Tentación judicial/Germán Martínez Cázares

 Tentación judicial/Germán Martínez Cázares

en REFORMA, 03 Dic. 2020

Con Sansón, que era juez, a las patadas. Todavía no se votaba en el Senado la nueva reforma judicial y ya exhibía sus limitaciones: "quedan intactas las redes institucionales de corrupción, las redes institucionales de complicidad, quedan intactas las distintas fórmulas de traficar influencias", aseguró desde la tribuna el senador Ricardo Monreal. Se votó en la llamada Cámara alta el viernes pasado y, con asombro, el lunes siguiente, a propósito de la denuncia de la UIF contra el magistrado electoral José Luis Vargas, que gastó más del 218% de lo que gana, al ministro Arturo Zaldívar no le quedó más remedio que admitir, en la radio, no tener atribuciones para llamar a cuentas al señor Vargas:

"lamentablemente por el diseño institucional, el Consejo de la Judicatura no tiene en sus manos la vigilancia, la disciplina del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es algo sobre lo que habría que reflexionar en el futuro", sentenció. ¿No festejó la Corte "la más trascendente" reforma desde 1994? (Boletín 235/2020). ¿Trascendente sin tocar los trafiques, como afirmó Monreal?, ¿trascendente sin poder sujetar a rendir cuentas al #MagistradoBilletes, como lamentó el ministro Zaldívar?

La reforma pretendía fortificar al Tribunal Constitucional y acabó vigorizando a su presidente; quien al mismo tiempo es presidente de la Suprema Corte (que juzga) y de ese Consejo de la Judicatura (que gobierna a los jueces). Parecemos olvidar que "la credibilidad de las cortes se construye, primordialmente, sobre la base de sentencias fundadas en razonamientos lógicos y consistentes a lo largo del tiempo", afirma, criticando la reforma, desde la Universidad de Goettingen, Mariana Velasco.

El nudo del conflicto del Poder Judicial está en que la cabeza de quien "resuelve asuntos" también "designa jueces", y ello se presta a "suspicacias", y por eso buscó separar ambas atribuciones la senadora Beatriz Paredes, tal y como lo propuso el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en un documento suscrito por Pedro Salazar, Oscar Cruz Barney, Hugo Concha, donde se duda de la jefatura de "manera efectiva" de ambas instituciones. ¿Comprar coches, rentar edificios y pagar luz y agua, y al mismo tiempo, revisar la constitucionalidad de los contratos del aeropuerto de Santa Lucía? Mucha chamba, o quizá demasiada "tentación política".

Si en verdad quieren hacer un auténtico Tribunal Constitucional, convendría recordar al primer magistrado del Tribunal Constitucional español (después de la negra noche franquista), Manuel García-Pelayo, que en el acto de constitución solemne del Tribunal (12.07.80), advirtió con dignidad, a quienes integran ese alto Tribunal, que deberían renunciar a la tentación de convertirlo en un órgano político, y a las claras dijo: "Para quienes integramos el Tribunal... la resistencia a esta tentación implica el mantenimiento de una firme y constante actitud de renuncia a incurrir en lo que se ha llamado el gobierno de los jueces, que es una patente y posible deformación del régimen democrático".

El presidente Zaldívar se resiste a dejar ese gobierno de los jueces que es el Consejo de la Judicatura, aunque no pueda atrapar a un magistrado adinerado. No quiere dejar la escuela judicial porque sabe, como Carlos Fuentes, que "gobernar es educar", no quiere dejar las sanciones y los traslados de los jueces, porque con esos movimientos se premian lealtades o se castigan rebeldías.

En las páginas de Reforma defendí a Zaldívar en pleno calderonismo, cuando sus brillantes argumentos resolvieron el caso Cassez. Ese enorme juez, en la presidencia de la Corte puede errar, y acabar como Sansón: desesperado y en soledad, sepultado por los escombros de su templo, de su propia reforma judicial.

El autor es senador de la República.