atender, sino atraer los asuntos del fuero común.
Se incluye el principio de interés superior de la niñez; se fortalece la protección de los derechos vulnerados con motivo de los desplazamientos internos y se respetan de todos los principios establecidos en la ley en favor de las víctimas.
Diputadas y diputados, en palabras de Nelson Mandela, activista sudafricano, privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Como legisladores no podemos permitir que la condición de víctima se agudice a causa de la ineficiencia de las leyes. Por eso pido de todos ustedes el voto a favor. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias diputada. Con esta intervención se informa a la asamblea que termina el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Por lo tanto, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los siguientes diputados:
Diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena; diputado Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena; diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar en contra. En consecuencia tiene la palabra el diputado Alfredo Basurto Román, has por tres minutos.
El diputado Alfredo Basurto Román: Sí. Buenas tardes, compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Con su venia, señora presidenta. Antes de hacer mi posicionamiento, creo que es pertinente y el momento procesal oportuno para hacer alguna apreciación.
Escuchando con atención a los legisladores que me antecedieron en el uso de la voz, como que veo que se confunde la reparación del daño con la atención e indemnización a víctimas. Compañeros, son dos cosas totalmente diferentes.
La reparación del daño proviene después de un procedimiento y de la comisión de un delito de por medio; y esta no se puede hacer si no existe de por medio una sentencia ejecutoriada, es decir, que se haya declarado la verdad legal e incontrovertible.
Totalmente diferente al dictamen que hoy en un momento se votará, que habla sobre la atención a víctimas. En este aspecto son sujetos totalmente diferentes por las razones que incluso en el mismo dictamen se están precisando.
En ese sentido, en Morena, vemos que, si bien es cierto el dictamen representa avances, más sin embargo, no obstante ello el gobierno federal queda mucho todavía que deberle a la sociedad civil. En ese aspecto podré comentar algunos aspectos.
La historia nos ha dicho que es más fácil que se corrompa una persona unipersonal cuando ejerce un cargo que un órgano colegiado, es decir, cuando se comparte la responsabilidad entre varios sujetos es más difícil que se pueda corromper a que una persona unipersonal pueda decidir, como es el caso.
Más sin embargo, si vemos el dictamen por primera vez y por única vez, a propuesta del Ejecutivo federal se va a designar por una terna en el Senado al comisionado. También ahí hacemos nuestra crítica porque no se define exactamente que este comisionado, por cierto que forma parte del consejo que viene fungiendo, no sea de una afiliación partidista.
Desde el momento que el presidente lo está proponiendo, sabemos que es afín al partido que gobierna en el poder y como historia ustedes dirán, pero va a ser una persona independiente, no dependiendo del Ejecutivo ni del Legislativo, yo tengo mis dudas, para ello los llevaría en unos meses atrás, unos días cómo se designaron a los magistrados electorales, cómo se designa a los consejeros del INE y entre comillas, compañeros, se supone que son órganos autónomos e independientes.
Pero falta mucho, miren, y podríamos hacer muchas críticas no obstante el tiempo que se nos otorga muy limitado, pero de los 2 mil millones de pesos que existían en el fondo, desafortunadamente nada más se ejerció el 3 por ciento. Es decir, 83 millones de pesos nada más se ejercieron de los 2 mil millones de pesos que existían en el Fondo para Atención a Víctimas, y que curiosamente, compañeros, a quién se le otorgó ese beneficio, exclusivamente a puros familiares de militares.
Es decir, el grosor de las víctimas de los de más de mil, de un millón 500 mil personas que el año próximo pasado sufrieron y fueron objeto de este estatus de víctimas, no se les atendió.
Yo concedo la duda de la razón al dictamen porque aquí veo que puras flores y que es muy buen dictamen, que una ley de avanzada, esperemos el tiempo que nos dé la razón, compañeros, pero estoy seguro que la ley, el dictamen como se presenta lleva varias deficiencias y también esos son los argumentos, la ley es perfeccionable, no es perfecta, pero creemos en Morena que se le quedó mucho a deber a la sociedad. Es por ello que en su momento vamos en contra del dictamen. Es cuanto, compañeros. Gracias, presidenta.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez: Gracias, presidenta. La Ley General de Víctimas tiene que ser abordada desde el punto de vista de las víctimas, y aquí a este recinto nos vinieron a decir familiares de alguna de estas víctimas, que señalan al Estado y al Ejecutivo federal del pesar de ellos.
Por eso con mucha razón desconfían de los peritajes nacionales. Cualquiera que se haga sobre los hechos delictivos que ellos señalan y redactada como está la ley, pues no podrían obtener otro tipo de peritajes ni siquiera los internacionales.
Por eso argumento nuestra postura, precisamente por detalles como este, y cito otro y aquí hemos sido reiterativos sobre ese. Sí estas familias que traen consigo la desaparición de un hijo y señalan como culpable al Estado y a su responsable, cómo es posible que le permitamos al Ejecutivo entonces intervenir en el órgano que va a producir, si es que existiera justicia cuando se padece la desaparición de un hijo o la muerte de un hijo, si es que se pudiera reparar ese daño, ¿cómo es posible que le permitamos al culpable intervenir en la decisión del comisionado? Sea a través de una terna, aunque la vote el Senado, es la intervención directa del Ejecutivo en la aprobación del encargado de la Comisión Ejecutivo de Atención a Víctimas.
Ese es nuestro cuestionamiento a esta ley, y si la ley es perfectible, pues hagámoslo ahora. Les pido que escuchen con atención las reservas a las que tenemos y dejemos de una vez por todas, una ley que sea efectiva, expedita y que atienda el punto de vista de las víctimas. Es cuanto, presidente.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Omar Ortega, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos.
El diputado Omar Ortega Álvarez: Con la venia de la Presidencia. Compañeros, el Partido de la Revolución Democrática decidió, por plenaria de su grupo parlamentario, ir en contra de esta propuesta.
Por supuesto que en el PRD existe la libertad de conciencia. Ya dirán algunos diputados cuál será el sentir de su voto. Pero quiero precisar que el Partido de la Revolución Democrática irá en contra de este dictamen.
¿Y cuáles son las razones de fondo para que iríamos en contra del dictamen? Primero, recordar, compañeros, que estas modificaciones, reformas y adiciones nacen de la necesidad imperante de modificar la Ley de Víctimas, por los hechos lamentables ocurridos el 19 de junio en Oaxaca, en Nochixtlán.
En la comisión ex profesa se determinó, con la presencia de varias autoridades, entre ellas el subsecretario de Derechos Humanos, que era importante garantizar la reparación del daño a las víctimas o la reposición de la misma de manera inmediata, porque la ley traía que había que acreditarlo a través de la factura correspondiente y eso conllevaba un proceso largo, tortuoso y hacía imposible la indemnización.
Y por ello se tomó una medida de una reposición del daño, porque no es reparación, la reparación se da hasta el después, hasta después que determina los elementos del tipo y la probable responsabilidad.
Hoy esta propuesta viene en la ley, en las reformas a la Ley General de Víctimas, pero de paso deciden hacer otros elementos que hacen inviable estas reformas o que determinan un retroceso.
Uno. Hacer que sea unipersonal la Comisión Ejecutiva de Víctimas, ya no un colectivo y sí una sola persona, pero no sólo eso, también dicen ahora que sea el presidente de la república el que lo nombre. Juez y parte en un tema tan delicado como las víctimas
Dos. Desplazamiento interno forzado. En ninguna parte del dictamen dice, primero, qué se entiende por desplazamiento interno forzado, cómo se va a atender esta víctima tan importante.
No tengamos miedo, el Estado mexicano, a reconocer que hay violencia en el Estado mexicano, que hay delincuencia organizada, pero el problema no es reconocerlo, el tema fundamental es prevenirlo y poner en la ley que existe la figura de desplazamiento interno forzado, para cuando haya la necesidad se pueda tipificar y se pueda atender de manera adecuada. Por ello es un tema sustantivo y nosotros iremos en contra de la propuesta.
Un tema más, el tema de las periciales. Aquí no hay que ver si es mexicano o extranjero el que hace el peritaje, hay que garantizarle a la víctima la facultad irrestricta y el derecho de que él determine qué perito es más capaz, idóneo para su pericial a su prueba.
Son los temas por los cuales el PRD votará en contra este dictamen. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Suficientemente discutido en lo general.
Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos: 5, 6, 7, 8, 12, 15, 21, 28, 38, 45, 47, 79, 83, 84, 84 Ter, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 96, 132, 135, 136, 179, 180, quinto, octavo y décimo quinto transitorios.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general, de este dictamen.
(Votación)
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Falta algún diputado o alguna diputada de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 323 votos a favor, 34 abstenciones y 41 votos en contra, presidenta.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 323 votos. Una vez cerrado el sistema de votación, honorable asamblea, informo que el diputado presidente de esta Cámara, no estando presente en este momento por encontrarse en el informe de labores del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha solicitado que se registre su aprobación a la reforma actualmente en votación, solo para registro en el Diario de los Debates.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar sus propuestas de modificaciones a los artículos 5, 7, 12, 15, 21, 38, 45, 47, 87 y 36, hasta por cinco minutos.
El diputado Omar Ortega Álvarez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros, creo que es importante señalar, particularmente me voy a referir primero al desplazamiento interno forzado en el contenido del dictamen.
En el dictamen en comento viene muy omiso el término, de hecho no se presenta salvo en una descripción que dice que no se contempla en el derecho mexicano la figura de desplazamiento forzado interno, por lo cual es importante que se considere en el contenido del mismo, pero lo cierto es que ya en el contenido de la misma norma o de la disposición que se está poniendo a consideración el día de hoy, no aparece ninguna parte, ni en el artículo 5, ni en el 7 que habla con toda precisión del edredario o del concepto que debe de tener el desplazamiento interno forzado, así como en el 38, 45 y 47.
Entonces es importante que aparezca en la ley, dado que señalan algunos compañeros que basta que se presente en la fundamentación y motivación del dictamen, partiendo de la base que el espíritu del legislador por supuesto que forma parte de la ley o de la norma. Pero lo cierto es, que si no aparece explícitamente en el contenido de la norma, pues no se puede aplicar norma alguna si no existe en sus disposiciones.
Por ello nosotros queremos agregar la definición de desplazamiento interno forzado, así como la necesidad de su reconocimiento y una figura jurídica. Por ello es parte de la propuesta que estamos presentando el día de hoy de las modificaciones.
Con más precisión el objeto es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de las violaciones a derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos de los que nuestra República es parte, me parece una absoluta incongruencia que las personas que se encuentren en situación de desplazamiento forzado interno, no aparecen. Por ello esto es más que importante.
Por otro lado, lo señalaba también en mi participación anterior, se va a garantizar la reparación del daño y la reposición del mismo, pero se da un término finito o determinado para garantizar o comprobar el gasto de la indemnización; se da un mes para que las víctimas o los deudos puedan de manera clara acreditar el dinero que se gastaron en la reparación del daño. Lo que estamos pidiendo es muy simple, que se dé la facultad para que sea en 12 meses la comprobación del gasto.
Es todo un viacrucis que le den la indemnización y después, en menos de un mes, tener que justificarlo. Creo que habría que ser ahí más laxo para darles más garantías a las víctimas.
Por último el tema de las periciales. Insisto de manera muy puntual que es importante que la víctima sea la que tenga la facultad de determinar si el perito es mexicano o internacional y si la prueba es idónea. Es cuanto, señora presidenta, y espero que sean a favor las propuestas.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de modificación.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aceptan las modificaciones presentadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desechan. Se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene el uso de la palabra la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena para presentar sus propuestas de modificaciones a los artículos 6, 12, 15, 21, 132 y quinto transitorio, hasta por 7 minutos.
La diputada Norma Xóchitl Hernández Colín: Con su venia, diputada presidenta. Desde la promulgación de la Ley General de Víctimas esta ha sido severamente criticada por su corto alcance y por haber sido omisa al retomar las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil.
Hasta el momento los familiares o quienes han sufrido alguna violación a sus derechos humanos, no han tenido acceso a los recursos contenidos en el Fondo de Apoyo a Víctimas.
La redacción original de la ley ha permitido que menos de 200 personas recibieran alguna compensación económica por padecer de la delincuencia o del mal funcionamiento de la administración pública, pese a que en 2015 se han denunciado más de 15 mil homicidios dolosos y se han presentado más de 45 mil quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por desgracia el dictamen que presenta la Comisión de Justicia muestra que de nueva cuenta se dilapidó la gran oportunidad de crear una legislación que dé un reflejo de esta realidad; se desperdició la oportunidad de adecuarla para convertirla en un instrumento real de apoyo de quienes padecen estas constantes violaciones.
El dictamen no aborda modificación alguna en contra del modelo de gastos de las víctimas de forma devengada, es decir, la víctima primero tiene que hacer el pago de la atención médica, psicológica, servicios funerarios o de cualquier otra índole, y posteriormente realizar un trámite para el reembolso del dinero gastado, lo cual muestra una gran insensibilidad ante la vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas con sus familiares.
De la misma manera se desatendieron peticiones realizadas por la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Por ejemplo las facultadas para atraer y atender casos que sean competencia originaria de las entidades federativas, o de generar un concepto de reparación integral con cargo al fondo, ya que la restitución, rehabilitación, satisfacción y no repetición, también puede ser evaluables económicamente.
Se debió prever un esquema flexible de comprobación de gastos de los pagos con cargo al fondo, que este pueda llevar a cabo adquisiciones y contratación de servicios, además de agilizar la provisión de materiales que permitan la atención médica emergente. Por ello es que este dictamen se queda corto.
Además se adiciona un trámite totalmente innecesario que desatiende de nueva cuenta el estado de vulnerabilidad de las víctimas al obligarlas a solicitar asistencia legal si no se quiere o no se puede contratar con un abogado externo, cuando es obvio que el trámite puede llevarlo a cabo el Estado de manera oficiosa.
Se elimina la posibilidad de contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales sin que si quiera exista un razonamiento lógico que lo funde, a pesar de que en diversas ocasiones se ha demostrado que cuando el Estado lleva a cabo las indagatorias, lo hacen de manera parcial y sin obtener resultados concretos, ejemplos los tenemos en demasía.
Se condiciona la aportación federal para la constitución del fondo de ayuda para las víctimas a pesar de que en la actualidad es casi imposible acceder a él, aún así se pretende que el monto no sea fijo, en lugar de incrementarlo para una atención universal.
Por otro lado, el asunto más grave y peligroso a través de estas reformas, es que se atenta contra la comisión ejecutiva al inhibir la representatividad que debe tener un órgano de tal importancia, ya que de estar compuesta por siete comisionados, ahora se pretende que sea dirigida solo por uno, lo cual, si duda, representará discrecionalidad y falta de legitimidad en las decisiones.
De ninguna manera es buena idea la ausencia de órganos colegiados. Por ejemplo, el jefe de gobierno de la Ciudad de México es la única persona en quien recae la administración pública local y es quien de manera discrecional y sin escuchar las voces de reclamo se ha negado constantemente a declarar la alerta de género de violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, a pesar del alto número de feminicidios que se han suscitado en la capital del país.
De lo anterior se desprende que al ser una sola persona encargada de conducir un órgano, ésta puede detentar las voces que no sean de su corriente ideológica como lo he mencionado en la Ciudad de México.
El desmantelamiento de un cuerpo colegiado de decisiones es retrógrado, trasgrede los principios democráticos de pluralidad, representatividad, que deben permear en la toma de decisiones, mucho más en un tema tan importante como la atención de las víctimas de delito o la violación de derechos humanos.
Compañeras, compañeros, esta es una reforma de gran calado que implica un verdadero cambio de atención a las víctimas. Necesitamos ser receptivos, sensibles. ¿Ustedes, les pregunto, han sido víctimas? Yo sí. Es cuanto.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas de modificación planteadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desechan. Se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene el uso de la palabra la diputada Ernestina Godoy Ramos, para presentar propuestas de modificación a los artículos sexto y quinto transitorio, hasta por cuatro minutos.
La diputada Ernestina Godoy Ramos: Gracias. Voy a tratar de ser breve. Las reservas que estoy presentando al dictamen que se somete a consideración tiene por objeto lo siguiente: incluir una definición de lo que debe entenderse por desplazamiento interno forzado.
Y estamos proponiendo la definición aceptada internacionalmente, que es la siguiente: las personas o grupo de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.
El otro aspecto es eliminar la disposición que se encuentra en el quinto transitorio, que le permite al titular del Ejecutivo designar por única ocasión al comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, quien además durará en su encargo tres años.
Lo anterior es así ya que el dictamen no reconoce los derechos de las personas víctimas de desplazamiento interno forzado. Pese a lo que la diputada del Verde Ecologista dice, sí habla de desplazamiento interno, no de desplazamiento interno forzado, pero no definen qué se entiende por desplazamiento interno forzado. De modo que se quedará al arbitrio de la Comisión determinar cuándo se está en ese supuesto y tendrá derecho a los beneficios que se establecen en la propia ley.
La reforma que se propone entonces no establece la definición. Sin lugar a duda esto implica un desconocimiento de una realidad consistente en el hecho de que las personas sean desplazadas de su lugar de origen a otros lugares, como consecuencia del delito o de violaciones a derechos humanos, lo que de suyo implica una negativa a reconocerles derechos por ser afectados por dichas circunstancias.
Por otra parte, el dictamen deja de considerar un mecanismo que se establece en la ley, de designación del comisionado ejecutivo, para que sea propuesto en una terna por las organizaciones de la sociedad civil, y luego el presiente lo pase al Senado.
Para el primer periodo, esto es un acuerdo político, será propuesto por el Ejecutivo, además que no hay previsión expresa para que los comisionados de la actual Comisión y otros políticos y funcionarios, dejen de ser considerados para presidir lo que habrá de ser la nueva Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Por eso estoy presentando estas reservas para adicionar una fracción III Bis al artículo 6, y para eliminar el artículo quinto transitorio. Es cuanto.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
El diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del PRD, ha retirado sus propuestas de modificación a los artículos 6, 12, 85, 93 y Quinto transitorio.
Tiene el uso de la palabra la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de modificaciones a los artículos 7, 8, 28, 38, 45, 47, 79 y 86. Hasta por cinco minutos.
La diputada Araceli Damián González: Me da realmente pena estar en un Congreso en el que le aplaudan a quien no quiere presentar sus reservas para ya irse rápido, caramba, porque saben que está aquí la aplanadora. Pero bueno.
Vengo a presentar reservas a la Ley de Víctimas en todos los artículos que están relacionados también con la situación de desplazamiento interno forzado.
En marzo de 2011 comenzaron las acciones del primer movimiento social de víctimas, que reunió y movilizó a organizaciones e individuos de todo México. Tras meses de recorrer el norte y sur del país, lograron que los Poderes Ejecutivo y Legislativo comprendieran lo importante –cosa que no hicieron hoy– que era contar con una ley para proteger los derechos de las víctimas de la violencia, el abuso de poder y las violaciones de los derechos humanos, que la absurda guerra contra el narcotráfico iniciaba en el sexenio del panista Felipe Calderón provocó y sigue provocando.
Esa ley además era un reconocimiento de la deuda que el Estado mexicano tenía con decenas de miles de personas desde hacía ya décadas.
Como ocurre pocas veces en este recinto, se aprobó por unanimidad la legislación, pero el indolente Felipe Calderón, ¿verdad? Provocó que se vetara esta ley, lo que a final de cuentas conllevó a una controversia constitucional.
En enero de 2013, se promulga la Ley de Víctimas, que hoy se busca reformar. La demanda de las víctimas es clara, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que esta ley creó, no ha hecho su trabajo. Debemos cambiar su estructura para hacerla más eficiente, pero hagámoslo escuchando a las víctimas que sufren todos los días la insensibilidad de quienes pretenden sustituir su derecho a la verdad y a la justicia por dinero.
Por eso es que presento la reforma al artículo 86, además si quienes han estado a la cabeza de la Comisión Ejecutiva han sido omisos en su labor, no permitamos que puedan volver a ser designados.
Por casi tres años decenas de organizaciones sociales han exigido la renuncia de los comisionados que han dejado a las víctimas en el desamparo. No cometamos el error de permitir que esto se mantenga, por eso es que se adiciona este artículo o fracción V, el que además de no haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político dentro de los años, dos años previos a su designación, estos no puedan haber desempeñado el cargo de comisionado en la Comisión Ejecutiva, previamente.
De igual forma, reconozcamos que la guerra contra el narcotráfico en México ha provocado desplazamiento forzado, como ya lo han señalado mis compañeras. No sólo desplazamiento interno, como se pretende decir en esta ley, estamos en periodo muy grave en materia de violación de derechos humanos.
En cada rincón, en cada pueblo de nuestro país hay cientos de miles de asentamientos humanos que están vacíos por desplazamiento forzado. Hay que señalarlo, quedan cosas pendientes en esta reforma y Morena buscará que sean reconocidas en la Ley de Víctimas.
Necesitamos que la Comisión Ejecutiva sea autónoma y no cuente con una Junta de Gobierno, sino con un Consejo Directivo. Necesitamos que no haya designación directa de comisionados a modo, sino convocatorias amplias e incluyentes para encontrar a la persona con el perfil adecuado para dirigir la Comisión. Y por supuesto, necesitamos sanciones claras para funcionarios que revictimizan y tratan sin dignidad y con negligencia a las víctimas.
Sin estas modificaciones corremos el riesgo de que la Ley General de Víctimas siga sin funcionar a la altura de la crisis que existe en el país. Muchas gracias, presidenta.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten las propuestas de modificación.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidente, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desechan. Se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene el uso de la palabra la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar propuestas de modificación a los artículos 12, 15 y 21. Hasta por cinco minutos.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, las reservas que hoy presento tienen por objeto preservar un derecho adquirido ya por las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, el de nombrar a expertos o peritos independientes, sean nacionales o internacionales.
Según el artículo 1 de nuestra Constitución, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado sobre las exigencias del principio de progresividad. En sentido negativo impone una prohibición de regresividad. El legislador, como nosotros, tiene prohibido, en principio, emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos.
La asistencia técnica ha estado presente en el panorama internacional y en los diversos mecanismos de protección de los derechos humanos. Hoy busco que México no retroceda al eliminar artificialmente los derechos de las víctimas. Asumamos el deber que como legisladores tenemos de cumplir con este principio de progresividad.
Las reservas que se presentan van dirigidas a los artículos que modifican de manera regresiva un derecho que las víctimas ya tenían, el poder solicitar la intervención de expertas o expertos y peritos internacionales, y que estos sean cubiertos por el fondo de atención a víctimas. Esto ya estaba en la ley, es un derecho ganado por las víctimas, pero parece que algunos legisladores legislan por consigna, para proteger o protegerse con ese halo de impunidad, más allá de buscar el derecho de las víctimas.
En tres ocasiones se señala lo siguiente en esa ley: “Solo se podrá contratar servicios de expertos independientes o de peritos internacionales cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia". Eso en los artículos 12, 15 y 21 de la ley.
¿Ya se nos olvidó, por ejemplo, lo que últimamente hemos padecido? ¿De los señalamientos que se hicieron en contra de servidores públicos y cómo un servidor público fue acorralado a tal punto de tener que demitir de su cargo por no haber querido acusar una investigación acorde a los intereses de la Presidencia? ¿Ya nos olvidamos de Tomás Zerón?
Pero no nos engañemos, compañeras diputadas y compañeros diputados, eso tiene una clara consigna política de la experiencia que tuvo el gobierno mexicano, la mala experiencia para el gobierno mexicano que resultó de ser confrontados y evidenciados por organismos internacionales en el tema de Ayotzinapa. Y quieren, obviamente, que esto no se repita.
Esta es una clara dedicatoria al Grupo de Expertos Internacionales, a los expertos en antropología forense que con sus argumentos, con sus peritajes y sus elementos debilitaron la verdad histórica construida por Murillo Karam.
Ayer apenas discutíamos la Ley contra la Tortura, y obvio fue que esos diputados, creando una mayoría irresponsable, votaron en contra; aun con una carta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el organismo internacional encargado de velar por los derechos humanos. Ignorada, desdeñada por parte de estos diputados.
Ahora también vamos en un acto regresivo, en un proceso legislativo regresivo e irresponsable que les quita a las víctimas el derecho que ya tienen. Esto, sin lugar a dudas es muy grave, pero deja clara una vez más la política implementada por Enrique Peña Nieto, de grave violación a los derechos humanos y que ha sido avalada por sus diputados aquí en esta Cámara de Diputados. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten las propuestas a discusión.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene el uso de la palabra, el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos 79, 83, 84, 84 Ter, 85, 86, 88, 90, 96, 135 y quinto transitorio, hasta por ocho minutos.
El diputado Juan Romero Tenorio: Con la venia de la Mesa Directiva. Primero solicito que se inserte en el Diario de Debates las reservas que se presentan, de cada uno de los artículos. Ante un Estado fallido no queda más que establecer las condiciones para que los operadores políticos hagan inviable e inoperante esta Ley General de Víctimas.
El sexto transitorio de la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de enero de 3013, estableció la integración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con nueve integrantes. Una reforma posterior del 3 de mayo de 2013, determinó que esta comisión se integraría con siete integrantes.
El 9 de mayo de 2013, el Ejecutivo federal, a través del secretario de Gobernación, previa consulta a organizaciones vinculadas con víctimas y la defensa de sus derechos, presentó al Senado 61 propuestas de ciudadanos para ocupar el cargo de comisionados en esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
El Senado de la República el 23 de septiembre establece el procedimiento de selección de estos comisionados y el 8 de octubre de 2013 aprueba siete comisionados, por cinco, tres y dos y un año del encargo. ¿Por qué modificar esta estructura de una comisión colegiada para cambiarla a un órgano unipersonal? ¿Qué justifica esta modificación legal para que un órgano colegiado que podría acceder a datos de víctimas de secuestro, de extorsión, de desaparición forzada, de desplazamiento interno, sea manejado por una sola persona? Se ha politizado el tema.
Un órgano colegiado no garantiza al Ejecutivo el manejo de esta información; información grave ante el anuncio de organismos internacionales de derechos humanos que el Estado mexicano ha fallado en la protección de derechos humanos.
Información grave de víctimas que de acuerdo a la Constitución tienen una garantía para la protección de sus bienes, de su persona, y esta ley se manipula para cercenar esa información de estas víctimas.
El artículo quinto transitorio, del cual presentamos una modificación, refiere en su segundo párrafo que los comisionados nombrados el 8 de octubre dejarán de ejercer el cargo que les fue conferido una vez entrado en vigor el decreto. Quedan sin efecto sus nombramientos. ¿Por qué la urgencia de quitar a este órgano colegiado? Porque no garantiza la secrecía, no garantiza la discrecionalidad en el manejo de las víctimas en nuestro país.
Más de 28 mil desaparecidos, más de 200 mil desplazados internos, más de 100 mil víctimas en el fuego cruzado de esta guerra fallida, de esta estrategia militar contra la delincuencia organizada que es lo que se quiere encubrir al cambiar a los operadores políticos de esta ley.
Un órgano unipersonal de un comisionado propuesto por el Ejecutivo para ser aprobado por el Senado en dos terceras partes de sus integrantes. ¿Por qué esta modificación al diseño institucional? Porque no queremos rendir cuentas, porque no queremos dar anuncios del Estado fallido que tenemos ante la violación reiterada y grave de derechos humanos. Eso es lo que justifica esta modificación a esta ley.
Esta ley no la modifica el interés primordial de la niñez; los operadores de esta ley la harán ineficiente. No modifica o no justifica esta modificación desplazados internos; los operadores de esta ley la harán ineficiente.
Un operador unipersonal, acompañado de una junta de gobierno donde intervienen cuatro secretarías que no se vinculan con la justicia; salud, educación no se vinculan con la justicia, pero integran un órgano colegiado que le quita autonomía a la operación de esta Comisión Nacional de Atención a Víctimas. Esto le resta fuerza y autonomía en sus decisiones. No tiene una autonomía.
Hay simulación en la participación ciudadana; se habla de una asamblea consultiva de nueve elementos electos por la Junta de Gobierno.
Los mismos secretarios que integran la Junta de Gobierno van a elegir a la parte que representa a la sociedad civil. Es un absurdo. Este organismo no tiene autonomía, no tiene una operación ni pesos ni contrapesos que efectivamente transparenten la información de las víctimas en nuestro país.
Ante un Estado fallido el Ejecutivo tiene una urgencia; en el mismo quinto transitorio, primer párrafo, determina que hará una propuesta al Senado a quien ocupe el cargo de este comisionado de este órgano unipersonal para que dure en el encargo tres años, tres años; al Ejecutivo le quedan dos años de gobierno, suficiente para acreditar que este organismo es inoperante y anima a la opacidad y a la falta de transparencia de las víctimas.
No hay datos oficiales de personas desaparecidas, no hay datos oficiales de desplazados internos; se oculta la verdad a todos los mexicanos, se oculta la gravedad de la violación de derechos humanos.
Esta ley será una ley inoperante porque así lo determina la mayoría en esta Cámara de Diputados.
Todas y cada una de las reservas que se han presentado al artículo 79, 83, 84, 84 Ter, 85, 86, 87, 88, 90, 96, 135, y el quinto transitorio, tienen la finalidad de otorgar autonomía plena a esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
De no aprobarse las modificaciones que se presentan, estamos ante una ley inoperante. Esta Cámara de Diputados ha emitido leyes inoperantes que los operadores políticos las convierten en ineficientes y en demagogia legislativa. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene el uso de la palabra el diputado Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos 84 y 85, por tres minutos.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez: Gracias, presidenta. Las reservas que tenemos son para modificar los artículos 84 y 85, y tienen que ver con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Hemos señalado en varias ocasiones que fueron políticas de Estado las que generaron tantas víctimas. En el sexenio pasado se declaró una guerra contra el narcotráfico y como consecuencia tuvimos miles y miles de víctimas.
También, ahora en este sexenio se mantiene al Ejército en las calles y como resultado volvemos a obtener cientos y miles de víctimas, y algunas de estas señalaron directamente a los responsables del Estado mexicano como los culpables, y cómo es posible que siendo eso, en el artículo 85, permitamos que esos encargados sean los que disidan el Comisionado Ejecutivo para la Atención de Víctimas.
Eso no puede ser, por eso nosotros estamos proponiendo que en lugar de la terna enviada por el Ejecutivo sea el mismo Senado quien nombre a esa terna y que sean las dos terceras partes de ése órgano legislativo quien tome finalmente la decisión sobre el comisionado.
Desde luego mantener el texto donde debe consultarse a la sociedad civil sobre las propuestas. Y el artículo 84, que proponemos modificar, tiene también que ver con la autonomía plena que exigen las víctimas sobre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
En el texto solamente menciona una autonomía técnica y nuestra propuesta es llevarlo a un órgano que cuente con autonomía de gestión y presupuestaria, no solamente la personalidad jurídica y patrimonio propios con que se mantiene en el dictamen hasta ahora. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admiten a discusión.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos 179 y 180, por tres minutos.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Muy buenas tardes, compañeros diputados y compañeras diputadas; y pueblo de México que nos sintoniza a través del Canal del Congreso.
El dictamen que se nos presenta sobre la Ley General de Víctimas es omiso al no incluir un capítulo de sanciones, administrativas o penales, sobre un conjunto de supuestos de omisión, de negligencia y victimización secundaria que deben constituir faltas administrativas y delitos cuando de ellas se desprende daño a la vida, a la integridad, a la salud, la libertad y el acceso efectivo a la verdad, la justicia y la reparación del daño a las víctimas.
Esta omisión puede ser subsanada a través de estas reserva que en este momento les voy a presentar; y que consiste en adicional un Título Décimo, De sanciones, que contienen y crean dos artículos, que es el 180 y el 179.
El artículo 179 estipula a la letra: para lo no dispuesto en esta ley, se aplicará de manera supletoria la legislación en materia administrativa y el Código Nacional de Prendimientos Penales en los asuntos que sean de sus respectivas competencias.
Y el artículo 180 busca establecer una sanción al servidor público que actúe de manera omisa, de manera negligente o sin la debida diligencia en la prestación de un servicio o de una medida a una víctima a la que estuvieran obligados por virtud de la presente ley.
Y establece además, compañeros diputados y diputadas, que se les sancionará con una amonestación administrativa o en caso de reincidencia, la destitución del cargo.
También para que en caso de que, derivado de la omisión, falta de diligencia o negligencia en la prestación del servicio o medida, la víctima hubiere sufrido un nuevo daño o éste se hubiese empeorado, se le sancionará con multa o inhabilitación hasta por cinco años para ejercer cualquier cargo público, sin prejuicio de las responsabilidades.
Como puede observarse, con esta reserva lo que se intenta es perfeccionar el dictamen que se nos propone. Este dictamen ha reconocido que la legislación actual no ha funcionado y que a tres años de su puesta en marcha tiene serias deficiencias. Entre ellas está precisamente el que no existe un régimen de responsabilidades y sanciones, por lo que los funcionarios que cometan omisiones o cuya actuación sea negligente no han podido ser sancionados.
Es por eso, compañeros, que por favor tomen en cuenta esta reserva y la voten a favor. El pueblo, las víctimas necesitan que los funcionarios que sean omisos en sus obligaciones sean sancionados de acuerdo a la ley. Por su atención, muchas gracias. Que tengan una excelente tarde.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene el uso de la palabra la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo quinto transitorio. Hasta por dos minutos.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, diputada presidenta. La reserva que les presentamos es la del quinto transitorio, que tiene que ver con la elección del comisionado ejecutivo y su nombramiento.
Se ha dicho aquí ya antes por otras compañeras y compañeros diputados, que es muy importante que el comisionado sea nombrado por el Senado. Venimos a ratificar esta reserva, porque no es posible que estos tres años sea nombrado directamente por el presidente, porque se puede prestar no solo a confusión, sino a cuotas para no investigar a profundidad el tema y darle causa a los derechos de las víctimas.
Queremos que todos ustedes tomen conciencia de que las víctimas que están allá afuera necesitan la imparcialidad y necesitan que el comisionado ejecutivo sea alguien consciente de las demandas para que las víctimas sean reparadas, pero para que los delincuentes sean sancionados.
Por ello creemos que lo más importante es que sea el Senado el que nombre al comisionado, con la propuesta de terna, pero que se siga el procedimiento legal y normal al que se nombra a todos los comisionados. En este caso las víctimas lo demandan, las familias lo demandan. No les demos un albazo en una ley que hoy puede ser determinante para investigar y para sancionar estos delitos de la materia de ley. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene el uso de la palabra la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar propuestas de modificación a los artículos Quinto transitorio y Décimo Quinto transitorio. Hasta por cinco minutos.
La diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la Presidencia. La congruencia debe ser el principal eje de nuestro actuar en esta Cámara de Diputados, no el doble discurso cuando se trata de respeto a los derechos humanos.
No nos confundamos, el Estado es el responsable de toda la serie de acciones y omisiones que han causado una larga lista de víctimas en nuestro país. El Estado es el responsable de la crisis de derechos humanos que vivimos actualmente en México, esta situación se ve reflejada en asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, desplazamientos internos forzados y violaciones sexuales, entre muchas otras circunstancias que ha sumido a México en la peor crisis de los derechos humanos.
El Estado es el único responsable, nuestro deber es construir instancias que estén al frente y que hagan frente a estas arbitrariedades que tiene que ver con la discrecionalidad del uso del poder.
¿Quién viola los derechos humanos? El gobierno, sus funcionarios, quienes tienen alguna función pública y se cometen contra los ciudadanos y ciudadanas. ¿Quién atenderá los casos de violaciones a los derechos humanos? De acuerdo a como viene la minuta lo hará el propio gobierno, y en este caso no podemos ser juez y parte.
Nuestro deber es construir instancias que hagan frente a esta arbitrariedad y al uso discrecional del poder. Sin embargo, parece que eso se olvida en esta Cámara de Diputados.
Algunos todavía apuestan a elefantes blancos y a instituciones adorno que se conviertan en paladines de las atrocidades del gobierno y hay que decirlo, en rehenes de intereses que buscan lucrar con el dolor de las personas.
No podemos ser cómplices con el cinismo del Estado en su doble discurso en el respeto de los derechos humanos de las personas. El permitir que bajo un acuerdo político se pretenda imponer, por el presidente de la república, a la persona que ocupará la Comisión Ejecutiva. Es totalmente inaceptable y desvirtúa el origen de este tipo de instituciones.
Creo que debería haber habido un poco de sensibilidad y poder haber dejado y haber concedido que esta institución pueda tener autonomía e independencia. Lo que se necesita es una verdadera independencia y autonomía de esta Comisión, alejadas de tentaciones autoritarias de querer controlarlo todo.
El actual desastre y el fracaso de la comisión, y por lo que se han tenido que hacer estas reformas, hay que decirlo con todas sus palabras, este fracaso responde a la intromisión del gobierno al no dejar actuar a sus integrantes y pretender inmiscuirse en sus decisiones a través de organizaciones que protegen sus intereses.
El PRD ha sido el principal impulsor de cambios a la ley para hacerla operativa. Nuestro objetivo es que las personas víctimas de delitos o de violaciones de los derechos humanos encuentren un verdadero apoyo y no un cautiverio que las victimice de nueva cuenta.
Propusimos durante el proceso de discusión mejoras para que el Estado cumpla con sus obligaciones de reparar el daño cuando se ven afectados los derechos de las personas. No podemos aceptar una legislación que opaca las cosas buenas que se han logrado, pero que representa verdaderas regresiones con otras disposiciones que también se pretenden imponer.
Resulta mezquino escatimar derechos y más cuando se trata de víctimas. Resulta voraz que el Estado quiera ejercer el control de la comisión ejecutiva al nombrar su primer encargado y ejercer su influencia al controlar la Junta de Gobierno a través de la Secretaría de Gobernación.
Por eso proponemos que el Senado sea quien nombre al comisionado, así como lo hace con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que da buenos resultados.
El lucrar con el dolor ajeno y solapar el negocio de atención de víctimas solo profundiza la impunidad que tiene en hartazgo a la sociedad y es algo que no podemos tolerar. Pedimos voluntad política para que esta operación funcione, para que tenga independencia y dejemos de lado el doble discurso. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene el uso de la palabra la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar propuesta de modificación al artículo octavo transitorio, hasta por tres minutos.
La diputada Olga Catalán Padilla: “El político debe tener: amor apasionado por su causa; ética de su responsabilidad; mesura en sus actuaciones”. Max Weber.
Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Durante el primer trimestre del ejercicio 2016, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto de los subejercicios alcanzó una cantidad cercana a los 12 mil millones de pesos.
Esta práctica, que se ha vuelto tan común, es contraria a lo estipulado en el decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos e incumple el compromiso asumido por esta administración en el sentido de reorientar los recursos públicos hacia programas que fomenten el desarrollo económico, la seguridad social, la educación y la atención integral de los problemas que más aquejan a nuestro país.
Los subejercicios, además, hablan de un mal proceso de planeación y de ejecución por parte del gobierno federal, reflejando una serie de problemas; desde la falta de capacidad para ejercer estos recursos, pasando porque los recursos llegan tarde y esto dificulta su ejercicio.
En este sentido, el manejo inadecuado de los recursos se debe principalmente a la falta de transparencia, dado que el presupuesto se asigna para un sector y es utilizado para otros fines. En ese sentido planteo que, a efecto de incrementar el Fondo de Asistencia y Reparación Integral para las Víctimas, se adicionen los recursos provenientes de los subejercicios al primer semestre del año. Con esta asignación corregimos diversos problemas.
En primera instancia, se atiende la asignatura pendiente con las víctimas de la violencia en el país, que son un espeluznante reflejo de la falta de capacidad del gobierno para salvaguardar los derechos humanos ante autoridades que atienden con absoluta indiferencia temas de seguridad pública y en algunos casos hasta con complicidad del crimen organizado. O en casos emblemáticos, como el caso del gobierno del estado de México, que considera la vida de sus habitantes, especialmente de sus mujeres, cosa de poca importancia.
Por otra parte, se da transparencia al uso de los recursos derivado de los subejercicios, tapando el gran hoyo negro en que se convierte su reasignación. Asimismo, se ataca de manera frontal la corrupción de autoridades federales en el uso indiscriminado y discrecional de los recursos públicos provenientes de estos subejercicios para asignarlos con fines electorales. Con su voto a favor de la modificación del artículo octavo transitorio de la Ley General de Víctimas, estaríamos cumpliendo estos objetivos al quedar en los siguientes términos:
Octavo transitorio. Las erogaciones que en el ámbito de la federación se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado, adicionando además a estos fondos los recursos que reporte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los programas sujetos a reglas de operación como subejercicios y que al segundo trimestre del presente ejercicio fiscal no se encuentren asignados. Es cuanto.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidenta.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 5, 6, 7, 8, 12, 15, 21, 28, 38, 45, 47, 79, 83, 84, 84 Ter, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 96, 132, 135, 136, 179, 180, quinto, octavo y décimo quinto transitorios, en los términos del dictamen.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos reservados en términos del dictamen.
(Votación)
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 302 votos a favor y 96 votos en contra, presidenta.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 302 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.
ç Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
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