Cancela FGR otras 5 órdenes de captura en Ayotzinapa: Reforma /El País/ y Proceso

Cancela FGR otras 5 órdenes de captura en caso Ayotzinapa

La FGR se desistió de otras cinco órdenes de aprehensión que habían sido libradas contra 5 ex funcionarios estatales de Guerrero, apenas el pasado 19 de agosto, entre ellas las del ex Procurador Iñaky Blanco Cabrera y la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín.

También retiró los mandamientos de captura contra José Ulises Bernabé García, ex juez de barandilla en Iguala; Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, el primero técnico en mantenimiento y soporte de cómputo y el otro programador analista, ambos del TSJG.

De acuerdo con información del Gobierno federal, la FGR solicitó por escrito a Enrique Beltrán Santés, Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, de los mandamientos de captura en favor de los ex funcionarios estatales.

Del total de 83 órdenes de aprehensión que giró el juez Beltrán el pasado 19 de agosto, la FGR ya se ha desistido de un total de 21, pues también retiró las capturas contra 16 militares de los 27 y 41 Batallones de Infantería, que estaban prófugos por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada. (Nota de Abel Barajas de Reforma).

‘CASO AYOTZINAPA’

La Fiscalía cancela al menos 21 de las 83 órdenes de detención del ‘caso Ayotzinapa’ que pidió en agosto

Documentos en poder de EL PAÍS revelan un conflicto entre la dependencia, que comanda el fiscal Alejandro Gertz, y la unidad que investiga la matanza de los estudiantes y encargada de girar las peticiones de arresto

Parte de los documentos que obtuvo EL PAÍS, que prueban la cancelación de las órdenes de detención.

Pablo Ferri

El País, México - 25 SEPT 2022 

La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado la cancelación de al menos 21 de las 83 órdenes de detención que la unidad que investiga el caso Ayotzinapa pidió a mediados de agosto. El mismo juez que concedió las órdenes ha accedido a la petición de la FGR y las ha dejado sin efecto. Documentos obtenidos por EL PAÍS y fuentes cercanas al caso dibujan un conflicto entre la filial y la propia FGR, que comanda Alejandro Gertz. De las 83 órdenes de detención, la Fiscalía ha ejecutado apena...

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Una sucia maniobra de la FGR que exonera a los militares del caso Ayotzinapa

A petición de la FGR, un juez federal canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión que se habían girado contra servidores públicos –militares, 16 de ellos– por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

REVISTA PROCESO

Nota de Gloria Leticia Díaz

Proceso, sábado, 24 de septiembre de 2022

A petición de la FGR, un juez federal canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión que se habían girado contra servidores públicos –militares, 16 de ellos– por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta extraña maniobra fue realizada por funcionarios de la Fiscalía ajenos al proceso judicial. Ni siquiera le avisaron a la Unidad Especial de Investigación y Litigio que lleva el caso. Entre los exonerados está quien fuera comandante del 41 Batallón de Infantería y coordinador del programa Guerrero Seguro, coronel Rafael Hernández Nieto, así como el exfiscal guerrerense Iñaki Blanco Cabrera.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Marginada de los procedimientos judiciales, la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) fue pasada por alto por la Fiscalía General de la República (FGR) y por un juez federal, en la cancelación de órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, giradas en contra de 21 servidores públicos, 16 de ellos miembros del Ejército Mexicano.

Entre esos servidores exonerados por la FGR se encuentra quien fuera comandante del 41 Batallón de Infantería, y coordinador del programa Guerrero Seguro, el coronel Rafael Hernández Nieto, así como el exfiscal de la entidad, Iñaki Blanco Cabrera, y la expresidenta del Tribunal de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín.

En vísperas del octavo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, el titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, reprochó al juez Enrique Beltrán Santes, titular del Segundo Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, haber admitido una solicitud para cancelar órdenes de aprehensión concedidas el 19 de agosto pasado, presentada por agentes de la FGR, adscritos a su juzgado y a la delegación estatal de la institución, funcionarios que son ajenos a la tramitación de la causa penal 15/2022, en los que los 21 estaban imputados.

Proceso tuvo acceso a la resolución del 13 de septiembre, que elimina las órdenes de aprehensión, del juez Beltrán Santes, así como la respuesta de la Unidad Especializada, emitida dos días después y firmada por Gómez Trejo y el director general adjunto de la UEILCA, José Miguel Rivera Esquivel.

La UEILCA fue creada a petición de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos al presidente Andrés Manuel López Obrador, y materializada a través de un acuerdo emitido por el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, el 26 de junio de 2019, fecha en que también se nombró como titular a Gómez Trejo, quien había sido secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y había sido funcionario en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Guatemala y Honduras.

Gertz Manero designó la Unidad “como la responsable de investigar, perseguir los delitos y, en su caso, concluir los procesos penales” vinculados con la desaparición de los estudiantes, así como la tramitación y resolución de “las averiguaciones previas o carpetas de investigación, procedimientos judiciales y administrativos, medidas precautorias o cautelares, medios de defensa ordinarios o extraordinarios, juicios de amparo, u otros que se encuentren relacionados con los hechos (…) para lo cual contará con los equipos de investigación y litigación necesarios para su adecuado funcionamiento”.