No puede solaparse la impunidad al cobijo del Ejército y la Armada: Encinas

Revista Proceso #2182, 26 de agosto de 2018
No puede solaparse la impunidad al cobijo del Ejército y la Armada: Encinas/
GLORIA LETICIA DÍAZ
Alejandro Encinas, quien a partir del próximo 1 de diciembre será subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, advierte que habrá un “cambio de paradigma en la relación de las Fuerzas Armadas en el país”. El propósito es terminar con la impunidad de las tropas que hayan cometido abusos contra la población. Su principal compromiso, dice en entrevista con Proceso, es crear una Comisión de la Verdad y resolver los casos más emblemáticos heredados de la administración de Enrique Peña Nieto: Tlatlaya y Ayotzinapa.

El viernes 24, casi al mismo tiempo en que el encargado de garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos de los mexicanos, Alejandro Encinas Rodríguez, habló de la responsabilidad que le delegó Andrés Manuel López Obrador, éste anunció que los elementos castrenses en funciones de seguridad pública durante los últimos 12 años seguirán en las calles.

Entrevistado en su oficina del Senado, Encinas habla de la herencia del gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de derechos humanos. Los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, dice, son emblemáticos, pues varios de los militares implicados no han sido sancionados.
Cuestionar a un militar no va en demérito de la institución castrense, aclara, y apunta: “Ese prurito es absurdo; en el fondo es encubrimiento”, comenta.
Encinas es uno de los poco colaboradores de López Obrador que no pasó por el PRI. Comenzó su militancia en el Partido Comunista Mexicano. 

Señala que la práctica de las Fuerzas Armadas de acuerparse frente a señalamientos de graves violaciones a derechos humanos se remonta al menos a la época del homicidio del líder campesino Rubén Jaramillo y su familia, la matanza de Tlatelolco en 1968, las desapariciones forzadas de la Guerra Sucia y las represiones a los movimientos obreros.

“Siempre se vio esa intervención del Ejército como una intervención institucional y no como una responsabilidad del presidente”, destaca Encinas. Recuerda: en los años de control férreo del PRI, la actuación de las Fuerzas Armadas respondía al cumplimiento “de la orden del jefe máximo”; al menos así sucedió durante la represión estudiantil en 1968, cuando el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz “asumió personalmente la responsabilidad política, histórica y jurídica”.

Considera que en años recientes se ha malentendido la defensa de la institución castrense al proteger a elementos que han fallado. Y sentencia: “Ni el Ejército ni la Marina tienen por qué asumir como institución los errores o los abusos que cometen sus elementos… No tienen por qué encubrir una responsabilidad en una malentendida defensa de la institución”.

Los casos emblemáticos 

Poco antes de un encuentro con los reporteros, el viernes 24, en conferencia de prensa Encinas presentó el documento Fin de ciclo. Seis años de trabajo legislativo 2012-2018, en el cual reflexiona sobre la matanza en Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas en Iguala en la que participó personal de la Secretaría de la Defensa (Sedena).

“Estamos en una época de cambio de nuevo régimen político, y no puede haber impunidad ni puede solaparse esa impunidad al cobijo de una institución. No se puede ser omiso o simular, porque esa omisión incurre en complicidad.

“Los titulares de la Defensa Nacional y la Armada de México deben ser los principales interesados en reivindicar la imagen buena que tienen las Fuerzas Armadas, que se ha ido deteriorando en los últimos años”, advierte.

Reportes de organismos internacionales dan cuenta de esa imagen deteriorada. Las propias dependencias castrenses informan en sus portales sobre las recomendaciones emitidas por el ómbudsman nacional. De 2006 a la fecha la Sedena ha recibido 128; a la Secretaría de la Marina llegaron 4 de 2006 a 2017.

Destaca el caso de Tlatlaya, en el que 22 personas murieron a manos de tropas de la Sedena en junio de 2014. “Fue la primera prueba para instrumentar la reforma al Código de Justicia Militar” de ese mismo año, que establece que las violaciones a los derechos humanos cometidas por personal castrense contra civiles se esclarecerán en el fuero civil, pero “la Procuraduría General de la República fue omisa. Por ese prurito absurdo, que en el fondo es encubrimiento”, comenta Encinas.

Opositor desde el Senado de la Ley de Seguridad Interior (LSI), que legaliza la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el entrevistado reafirma su posición.

“No es posible no sólo que se subordine la autoridad civil al mando militar ante la eventual declaratoria de un riesgo a la seguridad interior, sino que se somete a la población civil a la autoridad militar, y esa es la peor de las regresiones que hemos tenido y que va en contrasentido de la reforma al Código de Justicia Militar”, apunta.

El exjefe de gobierno capitalino confía en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional la LSI, o bien ésta sea derogada por el nuevo Congreso, con mayoría de Morena, “por congruencia”, toda vez que en la legislatura que está por terminar él fue uno de los promotores de una acción de inconstitucionalidad contra esa ley.

Encinas dice estar consciente de la tarea que le encomendó el presidente electo, en la que más allá de la magnitud de los problemas le preocupan, dice, “las reacciones, cuando empecemos a afectar intereses”.

Tras comprometerse a “rediseñar y recomponer” el Instituto Nacional de Migración –“una de las instituciones más corruptas del Estado mexicano”, dice–, admite que le corresponderá “enfrentar la peor expresión de la degradación de las instituciones, de la ausencia de Estado y de autoridad en este país, lo que se refleja en las violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y torturas, entre muchos otros agravios.

Funesta herencia 

Su diagnóstico sobre los 12 años de “guerra contra el narcotráfico” coincide con el  de la sociedad civil y los organismos internacionales de derechos humanos:

“Lo que queda es un país convertido en una gran fosa clandestina; esa es la expresión más nítida del fracaso de la guerra contra el narcotráfico. Los niveles de violencia, los niveles de descomposición del tejido social y el número de jóvenes que han perdido la vida; también la descomposición institucional, la corrupción que existe en los entes de gobierno, el descrédito de todas las corporaciones policiales… Está muy claro que el saldo es el de una verdadera crisis no solamente institucional, sino humanitaria y de derechos humanos.”

Ante el tamaño del problema, señala, hay disposición de aceptar la colaboración y cooperación de agencias internacionales de derechos humanos, de manera particular de la ONU, con las que ya se ha reunido:

“La colaboración internacional hay que verla como algo positivo, no como una violación a nuestra soberanía o la abdicación de nuestras facultades y competencias. Esperamos que la cooperación internacional nos ayude a retomar el camino, a resolver problemas como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los problemas en Nochixtlán, Oaxaca, y las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya.

“También están las ejecuciones en Apatzingán y en Tanhuato, las fosas clandestinas, etcétera. Debemos estar abiertos, ser los primeros interesados en conocer la vedad de estos hechos y castigar a los responsables.”

Encinas ha estado activo en reuniones con colectivos de víctimas de desapariciones y organizaciones de migrantes. Se comprometió a darles “trato parejo” a sus demandas y acompañarlas en su exigencia de justicia.

La larga lista de víctimas por atender en la Subsecretaría de Derechos Humanos también incluye a periodistas y defensores de derechos humanos. Serán, dice, una de sus “prioridades”.

Otras de las encomiendas de López Obrador a Encinas es la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de ­Ayotzinapa. Este caso marcó a la administración de Enrique Peña Nieto; “es uno de los más emblemáticos de la descomposición del Estado, de una ausencia brutal del Estado y de esa colusión del narco con las autoridades. El gobierno federal sabía todo”.

Por ello su simpatía por la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito emitida el 31 de mayo último, que ordenó la creación de la “Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”, atacada por el gobierno de Enrique Peña Nieto desde 10 instituciones federales y la Cámara de Diputados (Proceso 2181). 

Los encuentros 

Antes de acudir al segundo encuentro privado con los padres y madres de los normalistas desaparecidos, Encinas deja asentado que “la mano que mece la cuna” detrás de la embestida contra esa sentencia, es la de Humberto Castillejos, aunque ya no sea consejero formal del presidente Peña Nieto”.

Encinas se compromete a operar el mecanismo extraordinario dictado por el Tribunal Colegiado si al asumir formalmente como subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, la SCJN aún no emite un pronunciamiento al respecto, o bien crear una comisión con las mismas características si el máximo tribunal revirtiera la resolución.

“No se trata sólo de una resolución judicial, sino de voluntad política. Además hay una instrucción expresa del presidente electo para que, al momento de mi nombramiento, yo avance en el esclarecimiento del asunto de Ayotzinapa y se forme una comisión.”

Dice estar dispuesto también a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes retorne al país.

López Obrador le insistió en reabrir la investigación para localizar a los estudiantes y sancionar a los responsables de su desaparición y a los funcionarios públicos que obstaculizaron las indagatorias.

–¿El compromiso incluiría a Jesús Murillo Karam, el exprocurador general de la República, a Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, y al propio Peña Nieto? –pregunta la reportera.

–Si alguien alteró pruebas o las sembró; si alguien modificó el expediente; si alguien obtuvo una declaración bajo tortura, debe ser sancionado.

Sin dejar de admitir que “en el país no son 43 los desaparecidos sino (según cifras oficiales) más de 37 mil, para el próximo gobierno esclarecer la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa sería “una señal magnífica, un primer paso para replantear todo y acabar con la impunidad”.