Las columnas políticas de hoy, jueves 19 de enero de 2023

Templo Mayor de REFORMA

AL MORENISTA Ricardo Monreal se le atragantó el pan de elote con crema catalana cuando le reclamaron ayer haber dejado pasar en el Senado el llamado "Plan B" de la reforma electoral.

EL HECHO ocurrió en la comida del Consejo Nacional de Coparmex, a la que el morenista acudió como invitado principal. Ahí le hicieron el reclamo de que, si bien votó en contra de la iniciativa presidencial, no operó lo suficiente para frenar ese atropello a las reglas democráticas. La respuesta de Monreal causó sorpresa, pues dijo que enfrentó la presión directamente del secretario de Gobernación y que no podía arrastrar a sus compañeros de bancada al infierno de la 4T, por lo que decidió dejarlos en el purgatorio votando a favor.

QUIENES asistieron al encuentro dicen que, al final, Ricardo Monreal salió con un balance muy positivo, pues demostró que conoce y se interesa por los temas empresariales, pero sobre todo porque es de las pocas voces en Morena que hablan de reconciliación y no sólo de confrontación.

ARRANCÓ en Madrid la Feria Internacional de Turismo y la participación de México es bastante numerosa, pues se instaló un mega pabellón que agrupa a 105 destinos y empresas nacionales. Hasta ahí todo bien.

DONDE las cosas ya no son como echarse a la hamaca es en lo referente a los dineros para la participación en Fitur 2023. Resulta que la Secretaría de Turismo, que encabeza Miguel Torruco, contrató a una subsidiaria de CIE (los mismos de Ocesa) para que compraran el espacio en el tianguis y, a su vez, ¡se lo revendieran a los operadores mexicanos! Para colmo, no está claro si Sectur recuperará lo invertido o qué se hará con los ingresos que se generaron.

OTRO ASUNTO que llama la atención es que una de las principales ofertas del gobierno mexicano y del de Quintana Roo es la promoción del Tren Maya, que no está terminado... y que ni siquiera es seguro que este año empiece a funcionar. Alguien debería explicarles a Miguel Torruco y a Mara Lezama que a una feria de negocios se va a vender realidad y no otros datos.

COMO abejas alrededor de girasoles, así revolotean las ocurrencias sobre la cabeza de Andrés Manuel López Obrador. La nueva gran idea del Presidente está causando más preocupación que alegría.

EN SU AFÁN por lograr que el AIFA despegue, el mandatario pretende prohibir los vuelos de carga en el AICM, que en 2022 movió 570 mil toneladas. Da la impresión de que en Palacio Nacional no se entienden bien los procesos económicos, pues los afectados no son sólo los vuelos, sino una larga cadena productiva que incluye a empresas de carga, transportistas, almacenes, agentes aduanales y, por supuesto, a las empresas que tienen diseñada toda su logística de abastecimiento por medio del aeropuerto capitalino. Queda claro que la "i" de AIFA no es de "internacional", sino de imposición.

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Estrictamente Personal

García Luna y las razones de Estado/Raymundo Riva Palacio

El Financiero, enero 19, 2023 | 

El juicio de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, se ha vuelto un asunto de Estado para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quiere que en la opinión pública mexicana no haya tema más importante que el juicio que apenas comienza, y que la Corte del Distrito Este en Brooklyn lo encuentre culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa. López Obrador está comprometiendo cosas impensables, en una clara necesidad política para cobrarle a Calderón la factura por haberlo derrotado en las elecciones presidenciales en 2006, y darle un motivo para perseguirlo penalmente. No hay semana donde no se refiera a los dos, y acuse a García Luna de corrupción, usándolo como símbolo y esencia de aquel sexenio.

Es tal la ansiedad de López Obrador que ayer pidió a la Corte –donde no tiene voz ni voto– lo que sería ideal para sus objetivos: que el juez Brian Cogan permita que García Luna muestre su amplia colaboración con funcionarios y exfuncionarios de Estados Unidos en el combate al narcotráfico, como prueba de inocencia de recibir sobornos del narcotráfico, como pide su defensa, y que aprueba que se den a conocer sus ingresos y el origen de ellos después de fungir como secretario, como lo desea la fiscalía. Para las partes que litigan en Brooklyn, las posturas son excluyentes.

Pero para López Obrador es fundamental, para que al explicar la “doble vida” que llevaba García Luna, donde “por un lado se le premia, se le reconoce, y por otro lado él tiene una relación de protección a la delincuencia organizada”, se pueda saber hasta dónde “estaban metidas” las autoridades estadounidenses con el exsecretario, que le reforzaría su narrativa y aumentaría la presión pública contra Calderón, asumiendo que comprobaría que las agencias y servicios de inteligencia de Estados Unidos, como lo ha especulado, tenían una autorización amplia del gobierno para intervenir a sus anchas en México.

El gobierno de Calderón, como supone López Obrador, sí estableció una relación sin precedentes con el gobierno estadounidense en materia de seguridad, que provocó tensiones dentro de su gabinete de seguridad y conflictos entre García Luna y el procurador general Eduardo Medina Mora –que podría ser uno de los testigos que hablen en contra del exsecretario–, que también causaron choques entre las agencias de ese país, en particular con la DEA, que se inclinó hacia el lado del exfiscal mexicano a cambio de privilegios en los interrogatorios de narcotraficantes.

Lo paradójico es que López Obrador está dispuesto a hacer exactamente lo que critica del pasado, a cambio de que la Corte del Distrito Este encuentre culpable a García Luna. En semanas recientes hubo una petición directa, al más alto nivel, para, a cambio de que el gobierno de Joe Biden cabildeara con el juez Cogan para llegar a esa conclusión en el juicio, colaborar ampliamente en materia de seguridad, en los términos como ha venido solicitándole Washington. Ese quid pro quo es posible, aunque se ve poco probable porque, a diferencia de la experiencia de López Obrador con el Poder Judicial mexicano, la autonomía de los jueces está por encima de las presiones políticas en ese país.

El mensaje a Washington fue que, para López Obrador, la condena de García Luna es un asunto de Estado, sin aclarar que con ello vincularía penalmente a Calderón en México a partir de las razones por las que sentenciaran al exsecretario. Políticamente sería un manjar que, para imaginar la dimensión de su impacto, basta ver cómo ha capitalizado la Operación Rápido y Furioso, donde, pese a no estar involucrado, existe una orden de aprehensión, que mantienen en stand by contra el expresidente por esa polémica iniciativa, y que, pese a que no se sostendría en un juicio, lo empujó a irse a vivir a España.

Se desconoce cómo recibieron el mensaje en la Casa Blanca, porque esto implicaría la voluntad política de López Obrador para cumplir las tres principales exigencias de Estados Unidos en la materia: las extradiciones de Rafael Caro Quintero y de Ovidio Guzmán López, y acciones efectivas para reducir el tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Esto, sin embargo, difícilmente lo cumpliría el Presidente, quien ha dado señales claras de que no quiere extraditarlos, y que tampoco desea mejorar la cooperación en seguridad con el gobierno de Biden.

La deficiente comprensión de López Obrador sobre cómo funcionan las cosas en Estados Unidos dificulta la materialización de sus deseos. Ayer, por ejemplo, para reforzar su crítica a los funcionarios de Estados Unidos por no haber visto o haber tolerado la “doble vida” de García Luna, mostró una fotografía hace tiempo difundida, pero publicada esta semana en The New York Times, de la visita en 2009 de la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, al Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa, acompañada por García Luna, cuando el vicepresidente en ese momento era Biden.

A diferencia de lo que cree López Obrador en México, los gobiernos en Estados Unidos no se manejan a través de los paradigmas del antes y el después. En México, López Obrador se ha deslindado de las políticas del pasado y las ha demolido. En otras naciones no se destruye todo lo que hicieron otros gobiernos, ni a nadie se le ocurre que el pasado marcó un fin y el presente un nuevo amanecer. Hay líneas continuas, no necesariamente idénticas en todos los campos, incluso cuando los gobiernos pertenecen al mismo partido, y hay políticas de Estado que marcan cuáles son las razones que definen a una nación.

Para López Obrador la única razón de Estado, al menos en este tema, es lo que juega en beneficio de sus creencias y fobias. No le importa que se haga justicia en Brooklyn, ni da margen a la presunción de inocencia de García Luna. Necesita su condena para iniciar una persecución penal contra Calderón y acabar, de manera definitiva, con él.

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GN en el Metro: un ridículo tras otro

El asalto a la razón/Carlos Marín

Milenio

No es la primera vez, pero ayer, con todo y seis mil soldados de la Guardia Nacional, amaneció grafiteado un vagón del Metro en la estación Cuauhtémoc de la Línea Uno.

En los días previos habían sido detenidas (y no todas consignadas) seis personas, algunas de las cuales sortearán su proceso en libertad, acusadas de “ataque a las vías de comunicación”.

Se trata de tres mujeres y tres hombres:

Una de las “saboteadoras” es identificada por la Fiscalía como Viviana N, capturada por dejar caer a las vías (parece no haber video, se ignora si voluntaria o involuntariamente) unas aspas de plástico dizque provocando un corte de energía (el material no es conductor de electricidad); otra señora por una bufanda y una más por una lata de refresco.

También fueron aprehendidos, esposados y liberados Cristhian M, Iván G y José B por “arrojar” teléfonos celulares.

La pinta descubierta este miércoles contiene lo que pudiera ser un mensaje: CZCR, con la firma SkR.

Para un hilarante catálogo del ridículo circulan en redes las imágenes de dos vigilantes y un fotógrafo ataviados de civil; cuatro militares con uniforme de fajina y la palabra Ejército en sus chalecos antibalas, y tres policías vestidos de azul que, sin permiso y retrasando la circulación de convoyes, aseguran lo que parece una lata chamuscada de Coca-Cola tan peligrosa que se escucha con claridad: “¡Apúrenle porque este es oro, oro molido!”. El primero de los dos soldados que descienden toma fotos del bote, se coloca profilácticos guantes azules para no contaminarlo con sus huellas y deposita en una bolsa transparente la evidencia para su inútil y carcajeante análisis forense.

El valiente operativo se llevó casi tres minutos.

De pura vergüenza está siendo el paranoide despliegue de militares, policías y vigilantes del Metro (en total unos 12 mil), ya que, en todo el mundo, los andenes de este medio de transporte, suelen ser depósitos de una gran variedad de desechos.

Tan solo el año pasado, en el de Ciudad de México, del total de objetos encontrados, 51 por ciento fue de teléfonos celulares (muchas veces tirados por ladrones descubiertos para negar su delito), 588 en total.

El porcentaje restante fue de 114 audífonos, 67 bastones o muletas, 49 anteojos, 41 zapatos, 35 carteras, 30 documentos, 30 paraguas, 26 bolsas, 24 alhajas, 19 objetos metálicos y 16 mochilas o maletas que totalizan mil 39 cosas, algunas de las cuales, en opinión de los gobiernos capitalino y federal, pudieran motivar los “atípicos” incidentes, accidentes y tragedias ocurridas en el Metro.

Si de verdad se tratara de prevenir “sabotajes”, los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo han estado en riesgo, no por lo que es echado a las vías, sino porque las administraciones de los últimos 25 años han permitido que se convierta en tianguis y que “el pueblo” suba inclusive con bicicletas, pero sobre todo por las graves deficiencias de mantenimiento… 

cmarin@milenio.com

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¿Derecho a la vida del Chapo?, ¿y sus miles de víctimas, presidente?/Salvador García Soto

El Universal, 

Nadie sabe a ciencia cierta a cuántos seres humanos asesinó, torturó, mutiló y desapareció violentamente Joaquín “El Chapo” Guzmán, personalmente o a través de sus sicarios, en su larga carrera criminal antes de ser extraditado y sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. Los cálculos de los fiscales estadunidenses que lo acusaron ante la Corte Federal de Brooklyn, con base en las declaraciones de 56 testigos, videos, fotografías y mensajes de texto interceptados, llegaron a hablar de 70 mil asesinatos violentos ordenados y cometidos por el narcotraficante mexicano, descrito como “sanguinario y violento” por sus propios sicarios que testificaron en su contra.

Secuestros, asesinatos, decapitaciones contadas por miles a cargo de los escuadrones de la muerte que comandaba El Chapo. Un antiguo sicario del Cártel de Sinaloa, que trabajó directamente bajo las órdenes del narco sinaloense, declaró en el juicio que Guzmán Loera les ordenaba secuestrar, interrogar, torturar y disparar contra miembros de organizaciones rivales, a veces llevando a cabo él mismo los actos de violencia. Isaías Valdez Ríos, quien llegó a ser guardia personal del capo, tras haber sido soldado del Ejército mexicano en las fuerzas especiales, narró cómo su jefe golpeó a dos hombres con la rama de un árbol hasta que sus cuerpos “quedaron como muñecas de trapo”, antes de dispararles a ambos en la cabeza y ordenar a sus hombres que lanzaran los cuerpos al fuego. “Pónganlos en la hoguera, no quiero que queden huesos”, ordenó Guzmán.

Hoy, el que fuera por mucho tiempo el narcotraficante más temido y buscado del mundo, el mismo que se burlara en dos ocasiones del gobierno mexicano y su corrompido sistema carcelario al fugarse en dos ocasiones de penales “de máxima seguridad” como Puente Grande, Jalisco, y La Palma en Almoloya, Estado de México, pasa sus días en una celda de la impenetrable cárcel Supermax en Colorado, temida y definida en el mundo carcelario como el Alcatraz de las Rocosas. Apenas cumple tres años de la sentencia de cadena perpetua de hasta 30 años que le dictara el implacable juez Bryan Cogan y el sanguinario Guzmán Loera ya se queja, a través de sus abogados en México, de “tratos inhumanos”, “aislamiento” y “tortura sicológica” por lo que pide al gobierno mexicano que le ayude para ser devuelto por los Estados Unidos y repatriado a su país para purgar su sentencia en una cárcel mexicana.

La petición, que se hizo primero a la embajada mexicana en Washington a través de un correo electrónico y que luego difundieron mediáticamente los abogados encabezados por José Refugio Rodríguez, ya fue derivada a la Secretaría de Relaciones Exteriores, aunque en principio el canciller Marcelo Ebrard dijo que no veía “posibilidades” de que la repatriación fuera viable. Pero ayer le preguntaron al presidente López Obrador, en su conferencia mañanera qué pensaba de la solicitud del Chapo Guzmán y, con la extraña y rara debilidad que siempre ha mostrado por “el señor Guzmán Loera” –como él lo llama–, el mandatario dijo: “Cuando se trata de derechos humanos hay vías y hay instancias internacionales, entonces no es descartar porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida, entonces a cualquier persona se le tiene que garantizar este derecho”.

 El presidente dijo que la cancillería revisaría el asunto para ver si procede, pero pidió que, tratándose de los derechos humanos del narcotraficante “siempre hay que dejar la puerta abierta”. No es la primera vez que López Obrador se compadece del Chapo Guzmán en particular y de los narcotraficantes en general argumentando que “también son seres humanos y tienen derechos”. De hecho, el lloriqueo de los abogados del narco sinaloense es el segundo intento por repatriarlo a México, el primero lo hizo la madre del capo, María Consuelo Loera, en una carta que le mandó al presidente en 2019 y que éste hizo pública.

 No es nada nuevo que López Obrador pondere y defienda públicamente los derechos humanos de los criminales y narcotraficantes, pero no deja de ser indignante e inexplicable que el presidente se preocupe más por delincuentes sanguinarios como Joaquín Guzmán que por los miles de víctimas que asesinó, torturó y desapareció el narco sentenciado en Estados Unidos. Le conmueve al presidente saber que “don Joaquín Guzmán Loera”, porque él se niega a decirle “Chapo”, está triste y desolado en una celda en Colorado, con dolores de muelas que no le atienden, pero no le conmueve que durante sus cuatro años de gobierno hayan asesinado ya, violentamente, a más de 170 mil mexicanos, según las cifras oficiales de su propio gobierno.

 Esos cientos de miles de mexicanos muertos por una violencia despiadada e inhumana que no ha podido frenar su gobierno, que en su mayoría eran jóvenes, familias enteras masacradas, niños baleados, mujeres e hijos desaparecidos, secuestrados y asesinados por los narcos y luego tirados sus cuerpos en fosas clandestinas ¿no tenían derecho a la vida? ¿No importaban sus derechos humanos más que los de los criminales que los asesinaron? ¿Todos esos mexicanos jóvenes, mujeres, profesionistas, campesinos, estudiantes, padres de familia, niños y niñas no merecen la compasión y la defensa que el presidente de México le otorga a un capo juzgado y sentenciado? ¿Sus vidas no merecían también que López Obrador les dejara “la puerta abierta” a sus derechos humanos?

 Hace tiempo es claro e inocultable que el presidente mexicano extravió y perdió el rumbo cuando su estrategia de seguridad privilegió abrazar a los criminales y violentos en lugar de combatirlos. Pero lo que cada vez es más difícil de entender es el porqué de su reiterada defensa a los grupos que tienen asolados y asustados a los mexicanos en amplias regiones del país en donde, cuando no los matan o los desaparecen los expulsan de sus tierras y propiedades.

 Tantas deferencias, tanto replegarse ante el poder fáctico del narco, hace pensar en que sí hay pactos de impunidad de este gobierno hacia el crimen organizado. Porque aun en el único golpe real que ha dado su gobierno, con la reciente captura de Ovidio Guzmán, no queda claro por qué razón no lo quiso entregar de inmediato a los Estados Unidos, cuando su captura se hizo con una orden de detención con fines de extradición librada por la justicia de ese país. ¿Será que igual que en el caso del padre, López Obrador también se preocupa por los derechos humanos de Ovidio? Ojalá algún día se preocupe igual por los derechos de los cientos de miles de víctimas en este país.

 NOTAS INDISCRETAS… La carta que ayer le dirigieron 33 académicos, investigadores y directivos de las Facultades, escuelas e Institutos de la UNAM al Consejo General Universitario no tiene desperdicio. Los prestigiados catedráticos e investigadores unamitas exigen que el Consejo, a través de su Comisión de Honor y Justicia ejerza la autonomía que le concede la Constitución y resuelva de fondo el tema del plagio cometido por la exalumna Yasmín Esquivel Mossa, quien dicen, incurrió en una conducta que violenta las normas internas de la Universidad y amerita la anulación de su título de licenciatura. “No hacerlo afectaría la credibilidad de todos los títulos emitidos por nuestra Alma Mater”, dicen los académicos, que cuestionan la actuación del abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, que califican de “extraña” y desmienten su argumento de que “no hay normatividad” para sancionar a Esquivel Mossa por haber plagiado su tesis. ¿Será que el rector Graue y los órganos universitarios seguirán rehuyendo su responsabilidad en este penoso asunto?... Hoy en Madrid, el Rey Felipe VI recibirá a la delegación de empresarios mexicanos de la cúpula nacional que participaron en el Foro Empresarial México-España. La recepción que les dará el monarca a los dirigentes del CCE, Coparmex, Concanaco, Concamín, ABM y de la Industria de Autopartes será conjunta con los líderes de la patronal española agrupados en la CEOE, y demuestra la importancia que el gobierno español le está dando a la relación con México y al intercambio comercial con nuestro país. Muy distinta la actitud de las autoridades españolas a la del presidente mexicano que sigue ofendido porque no le pidieron disculpas y habla de una “pausa” en las relaciones con España. La pausa estará en su cabeza y en la burocracia de su gobierno, porque en la realidad la relación comercial, cultural y diplomática con España sigue viento en popa… Los dados mandan Serpiente Doble. Mala racha.

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Los protegidos del Presidente/Guadalupe Loaeza

en REFORMA

Vaya líos en los que se meten el presidente López Obrador y sus protegidos. Después del zafarrancho del fiscal Alejandro Gertz con la hija de la viuda de su hermano, Alejandra Cuevas, ahora surge un nuevo "thriller" con un reparto más nutrido: José María Riobóo; la nuera de éste, María Isabel Cal y Mayor, y no podía faltar la sinvergüenza de la ministra Yasmín Esquivel.

Gracias a nuestro periódico nos enteramos que Riobóo -con bigote estilo hitleriano, esposo de la ministra cuestionada por el ya conocido plagio de una tesis- pretende encarcelar a su nuera por "proporcionar durante ocho años de matrimonio las comidas y bebidas que propiciaron la muerte de su hijo Rodrigo Riobóo Talayero". Éste murió de 34 años en un hospital de Cádiz, España. Reforma reporta que "a los pocos meses de iniciada la averiguación, la Fiscalía capitalina pidió la captura de la viuda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le congeló sus cuentas bancarias, confirman distintos documentos judiciales de México y España". No hay que olvidar que Riobóo es el contratista más cercano y amigo personal de López Obrador, según él, "uno de los mejores ingenieros del mundo", aunque no es la mejor persona del mundo, y no hay que olvidar tampoco que Yasmín Esquivel sigue siendo ministra de la Corte y que sus "chicharrones" todavía truenan, especialmente en casos como este. Como bien dice la nuera de Riobóo: esta situación "ha hecho difícil que la justicia mexicana opere con imparcialidad en mi caso, es decir, es muy probable que exista un conflicto de intereses".

Y por si este enredo no fuera suficiente, siempre gracias a nuestro periódico supimos que: "Da Sheinbaum 'regalo' a Riobóo", es decir, tres contratos por más de 50 millones de pesos entre 2020 y 2022. Es evidente que, dada esta relación, la ministra se quedará en su silla, muy contenta y más rica, por el solo hecho de que el Presidente los protege y los consiente. "Eres mi contratista favorito; tu esposa, mi ministra predilecta, y tú, Claudia, mi 'corcholata' incondicional. Los cuatro estamos unidos por una misma razón: ¡el poder! No te preocupes, José María, ya tienes firmados tus contratos, vamos a insistir con la extradición de España para que tu nuera termine en la cárcel. Yasmín, tranquila, vamos a reeditar tu tesis para que sea libro de texto. Y para ti, Claudia, organizaremos la campaña para Presidenta más intensiva de que se tenga memoria". Los involucrados indirectos en este complot son, naturalmente, lo quieran o no, Marcelo Ebrard, como secretario de Relaciones Exteriores; la fiscal Ernestina Godoy y el rector de la UNAM, Enrique Graue, cuya actitud tibia ante el evidente fraude de la ministra deja mucho que desear. Al final, la que pagó los platos rotos fue la asesora de tesis de la ministra Esquivel, Martha Rodríguez Ortiz, a quien se le canceló el contrato de profesora. Ciertamente, no es una palomita blanca, pero al no tener influencias fue la única víctima. Claro, a ella ni la conoce el Presidente...

Decía mi madre que con la edad se te pone la cara del oficio; el rostro de la ministra Esquivel es más que revelador. Su expresión de mentirosa y mustia la delata. Por más que se peine con pistola de aire, por más que se arregle, por más que se maquille, por más que se ponga pestañas postizas y mascaditas alrededor del cuello, su cara en realidad es una máscara que oculta muchos secretos, dramas y frustraciones. Haga lo que haga, gracias a sus influencias presidenciales, a su dinero, a su marido y a su desvergüenza, su prestigio ya está por los suelos. Ayer Reforma publicó que "Docentes, investigadores, alumnos y egresados de la UNAM exigen la anulación del título a la Ministra Yasmín Esquivel al considerar que de no hacerlo, se pondría en riesgo la credibilidad por no actuar ante un plagio comprobado".

Nadie se salva en este escándalo: "Riobóo pelea por la herencia de su hijo y reclama a su nuera dos propiedades en EE UU" (El País), además, le adjudicaron "un fideicomiso con 14 inmuebles y sus respectivos derechos de cobro, valuados en 77 millones" (Reforma). Por su parte, la ministra quiere conservar su puesto a como dé lugar; Claudia Sheinbaum seguirá contratando a Riobóo, y López Obrador no dejará de repetir: "Que no me vengan a mí con ese cuento de que la ley es la ley".

gloaezatovar@yahoo.com