Las columnas políticas, hoy 17 de septiembre de 2017

Se pedirá la Pen a máxima para Ricardo Alexis  "presunto" asesino de Mara Fernanda,:  85 años, prácticamente cadena perpetua...!

Además de feminicidio, delito por el cual se le podría condenar hasta por 60 años de prisión, el presunto asesino se le imputará cargos por violación, privación ilegal de la libertad y robo.
Estudiantes y organizaciones civiles convocaron en redes, con las consignas #NiUnaMás y #JusticiaParaMara, a marchas este domingo 17 y lunes 18 en la capital de Puebla, así como en la Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco y Xalapa, Veracruz.
En la Cd de Mx la convocatoria es a las 12:00 horas en el Zócalo para dirigirse a las instalaciones de la PGR.
Me sumo a la marcha..
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Las columnas políticas, hoy 17 de septiembre de 2017
Templo Mayor/Reforma, 

HOY, HOY, HOY el jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, entregará a la Asamblea Legislativa su quinto y muy probablemente último Informe de Gobierno, antes de solicitar licencia a finales de octubre para buscar la candidatura presidencial.
¿Y POR QUÉ no dejará el cargo mañana mismo como en su momento lo hizo Cuauhtémoc Cárdenas en 1999? Porque todavía tiene varios pendientes, como entregar la presidencia de la Conago y acudir a varias citas internacionales.
LA MÁS INMEDIATA es la de mañana lunes en la ONU a donde lo invitó el secretario general Antonio Guterres para una reunión de alto nivel sobre cambio climático.
ASÍ ES QUE: presentando el informe y haciendo maletas para el viaje relámpago a New York, New York: "Start spreading the news, I'm leaving todaaay...".
VAYA castigo le impusieron en Guanajuato al secretario estatal de Turismo, Fernando Olivera Rocha, después de que se diera a conocer que usó recursos federales indebidamente al delegar a una asociación civil la contratación de obra pública y usar documentos falsos.
LA "IMPLACABLE" Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del gobierno que encabeza el panista Miguel Márquez Márquez lo sancionó con ¡tres días de suspensión de labores! ¡Y sin goce de sueldo!
Y ES QUE la dependencia determinó que en ninguna de esas operaciones hubo un daño al erario. Queda claro que en Guanajuato los errores se pagan... con un leve manazo en la muñeca.
SEGURAMENTE el secretario sancionado estará muuuy apenado con esa situación y en una de esas hasta ofrece disculpas... cuando acabe de reírse de su "sanción".
EN TOLUCA cuentan que el flamante gobernador Alfredo del Mazo Maza ya está metido en el primer problema político de su sexenio.
Y ES QUE, con todo y que apoyaron la candidatura del priista, las dirigencias estatales del PVEM y Nueva Alianza le hicieron el vacío en su toma de posesión porque, dicen, no les cumplieron las posiciones que les habían prometido en el nuevo gobierno.
ASÍ ES QUE, a menos de que encuentre la manera de contentar a sus aliados, difícilmente contará con ellos para la operación electoral del PRI en los comicios federales del año próximo. A ver qué les ofrece.
POR CIERTO que, con eso de que el nuevo gobernante mexiquense es el tercer Alfredo del Mazo, después de su padre y su abuelo, en despachar como mandatario mexiquense, hay quienes ya le dicen Alfredo Tercero de Atlacomulco... ¡ah, qué maloras!
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Frentes Políticos/Excelsior
I. Ayuda internacional. Está comprobado que con el socio histórico en el norte los negocios están cancelados. Nada aminora los sentimientos de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hacia México. Así que no queda sino analizar el interés de otros países por invertir aquí. Chun Bee Ho, representante diplomático de Corea del Sur, aseguró que por el desarrollo del país, pero también por seguridad, México debe prestar atención en las naciones asiáticas. Y lo mejor: iniciaron un proceso de consulta entre ambos países para suscribir un tratado de libre comercio bilateral. Sudcorea es el sexto socio comercial de México. Parece que la alianza con Estados Unidos ya fue. (Por el momento). 
II. Desviaciones. En las últimas semanas, el sistema parlamentario del país sufrió la peor crisis en décadas cuando, por decisiones personales de los dirigentes partidistas, se detuvo el reloj legislativo. Cero avances en ya casi tres semanas. Nunca antes en la historia hubo una situación así. Por ello, a Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, le preocupa el uso de los órganos legislativos del Congreso de la Unión como plataforma para los proyectos políticos de los partidos, y no como un centro de acuerdos entre fuerzas parlamentarias. Quejarse no sirve de mucho, hay que poner candados para que nunca vuelva a ocurrir. ¿Podrán o seguirán estancados?
III. ¿Agoniza? La alianza entre la izquierda y la derecha nada más no termina de cuajar. Cierto es que en pos de derrotar al PRI, la oposición sacrificó a las ideologías. Y de ello se percatan inclusive quienes en un principio estaban de acuerdo. El Frente Ciudadano por México “es una suerte  de remedo del Pacto por México”, que “era una propuesta electoral, y se está convirtiendo ahora en una plataforma de decisiones legislativas”, advirtió el senador de Acción nacional Roberto Gil Zuarth. Junto con otros seis senadores y 11 gobernadores panistas, retiraron su apoyo al Frente. Ya se esperaba. Viven Méxicos distintos. Entre los egos y las diferencias, juntos no llegarán lejos. 
IV. Exceso de confianza. Luis Enrique Benítez Ojeda, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI en Durango, aseguró que la caballada está flaca, pero no en su partido. “La baraja está amplia, yo creo que de repente surgieron algunas figuras que no habían contemplado originalmente los mexicanos y ahí están ya, y ahí los estamos viendo, vamos a ver qué pasa”, reflexionó. Es el Revolucionario Institucional, tiene razón, quien más y mejores prospectos tiene para definir a su candidato a la Presidencia. Al menos siete nombres de altísimo nivel son manejados como posibles. Es bueno abrir el abanico. Aquello del dedazo son sólo leyendas. ¿O no?
V. Macabro. Las aspiraciones del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco, para ascender en su fugaz carrera política, se sustentan en muy frágiles resultados. El más vergonzoso en su vasta colección es el que se refiere a la seguridad. ¿Cómo es posible que del 31 de mayo a la fecha, peritos de la Procuraduría estatal hayan encontrado 149 mil restos óseos, tan sólo en un predio del municipio García. “No sabemos a cuántas personas corresponden los fragmentos”, aseguró uno de los responsables de la búsqueda a las familias. El tema de los desaparecidos en Nuevo León sigue siendo deuda y eso no lo olvida la gente. Entienda, sobre osamentas no se forja ninguna candidatura, don Jaime.
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 Se llama corrupción
La estación/GERARDO GALARZA
Excelsior
En este espacio —disculpas a los lectores constantes, si los hay—   se ha intentado dejar claro que, en opinión del escribidor, los dos grandes problemas, a nivel de catástrofes, que agobian al país son la corrupción y la impunidad.
Éstos son fenómenos sociales fácilmente atribuidos en su origen, su desarrollo, su explosión y su imperio a los gobernantes, a los funcionarios públicos, a los burócratas, a los líderes y miembros distinguidos de los partidos políticos, a lo que pomposamente se llama la clase política.
De acuerdo con la percepción y la consecuente opinión social, popular, todos ellos son corruptos y promotores de la corrupción. Vamos, son miembros de ese ente amorfo llamado, desde una posición política y partidista —es decir, parte de lo mismo—, “la mafia del poder”, ellos, los otros, los demás.
Resulta que para que el fenómeno de la corrupción exista se requiere de dos entes: el corrupto y el corruptor. No existe el uno sin el otro, en cualquiera de los dos sentidos. Y, generalmente, el poder de provocar, alentar, desarrollar y establecer la corrupción lo tienen los corruptores, que no necesariamente son aquellos miembros del gobierno en cualquiera de sus formas.
En México, la corrupción es un fenómeno social, aunque moleste que se diga así o de otra forma más suave: un problema cultural, como se le ocurrió decirlo al Presidente de la República en una entrevista periodística.
Los hechos son los hechos. Ni modo.
Esta semana, los mexicanos supimos que otros mexicanos, la sexta parte  (cuatro mil 300 corredores del total en números redondos) de los participantes del reciente Maratón de la Ciudad de México, hicieron trampa para llegar a la meta; que no recorrieron los 42 mil 195 metros de esa carrera clásica, pero que cruzaron la meta y exigieron su recompensa: una medalla conmemorativa, en muchos casos, el registro de un tiempo que les permita participar en otros maratones de nivel internacional o simplemente el tomarse la selfie para subirla y presumir en las redes sociales.
Lo que hicieron esos cuatro mil 300 mexicanos no fue ni una gracia ni fue ingenioso ni anecdótico. Se llama corrupción y que se sepa, hasta hoy no hay ninguna autoridad, ningún miembro de la “mafia del poder”, involucrada en tal maniobra.
Claro, habrá quien diga: “Y eso qué, ¿a quién le afecta?”. Hay que responder. Afecta a los otros más de 20 mil corredores que cumplieron con todos los requisitos y honestamente corrieron como pudieron esa carrera, hayan o no terminado; afecta a los maratones que exigen como requisito de inscripción haber recorrido otros maratones; afecta a los ciudadanos cuyos impuestos fueron utilizados para organizar el evento de la Ciudad de México y para comprar y entregar las medallas correspondientes.
“¡Y eso qué, qué no saben lo que se ha robado (aquí ponga el nombre de su villano favorito) y nadie dice nada ni les pasa nada!”, dicen. “¡Qué tanto es tantito!”, es la respuesta cínica, y si de cinismo se trata, recuerden a José López Portillo, citado en esta columna apenas hace dos semanas.
Por si fuera poco, la semana ha sido maratónica en temas de corrupción: el “descubrimiento” de más de una veintena de irregularidades irremediables en la construcción del Paso Exprés, según el dictamen de la Secretaría de la Función Pública, que implican más de mil millones de pesos; empleados del Instituto Nacional Electoral (INE) investigados y denunciados por la venta de credenciales de elector a ciudadanos “honestos” que necesitan una identificación falsa; el decomiso de miles de litros de combustible saqueado de Pemex y ciudadanos que “recuperan” el petróleo que es suyo y que lo venden a otros ciudadanos propietarios de gasolinerías o de automóviles, quienes aprovechan la oportunidad o, lamentablemente, la rapiña de víveres y despensas destinadas a los damnificados del sismo en Oaxaca y Chiapas, por quienes también “tienen necesidad”.
¿De veras? ¿Y si cualquiera de los Duarte o cualquier otro exgobernador afirman que saquearon el erario porque “tenían necesidad”? Sí, dirían, su “nivel de vida” y de exigencia de sus cónyuges y de sus descendientes “necesitaban” de todo ese dinero defraudado… se los creeríamos. No. Por supuesto que no.
No se puede, diría Manuel J. Maquío Clouthier, “estar medio embarazadita. Se está embarazada o no”. Así es el asunto de la corrupción.  Se es corrupto o no. Punto.
¿Y la impunidad? Bueno, eso sí es responsabilidad de las autoridades obligadas a aplicar la ley, las sanciones a los corruptos. Sólo recuerde que los ciudadanos son los que eligen, mediante sus votos, a las autoridades. No nos hagamos ni seamos cínicos como la sexta parte de los participantes en el Maratón de la Ciudad de México. El escribidor se queda con las otras quintas partes de los corredores, aunque no hayan roto ningún récord. Son mexicanos dignos y aún son mayoría.
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 AN: triste y fracturado festejo…
De naturaleza política/ENRIQUE ARANDA
Excelsior
El 78 aniversario de Acción Nacional debiera servir para alentar una reflexión sobre su propia realidad y los intereses que alientan su participación en el ámbito de la política del país
Confrontados sus principales liderazgos, merced a la inexistencia de una dirigencia capaz de armonizar y encauzar (a la luz del superior interés de la Nación y del partido) las desavenencias y legítimas aspiraciones de todos; fracturada su cada vez más exigua militancia y, lo peor, ajeno a no pocos de los valores y postulados que animaron su alumbramiento, Acción Nacional celebró, en medio de la más profunda crisis de identidad, el 78 aniversario de su fundación.
Hablamos, en ánimo de dimensionar la gravedad de lo expuesto, de la única fuerza partidista organizada en capacidad, hoy incluso, de alentar un cambio político de fondo, por la vía democrática. La única fuerza creemos, a la que la ambición de unos pocos y la indolencia de los más, está poniendo al borde de un colapso que, necesariamente, repercutirá en perjuicio del país.
Ejemplos sobran: desde la virtual inexistencia de un grupo senatorial cohesionado y alineado con los principios y programas partidistas, y el (reciente) abandono o purga de Ernesto Cordero y quienes con él decidieron apoyar su elección para presidir el Senado, hasta la carencia de un padrón confiable —por la incorporación masiva de adherentes  “comprados” por liderazgos locales, como en la capital del país y otras plazas— o, en el extremo, el práctico abandono de principios doctrinales que, emanados de la Doctrina Social de la Iglesia, alentaron el “humanismo trascendente” que animó su fundación y las luchas de los (Manuel) Gómez Morín, (Carlos) Castillo Peraza, Luis H. Álvarez, Manuel Maquío Clouthier y más, muchos más…
Ello, obvio, al margen la cotidiana confirmación de cómo el acceso al poder resultó para el panismo tradicional, ejemplo de lo que en otro tiempo dio paso al así llamado partido de la gente decente, de la gente bien, el partido de la derecha… implicó no sólo un desplazamiento, sino, incluso, la expulsión de las filas y/o de las posiciones en la estructura, en beneficio de liderazgos más pragmáticos y ambiciosos que, por encima de principios y valores, han colocado el logro de posiciones de influencia, con lo que éstas implican.
Hoy, a la vista los estratégicos comicios del próximo 2018, festejos como el citado debieran servir a un partido como Acción Nacional para alentar una reflexión de fondo sobre su propia realidad y los intereses u objetivos que ahora, en contraste con lo ocurrido en otros momentos de su ya larga historia, alientan su participación en el ámbito de la política del país ante el que, huelga decir, tiene una responsabilidad innegable…
Nos referimos, y esto es claro, a la necesaria aportación a la construcción del  Bien Común (con mayúsculas) en un momento en que, al margen declaraciones ruidosas, México está (literalmente) en riesgo de un colapso, igual por la inseguridad que por la incontenible corrupción e impunidad que alcanza a todos, o por una cada vez más obvia desigualdad social. ¿O no?...
ASTERISCOS
* Al igual que el ahora presidente Enrique Peña Nieto en 2005, el ya entonces exgobernador saliente del Estado de México, Eruviel Ávila, encabezó el viernes, teniendo a su sucesor Alfredo del Mazo al lado, la tradicional ceremonia del Grito en Toluca. Sea en cumplimiento de una tradición estatal o por cortesía política, lo cierto es que el hecho sigue sorprendiendo. ¡Eruviel, finalmente, se había ido más de 12 horas antes!...              
* Con la nueva Ley de Protección de Datos Personales, Puebla será la primera entidad donde el derecho a la vida privada se respete integralmente. Ello, como resultante del trabajo que el gobernador Antonio Gali y el Congreso que preside Jorge Aguilar Chedraui realizan con el Inai de Javier Acuña Llamas, con miras a organizar ahí el primer foro sobre el tema, con especialistas y funcionarios de los tres niveles de gobierno.
Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza política.
Twitter: @EnriqueArandaP
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El enigma brasileño/Juan E. Pardinas
Reforma, 17 Sep. 2017
¿Puede la justicia cambiar un país? El periodista Jorge Fontevecchia se hace esta pregunta sobre el destino de Brasil y su respuesta puede ser una luz auspiciosa para el futuro de México. En un concurso perverso para determinar qué país ha forjado un sistema político más corrupto, si Brasil o nosotros, sería difícil determinar quién sería el legítimo ganador. Sin embargo, es claro que esta nación sudamericana nos lleva una ventaja importante en la solución al problema.
Fontevecchia sostiene: "Dicen en Brasil que el siglo XIX fue el del Poder Legislativo porque se hicieron los códigos y las constituciones, que el siglo XX fue del Poder Ejecutivo, que los instrumentó, y que el siglo XXI es del Poder Judicial, que juzga su aplicación". Para México se podría especular que el siglo XIX fue el de las guerras y la inestabilidad, el siglo XX fue la era del presidencialismo y lo que va del siglo XXI han sido los tiempos de la partidocracia pluralista.
El enigma de Brasil es ¿cómo un sistema político infestado de corrupción logró forjar un Poder Judicial y un Ministerio Público estructuralmente honesto? En una entrevista con el diario Reforma, el juez Sergio Moro, quien encabeza la investigación de Lava Jato sobre casos de corrupción, sostiene que el aspecto fundamental de este cambio fue garantizar "la independencia de los órganos que investigan los abusos del poder". Aquí yace la primera moraleja para el caso mexicano, tener a un Procurador o un Fiscal General con militancia partidista es la ruta más corta para corromper el ejercicio de la justicia. La persecución de la PGR, encabezada por Raúl Cervantes, en contra de los fiscales que investigan al ex gobernador priista de Nuevo León, Rodrigo Medina, es un ejemplo de cómo los intereses políticos pueden prostituir las acciones del Ministerio Público. En lugar de investigar violaciones a derechos humanos o desapariciones forzadas, la PGR acaba convertida en un alfil útil al servicio de la defensa de Rodrigo Medina. Mientras la investigación sobre el espionaje ilegal empieza a acumular los polvos del olvido, la PGR se toma la molestia de enviar tres citatorios distintos para interrogar a cinco funcionarios de la Subprocuraduría de Combate a la Corrupción de Nuevo León. De acuerdo a Fontevecchia, desde 1824, cuando se crea el Supremo Tribunal de Brasil, ningún político había sido condenado por corrupción. Para fines de 2016 el juez Moro, sólo con el reciente caso Lava Jato, acumuló 175 condenados que suman 1,317 años de prisión.
¿Cómo se logró esto? La independencia del Ministerio Público es importante pero no lo es todo. Brasil creó una ruta de ascenso profesional para los fiscales con salarios muy atractivos. Se permitió la llamada "delación premiada", que son los incentivos para que inculpados negocien penas más suaves a cambio de presentar testimonios y evidencias que inculpen a otros indiciados. Asimismo, se aplicó prisión preventiva para acusados de casos de corrupción y se transformó la legislación para financiamiento de partidos políticos.
Si Brasil pudo, México puede. Tenemos la oportunidad enfrente. El Congreso mexicano tiene en su agenda la desaparición del pase automático del Procurador General de la República en su transición a la Fiscalía General en 2018. Sería una omisión histórica del Poder Legislativo reducir esta discusión simplemente a impedir que Raúl Cervantes tenga la vía libre para ser fiscal por nueve años. Aquí el orden de los factores sí altera el producto: primero es necesario tener claro el diseño constitucional de la Fiscalía y después discutir quién será la cabeza de esta nueva institución. Ojalá la Cámara de Diputados y el Senado asuman que la historia los está observando. En el combate a la corrupción y la impunidad no hay otro tema que sea más importante.
@jepardinas
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Los retos de la sociedad civilJosé Antonio Fernández Carbajal, presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey y presidente del Consejo de Administración de Femsa.
Reforma, 17 Sep. 2017
Hoy 17 de septiembre se cumplen 44 años del deceso de don Eugenio Garza Sada, cuyas ideas y acciones dejaron un legado en el pensamiento, la cultura y el comportamiento de los mexicanos.
Amante de la libertad, creía en la responsabilidad ciudadana para generar valor en la comunidad, y nunca esperó que el Gobierno le brindara apoyos para sus proyectos.
Por eso, el fundador del Tecnológico de Monterrey es uno de los precursores en México de lo que hoy conocemos como sociedad civil.
Pensadores como Jürgen Habermas señalan que esa sociedad civil debe garantizar la libertad del ser humano y los derechos individuales, e impulsar iniciativas personales y colectivas que contribuyan al bienestar general.
Los ciudadanos necesitamos involucrarnos en lo público, incidir en las normas que rigen la vida colectiva y exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones fundamentales.
Éstas son tareas clave en la actualidad, en la que el regreso del nacionalismo a ultranza en varios países, y el resurgimiento de conflictos geopolíticos y religiosos que parecían olvidados, producen una gran incertidumbre global.
Además, las elecciones presidenciales del 2018 y la renegociación del TLC pueden replantear el rumbo político y económico de México y su presencia en el mundo.
En esta coyuntura, recordemos que la sociedad mexicana ha impulsado cambios extraordinarios en los últimos 25 años.
La economía se triplicó: el PIB pasó de 363 mil millones de dólares en 1992, a poco más de un billón actualmente. Entonces, diferentes movimientos sociales impulsaban la transición a la democracia y la alternancia en el Gobierno federal, que finalmente ocurrió en el 2000, con elecciones organizadas por una autoridad ciudadana.
La sociedad ha promovido cambios notables en el federalismo y reformas relevantes como las de telecomunicaciones, la educativa, la energética y la de competencia.
Sin embargo, nosotros como sociedad debemos reconocer que los avances son todavía insuficientes.
Nos urge construir un verdadero Estado de derecho. Se han agravado la descomposición social, la desigualdad, la inseguridad, la corrupción y la impunidad.
Hay pesimistas que se preguntan si el País tiene solución. Nosotros decimos categóricamente que sí la tiene. Que, partiendo de lo avanzado, todos debemos hacer un gran esfuerzo para afrontar nuestros problemas y actuar con absoluta responsabilidad.
Como ciudadanos, y frente a lo que ocurre en otras naciones, reivindiquemos los principios democráticos de representación popular, auténtica separación de poderes y eficaz rendición de cuentas. Valoremos nuestras libertades fundamentales, particularmente la individual, y el sistema de mercado. Fortalezcamos nuestras instituciones y no nos dejemos seducir por viejas fórmulas del autoritarismo.
Como sociedad tomemos conciencia que a cada derecho corresponde una responsabilidad. Como "respuesta" a los graves retos sociales, el populismo apoya la creación de derechos irrealizables y deseos utópicos que son realmente mecanismos utilizados por Gobiernos para compensar su falta de rigor en el actuar y su déficit de legitimidad.
Con ellos se producen dos problemas: se requieren más recursos fiscales y generan un efecto perverso al desanimar la participación ciudadana.
Frente a ello, impulsemos una nueva cultura de liderazgo basada en la meritocracia: recompensemos el esfuerzo, la disciplina, el conocimiento y la experiencia, el crecimiento profesional con base en logros tangibles.
Sigamos los pasos de aquel joven que, habiendo estudiado en una de las mejores instituciones del mundo, el MIT, regresó a servir a su País.
Un joven que, justamente hace 100 años, en septiembre de 1917, comenzó a trabajar en la Cervecería Cuauhtémoc como auxiliar en el departamento de estadística. Un joven que, a partir de entonces, construyó empresas e instituciones en beneficio de México. Honremos con hechos el legado de don Eugenio Garza Sada.
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Nostalgias/Luis Rubio
Reforma, 17 Sep. 2017
Una manera de resumir (inevitablemente simplificando) las últimas décadas es la siguiente: por un lado, una lucha entre dos visiones del desarrollismo y, por otro, intentos por lidiar con sus consecuencias. Ambos procesos han sido infructuosos, pero su principal característica es que todo ha sido mirar hacia el pasado. Llevamos al menos dos décadas tratando de retornar a un mundo que no era deseable pero, más al punto, que no es posible. La nostalgia no es buena guía: lo que México necesita es construir un futuro distinto.
Las visiones desarrollistas son obvias; en primer lugar se encuentra el gobierno actual, con proyectos grandiosos de desarrollo: carreteras, grandes y ambiciosas reformas, infraestructura y sueños de recreación de un mundo idílico. El énfasis es en el largo plazo y en objetivos faraónicos que, tarde o temprano, llevarían a reconocer la grandeza del gobierno promotor. En segundo lugar está Andrés Manuel López Obrador con una visión igualmente nostálgica pero inmediata en concepción: su perspectiva es la de actuar frente a los retos del momento y lidiar con los grupos de interés que son políticamente clave; quizá no haya mejor ejemplo de su énfasis que los segundos pisos en el Periférico del entonces DF: grandes obras que el gobernante le otorga al ciudadano para su mayor comodidad.
El denominador común es el gobierno generoso que actúa para el bien ciudadano sin jamás consultarlo: el gobierno está por encima de esos menesteres pequeños, como la ciudadanía, y su única responsabilidad radica en grandes obras, infraestructura y acciones que deben servir al ciudadano porque el gobierno no está para preguntar, responder o rendir cuentas sino para imponer sus propias decisiones. Los dos, el priista saliente y el ex priista de Morena, son mucho más parecidos de lo que ellos imaginan o reconocen.
El PAN ha sido muy distinto en su paso por el gobierno: Fox simplemente vivió el fin de la era del PRI sin molestarse por los detalles del rompimiento de las instituciones precolombinas que habían servido para contener y controlar a la población. En lugar de lidiar con el pasado y construir instituciones nuevas o convocar al desarrollo de estructuras idóneas para el siglo XXI (en contraste con las de los treinta del siglo pasado que siguen siendo la esencia de la política mexicana), Fox navegó de "muertito" y así le fue a él y al país. Calderón respondió ante las consecuencias del viejo sistema y la liviandad de Fox con una estrategia de contención de las hordas criminales, sin jamás reparar en la necesidad de un nuevo basamento para la seguridad cotidiana al servicio de la población. Visión distinta, pero igual pegada al retrovisor.
Los proyectos desarrollistas no se preocupan por las consecuencias porque el gobierno siempre sabe mejor; los panistas no se preocupan por las consecuencias porque se atoran en lo que existe. Ninguno ha construido capacidad de gobierno para el futuro del país: ninguno se dedicó a gobernar en el sentido de crear condiciones de seguridad, estabilidad y credibilidad que le permitieran al ciudadano dedicarse a actividades cada vez más productivas y relevantes para sí mismo y, como resultado, para el país. Ninguno se ha abocado al país del futuro.
Gobernar no consiste en imponer preferencias desde arriba, sino en resolver problemas, crear condiciones para el progreso y prosperidad de la población y, en una palabra, contribuir a que la ciudadanía goce de una vida mejor. La función del gobernante no consiste (al menos no fundamentalmente) en grandes obras públicas, aunque las pueda haber, sino en servir al ciudadano: ganárselo, y su voto, sirviéndolo. En otras palabras, casi lo inverso de la lógica que caracteriza a la política mexicana, que entiende al ciudadano como un estorbo y al gobierno como la solución de todos los problemas.
¿Cuántos de nuestros gobernantes han pensado en hacer menos penosa la espera -en ocasiones de muchos meses- para que una persona sea recibida en el IMSS? ¿Cuántos han construido sistemas de transporte para reducir drásticamente los tiempos de traslado para la ciudadanía en las grandes ciudades del país, que hoy llegan a dedicar hasta cinco horas de su día a ese menester? ¿Cuántos de nuestros funcionarios han buscado simplificar el pago de impuestos? ¿Cuántos de nuestros políticos entienden la angustia cotidiana que produce la ausencia de un sistema confiable de seguridad para millones de padres y madres de familia?
Gobernar desde luego incluye reformas y obras de infraestructura, pero ninguna de esas va a mejorar o resolver la vida pública si no se conciben para y con la ciudadanía. Nuestro sistema político fue creado para estabilizar al país y controlar a la población, circunstancias que empataban la realidad del país y del mundo hace cien años, en la era postrevolucionaria. Hoy, casi cien millones de mexicanos después, ese sistema ha sido totalmente rebasado y los remiendos -como el electoral de las últimas décadas- ya no son suficientes.
México tiene que construir un nuevo sistema de gobierno, uno que confiera certidumbre y obligue a los gobernantes a gobernar y a servir al ciudadano. Sin eso, seguiremos en el pasado y peor en algunos escenarios.
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Patriotismo/Eduardo Caccia
Reforma, 17 Sep. 2017
Ahora que celebramos un aniversario más de la gesta independentista y que septiembre sabe a chiles en nogada y nos mueve al patriota que llevamos dentro, vale hablar del verdadero patriotismo, aquel que está dispuesto a sacrificar sus intereses por la Patria. Es común escuchar en discursos oficiales y tertulias caseras que los mexicanos queremos un mejor país, que estamos a favor de un cambio, que rechazamos la ilegalidad y ansiamos un Estado de Derecho. Aunque hablemos de cambiar, hay muchos mexicanos que, a través de sus actos, no quieren que las cosas cambien.
No quiere un cambio ni es patriota el legislador que actúa en función de los intereses de su partido aun cuando estos sean contrarios al bien de la nación. Simula desear un mejor país el funcionario público, de cualquier rango, que sostiene a sus subalternos a pesar de sus pifias e incapacidades y lo sostiene por algún acuerdo perverso en el socavón de la complicidad. Y entre más alto el cargo, menos patriota. Antipatriotas son los políticos que están satisfechos con la inmoral millonada que reciben de nosotros los partidos políticos. Son quienes menos quieren el cambio.
Se regocija del estado actual de las cosas un flamante magistrado, juez, ministro de la Corte o un simple pero crucial agente del Ministerio Público, que esquilma a quien puede pagar por la justicia; ¿se imaginan tener que vivir del salario nada más?, ¡que ningún cambio lo permita! En el mismo canal están quienes tienen en la nómina a sus familiares y amigos, o el celador que se gana unos pesos extras vendiendo favores a los internos del penal y a los familiares que los visitan. La justicia hoy es lucrativa.
Y tampoco quiere un cambio en México ni es patriota el adolescente que compra una credencial para votar con fotografía sin tener la mayoría de edad, y así entrar al antro. Y no quiere el cambio ni quiere a México el dueño del bar que sirve bebidas alcohólicas a menores de edad. Y mucho menos quiere otro país quien les sirve bebidas adulteradas. Podrán decir que son orgullosamente mexicanos, pero sabotean al país quienes otorgan permisos de construcción ilegales y los desarrolladores que les dan dinero.
Aunque diga que quiere otro México, en realidad no lo quiere el padre o madre de familia que, al llevar a su hijo a la escuela, da vuelta en segunda fila porque va tarde, o deja a su hijo en una zona prohibida, total, "¿qué daño puede hacerle al país esto?". Y está encantado con el México de hoy el conductor que ha sobrepuesto una cubierta a la placa de su automóvil para evitar ser fotoinfraccionado. Podrá, eso sí, gritar ¡Viva México! y hablar pestes de los gobernadores corruptos que deberían estar en la cárcel, pero ser multado, ¡eso no lo permita Dios! (ni el acrílico anti-multa).
Es feliz con el estado actual de las cosas pero es nada patriota el Jefe de Oficina de una unidad gubernamental cuyos trámites son tan burocráticos que propician la corrupción para acelerar los asuntos. Y no quiere un mejor México el estudiante que sabe que puede comprar el examen o copiar en lugar de estudiar. Ni el empresario que se ahorra unos pesos de impuestos al margen de la ley. Y no permita el destino que se cumplan las leyes de tránsito, ya no digamos en la vía pública, sino en los estacionamientos de los centros comerciales. Es tan a gusto estacionarse cerca del elevador o las escaleras eléctricas, aunque haya línea amarilla, que si aplican multas será contraproducente para las compras, ¡no le muevan al país!, con mordida se arregla todo, es mejor pensar que moral es un árbol que da moras (Gonzalo N. Santos, priista, dixit) y que Patriotismo es una avenida, fluida a veces.
El cambio, tan añorado en los discursos y en las sobremesas, no puede darse en forma gratuita, a todos nos debe de costar. Implica el sacrificio de beneficios en pro de un bien común que fortalezca las instituciones y el Estado de Derecho. Mientras no lo veamos así, seguiremos quejándonos de lo que pasa en México sin ver que somos causa de aquello que repudiamos. La Patria, hacer Patria, empieza en "el breve espacio", yo, mi entorno, mi familia, mi grupo, contagiando con el ejemplo.
Cada quien evalúe su patriotismo. Desde la retórica no tenemos el país que merecemos, en la práctica sí.
@eduardo_caccia#
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A la prevención del delito, cada vez menos recursos/JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso #2133, 17 de septiembre de 2017
El gobierno de Enrique Peña Nieto nunca se tomó en serio la prevención del delito como política pública para reducir la violencia en México. Pese a que desde candidato propuso un cambio en la política represiva del sexenio anterior, su gobierno mantuvo el uso de la fuerza como principal instrumento de seguridad, hizo nombramientos que respondieron a compromisos políticos, escatimó recursos y de plano dejó morir el programa de prevención que anunció cuando asumió la Presidencia.

En su último año de gobierno, la prevención del delito ya ni aparece en las prioridades de la Secretaría de Gobernación (Segob), en consonancia con el presupuesto de cero pesos que tuvo en 2017 y el bajo perfil que desde un año antes le imprimió a la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
De acuerdo con la propuesta de Presupuesto de Egresos presentada el viernes 8 a la Cámara de Diputados por parte de la Secretaría de Hacienda, el dinero que busca para la Segob, 35 mil 759 millones 624 mil 691 pesos, es para tareas de seguridad nacional y seguridad interior, de los que 80% es para la única referencia que hace en torno a la prevención, pero relacionada con los operativos de la Policía Federal.
Para 2018 la Segob tiene considerados 10 programas como sus principales actividades, entre asuntos de población, migración, protección civil, protección y seguridad física, cárceles e inteligencia de seguridad nacional. También subsidios para la seguridad pública y los operativos para la prevención y disuasión del delito.
Sin contar con el dinero del que dispondrán las Fuerzas Armadas y otras instituciones para el combate a la delincuencia, el gobierno de Peña Nieto propone que la Segob disponga en su último año de gobierno de 27 mil 571 millones 928 mil 196 pesos para operativos policiales. En cambio, en el rubro denominado fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito, solicita 218 millones 230 mil 548 pesos; es decir, ni 1% del presupuesto respecto a la operación policial.
Nada que ver con lo que el propio Peña Nieto presentó como su primera decisión presidencial, anunciada en el Palacio Nacional el día que asumió la Presidencia, el 1 de diciembre de 2012: “México exige vivir en paz. Estoy convencido de que el delito no sólo se combate con la fuerza. Es imprescindible que el Estado emprenda un esfuerzo integral para reconstruir el tejido social.
“He instruido a los secretarios de Gobernación, de Hacienda, de Desarrollo Social, de Educación y de Salud para la creación de un Programa Nacional de Prevención del Delito… Será un programa transversal que involucrará a todas las dependencias federales en acciones para combatir las adicciones, rescatar los espacios públicos y promover proyectos productivos, entre otras muchas otras acciones y programas que habremos de desarrollar para alcanzar este objetivo”.
La propuesta no se concretó hasta el 30 de abril de 2014, cuando la Segob publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018, un largo documento de buenas intenciones para “atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y delincuencia”.
Recursos decrecientes
Un año después de publicado el programa comenzaron los vaivenes en la subsecretaría y la reducción del dinero para la política pública de prevención del delito hasta prácticamente desaparecer.
Al inicio, Peña Nieto modificó la Ley Orgánica de la Segob para crear la Subsecretaria de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y la dejó en manos de Roberto Campa Cifrián, quien en 2016 había sido candidato a la Presidencia por el partido Nueva Alianza, de la ahora encarcelada Elba Esther Gordillo, exjefa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Campa estuvo en la Subsecretaría de Prevención del Delito poco más de dos años. Salió en abril de 2015, cuando fue designado subsecretario de Derechos Humanos de la misma Segob.
Su salida ocurrió justo cuando apenas se cumplía el primer año del Programa de Prevención.
La subsecretaría quedó acéfala casi medio año, con lo que empezó el boicot desde el propio gobierno de Peña Nieto a su primera propuesta presidencial. El reemplazo no ocurrió hasta septiembre de ese año.
El bloqueo gubernamental a la política de prevención se profundizó con la designación como subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de Arturo Escobar, el expresidente y exdiputado del Partido Verde Ecologista de México, aliado del PRI en la elección presidencial de 2012.
La designación fue rechazada por amplios sectores sociales que recordaron que como legislador, Escobar había propuesto la pena de muerte para los secuestradores.
“Para reducir la violencia en nuestro país es indispensable que esta política sea encabezada por alguien que cuente no solamente con conocimiento del tema, sino también con una genuina convicción de que el delito puede y debe prevenirse por vías distintas a las del sistema penal, sin dejar de lado el necesario fortalecimiento institucional de este último”, expresaron en un comunicado 85 organizaciones sociales y más de cien ciudadanos y especialistas.
Escobar no pudo sostenerse en el cargo. En noviembre siguiente la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República, emitió una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en delitos electorales durante la campaña de las elecciones intermedias de 2015, al contratar a una empresa para la expedición de tarjetas de descuento a cambio del voto.
Al final Escobar fue absuelto, pero el daño a la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana ya estaba hecho, por la decisión de la administración de Peña Nieto de sostenerlo a pesar de las críticas.
La subsecretaría volvió a quedar sin titular hasta febrero de 2016, cuando Peña Nieto designó a Alberto Begné Guerra, exdirigente del desaparecido Partido Social Demócrata. Su experiencia en el servicio público era electoral y de transparencia, no de seguridad.
El desdén gubernamental a la prevención del delito fue explícito cuando el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, sacó del presupuesto para 2017 al Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Y a la Subsecretaría de Prevención le redujo el presupuesto de 2 mil millones a 48 millones de pesos.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, entre 2013, cuando Peña Nieto empezó con su política de prevención, y 2016, el Programa Nacional de Prevención recibió 9 mil 793 millones de pesos. El Quinto Informe de Gobierno de Peña Nieto menciona una cifra menor: 8 mil 283 millones de pesos, “destinados a la realización de más de 13 mil acciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en las 32 entidades federativas”.
Para ese periodo menciona la construcción de 370 inmuebles, 810 acciones de rehabilitación de espacios públicos y equipamiento de más de 350, mientras que el número de demarcaciones atendidas, llamadas polígonos de seguridad, fueron 57 en 2013 y 82 en 2016.
Sin embargo, en el Informe de Gobierno se aclara que el reporte se refiere a cifras de 2016, “puesto que para 2017 no se asignaron recursos para el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”.
Para 2018, en la propuesta de presupuesto para la Segob presentado a la Cámara de Diputados solo aparece un rubro llamado Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito, a la que se le asignan 218 millones 230 mil 548 pesos.
El Quinto Informe también revela el cambio de prioridad. Reporta que para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, entre 2013 y 2016 la Segob ejerció en promedio 209.6 millones de pesos al año, casi la misma cifra (215.26 millones) que reporta para el periodo entre 2009 y 2011, en el gobierno de Felipe Calderón, por lo que hace a Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
Para 2016, el Quinto Informe de Peña Nieto ya no menciona el rubro Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, sino el de Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública.
Lo significativo es que el gobierno de Peña ejerció menos de la mitad del dinero que le había autorizado la Cámara de Dipu­tados. De los 645.7 millones de pesos autorizados para 2016 y hasta junio de este año, sólo gastó 299.7 millones de pesos. El Informe omite explicar por qué no se ejerció todo el recurso.
La inoperancia de la política de prevención ha dejado el mismo resultado de muertes violentas que en el sexenio pasado, cuando oficialmente se registraron 121 mil homicidios dolosos. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a junio pasado el gobierno de Peña ya tenía un registro de 93 mil 252 asesinatos. Y aún le falta año y medio por contar.
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La Suprema Corte puede dejar impune la matanza de San Fernando/
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso #2133, 17 de septiembre de 2017
El miércoles 20 la Suprema Corte debe responder al amparo interpuesto por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho contra la CNDH, por el desaseo con el que se elaboró en diciembre de 2013 la recomendación del ómbudsman nacional sobre la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Según el ministro Fernando Franco, quien lleva el juicio, el amparo no procede, pues, arguye, la comisión es autónoma. Quienes lo promueven insisten: si se les niega el amparo habrá un grave retroceso en materia de derechos humanos, por lo que llevarán el caso a instancias internacionales.

La matanza de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, hace siete años, está lejos de ser esclarecida. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se apresta para negar un amparo a familiares de las víctimas que buscan una nueva investigación ante las deficiencias de la realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Desde diciembre de 2013, cuando el ómbudsman nacional emitió su recomendación contra la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno de Tamaulipas por la masacre de los 72 migrantes, en su gran mayoría centroamericanos, familiares de víctimas están embarcadas en una batalla legal contra la CNDH porque los excluyó de la investigación, a la que por demás le dio un trato de violación ordinaria y no de violaciones graves a los derechos humanos.

El resultado fue la convalidación del desaseo en la identificación de los restos, que se repartieron de forma tan descuidada entre la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y el Servicio Médico Forense de la capital del país bajo custodia de la PGR. Las familias aún dudan si los restos que les dieron dos años después de los crímenes son en verdad los de sus padres, hermanos o hijos.

El 22 de agosto de 2010 ocurrió la matanza de los 72 migrantes en tránsito a Estados Unidos. En abril del siguiente año se encontraron los cadáveres de otros 43. A la fecha no hay ningún detenido por la primera masacre. Hay ocho órdenes de aprehensión, pero ninguna se ha cumplido. Y aún faltan víctimas por identificar y otras están en duda.

Las acusaciones son por delincuencia organizada, privación de la libertad causando daños, homicidio y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Los crímenes son imputados a particulares sin ninguna responsabilidad para el Estado mexicano. Así lo avaló la CNDH en su recomendación 80/2013 que ahora está bajo controversia en la SCJN y que el ómbudsman nacional defiende en contra de las quejas de los familiares de las víctimas.

Patrocinadas por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, familias de Brasil, El Salvador, Guatemala y Honduras promovieron un amparo para que bajo el principio del debido proceso la CNDH reabra la investigación.

El recurso se interpuso en cuanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presidida entonces por Raúl Plascencia Villanueva, emitió su recomendación el 23 de diciembre de 2013, en pleno periodo vacacional de fin de año.

En su demanda, las familias sostienen que el organismo violó sus derechos humanos porque no les notificó el inicio de la investigación, nunca los escuchó porque en ningún momento fueron considerados víctimas, dejó de lado a los sobrevivientes y en la recomendación se omitió todo criterio para una reparación efectiva del daño.

Más aún, aseguran que la CNDH no investigó de manera adecuada la actuación de las autoridades del Estado mexicano y que fue omisa respecto a sus propios precedentes sobre la vulnerabilidad de los migrantes en México.

Los argumentos del ministro Franco

El Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México admitió la demanda en enero de 2014. Pero no emitió su sentencia hasta septiembre de 2016, negando la protección de la justicia mexicana.

Los familiares se duelen de la manera en que la CNDH investigó la queja, de la recomendación y del artículo 47 de la Ley de la CNDH, según el cual las resoluciones del organismo no pueden ser impugnadas judicialmente.

Los inconformes promovieron en octubre siguiente que se revisara dicha negativa y el expediente llegó al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la Ciudad de México. Los magistrados decidieron en febrero pasado pedirle a la SCJN atraer el caso para su resolución definitiva.

El expediente quedó radicado en la Segunda Sala del máximo tribunal. Lo que se propone en esa instancia es confirmar la negativa del amparo. Tal es el proyecto del ministro Fernando Franco, encargado del juicio. El fallo está previsto para la sesión de la Segunda Sala del próximo miércoles 20.

El argumento del ministro, según el proyecto de resolución publicado por la Corte, es que la CNDH es un ente autónomo para emitir sus recomendaciones y que aceptar recursos legales contra éstas implicaría que las autoridades señaladas como responsables de violaciones a los derechos humanos se puedan defender en tribunales.

Dice que una impugnación judicial contra las recomendaciones “implicaría desconocer la verdadera naturaleza de los ombudsperson”, y pretender que se mejoren por esa vía “rompería con la autonomía e independencia de las comisiones de derechos humanos”.

Dice que cuando organismos defensores de derechos humanos emitan recomendaciones incorrectas, incompletas o parciales, las autoridades señaladas pueden aceptar o no cumplirlas, mientras que las personas afectadas tienen vías legales e instancias para impugnar, no la recomendación, sino los actos que la originaron.

En su propuesta, el ministro avala la constitucionalidad del artículo 47 de la Ley de la CNDH y dice que aun cuando no son vinculantes, “las recomendaciones descansan en la fuerza moral de la propia Comisión Nacional”.

El problema en la masacre de San Fernando es que no hay otra instancia para reparar los derechos de las víctimas y de sus familiares. No existe medio de defensa alguno contra las recomendaciones de la CNDH en casos como éste en que se afecten los intereses de las víctimas, dice a Proceso Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

Por acción y omisión, la CNDH no defendió el derecho a la vida ni tomó en cuenta las circunstancias de la masacre, pues decidió investigar los hechos fuera de los parámetros de una violación grave a los derechos humanos, añade.

Explica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el debido proceso implica no sólo a las autoridades de investigación judicial, sino a todas las que tienen que ver con el derecho de las personas, como las comisiones de derechos humanos.

De confirmarse la negativa en la Segunda Sala, la SCJN se aproxima a fijar jurisprudencia para que todos los tribunales del país apliquen de forma obligatoria el criterio favorable a la CNDH.

La Primera y la Segunda Sala de la Corte rechazaron en 2015 y 2016 sendos amparos promovidos por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), organización dedicada a la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres. Los recursos fueron promovidos también contra las recomendaciones de la CNDH, porque el organismo omitió la reparación efectiva de la violencia obstétrica sufrida por las víctimas.

Bastan cinco resoluciones en ese mismo sentido para establecer la jurisprudencia. Una cuarta negativa podría ser la de otro amparo que por el mismo caso de San Fernando tiene la propia Fundación para la Justicia en la Segunda Sala.

La reclasificación 

Después de cuatro años, la CNDH reclasificó la masacre como un asunto de graves violaciones a los derechos humanos. El pasado 29 de junio, el organismo a cargo de Luis Raúl González Pérez anunció que había hecho público el expediente luego de reconsiderar el caso.

La CNDH no lo hizo motu proprio. Actuó obligada por la propia Suprema Corte. El 31 de mayo de este año, la Primera Sala determinó que la Comisión Nacional puede decidir si hace pública la información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos.

La facultad del organismo que tiene para clasificar un caso como de graves violaciones a los derechos humanos no está en duda; por tanto, la CNDH debe aplicar el principio de máxima publicidad de la información, establecieron los ministros al resolver un amparo promovido también por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

Cuando se trate de investigaciones de ese tipo, “no podrá invocarse el carácter reservado de las averiguaciones previas y otras indagaciones de carácter oficial”. Detrás de la resolución de la SCJN estuvo la disposición de la Corte Interamericana en el sentido de que una masacre debe considerarse una violación grave a los derechos humanos.

Édgar Corzo, quinto visitador de la CNDH, responsable de la atención a migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos, defiende la recomendación 80/2013 y el marco legal de la Comisión Nacional. Dice que la recomendación “se hizo con los elementos que se tuvo en su momento a su alcance” y lo que queda “es darle seguimiento”, como la reclasificación de violación grave a los derechos humanos.

“Lo que no se puede es empezar a estudiar todo de nuevo”, dice en entrevista telefónica con este semanario el viernes 15.

“Estamos en una etapa que no es jurisdiccional. Las averiguaciones previas siguen ahí y se siguen instruyendo, sin que se hayan determinado”. Dice que hay ocho órdenes de aprehensión, faltan 11 restos por identificar de los 72 migrantes y en varios otros se tienen dudas.

“Ahí es donde el análisis de la CNDH debe arrojar un resultado, en la etapa de seguimiento, con independencia de que se puedan hacer impugnaciones por tratarse de un nuevo acto.”

Pone en duda que exista responsabilidad del Estado mexicano: “Hay que ver si esto es así. En la recomendación que tenemos no hay algo que nos indique eso tal cual. Se han hecho estudios posteriores en los que se señala que hubo alguna participación de policías de San Fernando, pero esos no son elementos que desacrediten la recomendación como está dada”.

Niega que se trate de un litigio de la CNDH contra las víctimas. Lo que hace la comisión es la defensa de los derechos humanos y lo que establece la Constitución. “El ómbudsman es una institución que goza de autoridad moral, de un buen prestigio como institución y genera opinión pública a través de sus resoluciones”, dice.

Alegato de la parte agraviada

Sergio Méndez, abogado de la fundación y acompañante de los familiares en el litigio en los tribunales mexicanos, asegura que el amparo que buscan no es en contra de la recomendación ni la autonomía y decisiones no vinculantes del organismo, sino en la manera en que integró el expediente de queja.

“Lo que buscamos –expone– es que el amparo proceda contra los actos de los servidores públicos que integran los expedientes de queja y que implican violaciones al debido proceso. Muchas veces las quejas en la CNDH se integran indebidamente porque no se cita a las víctimas y no se toman en cuenta todos los elementos del caso.

“En el caso de la masacre de San Fernando no declaró violado el derecho a la vida porque no considera que hay involucramiento de autoridades del Estado en un contexto de delincuencia organizada, cuando está acreditada la participación de policías de Tamaulipas. Al dejar fuera la macrocriminalidad, evitó involucrar a agentes del Estado mexicano de manera directa.”

Eso se debió a que no se investigó como un asunto de violaciones graves a los derechos humanos. El propósito fue bajarle el perfil tanto jurídico, social y político de manera deliberada para emitir recomendaciones que terminaron siendo muy limitadas, asegura en entrevista.

La CNDH no tiene por qué convertirse en una isla de inmunidad y que sus actos queden fuera de control del juicio de amparo. Si fallan a su favor, los ministros dejarán completamente sin control al organismo y en la indefensión total a las víctimas ante recomendaciones completamente inútiles, dice el abogado. Y pregunta: “¿Qué peso moral puede tener una recomendación cuya investigación está plagada de violaciones a los derechos de las víctimas?”.

Sobre la reclasificación de la queja como un caso de graves violaciones a los derechos humanos, considera que fue un reconocimiento explícito de la mala labor que ha hecho históricamente la CNDH.

“Después de tres años, la Corte abrió la rendija, aunque acotada al tema de transparencia. Demostró que cuando quiere hacer justiciables ciertos derechos a favor de las víctimas lo hace. Pero ahora puede amparar la impunidad para que no haya control de la labor de la comisión en su labor sustantiva, que es la integración de los expedientes de queja. Una mala investigación impacta en derechos sustantivos de las personas de manera irreparable, como es la violación al debido proceso”, subraya.

Del litigio de la CNDH, dice que el organismo invoca la autonomía “como si fuera un derecho del presidente para que nadie se meta en sus cosas, cuando la autonomía sólo tiene sentido cuando está referida a los derechos de las víctimas”.

Ante el escenario de que los ministros mantengan el criterio que han venido construyendo a favor de la comisión, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho se irá a instancias internacionales bajo el argumento de denegación de justicia en México debido a una legislación inadecuada.