"Una fuente de inteligencia confiable me dice que Irán se ha estado acercando a México desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo hace 13 meses.”Según O'Grady, el acercamiento a México responde al patrón que siguió Soleimani en las Fuerza Quds, brazo militar de Irán.
"La muerte de esta mente maestra terrorista es un mensaje a aquellos en la región que albergan sus redes", afirma la columnista.
Es una opinión de la columnista, aunque tiene "fuente de inteligencia confiable”.... hay que tomarlo con reservas, O’Grady, ha recibido críticas por supuestas inexactitudes en algunos de sus artículos...En uno de ellos afirmó que Fidel Castro desarrollaba virus para compartirlos con fundamentalistas islámicos; o que Hugo Chávez y Daniel Ortega estaban brindando refugio a terroristas Islámicos: Fake...
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El pleno del INAI ha ordenado a la Oficina de la Presidencia de la República que dé a conocer a un particular los motivos reales y graves que motivaron que en octubre pasado Eduardo Medina Mora presentara su renuncia como ministro de la Corte.
La resolución se presentó y votó en la última sesión del instituto, en diciembre del año pasado, pero se dio a conocer hasta el domingo, a través de un hilo en Twitter de Daniel Torres Checa...
Reacción...El presidente analiza informar sobre los motivos de la renuncia.
“Debemos de cuidar la parte legal, pero si no hay ningún impedimento legal, pues se hace público”, aseguró en conferencia mañanera...
En su momento, el presidente informó que la renuncia del ministro se dio para atender denuncias que se habían interpuesto en su contra en la FGR..
¿De la denuncia se abrió carpeta de ivestigación. o sólo las acciones del titular del UIF?
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Las columnas políticas hoy, lunes 13 de enero de 2020...
TEMPLO MAYOR/Reforma...
TODAVÍA no se abre la vacante de subsecretario para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y al interior de la dependencia ya se sienten los caballazos de quienes quieren quedarse con el despacho que aún ocupa Jesús Seade.
A ESO atribuyen que, a cada rato, le anden reviviendo un viejo litigio a Javier López Casarín, empresario que colaboró con el canciller Marcelo Ebrard durante el periodo de transición de 2018 y a quien muchos han candidateado para ese cargo.
¿Y DE PARTE de quién, se preguntan quienes trabajan en la Torre de la Cancillería? Y, en respuesta, varios dedos que apuntan hacia el 1911 de la Avenida Pennsylvania, sede de la embajada de México en Estados Unidos.
SÍ, HACIA el edificio en el que despacha la embajadora Martha Bárcena y tiene su oficina Héctor Ortega Nieto, encargado de las relaciones con el Congreso. ¿Por qué será?
CON UNA sola frase, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, dejó bien claro el poco o nulo respeto que tiene por los empresarios de su entidad.
EN UN ACTO en Mexicali dijo que hay dueños de empresas "que están chillando más que un puerco atorado en un cerco" porque se han quejado por los nuevos impuestos estatales y, sobre todo, porque nomás no ven mejorías en la vigilancia, el alumbrado o el asfaltado alrededor de sus negocios.
YA ENCARRERADO, el mandatario morenista acusó que la Coparmex sólo representa a los empresarios que se oponen a la participación de los ciudadanos y que en el Consejo Coordinador Empresarial andan confundidos.
VAYA manera tiene Bonilla de crear un "buen ambiente" para las inversiones y las actividades productivas en Baja California.
UNA GRAN DUDA les surgió a muchos tuiteros que vieron ayer el video que subió Andrés Manuel López Obrador para narrar cómo, alrededor de las 7:00 horas, se le ponchó una llanta a la camioneta en la que viajaba por un camino de terracería en Sonora.
EL PRESIDENTE escribió que, a pesar del percance, llegó a la cita con la familia LeBarón, pero lo raro es que, con todo y que se ve la llanta ponchada en el piso, también se alcanza a ver que, detrás de su vehículo, hay por lo menos otras tres camionetas detenidas.
LA LÓGICA indicaría que, para evitar retrasos, el mandatario se cambiara de vehículo y siguiera su camino mientras alguien se quedaba a cambiar la llanta. ¿O el video fue nomás para presumir cómo viaja en terracería un domingo en la madrugada? Es pregunta sin apantallaje.
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Bajo Reserva/El Universal
Revivirá la alianza que llevó a AMLO al poder
Nos dicen que la alianza electoral Juntos Haremos Historia, que conformaron Morena, PT y el PES en las elecciones federales de 2018, y le dieron el triunfo al presidente Andrés Manuel López Obrador, alista su segunda edición rumbo a las elecciones intermedias de 2021. Nos adelantan que, una vez completado el registro del PES —que perdieron y recuperarán como Partido Encuentro Solidario—, los tres partidos ya cuentan con volver a juntarse para revivir su alianza e intentar mantener la mayoría en la Cámara de Diputados, en favor del proyecto de la autollamada Cuarta Transformación.
Ya viene el expediente Medina Mora
El “misterio” de las razones por las que el ministro Eduardo Medina Mora renunció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está en algún lugar entre los archivos de la Presidencia de la República. Así lo infirió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) mediante una sorpresiva resolución que pasó desapercibida durante el cierre de 2019. Hay que recordar que nada se conoció sobre la dimisión de don Eduardo de la SCJN, en momentos en que sus finanzas personales estaban bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera, que documentó sospechosas transferencias millonarias en las cuentas del entonces ministro, quien también fue director del Cisen, secretario de Seguridad Pública federal, procurador general de la República y embajador de México en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Ahora, el Inai ha considerado que el fondo del asunto de su renuncia a la Corte es relevante, por lo que en breve su resolución será pública y solo faltaría ver si la Presidencia abre el expediente Medina Mora.
Una construcción que se tambalea
Nos dicen que uno de los líderes sectoriales que ha logrado romper casi todos sus canales de interlocución con el gobierno de la autodenominada 4T y con algunos organismos empresariales es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Gonzalo Méndez Dávalos. Don Gonzalo, nos platican, empezó su presidencia con un gran tropiezo, pues el año pasado convocó a su toma de protesta en el Club Industriales de Monterrey al titular de la Sedatu, al gobernador de Nuevo León, al director general del Infonavit, al secretario general de la CTM, al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, al presidente de la Concamin y a los 32 delegados estatales de la Canadevi en el país, y a medio discurso, y para sorpresa de todos, anunció que siempre no tomaría protesta ese día porque él quería hacerlo lo más cerca posible del Presidente, por lo que el acto se pospondría hasta que pudiera hacerlo en Palacio Nacional. El caso es que él fue electo en abril y acabó tomando posesión hasta septiembre, sí en Palacio Nacional, pero sin la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, nos dicen que Méndez Dávalos busca reelegirse el próximo mes de marzo, y nos hacen ver que la construcción de esa obra no le será nada fácil.
El conejillo de indias del INE
Nos dicen que el Instituto Nacional Electoral (INE), que preside el consejero Lorenzo Córdova, se alista para utilizar, por primera vez, las urnas electrónicas con las que cuenta, en las elecciones a gobernador de Hidalgo y Coahuila, este año. Sin embargo, es posible que antes de hacerlo en un proceso electoral estas urnas se utilicen en lo que puede ser una prueba gratis, pues el PRD plantea llevar a cabo la elección de su dirigencia nacional en febrero, antes de que los comicios en esos estados se celebre, en junio. Aseguran que el mismo PRD se ofreció para emplearlas, pues a ellos les generaría un ahorro importante, ahora que el partido anda sin muchos recursos. Así que el PRD podría ser el conejillo de indias para el INE en esta nueva aventura tecnológica.
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Frentes Políticos/Excelsior
1. Venganza inoportuna. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez reveló que para este año la Federación aplicó un recorte por mil 500 millones de pesos para la operación del sistema de salud en Guanajuato. Así que advirtió que la Secretaría de Salud estatal dejará de atender a todos los derechohabientes del IMSS o del ISSSTE. Y no sólo eso: “Vamos a dejar de atender a gente de otros estados, porque no hay recursos, salvo urgencias vamos a atender a gente de otros estados o del extranjero, con la pena, tendremos que brindar solamente el servicio a los guanajuatenses”. Recalcó que se atendía a gente de otros estados sin problema alguno, pero ahora, bajo la nueva política, la situación tendrá que cambiar. El insensible del año. ¿Y así se dice gobernador?
2. Hasta creen. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, informó que Elba Esther Gordillo no tiene derechos dentro del sindicato porque dejó de pagar sus aportaciones, por lo tanto, no puede participar en los procesos internos para renovar ocho dirigencias seccionales que se realizarán en unos meses. “Nuestros estatutos establecen que es miembro activo de la organización quien aporta el 1% de su salario para el sostenimiento del sindicato. Si desde hace años y, particularmente, desde hace 10 meses no se ha entregado esta cotización, pues, obviamente, no se tienen condiciones para poder participar en este momento”, puntualizó. Se olvida de que doña Elba Esther fue la líder sindical con mayor poder durante décadas y basta con que lo quiera para regresar. Unos pesos no la detendrán.
3. Osote. La cantante mexicana Flor Amargo denunció que personal del ayuntamiento de Guadalajara, junto con policías, se llevaron sus instrumentos. Y aunque el gobernador Enrique Alfaro asegure que respetará el trabajo de los creadores, el asunto tuvo que escalar a niveles que sólo dejan mal paradas a las autoridades de Jalisco. La escritora e investigadora Beatriz Gutiérrez Müller le exigió al Ayuntamiento “devuelva, por favor, sus instrumentos y bocinas de Flor Amargo. El arte transforma, por ello, ocúpense más de los delincuentes y violentos, antes que de los artistas que dignifican lo mejor del ser humano”, escribió. La esposa del Presidente publicó otro mensaje en el que le muestra su afecto a los artistas callejeros. Una pizca de criterio les habría evitado el ridículo. Pero es mucho pedir.
4. El lado fácil de la política. Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados del PAN, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador recorrer los hospitales del país para que se dé cuenta de que el Instituto de Salud de Bienestar (Insabi) es un “fracaso”. Lo convocó para que la visita sea sin maquillaje, agenda ni la intervención de funcionarios “estorbo” y se dé cuenta del fracaso que ocasiona “zozobra y angustia entre la población”. Además, consideró injusto que “los enfermos paguen el precio de la improvisación e irresponsabilidad de los administradores del gobierno federal”, postura que suscribieron los cinco diputados panistas que integran la Comisión de Salud. Romero Hicks declaró que, como oposición constructiva, están del lado de los ciudadanos. El programa tiene 13 días de implementado. Demasiado rápido para tanto griterío, ¿no?
5. Orden. La fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados buscará elevar a rango constitucional los programas sociales que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la prohibición de las llamadas de bancos a los teléfonos particulares de los usuarios. El diputado Mario Delgado, coordinador de la bancada, informó que, en la última semana de enero, la fracción definirá la agenda que impulsará en el próximo periodo ordinario de sesiones. Apuntó que serán los días 29, 30 y 31 de enero cuando establecerán sus prioridades, entre las que estará la Constitución de los Derechos Sociales que atienden ahora los programas para el bienestar. Primero háganlos funcionar y luego piensen en lo demás. No al reves.
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Grillas contra el canciller/Confidencial
ElFinanciero_Mx
Con la novedad de que las grillas contra el secretario de Relaciones Exteriores, basadas en identificar a Javier López Casarín como operador alterno de la Cancillería, tienen como origen a un funcionario de la Embajada de México en Washington. En concreto señalan, en el ámbito diplomático, al ministro Héctor Ortega a quien se le atribuye haber filtrado información confidencial del Departamento de Estado norteamericano. La lucha, nos dicen, es por la subsecretaría para América del Norte, ante la posible salida de Jesús Seade. Por demás está señalar que este tipo de prácticas son violatorias de los principios que todo diplomático de carrera debe respetar.
Las penas con pan son menos
Los que cumplieron con eso de que ‘las penas con pan son menos’ fueron el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el presidente López Obrador, quienes se reunieron para tener un “suculento desayuno”, que consistió en un pan de piloncillo elaborado por el propio gobernador. “Me levanté muy temprano para hacer el PAN”, dijo Corral, quien apenas unos días atrás había sido balconeado por la Presidencia de no asistir a las reuniones de seguridad con los delegados de programas sociales. Habrá que ver si a partir de este desayuno, Javier Corral toma fuerzas para relanzar la estrategia de seguridad en Chihuahua, donde la criminalidad aumenta día a día.
La preocupación del fiscal de EU
La preocupación de Washington está en “los laboratorios de fentanilo mexicanos, que están listos para inundar a los Estados Unidos”. O al menos así lo dejó ver William Barr, procurador estadounidense, en un editorial publicado este fin de semana en The Washington Post. En la Unión Americana el fentanilo es considerado una sustancia ilegal y hay prohibiciones jurídicas para su distribución. Pero estas normas vencen en febrero, y la mayoría en la Cámara de Representantes no parece dispuesta a refrendar esta restricción. Mientras tanto, la inquietud del fiscal mexicano, Alejandro Gertz, también está en el Congreso, pero con una reforma al Código Penal Nacional.
Si el río suena en las aduanas…
Tras el fallecimiento del almirante Juan Ramón Alcalá Pignol, la Administración Central de Operación Aduanera queda acéfala. El reto que tendrá el Presidente es el nombramiento de su nuevo titular en una de las instancias más polémicas. Para muestra, un botón, pues durante la semana que concluyó hubo una protesta de empleados que señalaron favoritismos y que a los “consentidos” se les coloca en aduanas “estratégicas”. Los quejosos señalan también que ven a algunos extrañamente interesados en zonas con operaciones de hidrocarburos y armas.
Seguridad e Insabi, en reunión Conago-AMLO
Nos comentan que en la reunión de mañana de la Conferencia Nacional de Gobernadores ya se alistan varios temas a tratar con el presidente López Obrador y el Gabinete de Seguridad. Resulta que a la polémica por la exhibición de los mandatarios que no asisten a las reuniones mañaneras de seguridad, ahora se sumará el tema del Insabi con el rechazo de varios mandatarios a abandonar el Seguro Popular. Un asunto delicado más será el de la inseguridad en las escuelas, tras el tiroteo del niño de 11 años en Coahuila.
Tren Maya, “vicios de fondo”
La senadora panista Xóchitl Gálvez solicitó, mediante un punto de acuerdo, a la Secretaría de Gobernación, que encabeza Olga Sánchez Cordero; al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y al Fonatur, un informe sobre el proceso de consulta realizado a pueblos y comunidades indígenas, respecto del Tren Maya. De acuerdo con la legisladora, las consultas que se realizaron en noviembre y diciembre pasados, en Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, presentaron “vicios de fondo”, ya que no existen aún estudios de impacto ambiental. Veremos si la mayoría de Morena en la Comisión Permanente lo avala.
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Trascendió/MIlenio
QUE la SNTE dio a conocer otra forma de extorsión, que apunta al crimen organizado que opera en Guerrero, Tamaulipas, Jalisco y Michoacán. Resulta que en diciembre pasado, cuando los profesores recibieron su aguinaldo, personas ajenas a la educación se acercaron a los planteles para pedir a los docentes una “cooperación” para supuestos movimientos que nadie conoce. Algunos no aceptaron y ahora el sindicato está preocupado por su seguridad.
QUE el PRD se enteró de la peor manera que no tendrá ni un representante en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, algo que fue negociado hace semanas con la Junta de Coordinación Política de San Lázaro.
Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, dejó al perredismo colgado de la brocha porque Porfirio Muñoz Ledo pidió de última hora, en diciembre pasado, ser incluido en ese órgano legislativo. El sol azteca se enteró por terceras personas, de ahí su molestia, aunque debe saber que hay prioridades.
QUE este año comenzó movido en la Secretaría de Gobernación por temas como personas desaparecidas, especialmente por las reuniones con los padres de los 43 de Ayotzinapa, lo que ha implicado mucho trabajo de negociación para la secretaria Olga Sánchez Cordero y su equipo. Eso explica por qué el subsecretario Ricardo Peralta fue el representante de Bucareli en el encuentro que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con la familia LeBarón este domingo en Bavispe, Sonora.
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Trascendió/MIlenio
QUE la SNTE dio a conocer otra forma de extorsión, que apunta al crimen organizado que opera en Guerrero, Tamaulipas, Jalisco y Michoacán. Resulta que en diciembre pasado, cuando los profesores recibieron su aguinaldo, personas ajenas a la educación se acercaron a los planteles para pedir a los docentes una “cooperación” para supuestos movimientos que nadie conoce. Algunos no aceptaron y ahora el sindicato está preocupado por su seguridad.
QUE el PRD se enteró de la peor manera que no tendrá ni un representante en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, algo que fue negociado hace semanas con la Junta de Coordinación Política de San Lázaro.
Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, dejó al perredismo colgado de la brocha porque Porfirio Muñoz Ledo pidió de última hora, en diciembre pasado, ser incluido en ese órgano legislativo. El sol azteca se enteró por terceras personas, de ahí su molestia, aunque debe saber que hay prioridades.
QUE este año comenzó movido en la Secretaría de Gobernación por temas como personas desaparecidas, especialmente por las reuniones con los padres de los 43 de Ayotzinapa, lo que ha implicado mucho trabajo de negociación para la secretaria Olga Sánchez Cordero y su equipo. Eso explica por qué el subsecretario Ricardo Peralta fue el representante de Bucareli en el encuentro que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con la familia LeBarón este domingo en Bavispe, Sonora.
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Delegado federal en Morelos, en la mira de la 4T | Corresponsales de El Universal
KioskoDelegado federal en Morelos, en la mira de la 4T
En Morelos, nos cuentan, quien bajó en los bonos políticos de la 4T fue el delegado de programas federales Hugo Éric Flores Cervantes, por incumplir con proyectos presidenciales de sumo interés; el principal de ellos, poner en marcha la planta termoeléctrica de Huexca. Nos detallan que don Hugo Éric no logró realizar “los amarres” necesarios para poder terminar el gasoducto y poner en funcionamiento la planta termoeléctrica, pues lejos de mantener diálogo con las comunidades involucradas, provocó un rompimiento social y endosó el conflicto al gobierno estatal, además de que las investigaciones sobre el crimen del activista Samir Flores —férreo opositor a la termoeléctrica— están empantanadas. Nos aseguran que la imagen de don Hugo Éric está tan deteriorada, que durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la cuna del zapatismo, prácticamente los campesinos le impidieron el paso y tuvo que buscar por su cuenta cómo llegar a la concentración. ¡Pum!
En Zacatecas inicia exhibición de fuerza
Nos platican que donde están los destapes a la orden del día con miras a 2021 es en Zacatecas, ya que el pasado fin de semana Adolfo Fito Bonilla, secretario del Campo del gobierno estatal priista, echó la casa por la ventana para celebrar su cumpleaños 48, en el cual, entre los 4 mil invitados estuvo la esposa del gobernador, Cristina Rodríguez, así como funcionarios y políticos del tricolor. Pero, nos destacan, en la mesa de honor se encontraban los dirigentes estatales del PAN, PRD y MC, lo cual fue interpretado, nos dicen, como un acercamiento para una posible alianza para la gubernatura el próximo año y así darle batalla a Morena con David Monreal Ávila. Sí que van adelantados.
Prevén en Chihuahua caída de más “duartistas”
En Chihuahua, nos comentan, la fiscalía estatal le está pisando los talones a otro de los presuntos vinculados con el exgobernador priista César Duarte y que actualmente se estaría refugiando como magistrado de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la entidad. Se trata de Jorge Ramírez, a quien la justicia señala por enriquecimiento inexplicable; de tal suerte, nos explican, que la fiscalía solicitó el desafuero del funcionario, lo cual podría concretarse a la mitad de esta semana, y sería detenido. Esta noticia, sumada a la posible extradición del exgobernador, es música para los oídos en el Palacio de Gobierno del estado, donde no ven la hora de que ruede la cabeza del magistrado, quien se dice víctima de persecución política, pero no aclara la procedencia de sus múltiples bienes. ¡Ah, qué fichita!
En turismo, quedan a deber
Desde Veracruz, nos cuentan, la que últimamente no ha visto la suya es la secretaria de Turismo y Cultura, Xóchitl Arbesú, pues primero se le detectaron presuntas irregularidades en la asignación de contratos para el Festival de la Salsa; luego trabajadores de la Cumbre Tajín denunciaron que la funcionaria les había retrasado diversos pagos. Ahora, nos platican, Veracruz se ubicó en el lugar 29, de 32, con la peor evaluación ciudadana en materia turística apenas en el primer año de gestión de Cuitláhuac García. A echarle ganitas, doña Xóchitl.
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El ultimátum de Barr/Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal
El Financiero...
rivapa
William Barr, el procurador general de Estados Unidos, regresa a México esta semana. Su anterior visita fue el 5 de diciembre, y se registró públicamente como productiva. Lo fue, en efecto, pero para Washington, porque para los mexicanos no fue nada tersa. Barr platicó con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con varios miembros del gabinete en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a quienes le dio un ultimátum de seis meses –uno ya corrió– para que redujeran al trasiego de fentanilo a su país. ¿Y si no se logra? No lo dijo Barr, pero ya conocemos el antecedente de la amenaza de imponer aranceles si el presidente López Obrador no cedía a la exigencia de frenar la migración en el Suchiate, y olvidar su política de brazos abiertos y viaje todo pagado a la frontera norte.
El encuentro con Barr versó sobre varios temas. El que oficialmente se manejó fue en de las conversaciones para que Estados Unidos no clasificara a los cárteles de la droga mexicanos como “terroristas”, lo cual se dio. Que el presidente Donald Trump reculara fue presentado como una victoria mexicana, pero no lo fue tanto. A cambio, y esa fue la exigencia y la razón de la presión de la Casa Blanca, es que redujeran la intensidad de la exigencia del control del tráfico de armas por la frontera norte, porque le estaba generando problemas internos en un entorno político polarizado.
Otro punto fue el final, sin anuncio ni cambio de discurso, de la política de avestruz en el combate al crimen organizado. Barr reorganizó las responsabilidades en México –casi de manera literal–, y precisó qué agencias de inteligencia y policiales trabajarían con el Ejército y la Marina. La Guardia Nacional no fue incorporada en esta estrategia –no confían en ella y, después de todo, lo único concreto que está realizando es el equivalente a una policía fronteriza.
Pero el tema de mayor preocupación de Barr fue el del fentanilo, que se ha convertido en la droga más letal en Estados Unidos y se considera una epidemia. El 38.9 por ciento de las muertes en 2017, equivalentes a 28 mil 500 personas, fue por sobredosis relacionadas con el fentanilo, lo que significó un brinco de 46 por ciento con respecto a 2016, de acuerdo con un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, publicado en diciembre pasado, en seguimiento de una resolución del Senado de esa nación de marzo de 2017, para reforzar los esfuerzos de Washington para que México y China reduzcan la producción y el tráfico de fentanilo.
La preocupación en Washington tiene como una de sus raíces la velocidad con la que México sustituyó a China como el mayor exportador ilegal de fentanilo a Estados Unidos. Hasta 2013 China era el principal exportador de esa droga, pero fue sustituido rápidamente por México, donde comenzó a entrar por sus puestos en el Pacífico, principalmente Manzanillo, razón por la cual la violencia en Colima se disparó súbitamente, y remplazó a la heroína –provocando una crisis en los campos de cultivo en la sierra de Guerrero, donde los campesinos vivían de su cultivo–, que ya había superado a la cocaína.
Aunque el fenómeno del fentanilo se tiene registrado desde 2006, fue en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto donde se convirtió en un problema para Estados Unidos. Con el cambio de gobierno, la situación empeoró. En los primeros siete meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se disminuyeron los decomisos de fentanilo. De acuerdo con información desclasificada de la Secretaría de la Defensa Nacional, las incautaciones durante ese periodo bajaron 6.4 por ciento, del total de los 344 kilogramos decomisados en el último año de Peña Nieto.
La importación de fentanilo está autorizada con fines medicinales, dentro de la Ley General de Salud y la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, como un opioide sintético que se receta a pacientes con dolores intensos, por ser 100 veces más potente que la morfina, según el Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Estados Unidos. En el mercado ilegal, se ha convertido en la droga más buscada porque produce, como principal efecto, una felicidad en extremo, superior en placer mortal al efecto que genera la heroína, que tiene la mitad de la potencia que el fentanilo.
La felicidad, para las organizaciones criminales, ha sido inmensamente redituable. Un kilo de fentanilo en China, por ejemplo, cuesta entre tres mil y cinco mil dólares, pero un kilo de fentanilo puro en las calles de Estados Unidos –cada miligramo puede llegar a generar un millón de pastillas–, produce ganancias que van de los 5 a los 20 millones de dólares.
El gobierno de Estados Unidos tiene la urgencia que se frene el trasiego a su territorio, que entra a través de dos rutas principales, la que inicia en la Ciudad de México –el fentanilo entra ilegalmente por el Aeropuerto Internacional Benito Juárez desde Asia y Europa–, atraviesa Jalisco, Sinaloa y Sonora, por cuya ciudad fronteriza, San Luis Rio Colorado, se introduce a ese país, y la que parte de La Paz, Baja California Sur –originalmente procedente de Asia–, sube por Ensenada y entra a territorio estadounidense por Tijuana. El fentanilo mexicano tiene como característica adicional que también se mezcla con la heroína y las metanfetaminas, lo que hace transversal el consumo de esa droga letal.
Hasta ahora, la presión política pública de Trump y su gobierno sobre el fentanilo ha sido sobre China, dejando a México en el asiento trasero de la denuncia. Pero la exigencia de Barr sugiere que la paciencia con los mexicanos se agotó y en ello se explica el ultimátum puesto sobre la mesa. El segundo arancelazo ya tocó la puerta.
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AMLO y los gobers rebeldes se verán las caras /Salvador García Soto
Serpientes y Escaleras
El Universal
En medio del accidentado e improvisado arranque del Insabi y del choque que el nuevo esquema de salud provocó entre el gobierno federal y al menos ocho gobernadores estatales que aún no firman su adhesión a dicho instituto, esta semana el presidente López Obrador tiene agendada una comida con los 31 gobernadores de la República y la Jefa de Gobierno de la CDMX, a la que asistirán los ocho mandatarios estatales que tienen dudas, se resisten o de plano rechazan el modelo de salud pública de la 4T.
Aunque dicha comida se daría en el marco de la reunión que tendrá la Conago con el gabinete de seguridad, para evaluar el tema de los índices delictivos en los estados, es muy probable que el tema de la entrada en vigor del Instituto de Salud para el Bienestar y las inconformidades, denuncias y dificultades que se han registrado en las primeras dos semanas de funcionamiento se toque en el encuentro entre el presidente y los gobernadores, pues más allá de los estados que se han rebelado abiertamente contra el Insabi, también entre los que ya lo firmaron hay quejas y dudas sobre los mecanismos de entrega de los recursos para los antiguos programas de enfermedades, hospitales y medicinas que cubría el extinto Seguro Popular.
El viernes pasado, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, el presidente López Obrador encaró la rebelión de los ocho estados que se niegan a firmar el nuevo convenio de federalización y les dijo que “es voluntario, no obligatorio” y que, aunque la mayoría de las entidades lo está aceptando, a los gobernadores que decidan no adherirse al Insabi, “lo que aplica es que el estado da el servicio y se dan los recursos que por ley les corresponde”.
Hasta ahora, además de cinco gobernadores del PAN, encabezados por Martín Orozco, de Aguascalientes; Francisco Domínguez, de Querétaro; Carlos Mendoza, de Baja California Sur; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Diego Sinhué, de Guanajuato; se han sumado a la rebelión contra el Insabi el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que abiertamente ha dicho que no firmará porque a su estado no le conviene; el de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, que ha expresado dudas sobre los mecanismos de reparto de recursos y el Congreso local ha pedido revisarlo, caso similar al de Coahuila, donde también el Poder Legislativo local ha pedido mayor información al gobierno federal para saber si se adhieren o no al Insabi.
Por lo pronto, en apoyo total al presidente salió ayer su pupila consentida, Claudia Sheinbaum, quien no sólo respaldó al nuevo instituto de salud y defendió la visión del presidente, sino que cuestionó a los gobernadores que se oponen a él y dijo no comprender sus razones: “Yo no entiendo por qué hay gobernadores que no quieren firmar y que prefieren el Seguro Popular; es una concepción completamente distinta. El seguro popular asumía que la salud era una mercancía y que había que asegurar a la población para pagar por sus servicios”, fustigó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Veremos en qué termina este nuevo diferendo entre el Ejecutivo federal y los Ejecutivos de los estados que se suma a otros choques que ya ha habido entre el centro y las entidades federativas por temas de coordinación fiscal o de la estrategia de seguridad.
Por lo pronto en el encuentro de esta semana podría saberse si el posicionamiento en contra del Insabi de los gobernadores, mayoritariamente panistas, aunque no son los únicos, es sólo un tema político o si, como argumentan también varios exsecretarios de Salud federal, varios de ellos con reconocidas y acreditadas trayectorias en el ámbito de la salud pública a nivel nacional e internacional, las intenciones del nuevo modelo de salud para la población no asegurada nació con muy buenas intenciones —ampliación de coberturas y enfermedades, eliminación de cobros y requisitos y gratuidad total— pero con deficiencias severas en su diseño financiero que lo convertirán en un problema para las finanzas públicas, además de su apresurado e improvisado arranque que no contó con un manual de procedimientos, con directivos incapaces y desinformados y sin una transición ordenada y necesaria para no causar las afectaciones, molestias e imperdonables retrasos en la atención y en los tratamientos a la población atendida.
NOTAS INDISCRETAS…
A Javier López Casarín le llamamos aquí “El asesor externo del canciller” el 22 de julio de 2019 (http://eluni.mx/ogz4scj1rx) y documentamos cómo este joven y carismático empresario, que se dice “experto en innovación” tenía no sólo un enorme poder e influencia en la cancillería mexicana, sino que viajaba por el mundo con un pasaporte diplomático oficial y hacía gestiones, negociaciones y hasta organizaba eventos, todo a nombre del canciller Marcelo Ebrard y con un poder amplio otorgado por él sin tener un cargo público que lo sustentara. Y este fin de semana la revista Proceso lo llama “Poder fáctico en la cancillería”. Pero en ambos casos la pregunta sigue siendo la misma: ¿Por qué alguien que no tiene oficialmente un puesto en la Secretaría de Relaciones Exteriores se maneja como el operador personal del titular de esa dependencia y tiene tanta influencia y manejo en la política exterior, sobre todo en la relación con los Estados Unidos? Oficialmente la SRE no ha respondido a esa pregunta ni ha explicado cuál es el papel que desempeña López Casarín y por qué se le expidió un Pasaporte diplomático, según la ley reservado para embajadores, cónsules o funcionarios de ciertos niveles de la secretaría. Extraoficialmente en la misma cancillería se comenta que Javier Joaquín es amigo y asesor personal del secretario, que es su operador en “asuntos financieros particulares” y que su desempeño no interfiere con las labores oficiales de la dependencia responsable de la política exterior, aunque de todos es sabido que el “asesor externo” o “poder fáctico” lo mismo da órdenes al personal de la SRE, que cabildea temas oficiales en Washington u organiza foros y eventos oficiales de la cancillería.
Está bien que Marcelo Ebrard acapare un gran poder en el gabinete, que se desdobla incluso a otras secretarías de Estado, pero que ese poder lo comparta con un amigo o asesor que no tiene cargo ni mandato público, eso ya es otra cosa… Vaya mensaje el que le mandó ayer a la maestra Elba Esther el actual líder del SNTE, Alvaro Cepeda: “No ha pagado sus cuotas desde hace años ni el los últimos 10 meses y no es miembro activo, por lo tanto no se tienen condiciones para participar en este momento”. Al profesor le preguntaron sobre el interés manifiesto de Gordillo por contender en una elección por la dirigencia del sindicato magisterial y, sin darle vuelta, Cepeda dijo que quien no paga sus cuotas no puede participar en ningún proceso, pero además negó que haya intención o condiciones para adelantar una elección interna en el SNTE en estos momentos. O sea que, desde la dirigencia magisterial le gritaron, a la maestra con cariño: “¡Ya siéntese señora!”…Los dados abren con Escalera. La semana promete.
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Con la salud, AMLO comete crimen de “lesa humanidad”
ITINERARIO POLÍTICO/RICARDO ALEMÁN
El Debate, 13 DE ENERO DE 2020
De un momento a otro estallará en el rostro del Gobierno federal la mayor crisis de salud pública de la historia.
Y es que las protestas, los reclamos y el enojo popular que hasta hoy hemos visto y conocido en medios, digitales y redes, es apenas la punta de una tragedia de salud pública que ya alcanza dimensiones catastróficas.
Sí, de manera callada, día a día, en todo el país –pero en especial en las zonas más pobres–, se suman testimonios que recorren “las benditas redes sociales” y que exhiben que al cancelar el Seguro Popular –que curiosamente hoy sabemos sí era seguro y sí era popular–, y al reducir los recursos básicos al IMSS y a todo el sector salud, millones de mexicanos son condenados a la precariedad sanitaria y a la muerte. Y no, no es una exageración y tampoco un exceso decir que a causa de las decisiones caprichosas del presidente López Obrador –el rencoroso de Palacio que decidió destruir el sistema de salud pública para vengarse de Calderón y para disponer de dinero que servirá para la compra de votos–, millones de personas verán deteriorada su salud y miles de ellas morirán de manera irremediable.
¿Por qué?
Porque con la complicidad de sus legisladores federales –diputados y senadores de Morena que traicionan a sus votantes y solo obedecen cual borregos en el redil–, el presidentes mexicano destruyó una de las joyas de la corona de la democracia mexicana; el sistema de salud pública.
¿Por qué el Seguro Popular y el IMSS eran una de las joyas de la corona de la democracia mexicana?
Porque sin salud pública eficiente no hay democracia que valga, sin salud pública no hay desarrollo, crecimiento económico y bienestar que valgan; sin salud pública funcional el Gobierno en turno, del partido que sea, habrá fracasado y no sirve para nada.
Hoy, la mala noticia es que son millones los mexicanos que empiezan a resentir la decisión criminal de retirar los recursos públicos al sistema de salud todo –a la Secretaría de Salud, a nivel federal; a los estados, al IMSS, al Issste y, sobre todo al Seguro Popular–, lo que colocó en vulnerabilidad fatal a miles de mexicanos que padecen enfermedades graves.
Y no, no es una ocurrencia y tampoco se trata de “una campaña”, como lo quiere hacer creer el insensible presidente Obrador.
No, lo cierto es que existen decenas de testimonios de médicos, derechohabientes y familiares de enfermos que denuncian la muerte inminente de sus seres queridos porque se cancelaron los tratamientos, porque se les otorgan paliativos y porque a causa de una decisión presidencial criminal se les condena a la muerte inminente, sin posibilidades de recuperar la salud.
Y si lo dudan, aquí el testimonio de un valiente y reconocido oncólogo que, con pelos y señales, confirma que el gobierno de López Obrador está dejando morir a miles de niños enfermos de cáncer.
Sí, miles de niños que morirán en una suerte de exterminio criminal.
Así lo dijo el doctor Carlos Leal, oncólogo pediatra del Instituto Nacional de Pediatría, en un video de su autoría: “es evidente que en todos los centros de alta concentración de oncología infantil tenemos un desabasto desde pocas drogas, hasta el total desabasto de medicamentos en el sector público; estamos haciendo protocolos distintos a lo que dicta la oncología ortodoxa de este país; el intercambiar una droga por otra, lo único que estamos produciendo es menor capacidad de curación en un niño con cáncer”.
¿Qué decir a lo anterior? ¿Es o no un crimen de “lesa humanidad”?
Sí, un crimen del que es responsable el presidente López Obrador, los encargados del sector salud de su gobierno y, sobre todo, del que son cómplices diputados y senadores de Morena, que han traicionado a quienes los llevaron al Congreso como sus representantes.
Por esa razón, porque nadie se atreve a ver y menos denunciar que el gobierno de López Obrador comete “un crimen de lesa humanidad”, distintas organizaciones civiles recaban testimonios, evidencias y pruebas, para preparar una denuncias internacionales contra el gobierno de López Obrador al que responsabilizarán del “crímenes de lesa humanidad” de destruir de manera deliberada el sistema mexicano de salud pública.
Un crimen colectivo, deliberado, que llevará a la muerte irremediable a miles de personas a causa de una rencorosa decisión de Estado; un crimen que atenta contra los derechos humanos de millones de mexicanos que verán deteriorada su salud y un crimen político que convierte al gobierno de López Obrador en violador del derecho constitucional a la salud.
En julio de 1998 la Corte Penal Internacional definió el “crimen de lesa humanidad” como “un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y con conocimiento de dicho ataque”.
López Obrador ordenó destruir el sistema de salud pública, con la complicidad de los diputados de Morena, lo que violenta derechos básicos de millones de ciudadanos y la muerte de miles; un “crimen de lesa humanidad”.
Al tiempo.
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Aviesas intenciones | Carlos Marín
El Asalto a la Razón
Milenio
En lo que sería un hecho sin precedentes y aunque no le corresponda, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos amenaza con desconocer la más exhaustiva investigación que haya realizado jamás esa misma institución, con miras a enmendar las recomendaciones que hizo el organismo hace más de un año (en el ocaso del gobierno peñanietista).
Rosario Piedra Ibarra, la cuestionada pero nueva titular, declaró el 26 de diciembre que el trabajo aquél será objeto de “análisis y valoración”, a fin de determinar si emite o no sugerencias diferentes porque se propone “buscar sinergias” con los deudos de Los 43 de Ayotzinapa “que permitan mayores avances de los logrados hasta el día de hoy”.
La revisión de la recomendación (15VG/2018), dijo, se hará en acuerdo con los familiares de los normalistas jurídicamente desaparecidos en septiembre de 2014 (de los cuales dos fueron ya identificados en los laboratorios de la universidad austriaca de Innsbruck).
Así, la CNDH se cuela por la libre a lo que, en paralelo, están haciendo la Fiscalía Especial y la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia (con apoyo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH), sobre la premisa de que las conclusiones de la verdad histórica son una patraña.
El abogado Iñaki Blanco, sobre cuyas primeras investigaciones y consignaciones trabajó la desaparecida Procuraduría General de la República y quien conoce el caso hasta en los más extraños entresijos, no solo fue fiscal de Guerrero cuando se produjo el crimen (la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014), sino que laboró 12 años en la CNDH bajo las reconocidas administraciones de Jorge Carpizo, Jorge Madrazo y José Luis Soberanes, me dijo la semana pasada (en El Asalto… de MILENIO televisión) que esa institución autónoma del Estado mexicano está impedida para indagar de nuevo lo que ya fue investigado.
“Lo que le corresponde hacer es dar seguimiento a la recomendación emitida”.
Y es que la normatividad del organismo no permite volver a explorar un caso después de haberlo hecho ya:
“No se puede hacer una nueva investigación y menos otra recomendación sobre lo mismo. Te lo digo con sustento como abogado que soy. Además, el artículo 44 de la CNDH señala que, una vez que concluye una investigación, se elabora un proyecto de recomendación en el cual se analizan hechos, argumentos y pruebas, así como elementos de convicción y diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades o servidores públicos han violado o no derechos humanos”, explicó. Y recordó: “Hablamos de un organismo que es la máxima instancia del sistema no jurisdiccional de defensa de derechos humanos, que actúa con absoluta objetividad en el análisis de cualquier caso. Lo más adecuado es que se nos haga saber cuál es el grado de cumplimiento que guarda la recomendación emitida, que puede ser satisfactorio, insatisfactorio o parcial…”.
Pero nada más… ni menos.
cmarin@milenio.com
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Seguro Popular: certidumbre de un gran fracaso | Ricardo Raphael
Política Zoom
El Universal
Recordamos el pasado, pero no el futuro: esta es una ineluctable verdad humana que el físico Stephen Hawking solía repetir.
Sin embargo, para algunos resulta preferente padecer amnesia frente a lo ocurrido, mientras alimentan con fe absoluta sus profecías más catastróficas.
Un ejemplo de este fenómeno, entre tantos, lo ofrece el caso del difunto Seguro Popular y su reemplazo por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).
Leo con signos de interrogación sobre mis gruesas gafas que los exsecretarios de Salud andan alarmados. Ayer, por ejemplo, Salomón Chertorivski y Julio Frenk —titulares durante las administraciones de Felipe Calderón y Vicente Fox, respectivamente— publicaron un artículo cuyo título es descaradamente sensacionalista: Insabi: incertidumbre que mata (Reforma).
El argumento principal de este texto viene en el párrafo final: “Por el bien de las personas más vulnerables, sugerimos mantener las reglas del Seguro Popular …, definir con claridad el calendario de transición, asignar recursos realmente adicionales, restablecer los fondos para seguir cubriendo la atención de alta especialidad sin elevar el cobro a los usuarios y retornar a la fructífera práctica de basar las políticas públicas en evidencia.”
La última premisa es indiscutible: respecto a la salud la evidencia lo es prácticamente todo.
Por eso resulta un tanto intrigante que estos mismos exsecretarios hagan como si la transformación del Seguro Popular no hubiera estado precedida por una tonelada de datos que diagnosticaron sin misericordia la catástrofe.
A guisa de ejemplo cabe recordar aquí la información que Gabriel O’Shea —último titular del Seguro Popular durante el mandato de Enrique Peña Nieto— compartió con la opinión pública hace más de dos años (Reforma, 06/08/2017).
Este exfuncionario señaló fallas graves en las reglas de operación del Seguro Popular que permitieron desvíos y un uso deshonesto de los recursos públicos. Durante la década previa se habrían extraviado casi nueve mil millones de pesos, patrimonio del Seguro Popular, sólo en los estados de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sonora, Veracruz y Tabasco.
Durante el mandato del exgobernador Eruviel Ávila en el Estado de México habrían desaparecido alrededor de 800 millones y en Veracruz los escándalos de corrupción relacionada con medicamentos y diversos servicios alcanzaron proporciones increíbles.
Si se atiende también a los informes de la Auditoría Superior de la Federación, la evidencia del fracaso del Seguro Popular, en lo que toca a corrupción, ha estado disponible desde hace mucho tiempo, pero el tema no mereció relevancia.
No recuerdo, por lo pronto, un artículo como el publicado el día de ayer que igualmente habría merecido un título amarillista como: Corrupción que mata en el Seguro Popular.
Además del robo mayúsculo que implicó un sistema de seguridad mal diseñado, sin controles financieros ni de calidad sobre los servicios que prestaba, y tan propenso para la corrupción, se añade el hecho de que el Seguro Popular no resolvió las inequidades en el derecho constitucional a la salud, al tiempo que potenció la fragmentación de los servicios y los sistemas.
Aquí la opinión no es, nuevamente, de quien escribe estas líneas sino de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En un documento publicado en el 2016 por este organismo internacional se advierte sin ambigüedades: “Sin una reforma de largo alcance, México corre el riesgo de mantener un sistema de salud fragmentado (y) con inequidades marcadas en el acceso a la calidad” (Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: México).
El responsable principal de esta evaluación fue Ian Forde, analista senior de política pública en la división de salud de la OCDE. Vale la pena revisar este trabajo en todos sus términos porque ahí se explica, con argumentos asépticos pero contundentes, el fracaso del Seguro Popular y la necesidad de dar paso a otro modelo, como por ejemplo el que se propone —ciertamente aún en líneas generales— con el Insabi.
No guardo memoria de que este documento haya despertado artículos airados en defensa de los más vulnerables. Tampoco sesudas reflexiones que permitieran saldar cuentas con la pésima gestión del Seguro Popular en lo que toca a su fragmentación e inequidad.
ZOOM
La profecía de que el Insabi será responsable de la muerte es mucho más incierta que el balance sobre los males que el Seguro Popular sí produjo en el pasado. Atenerse a la evidencia es, en efecto, una práctica más que saludable, sobre cuando hablamos de temas relacionados con la salud.
@ricardomraphael
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Mirar morir/Denise Dresser
en REFORMA
13 Ene. 2020
O el presidente de México no entiende el sector salud o le mintieron sobre cómo componerlo. O López Obrador subestima los problemas o alguien se los simplificó. O AMLO no escucha a los que sí saben o está mal asesorado. Sea cual sea la respuesta, la cancelación del Seguro Popular y su reemplazo por el Insabi está produciendo un caos comunicativo, un caos operativo y un caos financiero. Peor aún, en el tránsito mal instrumentado y mal planeado de un modelo a otro, hay mujeres que morirán de cáncer de mama, hombres que perecerán de VIH/SIDA, familias cuyas finanzas serán devastadas por el costo de enfermedades catastróficas que el Estado antes cubría y ahora no lo hará. Mientras AMLO y su equipo se ponen de acuerdo en qué decir y a qué costos resarcir, ya hay víctimas de carne y hueso. Enfermos desatendidos, cuotas cobradas, confusión que mata. La 4T prometía universalizar y cubrir, pero en realidad va a mirar morir.
Por arrogancia e ignorancia, por voluntarismo y protagonismo, por terquedad personal del Presidente y enemistad política con sus predecesores. En este sexenio no se trata de corregir los vicios de programas heredados sino de acabar totalmente con ellos. No se trata de componer sus defectos sino de erradicarlos por completo. El Seguro Popular se suma a una larga lista de todo lo que se dice era "neoliberal" y por ende disfuncional. Sin duda tenía un cúmulo de errores y equivocaciones, corrupciones y desviaciones, recursos malversados y recursos mal utilizados. Pero logró -de manera nada neoliberal- ampliar derechos y reducir brechas. Logró que la carencia por acceso a servicios de salud se redujera de 42.8 millones de personas en 2008 a 20.2 millones en 2018. Logró proveer servicios gratuitos a servicios de tercer nivel de especialidad a miles de personas que habrían fallecido de otro modo.
Y ahora el Seguro Popular se bota al basurero de la historia con la promesa de una falsa universalización que el Insabi no asegura. En lugar de ampliar la cobertura, la reduce: en lugar de cubrir las enfermedades catastróficas cobrará cuotas para atenderlas. Financieramente no es sostenible más allá del 2019-2020 con los recursos sustraídos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, ya canibalizado el año pasado. Operativamente no es viable dado que arranca sin reglas claras, sin normatividad, sin un proceso escalonado, sin convenios establecidos entre los estados y la Federación, sin una idea clara de qué pasará con los hospitales estatales de alta especialización, sin una estrategia administrativa bien pensada y bien diseñada. Humanamente es execrable, ya que deja desprotegidos a los desvalidos: personas de menores recursos a quienes la 4T promete apoyar pero empezará a exprimir. El Insabi no expande los derechos de los más pobres; les arrebata aquellos que ya habían adquirido.
Eso el Presidente no parece tenerlo claro. AMLO afirma que ningún paciente tendrá que pagar, mientras que el director del Insabi -un tabasqueño experto en sitios arqueológicos- lo contradice. AMLO recalca que su nuevo Instituto ofrecerá cobertura universal gratuita mientras la legislación establece lo contrario. AMLO presume que uno de los grandes logros de su gobierno es hacer más con menos; cree que más austeridad se traducirá en mejor salubridad; piensa que lo ahorrado financiará lo ofrecido. No comprende que se están perdiendo cosas que se habían logrado, y se están reemplazando con cosas que no van a funcionar. Y sólo el secretario de Hacienda sabe la verdad subyacente, la realidad intransigente: sostener el Insabi, después de haberse gastado el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos requerirá una reforma fiscal profunda y extensa; obligará al Estado mexicano a replantear los presupuestos y a aumentar los impuestos. Me canso ganso: no tendrá otra opción.
Si la autollamada 4T no corrige lo que está deshaciendo en el sector salud, la realidad se encargará de hacerlo y dolorosamente. Los problemas presentes y pronosticados se exacerbarán. Más enfermos y menos tratamientos; más pacientes y menos sitios para atenderlos; más mexicanos vulnerables y menos capacidad gubernamental para cuidarlos dignamente. Como observó famosamente Lyndon Johnson: el problema de un líder no es "hacer lo correcto sino saber lo correcto". Y AMLO necesita saber que el Estado debe salvar vidas, no presumir que lo hace mientras acepta mirar morir.
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Los riesgos del Insabi | Carlos M. Urzúa, profesor del Tecnológico de Monterrey
El Universal
El primero de enero entró en vigor la reforma a la Ley General de Salud que da vida al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). La reforma señala que el Insabi tiene como objetivo el garantizar la prestación gratuita de los servicios de salud para los mexicanos que no están adscritos a un sistema formal de seguridad social. Sobra subrayar que la universalización de los servicios de salud en México es, sin duda, una política eminentemente correcta. Sin embargo, al igual que sucede con otras recientes políticas públicas nacidas del mero voluntarismo, el diseño del Insabi carece del debido sustento normativo, financiero y operativo. Esto puede condenarlo a convertirse en una riesgosa quimera, como ya se ha percibido a escasos días de su puesta en operación.
Durante décadas el Estado mexicano ha buscado la universalidad del Sistema Nacional de Salud. Esto se pretendió lograr a través del proceso de descentralización de los servicios de salud que inició el siglo pasado y que concluyó, ya en este siglo, con la creación del coloquialmente llamado Seguro Popular. A contracorriente con lo anterior, el espíritu que está detrás del nuevo Insabi es, al final del día, la recentralización de los servicios de salud para la población que no es derechohabiente.
En el caso de algunos gobiernos estatales la nueva reforma es literalmente música para sus oídos, dada la carencia de recursos propios suficientes, la mala calidad de sus servicios médicos y la opacidad que priva en sus sistemas de salud. Sin embargo, al menos los gobiernos de Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas ya han manifestado de manera abierta su oposición a la reforma, pues juzgan que sus sistemas de salud son funcionales. Para dar un solo ejemplo, el prestigio del Hospital Hidalgo en Aguascalientes es tan grande que inclusive los derechohabientes del estado prefieren tratarse ahí, antes que en los hospitales del IMSS y el ISSSTE (o, para el caso, en hospitales privados).
Pero esa oposición por parte de los gobiernos estatales no es el único riesgo que enfrenta el gobierno federal con su reforma. Hay otros errores igualmente preocupantes. El primero es de párvulos: el gobierno no ha señalado cuál será el esquema de financiamiento y el presupuesto del Insabi asignado para este año. Dado que el organismo no cuenta con contribuciones de seguridad social, sorprende que el Presupuesto de Egresos de la Federación no establezca el monto de los nuevos recursos y cómo se alinearían éstos con los del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud que por ley reciben los estados.
Un segundo problema, también de párvulos, tiene que ver con la operación: no está claro el proceso de afiliación al Insabi y sus criterios de elegibilidad. Estos datos básicos se requieren para el proceso de planeación mismo. Si no se tuvieran, se crearían entonces redes de atención no estructuradas, habría sobre —o sub— contrataciones de personal, y se comprarían medicamentos de más o de menos.
Esa falta de planeación tuvo como consecuencia, en particular, que no se haya previsto un esquema transitorio que ayudara a dar certeza sobre la transferencia de fondos de la Federación a las entidades. La incertidumbre es tal que no se sabe si la Aportación Solidaria Federal y la Cuota Social que se transferían a las entidades se compensará con otros fondos. Este limbo jurídico es de gran relevancia, ya que el 85% de los recursos del Seguro Popular provenían de la Federación y solo 15% de las entidades federativas.
Como consecuencia de lo anterior, este año un mexicano que no sea derechohabiente no sabrá a qué hospital acudir llegado el caso, ni cuál será el costo médico si hay tal, y ni siquiera si su póliza del Seguro Popular seguirá vigente. Este mismo desconcierto existirá en el personal médico de los estados, quienes tampoco tendrán reglas claras.
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Cinco apuntes sobre el tiroteo en Torreón | Alejandro Hope
Plata o Plomo
El Universal
Señalar que los tiroteos como los de Torreón son un fenómeno extraordinario no implica negar la realidad de la violencia escolar. Ese sí es un problema de enormes alcances
El viernes pasado, un niño de 11 años, estudiante de una escuela particular en Torreón, Coahuila, asesinó a tiros a su maestra, hirió a seis menores más y (presuntamente) culminó la balacera matándose.
El acontecimiento ha enlutado a la región lagunera y ha provocado una búsqueda desesperada de explicaciones en todo el país ¿Por qué sucedió algo así? ¿Pueden repetirse eventos similares en otras escuelas y en otras ciudades? ¿Qué se puede hacer para prevenir otros tiroteos escolares?
No tengo una buena respuesta a esas interrogantes, pero permítanme ensayar algunos apuntes a bote pronto:
1. Hechos como los de Torreón son realmente excepcionales en México. En una búsqueda hemerográfica, solo pude hallar cinco casos similares de 2000 a la fecha. El más reciente ocurrió en 2017 en Monterrey. En contraste, tan solo en 2019, se registraron casi 50 tiroteos escolares en Estados Unidos. La diferencia probablemente estriba en el fácil acceso a armas de fuego en el país vecino.
2. Dada la escasez de casos análogos, la explicación del tiroteo en Torreón probablemente no se ubique en procesos sociológicos amplios. La respuesta inicial del gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, atribuyendo la responsabilidad por los hechos a un videojuego, es particularmente absurda. Los juegos de video, algunos con contenido extraordinariamente violento, son consumidos por millones de niños y adolescentes. Solo unos cuantos agarran a tiros a sus maestros o compañeros de escuela. Lo mismo vale para otras explicaciones de gran angular. Por ejemplo, miles de niños en La Laguna vivieron en un entorno de alta violencia entre 2010 y 2012, pero solo uno llevó dos pistolas a su escuela.
3. La excepcionalidad del hecho debería de convocar a la prudencia a la hora de diseñar una respuesta de política pública. Un programa masivo como Mochila Segura, además de violatorio de los derechos constitucionales de los estudiantes, es un mecanismo muy caro y poco eficiente para enfrentar un problema que se presenta con bajísima frecuencia. Entre otras cosas, al tratar a todos los niños, niñas y adolescentes como presuntos criminales, se rompen los vínculos de confianza entre autoridades escolares, maestros, padres de familia y estudiantes, haciendo más difícil la detección temprana de casos realmente problemáticos.
4. Señalar que los tiroteos como los de Torreón son un fenómeno extraordinario no implica negar la realidad de la violencia escolar. Ese sí es un problema de enormes alcances: en 2014, el INEGI estimó que 1.36 millones de jóvenes entre 12 y 18 años, distribuidos en 47 zonas urbanas, sufrieron alguna forma de acoso escolar o bullying. Atajar esas formas de violencia es una tarea urgente, pero eso pasa por fortalecer los vínculos entre escuela y padres de familia y capacitar a los docentes en prevención de las violencias, entre otras medidas, no por revisar mochilas.
5. Eventos como el del viernes son recordatorios de la urgencia de atender problemas de salud mental, tanto en menores de edad como en adultos. Según datos de la Secretaría de Salud, uno de cada cuatro adolescentes enfrenta algún padecimiento de salud mental entre los 12 y los 18 años. Menos del 15% recibe atención adecuada. La salud mental representa solo 2% del gasto total en salud. En ese contexto, detectar a tiempo casos problemáticos como el del niño de Torreón se vuelve extraordinariamente complejo.
En resumen, el tiroteo de Torreón es un hecho excepcional. No va a haber muchos más casos similares. Sin embargo, podría servir de catalizador para enfrentar de mejor manera los problemas de violencia escolar y facilitar el acceso a servicios de salud mental.
Ojalá.
@ahope71
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La Paz como pretexto | Ethel Riquelme
La Crónica
Con bombo y platillo el gobierno de la cuarta transformación presentò el “nuevo” Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones para el Mantenimiento de Paz en terrenos mexiquenses de la Secretarìa de la Defensa Nacional, con el objetivo de apoyar las acciones de la Organizaciòn de las Naciones Unidas que, ni es nuevo, ni tiene como objetivo la loable pacificación de las regiones convulsas del mundo.
Tras este modelo que operará en territorio mexicano hay otros muchos propósitos no confesados y opuestos a la postura tradicional del Ejército.
El primero, que no el más importante, de tipo económico. En sus presentaciones al presidente Andrés Manuel López Obrador, y al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, omitieron mencionar que con la inauguración de este centro adaptado en una edificación que ya existía en el Campo Militar 37 C en el Estado de México, el país va a poder recibir una importante cantidad de recursos procedentes de los países más ricos del mundo, pues las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (OMP) constan de un presupuesto independiente al financiamiento, con el que contribuyen las 193 naciones miembros en sus cuotas.
El monto no se conoce porque se define mediante una muy compleja fórmula de acuerdo a la riqueza económica de cada uno de los miembros, del porcentaje que se aplique a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y los riesgos inminentes de conflictos anuales, pero se sabe que la inyección de recursos por este motivo es tan relevante que ha permitido sostener las finanzas de naciones completas. Por ello, no es casualidad que más de 40 naciones en el mundo tengan estos centros y muchos de ellos subsistan prácticamente de esos ingresos.
Pero económicamente hay mucho más. El gobierno mexicano tenía hasta el 31 de enero de 2019 —hace un año—para liquidar el retraso en el pago de sus cuotas ante la ONU, un “pendientillo” que no puede dejar pasar si aspira a convertirse en miembro no permanente del Consejo del Consejo de Seguridad del organismo mundial, como lo ha venido vendiendo el embajador ante dicha entidad, Juan Ramón de la Fuente, asistente por cierto a la inauguración de dicho centro junto con Jean-Pierre Lacroix, secretario general adjunto de Operaciones de Paz de Naciones Unidas.
Pero el adeudo es de tal tamaño que se vuelve impagable. Hasta el primer día de este año, horas antes de que se celebrara la reunión anual de la ONU en Nueva York, había 60 de los 193 países que le debían cuotas a la ONU y México estaba entre los más deudores con 36 millones 23 mil dólares, sólo superado (por supuesto) por Estados Unidos con 627 millones de dólares y muy por arriba de Guatemala que, pese a su Producto Interno Bruto, sólo debe un millón de dólares.
Así, y en pleno gobierno de la austeridad, ni hipotecando al país. ¿O sí?
En 2014, cuando México reinició la participación en tareas de Mantenimiento de la Paz, se envió particularmente personal de la Marina Armada de México, porque la jerarquía de la Secretaría de la Defensa Nacional se opuso terminantemente y trató de incidir en el Poder Legislativo con el argumento de que la participación de México en cualquiera de esas misiones o capacitaciones daría argumento a los organismos y otras naciones a intervenir en temas y decisiones soberanas.
Decían que enviar a miembros de las Fuerzas Armadas a las OMP dejaría indefenso al país, al desplegar soldados y marinos en el exterior, distrayéndolos de las tareas de seguridad internior que efectúan para combatir a la delincuencia organizada.
Entonces, la Sedena decía que, dada la posición de México a favor de la “no intervención”, debía descartarse la participación en las OMP, porque no podía el país “imponer la paz.” y pedían que del país (nadie) asistiera a misiones, ejercicios ni entrenamientos. La Marina ocupó entonces esos lugares.
Y aunque la Sedena obedeció la línea de la política exterior en las labores de mantenimiento de la paz, lo hicieron con sus variantes. Crearon un Centro de Capacitación de Operaciones Conjuntas en México, pero que sólo atendía con cursos la vía electrónica, no presencial y dirigida desde entonces por el teniente coronel Vitalio Pineda Díaz, quien ahora dirigirá el mismo centro, pero en forma física, en uno de los terrenos más vigilados y bien resguardados del Ejército nacional, su centro de entrenamiento en San Miguel de los Jagueyes.
El argumento de la Secretaría de la Defensa Nacional ahora es que con ello participa en los objetivos de Justicia y estado de derecho del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 “al sumar esfuerzos para la cooperación multilateral de México con la ONU y países amigos, a fin de enfrentar riesgos y amenazas que afectan la paz y seguridad internacional”, según su comunicado de prensa.
Extraordinario cambio, pero sobre todo confuso, porque la actividad no corresponde en términos estrictos a un objetivo de las Fuerzas Armadas mexicanas dentro del Plan de Desarrollo. Es demasiado forzado ese pretexto, corresponde al eje de Política y Gobierno donde participa la Cancillería y que hasta el momento no ha explicado ésta y otras decisiones adoptadas en el interés de ocupar la silla de no permanente del Consejo Nacional de Seguridad en un momento tan complejo como el actual.
De nuevo la Sedena, a la orden de objetivos de gobierno que no le corresponden, incluso conseguir dinero del exterior a cambio de sus argumentos.
Twitter: @ethelriq
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Política de reconocimiento/Jesús Silva-Herzog Márquez
en REFORMA
13 Ene. 2020
En un artículo publicado en octubre del año pasado, el gran historiador inglés Timothy Garton Ash volvía al absurdo de buscar explicaciones económicas a la crisis política contemporánea. En un pizarrón del equipo de Clinton pudo escribirse hace ya mucho tiempo que era "La economía, estúpido", pero hoy sería estúpido quien dijera que todo se reduce a lo económico. Alemania es el mejor ejemplo de ello, decía el brillante cronista de las revoluciones de terciopelo. Alemania es uno de los países más ricos del mundo, la gente reconoce, en su mayoría, que su situación económica es desahogada. Y, sin embargo, la extrema derecha crece y crece. Avanza, sobre todo, en el territorio que antes era Alemania del Este. El 75% de los ciudadanos del territorio excomunista siente que su condición económica es buena o muy buena y al mismo tiempo, el 66% se siente tratado como de segunda. Cuenta Garton Ash que en 2015 la canciller Angela Merkel visitó un pequeño pueblo en el Este donde se había recibido a cientos de refugiados en una vieja fábrica. La prensa registró lo que dijo entonces un manifestante indignado con la visita de la canciller: "Ella no nos voltea a ver ni con el culo". Merkel misma viene del Este, pero, a juzgar por esta expresión, no deja de ser vista como parte de la élite que ignora al otro.
La escena se repitió instantáneamente por todo el mundo. Un muchacho de secundaria encuentra al presidente francés. Lo saluda afectuosamente y le dice algo así como. "¿Qué onda, Manu?". El presidente Macron no recibe bien la confiancita. Una inaceptable falta de respeto a la investidura presidencial. De inmediato, el pontífice de la república empezó a aleccionarlo: "Eso no lo puedes hacer. De ninguna manera. No. No. No". El estudiante empezó a disculparse, pero el Presidente lo interrumpió. "Si estás aquí en una ceremonia oficial, debes comportarte. No te puedes hacer el tonto, porque hoy es día de la Marsellesa y de la Resistencia. Así que me llamas Señor Presidente o Señor. ¿Está bien?". Y continuó el rapapolvo: "Y el día que quieras empezar una revolución, primero te pones a estudiar, obtienes un título, ganas lo suficiente para comer. Entonces podrás darle lecciones a los demás". El joven y brillante presidente francés no toleraba la insolencia de un muchacho. Su petición implícita era directa: inclínate ante tu soberano.
Estas dos anécdotas, tal vez triviales, capturan algo de nuestro tiempo. La desconexión de las élites políticas y la intransigencia de la ciudadanía. El repudio intenso que provoca el apartamiento de quien gobierna en nombre de personas que ignora o desprecia. Son dos anécdotas, por cierto, de dos de los dirigentes europeos más consistentes y lúcidos en la escena internacional. Pero en ambos se asoma la insensibilidad, el desprecio, la ceguera. Trasmitir al otro que no es visto ni reconocido por su gobierno. Amonestar a quien tutea. Dos estampas que alimentan la rabia: ser ciego a la experiencia de millones, pretender amaestrar para la servidumbre.
He pensado en estos dos eventos recientes por la persistencia de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Resulta difícil imaginar que este nuevo empujón de respaldo que la encuesta reciente del Financiero registra se deba a los frutos del gobierno. La violencia no ha cedido ni un ápice. El estancamiento económico es inocultable. Y, sin embargo, el país advierte que su gobierno está cerca. Que es suyo. Lo entiende, y se siente más próximo al gobierno que a cualquiera de las alternativas disponibles. Se trata, a mi juicio, de la adhesión a la política de reconocimiento del gobierno. De manera muy consistente, el Presidente pone en práctica esa política. Lo hace todos los días con un abanico de instrumentos simbólicos. Sus encuentros cotidianos con la prensa, sus recorridos a ras de tierra, su ostentosa austeridad. El Presidente no deja de dirigirse al país. Le habla en un idioma claro, insiste en un relato sencillo y convincente que nos recuerda una y otra vez de dónde venimos.
Puede haber muchas dudas sobre su capacidad para edificar un nuevo régimen y para lograr los objetivos que ha planteado. Sin duda, en estos meses se han activado muchas alarmas sobre la manera en que diseña e instrumenta la política pública. Sin embargo, no puede ignorarse el éxito de su política de reconocimiento.
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/
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Salud gratuita
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
en REFORMA
13 Ene. 2020
"La atención médica en México y los medicamentos se van a entregar, van a ser gratuitos; se va a garantizar en la práctica el derecho a la salud".
Andrés Manuel López Obrador
No hay nada gratis en la vida, solo distintas formas de pagarlo. Esta verdad se aplica a los servicios públicos, que implican costos importantes. El cobro puede ser eficiente o no, generar incentivos adecuados o perversos, ser sostenible o no, saldarlo el usuario o el contribuyente, pero es inevitable.
El Presidente ha prometido que la atención médica y los medicamentos van a ser gratuitos en México. El primer paso es la creación del Insabi, el Instituto de Salud para el Bienestar. El "mal llamado" Seguro Popular cobraba una cuota mínima a los afiliados que podían pagarla.
"Todas las personas en el país sin seguridad social tienen derecho a recibir gratuitamente servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados" dice un anuncio del Insabi. "Ya no se requiere afiliación. La atención incluye medicamentos, análisis, estudios, diagnósticos clínicos, intervenciones quirúrgicas y hospitalización en su caso, todo de manera gratuita".
El anuncio señala, sin embargo, una gran excepción. Los servicios "gratuitos" solo los tendrán quienes están "sin seguridad social". Los afiliados al IMSS o al ISSSTE, y las empresas o instituciones que los emplean, tendrán que seguir pagando cuotas. Sin estas, o sin recursos frescos, las dos instituciones quebrarían en muy poco tiempo.
El Seguro Popular buscó aplicar el mismo esquema a quienes no tienen IMSS o ISSSTE. Padeció siempre de una gran escasez de recursos, porque muchos afiliados estaban exentos del pago, pero cumplió con el propósito de proporcionar servicios de salud a quienes no tenían seguridad social.
Algunos especialistas serios ofrecieron críticas al sistema. Santiago Levy argumentó, en su ya clásico Good Intentions, Bad Outcomes de 2008, que al ofrecer servicios médicos a personas sin seguridad social se debilitaba la creación de empleos formales. Levy sugería usar recursos tributarios, de la aplicación de IVA a alimentos y medicinas, para financiar la seguridad social de todos, con o sin empleo formal.
El pecado original del Insabi es no entender que los servicios y medicamentos deben financiarse de alguna manera. La institución ha eliminado los cobros por aseguramiento y ampliado el número de beneficiarios, sin identificar fuentes adicionales de ingresos. Por eso está recortando servicios.
Dinamarca, que el Presidente usa de ejemplo, financia 84 por ciento de sus gastos médicos con impuestos y el resto con seguros privados. El sistema es bueno, pero lejos de ser gratuito es muy caro: 10.4 por ciento del Producto Interno Bruto. Si México tiene un PIB de 24 billones de pesos corrientes (INEGI), un sistema como el de Dinamarca costaría alrededor de 2.5 billones de pesos anuales. ¿Qué tan cerca estamos? La Secretaría de Salud tendrá en 2020 un presupuesto programable de 128,600 millones de pesos, 20 veces menor.
A todos nos gustaría tener un sistema de salud como el de Dinamarca, pero no lo lograremos si persistimos en la mentira de que será gratuito. Evitar que los gastos médicos catastróficos recaigan sobre la familia en el momento de la enfermedad es un buen objetivo de política pública, que ya tenía el Seguro Popular, pero para conseguirlo tendremos que cubrir el gasto con impuestos, seguros o una combinación de ambos. En la vida, después de todo, no hay nada gratis. Mucho menos la salud.
· ¿EXPERIENCIA?
El Insabi está mal diseñado. Ni siquiera un experto en salud pública podría sacarlo adelante bien. Pero no ayuda en nada que el titular, Juan Antonio Ferrer, no tenga ninguna experiencia en salud pública. A pesar de eso, cobra un sueldo de 97 mil pesos mensuales netos, alrededor de 130 mil pesos brutos.
@SergioSarmiento
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Armarios, no mochilas
TOLVANERA / Roberto Zamarripa
en REFORMA
13 Ene. 2020
En el municipio de Benemérito de las Américas de Chiapas, en la Selva Lacandona, el 9 de enero, fue encontrada una adolescente de 14 años muerta con lesiones en el tórax.
Al día siguiente, en Ocozocoautla, Chiapas, una estudiante de la Secundaria "Salomón González Blanco", apareció colgada de la rama de un árbol. Tenía 13 años. En diciembre otro adolescente de la misma secundaria se había quitado la vida.
Ese 10 de enero, Alfredo Roblero, violó y mató a una niña de seis años de edad, en el municipio de Cacahoatán, también de Chiapas. Pobladores del lugar detuvieron al agresor, lo amarraron a un poste y le prendieron fuego.
En tres regiones de Guerrero -Tierra Caliente, Costa Grande y Acapulco- 25 escuelas, en su mayoría primarias, no han tenido clases en enero por la inseguridad prevaleciente en sus regiones.
En el puerto guerrerense, 254 centros escolares están vigilados con policías y efectivos de la Guardia Nacional. Los niños entran a clases en medio de las columnas de hombres armados.
En Torreón, la mañana del viernes 10, un alumno de primaria, de 11 años de edad, disparó con dos pistolas y mató a una maestra de inglés, hirió al de Educación Física, y a 6 compañeros más. Luego se suicidó.
Los niños son rehenes de las condiciones violentas y aprenden de su entorno. Ojalá fuera un videojuego el problema de su conducta. Gobernantes y figuras que en eso creen son rehenes mismos del discurso que impone la violencia.
La violencia trastorna. El país se reconfigura demográficamente por la violencia. Comunidades enteras se desplazan a otros territorios donde no sean perseguidos; la violencia rehace presupuestos públicos. Se reorientan los gastos federales, estatales y de municipios a adquirir patrullas, armas, cámaras de vigilancia, capacitaciones de policías, en detrimento de gastos específicos que mejoren, por ejemplo, las condiciones de vida de la infancia.
La violencia mutila a una generación.
Y no es aquella que solamente se refiere a las situaciones extremas con el uso de armas de fuego. Es la violencia diaria, cotidiana, de los azotes, los castigos, los gritos constantes, las ofensas y discriminaciones. Es el abuso, la pederastia. Sucede en las familias y se vive en las escuelas.
"Un refinamiento moderno de crueldad viene del principio ideal de unir la escuela y la familia en un mismo simulacro de educación; principio que se ha resuelto organizando la escuela y la familia en el castigo para el tormento del niño... Escuela y familia están de acuerdo en castigar, porque si así no fuera sería menguado el castigo y disminuida la educación", escribió hace medio siglo María Montessori.
Eso sigue. Y lo que ahora ocurre, además de esos vasos comunicantes de opresión, acoso y agresión sobre los niños, entre escuela y familia, es que el resto de la sociedad se erige sobre la base de la mutilación de los niños. La negación de sus derechos de enseñanza (escuelas cerradas por paros caprichosos o por las extorsiones del narco), la restricción de los lugares públicos para su diversión y felicidad, la imposición de formas y modelos de comportamientos asociados a mercantilismos e individualismos que rompen con la solidaridad y el espíritu colectivo. La sociedad provoca el retraimiento y el aislamiento; acelera el resentimiento infantil contra aquello que le agrede y lo limita.
Entre la niña que se colgó de un árbol en un pueblo marginado de Chiapas y el niño que disparó con dos armas en una escuela de una ciudad como Torreón hay datos comunes de una generación abatida, deprimida, con severos trastornos emocionales, cercenada, indefensa, colocada en el rincón del desprecio por no portarse como quisieran los adultos.
El asunto no está en qué guardan los niños en sus mochilas sino en qué permanece en los armarios de los adultos: cajas repletas cadáveres, prejuicios y odios. De ese menaje hacen su carga los infantes.
robertozamarripa2017@gmail.com
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¿Cómo nació y ha evolucionado el Alcoholímetro?/Manuel Mondragón y Kalb
El Universal
Como era común y después de “La Mañanera” del entonces Jefe de Gobierno, la prensa se enfocó en la información del día por parte del Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, hecho que escuché por la radio durante mi trayecto a la oficina. Al arribar a la sede de la institución, acudí a charlar con mi amigo y jefe, con quien comenté lo referido en los noticieros. Me respondió, solamente, “Manuel, encárgate del asunto”.
Dos semanas después, había concluido el diseño del programa requerido, atravesando vicisitudes múltiples a las que me referiré enseguida. La primera fue luchar contra los opositores quienes de inmediato esgrimieron sin número de problemas y limitantes; entre ellas, cuestionaban si no llegaría a significar un mecanismo más de corrupción, o bien, una acción contra la libertad de las personas en sus hábitos de consumo.
En este contexto, hube de presentarme ante la prensa escrita, radio y televisión. Me encontré, como era de esperarse, que eligieron por la contraparte a personajes complicados y difíciles. Confieso que los debates se ganaron con argumentos que connotaban transparencia y verdad, basados en la salud pública. En este campo, hasta la fecha, nunca nos equivocamos y así ha sido reconocido por la sociedad en sentido amplio.
Ahora bien, como cualquier otro programa dirigido a la ciudadanía, en el que la justificación es plena y los ‘QUÉ’ hablan por sí mismos; había que precisar los ‘CÓMO’ y tampoco fue sencillo este paso. Indispensable resultó contemplar aspectos técnicos que obligaron a revisar normas oficiales de otros países con propuestas semejantes; asimismo, hicimos lo propio con relación al equipamiento técnico correspondiente y las personas actuantes para las que no había emolumentos suficientes pero que se convencieron de ofrecer su tiempo. Sin duda, esta fue una de las mejores aportaciones de la Secretaría de Seguridad Pública a la Ciudad de México y su gente.
Seleccionamos y capacitamos a policías, hombres y mujeres, que habían demostrado honestidad y pulcritud. De igual manera, a médicos especialmente elegidos y que llegaron a dominar el tema y pudieron diagnosticar e interpretar cualquier situación al respecto, tanto de orden físico como psicoemocional. Además, sumamos a profesionales del trabajo social que se entregaron maravillosamente a tal responsabilidad y otorgaron seriedad al proceso.
Poco después se incorporaron los jueces cívicos y el personal de organizaciones civiles que invariablemente nos acompañaron. Visitamos “El Torito” y logramos que el manejo y trato en el área de internamiento fuese adecuado para cualquier personalidad de quienes ahí eran ingresados. No soslayamos a patrulleros ni a operadores de grúas.
Ahora se sabrá en forma nítida que el Programa Conduce Sin Alcohol, denominado Alcoholímetro, fue muy difícil de armar; pero también y sin modestia lo digo, a esta fecha ha salvado muchas vidas y disminuido, francamente, la morbilidad de las personas sujetas a un accidente de tránsito directo o indirecto en donde la bebida intervino.
Subrayo mi compromiso para alcanzar las metas de este maravilloso proceso: “NUNCA ACEPTAR UN CENTAVO” de las personas involucradas y “JAMÁS PERDONAR A NADIE POR ESTA CAUSA”. Ese fue el éxito.
Pero ¿qué ocurrió? La corrupción y sus tan infaustos resultados se observaron día con día; por fortuna, también su combate. En un plano se encontraban los responsables de ingerir bebidas alcohólicas haciendo uso de salidas por extorsión y dádivas, aun sin tráfico de influencias. Por otro, el personal del programa que, de una forma u otra, mejoró su actitud y comportamiento.
Empero, a pesar de encabezar otras comisiones, siempre me mantuve cerca del proceso e incluso de conocidos a los que ulteriormente se les encomendó la iniciativa. Infortunadamente, hube de señalarlos con índice de fuego toda vez que cometieron fallas e incurrieron en actos poco transparentes cuyo eco perdura a la fecha. Ante la corrupción no debe haber perdón para nadie.
Hoy, Conduce Sin Alcohol continúa y goza de reconocimiento. No obstante, hay sombras inaceptables alrededor del mismo. ¿Verdaderamente necesitan algunos el dinero de la dádiva a tal exigencia? ¿No entendieron o no han querido comprender el efecto producido en las miles de personas que gozan de plena salud gracias al programa? Incluso, quizá sus propios hijos y hermanos y demás familiares.
Antes de morir, mi tan querido maestro y exsecretario de Salud, el Dr. Jesús Kumate Rodríguez, con quien sostuve muy grata relación de afecto y respeto, me llamó y comentó: “¿ya escribiste sobre el Alcoholímetro?”. Ahora, tras su fallecimiento, le podré hacer llegar la noticia postmortem de que este es mi primer artículo sobre la materia. Lo que culminó su comentario está grabado en mi corazón: “Manuel, este programa es uno de los que más vidas ha salvado en México”
En este inicio del 2020, sirvan mis reflexiones anteriores para impulsar más al Programa Conduce Sin Alcohol: lo hicimos para todos; para usted también, amiga y amigo.
Ex Comisionado Nacional de Seguridad y ex Comisionado Nacional Contra las Adicciones.
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