Gobernadores pidieron al Senado aprobar la minuta que expide la Ley de Seguridad Interior, consideraron que es imperante dar un marco legal a la actuación de las Fuerzas Armadas en sus labores en las entidades federativas.
Advirtieron que sería “un grave riesgo a la seguridad nacional” retirar a los militares de sus tareas contra organizaciones criminales. La ley no militariza al país, no invade competencias locales ni transgrede los derechos humanos ni las garantías individuales, aseguraron.
Precisaron que no se criminaliza la protesta social y señalaron que es una exigencia ciudadana restablecer la seguridad, para ello, se necesita toda la fuerza del Estado y contar con policías certificadas.
Mencionaron que con la participación del Ejército se ayudaría a revertir institucionalmente la debilidad que tienen todavía los tres niveles de gobierno en tareas de seguridad.
En el marco del análisis de la Ley, que llevan a cabo los presidentes de las comisiones dictaminadoras, ocho ejecutivos estatales expresaron sus opiniones respecto a la minuta referida.
El presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero Arroyo, destacó la labor del Senado por llevar a cabo un ejercicio democrático en el que se escucha a todos los actores antes de dictaminar una ley. “Hemos hecho las cosas con mucha responsabilidad y me da mucho gusto que sigamos en esa lógica”.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y Presidente todavía de la Conago, Miguel Ángel Mancera, dio su apoyo a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior; no obstante, alertó sobre “excesos y advierto algunas disposiciones que rebasan lo que, incluso, han solicitado las Fuerzas Armadas”.
Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero, dijo que la Ley “debe ser muy precisa en establecer la temporalidad de la actuación de las Fuerzas Armadas”.
En tanto, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, consideró inaplazable la aprobación de una ley, “ajo las circunstancias en las que estamos actualmente, la presencia de las Fuerzas Armadas en las entidades federativas se da en el marco de un vacío legal. Este vacío no tiende más que a generar incertidumbre: a los gobiernos estatales les da opción de evadir su responsabilidad de brindar seguridad con sus fuerzas civiles”.
El gobernador de Colima, Ignacio Peralta, consideró que ante el crecimiento de los índices delictivos en los últimos años, la ley regulará la intervención de las Fuerzas Armadas en territorios estatales, sus implicaciones, alcance y duración, “las cuales iniciarían a petición expresa de autoridades claramente definidas y con criterios precisos acerca de su conclusión”.
Señaló que es necesaria una Ley de Seguridad Interior, ante el crecimiento de los índices delictivos, “y su análisis debe superar las posiciones de tipo político, partidista o electoral”.
Destacó que la Ley no facultará la invasión de la esfera competencial de las fuerzas del orden local, tampoco generará la sustitución de estas autoridades, ni establecerá un Estado de excepción.
José Rosas Aispuro, de Durango fue enfático en señalar que este marco legal no pretende sustituir a las autoridades civiles y menos militarizar al país, sino mejorar la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, pues el narcotráfico y los grupos delictivos ponen en riesgo la seguridad interior.
Observó que esta ley se constriñe estrictamente a las facultades constitucionales y legales y a los tratados internacionales en la materia, sobre todo, de respeto a los derechos humanos.
Para el gobierno de Jalisco es procedente aprobar el dictamen en el Senado, a fin de revertir institucionalmente la debilidad que tienen todavía los tres niveles de gobierno en tareas de seguridad.
Refirió que la lucha que se libra en ese estado contra los grupos criminales sería impensable sin la presencia de las Fuerzas Armadas, por lo que consideró imperiosa la necesidad de crear un marco legal que regule su actuación y les otorgue certeza jurídica.
A nombre de los ejecutivos de Baja California, Tamaulipas y Aguascalientes, el gobierno de Querétaro pidió a los senadores retomar, discutir y votar “lo más rápido” la Ley.
Negó que la Ley militarice al país o viole los derechos humanos y las garantías individuales. Aseguró que la protesta social o las movilizaciones que tengan motivo político-electoral, “que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución”, bajo ninguna serán consideradas como amenazas a la seguridad interior.
San Luis Potosí aseguró que este ordenamiento permitirá tener una mayor y mejor coordinación en materia de seguridad pública con las Fuerzas Armadas y también para poder integrar a las fuerzas policiales municipales en esta tarea.
Tlaxcala expresó que esta legislación debe salir a la brevedad a efecto de establecer claramente los procedimientos y los protocolos que deben cumplir las Fuerzas Armadas para respaldar las tareas de seguridad pública.
Más cabildeó..
El nuevo arzobispo Primado de la Ciudad de México Cardenal Carlos Aguiar Retes, se pronunció porque exista una Ley de Seguridad Interior para que el Ejército tenga el marco legal para intervenir.
En tanto organizaciones civiles y académicos contrapusieron posturas sobre la Ley ..
El investigador del CIDE, Alejandro Madrazo, consideró que la ley que pretende aprobarse “es una confesión de parte”, y lo que se pretende es hacer “como que no son de seguridad pública las tareas que son de seguridad pública” y se pretende que el Ejército las lleve a cabo.
José Francisco de Villa Soto, de la organización Causa en Común, dijo que la ley extendería y fortalecería el arraigo de las Fuerzas Armadas como fuerzas políticas, lo que permitiría evadir la responsabilidad que se tiene con las policías locales.
Juan Ibarrola, experto en materia de seguridad, consideró que diversos sectores de la sociedad, como el estudiantil, el de salud e industrial, no quieren que las Fuerzas Armadas se retiren de las calles, e Isabel Miranda de Wallace de la organización Alto al Secuestro, pidió no realizar ningún cambio fundamental a la minuta, para que el Estado pueda actuar en contra de “las manifestaciones violentas”.
Héctor Armando Cabada, alcalde de Ciudad Juárez, pidió que se retome el tema del mando mixto, la certificación de las policías, que la decisión de la intervención de las Fuerzas Armadas no se haga unilateralmente, que puedan intervenir los gobiernos locales y que sea siempre una coordinación y no una subordinación.
Adrián de la Garza Santos, alcalde de Monterrey, dijo que tiene que tomar en cuenta las consideraciones necesarias, a efecto de establecer con claridad que la presencia del Ejército sea temporal y gradual, así como precisar las formas en las que podrá entrar en funciones.
Ana Bertha Haro Sánchez, presidenta municipal de Tétela Del Volcán, consideró un riesgo el que no se fortalezca la seguridad en el nivel municipal y que este orden de gobierno quede “muy lejos” de las decisiones que pudieran tomar desde otros niveles de gobierno.
Orlando Camacho, director general de México SOS, señaló que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles ya es una realidad y tienen presencia en 27 estados de la república, por lo que es necesario normalizar y regularizar sus labores.
Samuel Gonzáles Ruiz, catedrático de la UNAM, señaló que los candidatos de los diferentes partidos políticos a la Presidencia de la República van a establecer en sus respectivas agendas de campaña este tema para discutir sus proyectos de seguridad, porque ya está todo en la ley desde hace más de veinte años, nadie puede inventar nada.
Ana Laura Magaloni del CIDE precisó que este no es el marco jurídico que le va a permitir al Ejército tener la certeza de que es subsidiaria, excepcional y temporal su participación en labores de seguridad.
Tania Reneaum Panszi de Amnistía Internacional hizo un llamado al Senado para rechazar este proyecto de seguridad interior y que abra un debate donde intervengan actores políticos, academia y sociedad civil.
El gobernador de Colima, Ignacio Peralta, consideró que ante el crecimiento de los índices delictivos en los últimos años, la ley regulará la intervención de las Fuerzas Armadas en territorios estatales, sus implicaciones, alcance y duración, “las cuales iniciarían a petición expresa de autoridades claramente definidas y con criterios precisos acerca de su conclusión”.
Señaló que es necesaria una Ley de Seguridad Interior, ante el crecimiento de los índices delictivos, “y su análisis debe superar las posiciones de tipo político, partidista o electoral”.
Destacó que la Ley no facultará la invasión de la esfera competencial de las fuerzas del orden local, tampoco generará la sustitución de estas autoridades, ni establecerá un Estado de excepción.
José Rosas Aispuro, de Durango fue enfático en señalar que este marco legal no pretende sustituir a las autoridades civiles y menos militarizar al país, sino mejorar la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, pues el narcotráfico y los grupos delictivos ponen en riesgo la seguridad interior.
Observó que esta ley se constriñe estrictamente a las facultades constitucionales y legales y a los tratados internacionales en la materia, sobre todo, de respeto a los derechos humanos.
Para el gobierno de Jalisco es procedente aprobar el dictamen en el Senado, a fin de revertir institucionalmente la debilidad que tienen todavía los tres niveles de gobierno en tareas de seguridad.
Refirió que la lucha que se libra en ese estado contra los grupos criminales sería impensable sin la presencia de las Fuerzas Armadas, por lo que consideró imperiosa la necesidad de crear un marco legal que regule su actuación y les otorgue certeza jurídica.
A nombre de los ejecutivos de Baja California, Tamaulipas y Aguascalientes, el gobierno de Querétaro pidió a los senadores retomar, discutir y votar “lo más rápido” la Ley.
Negó que la Ley militarice al país o viole los derechos humanos y las garantías individuales. Aseguró que la protesta social o las movilizaciones que tengan motivo político-electoral, “que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución”, bajo ninguna serán consideradas como amenazas a la seguridad interior.
San Luis Potosí aseguró que este ordenamiento permitirá tener una mayor y mejor coordinación en materia de seguridad pública con las Fuerzas Armadas y también para poder integrar a las fuerzas policiales municipales en esta tarea.
Tlaxcala expresó que esta legislación debe salir a la brevedad a efecto de establecer claramente los procedimientos y los protocolos que deben cumplir las Fuerzas Armadas para respaldar las tareas de seguridad pública.
Más cabildeó..
El nuevo arzobispo Primado de la Ciudad de México Cardenal Carlos Aguiar Retes, se pronunció porque exista una Ley de Seguridad Interior para que el Ejército tenga el marco legal para intervenir.
El investigador del CIDE, Alejandro Madrazo, consideró que la ley que pretende aprobarse “es una confesión de parte”, y lo que se pretende es hacer “como que no son de seguridad pública las tareas que son de seguridad pública” y se pretende que el Ejército las lleve a cabo.
José Francisco de Villa Soto, de la organización Causa en Común, dijo que la ley extendería y fortalecería el arraigo de las Fuerzas Armadas como fuerzas políticas, lo que permitiría evadir la responsabilidad que se tiene con las policías locales.
Juan Ibarrola, experto en materia de seguridad, consideró que diversos sectores de la sociedad, como el estudiantil, el de salud e industrial, no quieren que las Fuerzas Armadas se retiren de las calles, e Isabel Miranda de Wallace de la organización Alto al Secuestro, pidió no realizar ningún cambio fundamental a la minuta, para que el Estado pueda actuar en contra de “las manifestaciones violentas”.
Héctor Armando Cabada, alcalde de Ciudad Juárez, pidió que se retome el tema del mando mixto, la certificación de las policías, que la decisión de la intervención de las Fuerzas Armadas no se haga unilateralmente, que puedan intervenir los gobiernos locales y que sea siempre una coordinación y no una subordinación.
Adrián de la Garza Santos, alcalde de Monterrey, dijo que tiene que tomar en cuenta las consideraciones necesarias, a efecto de establecer con claridad que la presencia del Ejército sea temporal y gradual, así como precisar las formas en las que podrá entrar en funciones.
Ana Bertha Haro Sánchez, presidenta municipal de Tétela Del Volcán, consideró un riesgo el que no se fortalezca la seguridad en el nivel municipal y que este orden de gobierno quede “muy lejos” de las decisiones que pudieran tomar desde otros niveles de gobierno.
Orlando Camacho, director general de México SOS, señaló que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles ya es una realidad y tienen presencia en 27 estados de la república, por lo que es necesario normalizar y regularizar sus labores.
Samuel Gonzáles Ruiz, catedrático de la UNAM, señaló que los candidatos de los diferentes partidos políticos a la Presidencia de la República van a establecer en sus respectivas agendas de campaña este tema para discutir sus proyectos de seguridad, porque ya está todo en la ley desde hace más de veinte años, nadie puede inventar nada.
Ana Laura Magaloni del CIDE precisó que este no es el marco jurídico que le va a permitir al Ejército tener la certeza de que es subsidiaria, excepcional y temporal su participación en labores de seguridad.
Tania Reneaum Panszi de Amnistía Internacional hizo un llamado al Senado para rechazar este proyecto de seguridad interior y que abra un debate donde intervengan actores políticos, academia y sociedad civil.
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Última llamada para ley de Seguridad Interior
Razones/JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Excelsior..
Se supone que hoy tendrá que ir a comisiones del Senado la minuta de la ley de Seguridad Interior, si es que se quiere tener la ley aprobada antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, este próximo viernes a la medianoche. Y así tendría que ser porque es una demanda política y legal que lleva años en la congeladora legislativa y argumentar ahora que se quiere discutir lo que se boicoteó durante 15 años parece ser bastante poco serio.
Que me perdone ese gran actor y buena persona que es Diego Luna (la voz que más repercusión, con pocos argumentos, ha tenido entre los opositores a la ley), pero está equivocado. No pasará, con la aprobación de la ley, nada grave en el país. Lo grave es que no tengamos esas normas básicas después de ser propuestas durante tres sexenios consecutivos. La ley, como han explicado muchos, no faculta a ninguna autoridad militar a realizar acciones de policía ni confunde las acciones de seguridad pública con las de seguridad interior. No pone en riesgo los derechos humanos, porque ante cada declaratoria de intervención se debe notificar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por la ley no se pueden suspender garantías individuales. La ley prohíbe expresamente en su artículo 8 la intervención militar contra cualquier protesta social que se realice en los marcos establecidos por la Constitución (¿alguien considera represivo o fuera de la ley intervenir ante un levantamiento realizado fuera del marco constitucional, por ejemplo ante un intento de golpe del signo que sea?). La regulación del uso de la fuerza no está incluida en la ley, existen protocolos específicos para ello en cada fuerza de seguridad del país y aceptados por instancias internacionales. No existe confidencialidad en las declaratorias de intervención: solamente se especifica que la misma puede ser reservada temporalmente en el marco de la ley de transparencia y las normas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Las declaratorias de intervención tienen temporalidad de un año y si se quiere ampliar se debe emitir una nueva.
Lo que sí hace la ley es obligar a estados y municipios a fortalecer sus policías y a rendir cuentas de los recursos destinados a ellos. Las tareas de inteligencia son inherentes a la intervención de las Fuerzas Armadas en los marcos legales existentes y, por ende, debe ser lícita y con respeto a las leyes y normas. Pero, además, la aplicación de la ley está sujeta al control del Congreso, de la Suprema Corte, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del sistema nacional anticorrupción, entre otras instancias nacionales e internacionales. Su campo de acción está claramente determinado: amenazas a la seguridad nacional con origen en territorio nacional, desastres naturales y emergencias; epidemias y contingencias de salud o falta de colaboración de municipios y Estados en materias de seguridad nacional.
Ningún actor político ha logrado rebatir estos principios de la ley. Sin duda se pueden realizar ajustes o cambios en la medida en que las normas comiencen a funcionar, pero los argumentos en contra presentados, hasta ahora, o simplemente tergiversan la realidad o no han leído siquiera la iniciativa. En medio hay mucho ruido político y poca sustancia (aderezada por ignorancia o mala fe).
Es un poco desconcertante que en su discurso del domingo Ricardo Anaya la haya emprendido contra dos gobiernos del que él de una u otra forma fue parte y que fueron ganados por su partido (Calderón lo trajo al gobierno federal, fue subsecretario de Estado y no se recuerda que jamás haya criticado entonces ni a Calderón ni a Fox), pero resulta inconcebible que vaya en contra de una ley de Seguridad Interior que propuso su propio partido (el corazón de la iniciativa de ley es la que propuso Roberto Gil Zuarth hace ya algunos años, en este sexenio, mucho antes de la ruptura entre Anaya y los llamados senadores rebeldes). Resulta increíble que en su programa de gobierno López Obrador proponga la ley de Seguridad Interior y el Mando Único policial, pero que sus legisladores lo rechacen cuando no están en el gobierno, (pero ¿qué se puede creer de
López Obrador cuando ahora saleAlfonso Romo a decir que el candidato no dijo lo que dijo aunque lo haya dicho y repetido una y otra vez, sobre los militares y la amnistía a los narcos? No es un problema de interpretación, es un dato duro).
Ayer la mayoría de los gobernadores le dieron luz verde a la iniciativa como antes se la había dado la CNDH. Miguel Ángel Mancera propuso revisar los artículos 11 y 16 porque consideraba que otorgaban poderes demasiado amplios al Poder Ejecutivo federal. No creo que sea así, pero en todo caso, si de lo que se está hablando es de ajustar normas y procedimientos, como se interpreta de lo dicho por el jefe de Gobierno, eso se puede revisar una vez que se apruebe la ley. Porque si la misma no sale en este periodo ordinario, tampoco saldrá en lo que resta de esta legislatura y cuando asuma la siguiente en septiembre del 2018 pasarán muchos meses y tal vez años, antes de que tengamos un marco legal que los partidos y los legisladores nos deben desde hace ya tres lustros.
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Última llamada para ley de Seguridad Interior
Razones/JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Excelsior..
Se supone que hoy tendrá que ir a comisiones del Senado la minuta de la ley de Seguridad Interior, si es que se quiere tener la ley aprobada antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, este próximo viernes a la medianoche. Y así tendría que ser porque es una demanda política y legal que lleva años en la congeladora legislativa y argumentar ahora que se quiere discutir lo que se boicoteó durante 15 años parece ser bastante poco serio.
Que me perdone ese gran actor y buena persona que es Diego Luna (la voz que más repercusión, con pocos argumentos, ha tenido entre los opositores a la ley), pero está equivocado. No pasará, con la aprobación de la ley, nada grave en el país. Lo grave es que no tengamos esas normas básicas después de ser propuestas durante tres sexenios consecutivos. La ley, como han explicado muchos, no faculta a ninguna autoridad militar a realizar acciones de policía ni confunde las acciones de seguridad pública con las de seguridad interior. No pone en riesgo los derechos humanos, porque ante cada declaratoria de intervención se debe notificar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por la ley no se pueden suspender garantías individuales. La ley prohíbe expresamente en su artículo 8 la intervención militar contra cualquier protesta social que se realice en los marcos establecidos por la Constitución (¿alguien considera represivo o fuera de la ley intervenir ante un levantamiento realizado fuera del marco constitucional, por ejemplo ante un intento de golpe del signo que sea?). La regulación del uso de la fuerza no está incluida en la ley, existen protocolos específicos para ello en cada fuerza de seguridad del país y aceptados por instancias internacionales. No existe confidencialidad en las declaratorias de intervención: solamente se especifica que la misma puede ser reservada temporalmente en el marco de la ley de transparencia y las normas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Las declaratorias de intervención tienen temporalidad de un año y si se quiere ampliar se debe emitir una nueva.
Lo que sí hace la ley es obligar a estados y municipios a fortalecer sus policías y a rendir cuentas de los recursos destinados a ellos. Las tareas de inteligencia son inherentes a la intervención de las Fuerzas Armadas en los marcos legales existentes y, por ende, debe ser lícita y con respeto a las leyes y normas. Pero, además, la aplicación de la ley está sujeta al control del Congreso, de la Suprema Corte, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del sistema nacional anticorrupción, entre otras instancias nacionales e internacionales. Su campo de acción está claramente determinado: amenazas a la seguridad nacional con origen en territorio nacional, desastres naturales y emergencias; epidemias y contingencias de salud o falta de colaboración de municipios y Estados en materias de seguridad nacional.
Ningún actor político ha logrado rebatir estos principios de la ley. Sin duda se pueden realizar ajustes o cambios en la medida en que las normas comiencen a funcionar, pero los argumentos en contra presentados, hasta ahora, o simplemente tergiversan la realidad o no han leído siquiera la iniciativa. En medio hay mucho ruido político y poca sustancia (aderezada por ignorancia o mala fe).
Es un poco desconcertante que en su discurso del domingo Ricardo Anaya la haya emprendido contra dos gobiernos del que él de una u otra forma fue parte y que fueron ganados por su partido (Calderón lo trajo al gobierno federal, fue subsecretario de Estado y no se recuerda que jamás haya criticado entonces ni a Calderón ni a Fox), pero resulta inconcebible que vaya en contra de una ley de Seguridad Interior que propuso su propio partido (el corazón de la iniciativa de ley es la que propuso Roberto Gil Zuarth hace ya algunos años, en este sexenio, mucho antes de la ruptura entre Anaya y los llamados senadores rebeldes). Resulta increíble que en su programa de gobierno López Obrador proponga la ley de Seguridad Interior y el Mando Único policial, pero que sus legisladores lo rechacen cuando no están en el gobierno, (pero ¿qué se puede creer de
López Obrador cuando ahora saleAlfonso Romo a decir que el candidato no dijo lo que dijo aunque lo haya dicho y repetido una y otra vez, sobre los militares y la amnistía a los narcos? No es un problema de interpretación, es un dato duro).
Ayer la mayoría de los gobernadores le dieron luz verde a la iniciativa como antes se la había dado la CNDH. Miguel Ángel Mancera propuso revisar los artículos 11 y 16 porque consideraba que otorgaban poderes demasiado amplios al Poder Ejecutivo federal. No creo que sea así, pero en todo caso, si de lo que se está hablando es de ajustar normas y procedimientos, como se interpreta de lo dicho por el jefe de Gobierno, eso se puede revisar una vez que se apruebe la ley. Porque si la misma no sale en este periodo ordinario, tampoco saldrá en lo que resta de esta legislatura y cuando asuma la siguiente en septiembre del 2018 pasarán muchos meses y tal vez años, antes de que tengamos un marco legal que los partidos y los legisladores nos deben desde hace ya tres lustros.
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