10 abr 2023

Las columnas políticas hoy, lunes 10 de abril de 2023

 Dalai Lama se disculpa por besar a un niño

El Dalai Lama se disculpó este lunes luego que se difundiera el video que lo muestra besando a un niño en los labios.



A través de un comunicado en su sitio oficial, el líder espiritual tibetano dijo que lamenta el incidente que consideró como un acto de broma inocente.

"Su santidad desea disculparse con el niño y su familia, así como con sus muchos amigos en todo el mundo, por el daño que sus palabras pudieran haber causado", señaló.

Este hecho ocurrió en un evento público en febrero pasado en el templo Tsuglakhang de Dharamsala, India, donde vive el líder exiliado de 87 años de edad. 

Mmm.

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Acusa FGR a 4 militares por homicidio en Nuevo Laredo

Imputarán a elementos señalados de disparar contra siete personas en Tamaulipas el 26 de febrero pasado; familiares de las víctimas exigen incluir a otros 17 uniformados que participaron

La reparación del daño y velar por los intereses de las víctimas es obligación del Estado mexicano, afirma abogado.

Por los probables delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, la FGR acusará este lunes ante un juez federal a los cuatro elementos del Ejército señalados de disparar, el 26 de febrero pasado, contra un vehículo donde viajaban siete jóvenes en la colonia Cavazos Lerma de Nuevo Laredo, Tamaulipas, de los cuales fallecieron cinco, uno resultó lesionado y otro ileso.

La causa penal 46/2023 en poder de EL UNIVERSAL refiere que se tiene por recibido el oficio, a través del cual la FGR solicita que se fije audiencia para formular imputación..

Los cuatro militares, dice, podrían alcanzar una sentencia máxima de 50 años, mientras que la de los otros 17 dependerá de las acciones que realizaron.

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Las columnas políticas hoy, lunes 10 de abril de 2023

Confidencial/ El Financiero.

Cierran círculo contra el TEPJF

A pesar de los llamados tanto de magistrados como de MC, esta semana se cerrará el círculo rojo que los diputados marcaron en contra de los magistrados del Tribunal Electoral. No obstante sus insuperables diferencias políticas, el PRIMor, con el apoyo del PAN y el PRD, va con todo para defender la “autonomía” plena de la vida interna de los partidos y hasta de la Cámara de Diputados. Desde hoy, en la Comisión de Puntos Constitucionales, buscarán procesar y votar el dictamen de una reforma a la Constitución para que el tribunal no intervenga en la toma de decisiones en los partidos ni en la cámara. Y estiman que de inmediato pasará al pleno para su votación, con una garantía de más de 400 votos asegurados para lograr la mayoría calificada.

Desde las alturas de un ladrillo

Con la novedad de que el morenista Alejandro Armenta, suspirante a la gubernatura de Puebla, hizo un llamado, en su calidad de presidente del Senado, al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, a dialogar en la Cámara alta sobre las acusaciones del congresista Lindsey Graham en contra de México sobre el combate al tráfico de fentanilo. De acuerdo con el legislador poblano, es necesario “hacer un extrañamiento” al diplomático estadounidense “para que explique a qué obedece esa conducta reiterada del congresista que en nada abona a la diplomacia mexicana”. Los senadores morenistas han rechazado, con sus votos, llamar a comparecer a los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que expliquen “el crimen de Estado” de 40 migrantes, cometido en el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, donde los guardias los encerraron. Sin embargo, ¿pretenden llamar a comparecer al embajador Salazar? Lo que es querer llamar la atención...

El vigilante naranja

Como no andarán en campañas, porque decidieron retirarse de los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila, advirtieron en San Lázaro que en la bancada de MC estarán muy pendientes de que a quienes falten a las sesiones y al trabajo en comisiones las últimas semanas de abril sin justificación, se les descuenten los días de su dieta, o de su sueldo. El problema es que en todos los partidos –con excepción de los naranjas– les pidieron a sus legisladores acudir a los actos políticos a apoyar a sus candidatos en esas dos entidades. ¿Bien valdrá un descuentito a sus salariotes a cambio del triunfo de sus corcholatas?

¿Rebatinga por las comisiones del INE?

El INE prevé aprobar hoy la nueva integración de las nueve comisiones permanentes, una vez que llegaron cuatro nuevos consejeros a la “herradura de la democracia”. Sin embargo, por una cuestión logística, los recién llegados al Consejo General podrían quedarse con las ganas de encabezar, al menos, una de éstas. ¿De ser el caso, se quedarán tan tranquilos? Nuevo día, nueva batalla en el INE. Vaya tiempos.

Empatía… falta empatía

Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, se esmera en dejar bien claro que defenderá, a capa y espada, las banquetas ante la amenaza de… los migrantes. “Hay algo que se llama EMPATÍA; ponte en el lugar de los habitantes de Cuauhtémoc”, señaló en Twitter, al sostener que estas personas –sector por demás vulnerable a su paso por México– tienen las calles “secuestradas”. Bien lo dijo, hay algo llamado empatía; habrá que ponerse en el lugar de los migrantes.

Política migratoria, sobre las rodillas

Andrés Manuel López Obrador podría informar esta semana quién será el nuevo zar para atender la crisis migratoria. El padre Alejandro Solalinde, siempre cercano a migrantes –a menos que sean víctimas de las políticas que aplica este gobierno–, adelantó, tras ser convocado por el mandatario para que le ayude a integrar un nuevo grupo de trabajo que sustituya al Instituto Nacional de Migración, que el posible secretario ejecutivo del nuevo organismo tiene ya cita en Palacio. ¿Está dispuesto a asentir ante cualquier demanda del señor Presidente?, dicen las malas lenguas que sería la pregunta de la evaluación.

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Estrictamente Personal

Megafraude inducido/Raymundo Riva Palacio

El FINANCIERO, 

La corrupción en Segalmex, la paraestatal creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar autosuficiencia alimentaria en los cuatro granos básicos de la dieta mexicana, es monumental. En sus dos primeros años de operar, la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades por más de 15 mil millones de pesos, lo doble de la llamada ‘estafa maestra’, que se consideraba el mayor atraco en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo que sucede en Segalmex es exponencialmente mayor, no sólo por la suma del dinero sucio, sino porque detrás de esos actos de ilegalidad se encuentra la mano de la Presidencia de la República.

Las acciones que ha emprendido la Fiscalía General de la República parecen más simulación que acto de justicia, para proteger a quien fue su primer director, Ignacio Ovalle, que le abrió la puerta a López Obrador de la administración pública federal, y a quien ha defendido el Presidente hasta el absurdo de limpiarlo moralmente de responsabilidad y culpa con el argumento que era un “buen hombre” que fue engañado por priistas. Es un timo a la opinión pública, por el encubrimiento de quien guardó silencio cuando hurtaban dinero público de la empresa que dirigía, y al ignorar que, en paralelo, sus colaboradores extorsionaban a proveedores, a quienes exigían comisiones bajo el disfraz de cuotas.

La parte de esas contribuciones obligadas es lo menos explorado en la esfera pública, porque los empresarios afectados no quieren hablar aún de la experiencia que vivieron desde el inicio del sexenio. Algunos de ellos fueron donantes en la campaña presidencial de López Obrador que fueron a cobrar por sus apoyos a Palacio Nacional, y fueron enviados con Ovalle para que se convirtieran en proveedores de Segalmex. Ovalle los recibía, pero no los atendía –de hecho, nunca quiso firmar nada, sabiendo que podría comprometerlo en el futuro–, pero los enviaba con sus subalternos, quienes les pedían que sobrefacturaran en 50 por ciento el monto total de sus productos que les regresaban, según dijeron algunos en privado. Eran instrucciones, decían, para recolectar dinero para “el movimiento”.

Es dinero político que, aunque probablemente no en su totalidad, supuestamente destinado para la causa y el movimiento, salió del erario y provocó alertas de varios colaboradores presidenciales. Uno de ellos, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le informó poco después de asumir el cargo, que la corrupción en Segalmex era alarmante, como lo había sugerido la ASF, sin que hiciera nada.

En septiembre del año pasado, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, le habló al Presidente de las primeras dos denuncias contra nueve probables responsables de las irregularidades en el manejo de recursos públicos durante 2019 y 2020. Poco después le reportó de 38 denuncias presentadas en la Fiscalía, en la Procuraduría Fiscal de la Federación, en la Unidad de Inteligencia Financiera y en la Secretaría de la Función Pública, sin que se movieran por medio año.

Las revelaciones de la prensa sobre la corrupción en Segalmex comenzaron en 2020, pero Ovalle era resguardado por una aura de impunidad, hasta febrero del año pasado, cuando fue sustituido por Leonel Cota, exgobernador de Baja California Sur y exlíder del PRD –cuando López Obrador todavía militaba ahí–, y que en el gobierno actual fungía como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ovalle no cayó en desgracia y, según un comunicado oficial, el Presidente lo había nombrado coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, adscrito a la Secretaría de Gobernación.

En la realidad de Palacio Nacional, López Obrador no se enteró de qué iba a suceder con Ovalle. No es algo inusual en el Presidente, que tiene un notable desinterés en todo tema que no sea electoral. Cuando se dio cuenta de que Ovalle había sido nombrado para otro cargo, le reclamó a Lázaro Cárdenas, su entonces jefe de asesores, que se le hubiera designado. Cárdenas, según dijeron funcionarios, le respondió que Ovalle realmente no había hecho nada que no se le instruyera desde Palacio Nacional, por lo que, podría interpretarse, no podían abandonarlo sino protegerlo. Y se quedó en el cargo.

Segalmex, por lo que se puede colegir con la información pública hasta ahora, fue una caja a la que entraba dinero que no iba todo a la compra de granos para los segmentos más marginados del país, sino para ser utilizado, probablemente, con objetivos políticos. En sus dos primeros años de operación, la ASF detectó irregularidades por 15 mil 300 millones de pesos, duplicando la ‘estafa maestra’, que ascendió a 7 mil 600, por lo cual, con pruebas inventadas por la fiscalía, Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Peña Nieto, pasó tres años en la cárcel acusada de desvíos millonarios del erario.

Bajo la misma lógica con la que actuaron contra Robles, Ovalle debería estar en prisión, así como también el secretario de Agricultura, de quien depende Segalmex. Pero no. Lo que hay son órdenes de aprehensión contra 22 personas de rango mucho menor, acusadas por un desfalco de 15 mil millones de pesos, por el presunto delito de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado por la compra simulada de casi 8 mil de toneladas de azúcar.

Paralelamente hay una investigación en Estados Unidos, encabezada por el FBI y detonada por uno de los correos hackeados en los llamados Guacamaya Leaks, que revela que Segalmex fue utilizada por agentes de inteligencia venezolanos con estrechos contactos con funcionarios del gobierno lopezobradorista, para enviar al menos 210 mil toneladas de maíz a cambio de millones de barriles de petróleo, que es considerada una operación ilegal. Agentes estadounidenses han señalado que los mexicanos actuaron tanto por razones ideológicas –el apoyo al régimen de Nicolás Maduro y la llamada revolución bolivarista– como por corrupción.

Segalmex es un pozo profundo donde se mezclan corrupción, extorsión, objetivos políticos e ideológicos, cuyo desfalco no cesa sino sigue creciendo cada año. Es también una bomba de tiempo que está sonando en el corazón de Palacio Nacional.

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Adán Augusto, ¿el sucesor emergente?/Mario Maldonado

EL UNIVERSAL, 10/04/2023 |

Enfundado en una camiseta del equipo los Olmecas de Tabasco, con la cachucha verde que usan los bateadores, Adán Augusto López conectó un “hit” político-electoral en su carrera por convertirse en el candidato de Morena y el sucesor de su paisano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el 2024.

Adán Augusto López se parece a un bateador emergente en la carrera por la Presidencia de la República; no porque sea un político inexperimentado o insuficiente, sino porque llegó más tarde que los demás a la escena pública nacional, a los reflectores mediáticos por su cercanía con el presidente y, por consiguiente, también a las encuestas que aún lo sitúan debajo de las otras dos “corcholatas” fuertes: la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard.

“En lo que va y viene la pelota política, nosotros nos concentramos en nuestras actividades para fortalecer y concretar la transformación”, publicó el pasado 2 de abril Adán Augusto López, secretario de Gobernación desde agosto de 2021.

La idea de que él podía ser un sucesor de López Obrador comenzó a circular un par de meses después de su nombramiento, debido a las grandes responsabilidades y atribuciones conferidas por el Presidente a su paisano, quien dejó el gobierno de Tabasco para llevar las riendas de la política interior y la relación con los otros Poderes de la Unión y grupos de poder, entre ellos los partidos de oposición, los empresarios, los sindicatos, los órganos autónomos y hasta los medios de comunicación.

“Cómo voy a sonar amenazante con esta vocecita”, dijo alguna vez en público. Y eso quiere ser o parecer Adán Augusto López: la mano firme de López Obrador para mantener a raya a los que considera adversarios y la mano izquierda que logra los consensos; con la que saluda a los opositores, con quienes se sienta a comer o a platicar en lugares públicos y privados; la misma mano que le ha tendido a la nueva presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y a todo el organismo electoral tras la salida de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.

No es que Adán Augusto López no supiera que el presidente le tenía preparado un lugar a su lado en el gobierno, pero primero tenía que ganar Tabasco, ordenarlo, y entonces sí saltar a la Secretaría de Gobernación para reempoderarla y convertirse en la mano derecha del Presidente: el reemplazo de Scherer, Romo y Monreal juntos, quien además sacó de la congeladora al otrora inseparable escudero de López Obrador, César Yáñez, para integrarlo a su equipo y a su campaña.

“Voy a ser Presidente”, le dijo convencido Adán Augusto López al colega Joaquín López-Dóriga. Esa es la ruta que seguirá hasta noviembre de este año, cuando hayan transcurrido las dos encuestas para elegir al candidato o candidata de Morena en el 2024.

Esa ruta en la que, pese a la exposición pública se mantiene debajo de sus otros dos competidores, es la que comienzan a dibujar también algunos integrantes de la 4T. Gobernadores como Alfonso Durazo, de Sonora; Américo Villarreal, de Tamaulipas; Julio Menchaca, de Hidalgo; Rubén Rocha, de Sinaloa, entre otros, parecen enfocar sus apoyos hacia el paisano del presidente, cuyo padre Payambé López Falconi apoyó en los años 80 apoyó a López Obrador en la fundación del PRD de Tabasco.

Adán Augusto López, además, tiene su propia estructura en la mayoría de las entidades del país a través de los delegados de la Secretaría de Gobernación y otros operadores estatales.

Por la cabeza de Adán Augusto López ha rondado la idea de ser presidente de Morena, antes de intentar ser presidente de México. El actual líder del partido, Mario Delgado, quiere ser candidato al gobierno de la Ciudad de México y la reciente decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría expulsarlo a fuerza del puesto y abrirle paso al secretario de Gobernación.

Sea como sea, Adán Augusto se siente en el corazón del Presidente, quien estos días de Semana Santa lo dejó al frente del despacho, como para que sienta que la silla quema. Adán se siente identificado cuando el Presidente habla de un cambio generacional (tiene 59 años, 10 años menos que AMLO) y también cuando habla de alguien que no zigzaguee

Ahora que estuve estos días santos en Oaxaca, un amigo político me refirió la sucesión de Benito Juárez. Su paisano y discípulo Porfirio Díaz, quien luchó contra Maximiliano y a la postre se convirtió en Presidente, cuidó el legado de Juárez, pese a los desencuentros.

¿López Obrador va a decantarse por su paisano para que cuide su legado y la manera como pasará a la historia?

Posdata 1

Esta semana vamos a escudriñar sobre cuatro de las llamadas “corcholatas” de Morena, cuyo apodo, si bien despectivo, sirve de mercadotecnia electoral para los y la aspirante a la candidatura presidencial del 2024. El presidente López Obrador ha coqueteado públicamente con tod@s; ha jugado al tapado como en los tiempos del PRI y, sin embargo, también ha ido dejando pistas sobre quién será su sucesor o sucesora.

Posdata 2

Esta semana la revista Forbes publicará su lista de multimillonarios mexicanos 2023.

Los magnates mexicanos, a quienes el presidente López Obrador se ha referido como personas a las que “no les ha ido mal” en su gobierno, efectivamente siguen aumentando sus fortunas, pese a la inflación, los vaivenes en los mercados financieros y los conflictos geopolíticos en el mundo.

Los crecimientos en la riqueza de magnates como Carlos Slim, con 14.5%, los Martín Bringas, de Soriana (25.1%), la familia Arroyo Chávez, que controla la cadena de Farmacias Guadalajara (23.6%), la familia Baillères (3.8%), entre otros, resaltaron en un entorno complicado a nivel mundial.

Entre las seis fortunas que más aumentaron este 2023 respecto del año pasado, destacan la de David Peñaloza Alanís, accionista de la concesionaria Pinfra; la de Fernando Chico Pardo, en Grupo Aeroportuario del Sureste; y la de los Servitje Montull, accionistas controladores de Grupo Bimbo.

La familia Servitje, por cierto, regresó al top 10 de multimillonarios mexicanos.

Posdata 3

La Secretaría de Turismo, de Miguel Torruco, lanzó la Licitación Pública de Carácter Nacional Electrónica LA-21-510-021000999-N-25-2023 en la cual la Dirección General de Servicios al Turista, corporación que los automovilistas identifican como Ángeles Verdes, adquirirá entre 16 a 25 vehículos tipo Pick Up cabina 2023 para servicios de auxilio vial.

En el gremio trascendió que el concurso podría estar dirigido para Sumacortec, de Giomara Melia Gaal, firma cercana a Ferbel de Fernando y Edgar Beltrán, empresarios que trabajaron muchos años con un arrendador sancionado por la actual administración.

El fallo de Sectur se dará a mediados de este mes. La firma Continental Automotriz, de Héctor Mena, también busca el contrato.

@MarioMal

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Viacrucis/Héctor De Mauleón

Me convenció la idea, expresada por unos amigos, de pasar unos días en el mar, “con pescados y mariscos regados con vino blanco”. Compré mi boleto con más de un mes de antelación, el 28 de febrero, a fin de anticiparme a la fiebre vacacional de la Semana Santa.

Iba a ser un vuelo de poco más de dos horas. El avión partía a las 10:55. Calculé que para las tres y media estaría regando los pescados y los mariscos con una copa de Albariño.

La noche anterior intenté sacar el pase de abordar por vía electrónica. No hubo manera: “Check-in no exitoso”. Un anuncio informaba que a la aerolínea no le había sido posible asignarme asiento, y que debía presentarme en el mostrador de Aeroméxico tres horas antes de la salida del vuelo.

No puedo negar, como dice aquella vieja canción, que entonces tuve el fuerte presentimiento de algo fatal. Al día siguiente madrugué. Sobre las ocho, con una pequeña maleta, crucé las puertas de la Terminal 2. Temía verla convertida en un campamento de refugiados, pero no fue así: aunque arrancaba el Jueves Santo, la terminal parecía sumergida en un día como cualquier otro.

Hice fila en el mostrador. Cuando llegó mi turno, expuse brevemente mi problema.

–Es que su vuelo ya está totalmente lleno, caballero –me dijo una señorita que no tenía muchas ganas de hablar con la gente, y que estaba absorta por completo en algo que aparecía en su pantalla.

–¿Cómo que totalmente lleno? –pregunté, con la esperanza absurda de que hubiera algún error.

La señorita respondió que la aerolínea había sobrevendido boletos, y lo que yo tenía que hacer era ir a la sala de espera y pedir informes en Atención a Clientes.

Apreté el paso con la esperanza de que fuera posible hacer algo. En Atención a Clientes había un joven sin muchas ganas de hablar con la gente, y que también estaba absorto por completo en algo que aparecía en su pantalla. Frente a él había una decena de personas con el rostro descompuesto: sus asientos habían sido ocupados por otros, y acababan de enterarse.

Expliqué que había comprado el boleto con un mes de antelación. El joven me dijo que la reventa de asientos era “una política de la aerolínea”, y me dio dos opciones: ir a esperar a la puerta por la que saldría mi vuelo, para ver si acaso podía ocupar el lugar de algún pasajero retrasado o con problemas de conexión, o esperar un vuelo que saldría dentro de seis horas, y en el que aún había lugares disponibles.

–Tengo el boleto desde hace un mes –repliqué–, ¿y me mandan a ver si algún otro pasajero tuvo problemas de conexión?

–Si gusta le puedo ofrecer un asiento en vuelo de las tres –respondió.

Pregunté qué posibilidades había de que algún pasajero tuviera problemas de conexión.

–La verdad, pocas –respondió sin dejar de mirar la pantalla–. Pero si gusta intentarlo… Si no lo logra, vuelva para darle un asiento en el vuelo de las tres.

Decidí intentarlo. Además de las personas de rostro descompuesto que había encontrado en la fila, ahora había en la sala muchas otras, de mirada ansiosa, que esperaban que las políticas de la aerolínea les dieran la oportunidad de abordar. Ningún pasajero tuvo problemas de conexión. De cualquier modo lograron abordar ocho personas, entre las que no me encontraba yo. Tampoco, un señor al que la aplicación de Aeroméxico había mandado a esperar a una sala equivocada y cuya cólera habrían cantado las musas.

El vuelo aquel lo despachaban un joven y una señorita que tampoco tenían ganas de hablar con la gente y que también parecían estar absortos en sus pantallas. Entendí que era una estrategia para que los pasajeros dejaran de alegar y aceptaran lo más pronto posible su destino. Algunas veces salía al revés, porque los más empecinados se encorajinaban.

El vuelo de las 10:55 se fue. Cuando por fin se dignó a mirarme, la señorita que acababa de despacharlo me dijo que ya no había lugares en el vuelo de las tres, sino en el de las 16:30. Repliqué que el joven de Atención a Clientes me había dicho que sí había lugar en el de las tres.

–Pues si gusta ir con él… Lo que yo le puedo ofrecerle es un asiento a las 16:30.

Repetí que me parecía injusto, habiendo comprado el boleto con tanta antelación. Me dijo que “tenía” que comprender que era temporada alta, y que si hubiera pagado para elegir mi asiento no tendría ahora este problema. Le dije que sin duda lo habría hecho, si alguien me hubiera dicho que era necesario.

–Es lo que le puedo ofrecer –concluyó, y me mandó de regreso a Atención a clientes. Ya había otra fila de gente atropellada a la que le habían quitado su asiento y a los que trataban como parias. Imaginarán ustedes el clima anímico que se respiraba.

Ya no estaba el joven del principio, sino una mujer cuyo rostro revelaba que en algún momento de su trayectoria profesional había perdido por completo el humor. De verdad, no exagero. Trataba a los clientes como a insectos, y tal vez para entonces ya todos lo éramos.

Ahí me dieron un pase de abordar, un vale de 350 pesos para comer en Starbucks y un bono de cinco mil para la siguiente vez que favoreciera a Aeroméxico “con mi preferencia”. Lo tomé con resignación. Le envié un mensaje a mis amigos: “Estoy contento porque ya pasaron los primeros 40 minutos de las seis horas que voy a estar aquí”. Luego me metí a un bar a leer y beber cerveza. Nada de pescados y mariscos: pedí una pizza Margarita.

Cuando al fin logré abordar, nos tuvieron una hora bajo el sol, y sin aire, esperando pista para despegar. Había niños que lloraban y yo casi lo hacía. No van a creerlo, pero arribé a mi hotel 13 horas después de haber llegado a la Terminal 2. Muerto de hambre y cansancio, pregunté en la recepción si tenían algún restaurante abierto.

Por fortuna había uno. Pero solo ofrecían pizza Margarita.

Me metí a un bar. Suelo quejarme siempre porque nunca tengo tiempo suficiente para leer. Pedí una cerveza y abrí “La muerte de Tolstoi”, un libro que cuenta cómo una ignorada estación de tren se convirtió en centro de la atención mundial durante seis días, los días en que tardó en morir el gran escritor ruso.

Nada de pescado y mariscos regados con vino blanco.

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China, EU, fentanilo: la carta/Jorge Fernández Menéndez

Razones

En esta Semana Santa, para muchos, de vacaciones, ocurrieron demasiadas cosas extrañas en la política nacional. Una de ellas fue la carta del presidente López Obrador a su homólogo chino Xin Jinping, pidiéndole controlar el fentanilo que llega de ese país a México, algo ya de por sí extraño, porque implicaría que China reconociera que ellos exportan fentanilo ilegal, pero en la cual, faltando aún más a cualquier sentido diplomático, se incluyen dos largos párrafos marcados por una abierta animadversión a legisladores y políticos estadunidenses, quejándose de los intentos intervencionistas de esos personajes en México.

Me imagino que en Palacio Nacional saben que existe una suerte de guerra comercial entre nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, y China, que a veces pasa de lo comercial hasta los amagos armados, como ha ocurrido en estos días luego de la visita de la presidenta de Taiwán a la Unión Americana. Una de las consecuencias de ese enfrentamiento comercial es el fenómeno del nearshoring, que ha asentado en México a numerosas empresas que salen de China para operar desde nuestro país. Es una de las oportunidades económicas más importantes que ha tenido México en muchos años.

Pero esa carta refleja otra cosa: un desacuerdo con Estados Unidos del que México se queja con China y una demanda que China jamás va a solventar cuando le dice que informe de puertos, proveedores, barcos que trafican con fentanilo. Fue una magnífica forma de quedar mal con todos. China contestó que su país no exporta fentanilo ilegal, Estados Unidos le contestó que sí, y que lo envían a los traficantes mexicanos para que desde aquí se trafique a Estados Unidos. Y el gobierno mexicano, después de las respuestas china y estadunidense, no dijo ni media palabra.

Pero, además, porque sí se sabe quiénes trafican con fentanilo de China a México (y otros países). Aquí hace un mes le contábamos que, desde diciembre del 2021, el gobierno de Estados Unidos tiene identificado a uno de los principales proveedores de fentanilo ilegal hacia México, Canadá y la propia Unión Americana. El 16 de diciembre de ese año, el departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció  medidas relacionadas directamente con la persecución del tráfico de fentanilo y sus precursores. Era la primera vez que claramente no se centraba en los cárteles, sino en la trama global que maneja ese enorme negocio y que tiene origen en China y que en México ocupa uno de los espacios más importantes del crimen organizado.

Además de ofrecer una recompensa, vía la DEA, de 5 millones de dólares por información que lleve a su captura, el Departamento del Tesoro incorporó a sus listas de narcotraficantes a Chuen Fat Yip y a su empresa, Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology Co. Ltd.

Chuen Fat Yip, encabeza una organización criminal, según el departamento del Tesoro, que opera en China y Hong Kong. Trafica fentanilo, esteroides anabólicos y otras drogas sintéticas, y controla un grupo de empresas que venden compuestos y precursores químicos de fentanilo al público y a empresas privadas, una de las cuales es Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology Co. Ltd (sí, en la misma Wuhan de donde surgió el virus de covid-19). Está asociada con el Cártel de Sinaloa y son los que proveen a esa organización de la droga para su comercialización ilegal en la Unión Americana.

Las empresas de Chuen Fat Yip reciben pedidos por Internet de precursores y compuestos, que luego envían a todo el mundo. Chuen Fat Yip también es considerado, dice el gobierno de Estados Unidos, como el más importante productor de esteroides anabólicos a nivel global. Para sus operaciones utiliza monedas virtuales, como bitcoin, y transferencias de fondos a través de empresas de servicios monetarios y bancos para recibir sus pagos.

El caso de Chuen Fat Yip, también se relaciona con otra empresa china de transporte de productos químicos: Shanghai Fast-Fine Chemicals Co. que, desde 2019, envía precursores químicos, a menudo etiquetados falsamente, a los grupos criminales en México, en especial al Cártel de Sinaloa, para la producción de fentanilo. Otras empresas sancionadas son Hebei Huanhao Biotechnology Co., y Hebei Atun Trading Co. La primera, también con sede en China, importa y exporta productos químicos y farmacéuticos utilizados para producir opioides. También ha estado involucrada en la producción de precursores de fentanilo. La segunda participa en la venta de precursores químicos de fentanilo y en la falsificación de detalles de envío de productos químicos.

Esos son los principales proveedores, dice el gobierno estadunidense, de fentanilo. No es información confidencial, sino pública desde hace año y medio.

La carta al presidente chino no fue contestada por ninguna alta autoridad, sino por un vocero de segundo nivel de su ministerio de Relaciones Exteriores. La Casa Blanca tampoco contestó directamente, sino por otro vocero del departamento de Estado. México quedó mal con los dos países: con China por acusarlo y con Estados Unidos por quejarse ante su principal rival geopolítico, olvidando además que es nuestro principal socio comercial, que por lo menos 13 millones de compatriotas viven en ese país y que envían 60 mil millones de dólares al año de remesas. Y nada de eso ha servido para detener el tráfico de fentanilo. Un absurdo diplomático y de estrategia de seguridad.

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Coordenadas

Los misterios del ‘superpeso’ y su historia/Enrique Quintana

El Financiero, 

Hace tiempo en México se usaban frecuentemente los conceptos “sobrevaluado” o “subvaluado” para referirse a la cotización de nuestra moneda frente al dólar.

Cuando una divisa se sobrevaluaba, aumentaban las posibilidades de una corrección importante, de una devaluación brusca.

Para calcular si una divisa estaba en equilibrio, subvaluada o sobrevaluada, se consideraba un tipo de cambio teórico, que reflejara los diferenciales entre los incrementos de los precios de Estados Unidos y México.

El razonamiento funcionaba de esta manera. Si en un año determinado la inflación en Estados Unidos fuera de 5 por ciento y la de México fuera de 10 por ciento, la paridad de nuestra moneda debiera depreciarse para reflejar ese diferencial.

Así, el tipo de cambio teórico del peso debería depreciarse en alrededor de 5 por ciento frente al dólar para mantener la paridad de los poderes de compra.

Si lo hacía en mayor proporción, se subvaluaba, si el movimiento era en menor proporción, se sobrevaluaba.

Veamos qué resulta si hacemos un ejercicio con los valores de nuestra moneda, considerando hipotéticamente que el final del año 2012 la paridad estuviera en equilibrio.

Desde entonces y hasta febrero de 2023, la inflación en México fue de 58.9 por ciento en tanto que la inflación en Estados Unidos fue de 31 por ciento.

El diferencial inflacionario fue de 21.3 por ciento.

Al final de 2012, la paridad del peso frente al dólar fue de 12.87, de modo que un tipo de cambio teórico que solo ajustara el diferencial de inflaciones debería estar en 15.61 pesos.

Si hoy la paridad es de 18.12 pesos por dólar, no pareciera que nuestra moneda estuviera sobrevaluada sino más bien subvaluada.

Pero, las cosas cambian completamente si consideramos como valor de referencia el de diciembre de 2018.

La inflación en México, desde entonces, ha sido de 24.3 por ciento mientras que en Estados Unidos la cifra fue de 19.8 por ciento. El diferencial de inflaciones es de 3.8 por ciento.

Considerando la paridad de 19.70 para el cierre de 2018, el tipo de cambio teórico con la referencia de 2018 es de 20.44 pesos actualmente.

Es decir, con esa comparación habría una sobrevaluación de alrededor de 8 por ciento, considerando el cierre del viernes en los mercados internacionales, de 18.12 pesos por dólar.

El sexenio de López Obrador es atípico en términos de los movimientos cambiarios.

En el sexenio de Enrique Peña la inflación fue de 27.9 por ciento en México y de 9.4 por ciento la de EU. El diferencial de precios fue de 16.9 por ciento mientras que el peso se depreció en 52.7 por ciento.

Es decir, en el sexenio de Peña, la depreciación real de nuestra moneda fue de poco más de 30 por ciento. La administración anterior ha tenido la mayor devaluación en todo este siglo.

Durante el gobierno de Calderón la depreciación nominal del peso frente al dólar fue de 18 por ciento, pero el diferencial de precios fue de 12.9 por ciento, así que también tuvimos una depreciación real de nuestra moneda de 4.5 por ciento.

Finalmente, en esta revisión encontramos también que en el sexenio de Vicente Fox la inflación en México fue de 29.8 por ciento contra la de 16 por ciento en Estados Unidos.

Es decir, el diferencial de inflaciones fue de 11.9 por ciento. La depreciación nominal de nuestra moneda frente al dólar fue de 13 por ciento, de modo que la devaluación real fue de 1 por ciento. Prácticamente se quedó en equilibrio.

Las depreciaciones acumuladas en los años de los gobiernos de Calderón y Peña dejaron un espacio amplio para que haya una revaluación real del peso en esta administración que no ha traído consigo, por lo menos por ahora, problemas mayores en nuestras cuentas externas.

Pero, hay que tener cuidado de imaginar que estos resultados son producto de las políticas cambiarias.

Lo que hemos tenido desde 1995 es un sistema de libre flotación, en el que el peso fija su paridad frente al dólar en función de múltiples factores.

Imaginar que en esta administración las cosas se han hecho mejor porque el resultado –hasta ahora– ha sido una apreciación real de nuestra moneda, es una falacia.

Seguiremos con este tema.

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La Feria

Drogas y EU, condena sexenal/Salvador Camarena

El Financiero, 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador padece en carne propia la condena sexenal de ver cómo la relación con el poderoso vecino del norte se pudre por el narcotráfico.

Desde Miguel de la Madrid, todo gobierno de México encalla con las ambiciones injerencistas de Washington y su triple moral sobre la narcoviolencia y, por supuesto, la debilidad de la justicia mexicana.

De la Madrid nunca se recuperaría del asesinato de Enrique Camarena Salazar, agente de la DEA, en 1985.

Ser presidente de un país donde los narcos se mataban en discotecas, asesinaban a un cardenal, viajaban a la capital a confesarse con el nuncio Prigione y penetraban los aparatos de seguridad al punto de obligar su cierre no ayudaron a Carlos Salinas a negociar el TLC.

Ernesto Zedillo arrestó a su zar antidrogas, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, uno de los interlocutores con las agencias estadounidenses; por esa detención estuvo en riesgo la polémica certificación de Estados Unidos a México en materia de lucha contra los narcóticos.

A Vicente Fox se le escapó Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y la descomposición por el narcotráfico obligó a uno de los primeros operativos gubernamentales, precisamente en la frontera, en Tamaulipas, al tiempo que estalló el tráfico de armas.

Con Felipe Calderón los términos que demandó Estados Unidos en la Iniciativa Mérida generaron críticas por ese injerencismo, y por ser vista como una versión reforzada del Plan Colombia. Y se permitió el descerebrado plan Rápido y Furioso, con el que Estados Unidos introdujo cientos de armas con las que incluso murió un agente estadounidense.

Enrique Peña Nieto escuchó al entonces candidato Trump anunciar el muro en la frontera para “detener” narcotraficantes mexicanos. La errática política peñista incluyó invitar a México al estadounidense que más ha injuriado a los mexicanos en años recientes, y al mismo tiempo extraditar a capos como Guzmán Loera, al que recapturó dos veces.

Desde hace semanas Andrés Manuel López Obrador sostiene un duro choque con distintos políticos de Estados Unidos. No sólo hay republicanos cuestionando la estrategia de seguridad de México, sino también del Partido Demócrata, como el influyente senador Bob Menendez, y al propio Departamento de Estado del presidente Biden.

El juicio contra García Luna que tanto ha utilizado Palacio Nacional podría volvérsele en contra al Presidente, pues en Estados Unidos dirán que nada ha cambiado, que las instituciones de procuración de justicia o están penetradas o no funcionan, y como prueba tendrán el caso del general Salvador Cienfuegos o la masacre de esta semana o la otra.

Decenas de miles de muertos al año por fentanilo en suelo estadounidense constituyen una tragedia de diferentes causas y nada sencilla solución.

El gobierno de AMLO ha alineado a sus enemigos en Estados Unidos (lo último al respecto es cuando reiteradamente toma partido, como la semana pasada, a favor de Donald Trump).

Para Estados Unidos culpar a México es más fácil que reconocer que crearon la crisis del fentanilo in house con fármacos legales y que tardaron mucho en reaccionar.

Mas la debilidad del aparato de justicia mexicana, y la inocultable violencia (que a menudo alcanza a ciudadanos estadounidenses) de nuestros poderosos cárteles serán el pretexto ideal para que este gobierno, como varios del pasado, resienta la presión de un país que, sí, tiene triple moral sobre las drogas: no habla suficiente de sus narcotraficantes, que no ve la criminal laxitud de sus mercados de armas, y que sigue aferrado al prohibicionismo antes que explorar otras posibles soluciones.

Pero decirles hipócritas no servirá de mucho si acá el narco y sus balazos son la regla.

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Año Cero

Un gobierno antiguo/Antonio Navalón

El Financiero, 

Viendo los pasos que da el sexenio de la ‘4T’ y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, resulta inevitable darse cuenta de las diversas situaciones que tendremos que analizar más temprano que tarde. Uno de los mayores problemas que tendremos mañana, cuando ese mañana llegue y el contexto no esté predeterminado por las batallas mañaneras ni todo lo que hoy nos ocupa, será determinar cómo sacar e imputar las responsabilidades que los modelos del siglo 20 tuvieron durante este gobierno. Andrés Manuel López Obrador, como la mayoría de quienes leen este espacio editorial, nació en el siglo 20. El líder mexicano se creó con los sistemas de gobierno, los miedos y las leyendas del siglo pasado. Creció y creyó en la organización del Estado que le enseñaron que estaba basada bajo la supremacía de un partido único, con una sola visión y con una sola agenda. Esto buscando honrar, por una parte, la Revolución mexicana y, por la otra, buscando seguir el sueño zapatista de defender a los más pobres.

Lo mire por donde lo mire, desde Lázaro Cárdenas hasta la compra de los granos por parte de Conasupo, el presidente López Obrador es un hombre del siglo 20. Por eso todas las cuentas que estamos sacando ahora sobre cada movimiento que hace deben tener los referentes que existen en el corazón de nuestro gobernante. Sobre su constante deseo de lucha contra la corrupción, hay que saber que –aunque la corrupción es una– existen distintos grados, motivaciones y ejercicios de la corrupción, frente a la cual puede haber distintas actitudes. Por ejemplo, si un amigo, un jefe o alguien que apostó por nosotros está o ha sido puesto al frente de un organismo diseñado conforme a las características estipuladas en el siglo 20 –pero que ya no aplican en este siglo–, como es el caso de Segalmex, en caso de que algo salga mal, nunca será el malo de la historia. Para quien nos gobierna éste no será un hombre responsable de lo sucedido, sino que se tratará de un hombre inocente y que se vio atrapado por las consecuencias de confiar en quien no debía y que se encontró envuelto en una columna de fuego y contaminado por esa relación que existe cuando se hacen negocios bajo el cobijo de la corrupción.

Esto es lo que sucede y está sucediendo en nuestro país con uno de los temas que más estragos ha causado a la actual administración. En su tiempo el presidente López Obrador acusó a sus antecesores y juró con perseguir hasta las últimas consecuencias a los responsables del caso de la conocida estafa maestra, un desfalco que representó poco más de 7 mil 600 millones de pesos y en el que estuvieron involucradas más de 10 dependencias federales. Sólo para dimensionar, el desfalco por el que se está acusando a Segalmex y a su antiguo director –al que nuestro Presidente defendió diciendo que es víctima de una traición y culpa de los regímenes antiguos– ya superó los 15 mil millones de pesos. Hay quien argumenta que se trata del mayor fraude hecho por una instancia gubernamental, pero, independientemente de ello, lo que importa es lo que es evidente ante los ojos de todos, que es que la corrupción, sea quien sea que la haya cometido, tiene que ser perseguida y castigada. O ¿será que la amistad con quien todo lo puede es suficiente para que uno salga impune a pesar de lo cometido?

No se puede juzgar como una blanca paloma inocente a quien en realidad podría ser una astuta serpiente, sin importar las relaciones y vínculos que pueda tener. No se puede por una razón elemental, que es que cuando se tiene la responsabilidad y confianza otorgada por el líder supremo, lo único que sucede es que esto sólo obliga más a cumplir con la misión recibida en el sacrosanto nombre del pueblo de México. Y es menos viable evitar las correspondientes responsabilidades cuando desde el principio de este sexenio se ha buscado a toda costa diferenciar una buena administración de una corrupta.

El caso Segalmex lleva camino a convertirse en un caso referencial. No por mejorar el ranking de la corrupción –en el que ocupamos la posición 126 de 180 países evaluados por el Índice de Percepción de la Corrupción–, sino porque, sin querer, este caso hace verdad o mentira la declaración que el presidente López Obrador hizo en 2017, cuando dijo: “Yo no meto las manos al fuego por ninguna persona, ni siquiera de Morena”. Y le creímos, todos le creímos y pensábamos que de verdad con él la corrupción llegaría a su fin.

Sin duda alguna, con un régimen tan fuerte como el que construyó el PRI y ante el cual él se formó y dentro del cual él tuvo la carrera que tuvo, se podían resistir distintas batallas de corrupción sin destruir el Estado. En este momento, el país que Andrés Manuel López Obrador está forjando, es un país en formación y, naturalmente, un mal virus como el de la corrupción puede terminar contagiándolo –por causa o sin ella, por acción u omisión– y causando efectos devastadores. Efectos que afectarían directamente a la credibilidad pública y a la batalla que el Presidente ha buscado encabezar desde que hace cinco años recibió la banda presidencial.

Otro de los temas que se ha hecho hueco en la agenda nacional en los últimos días es el concerniente a lo sucedido con Iberdrola. El paso de la nacionalización y el principio de soberanía energética basado en el siglo anterior ha dado un paso irreversible. El Estado mexicano, por medio del fideicomiso liderado y gestionado por Mexico Infraestructure Partners, anunció el pasado martes la compra a Iberdrola de 13 de sus plantas eléctricas instaladas en el país por un valor aproximado a 6 mil millones de dólares. Tras esto, CFE acaparará 55% de la generación eléctrica en nuestro país, poniéndole fin a una larga batalla. Con esto se olvidan algunos de los reclamos hechos por el presidente López Obrador, como el hecho sobre la presencia e injerencia del sector privado en la generación de energía en México y que, en ocasiones, estuvo directamente dirigido a Iberdrola.

Empezando por el pecado original que supuso el haberse atrevido a fichar como consejera a la antigua secretaria de Energía y quien tenía la responsabilidad de vigilar los pasos de compañías como Iberdrola en México, la doctora Georgina Kessel, López Obrador libró un enfrentamiento constante con la empresa española. Lo segundo fue el reclamo hecho sobre la contratación misma, también en calidad de consejero y argumentando que ésta era una de las razones por las que dominaban el mercado eléctrico, del expresidente Felipe Calderón. Una reclamación que, después de haber sellado el pacto, volvió a avivar diciendo que la contratación del exmandatario fue “una vergüenza y de pena ajena”.

Con esos dos antecedentes se daba a entender que Iberdrola no tenía cabida en el firmamento mexicano y que, pasara lo que pasara y la guerra durara lo que durara, era una guerra imposible para vencer el capital social. Un capital que, no hay que olvidar, está en manos, sobre todo, de los principales fondos y a los cuales, de vez en cuando, les gusta venir a Palacio Nacional y tomarse una foto con el presidente López Obrador, tal es el caso del CEO de BlackRock, Larry Fink.

Sea como sea que haya intervenido Fink en la venta de los activos de Iberdrola en México, la adquisición de las plantas energéticas mencionadas supone una declaración intrínseca basada en el hecho de que hoy somos más nacionalistas habiendo logrado nacionalizar una parte muy importante del sector eléctrico. Otra cosa es que nadie se atreva a pedir resultados eficientes sobre la administración de la industria eléctrica nacional.

Como ya pasó una vez en un país tan de moda actualmente como es Rusia, lo importante no era cuánto grano de verdad se recogía más en Ucrania con el cambio de régimen, sino simplemente que el cambio del régimen pudiera incluso administrar el hambre de todas las Rusias. Aquí no hablamos en términos de qué efectos tendrá en los costos de producción y en términos de incremento de la fortaleza eléctrica de la nación, sino que se trata de dejar claro que en esta administración las cosas se hacen de forma diferente. Para López Obrador ésta es otra forma de demostrar que aquellos que se atrevieron a alzar su voz intentando comprar en el templo de la democracia la figura de un presidente pagaron –bien es verdad que habiendo cobrado–, pero pagaron con su expulsión del México de la ‘4T ‘.

En cualquier caso, éste es un ejemplo muy claro de que el gobierno actual de México está anclado en el pasado. Los 800 mil millones de pesos que, según el presidente López Obrador, nos íbamos a ahorrar al año con el fin de la corrupción, iban a permitir financiar el desarrollo del futuro justo e igualitario para todos los sectores que componen la sociedad mexicana. Además, esta lucha permitiría dar fin con la cleptocracia del pasado y le pondría un alto a quienes estaban despojando y desfalcando al país. El caso Segalmex se ha convertido en la prueba de fuego de lo que significa y representa la corrupción en la ‘4T’. Pero, sobre todo, este caso ha sido la prueba sobre hasta dónde piensa llegar el Presidente, puesto que, a final de cuentas, como él mismo dijo en el pasado, él no está dispuesto a meter las manos en el fuego por nadie, ni siquiera por sus hijos mayores. Por la única persona que podría hacerlo era por su hijo menor. Ahora no es que alguien haya engañado a su amigo Ovalle, es que en realidad los engañados somos todo el pueblo de México.

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San Luis Potosí y el fracaso de la Guardia Nacional/Alejandro Hope

El Universal, 

Todo empezó el martes pasado con la denuncia de un empresario transportista de Guanajuato: 23 pasajeros de una de sus unidades, incluyendo al chofer, habrían sido secuestrados en los alrededores de Matehuala, San Luis Potosí.

Eso detonó una batida de diversas dependencias federales y estatales que acabó dando no solo con las víctimas iniciales, sino con decenas más. Para el viernes, según la Fiscalía potosina, habían sido localizadas 105 víctimas de secuestro. Se trataba en su mayoría de migrantes que buscaban llegar a la frontera con Estados Unidos.

¿Final feliz, entonces? Pues no del todo. Si un esfuerzo de búsqueda de tres días logró encontrar a más de un centenar de víctimas, ¿cuántas hay en un año? No me sorprendería si la respuesta se ubicara en decenas de miles.

El secuestro de migrantes no es el único delito que padece esa región. El robo a autotransporte de carga es extremadamente común en esa zona, de acuerdo a empresarios del ramo. El tramo de Santa María del Río a Matehuala en San Luis Potosí (aproximadamente 228 kilómetros) tiene una reputación particularmente siniestra.

Esto, vale la pena destacar, no sucede en una zona aislada. La mayoría de esos delitos suceden en la carretera federal 57, tal vez una de las más transitadas del país. Se trata de la principal vía de comunicación entre la Ciudad de México y la frontera con Estados Unidos. Por allí pasa más de la mitad del comercio exterior de México en términos de volumen.

¿Cómo es posible que una carretera tan importante y tan transitada sea tan insegura? ¿No se supone que tenemos a la Guardia Nacional para la vigilancia carretera? Según el dato más reciente, esa corporación tendría 128,000 elementos, a los cuales hay que sumar algo más de 80,000 elementos del Ejército y la Marina que realizan labores de seguridad. Con todo ese personal, ¿no pueden evitar centenares de delitos en un tramo de 228 kilómetros en una carretera de vital relevancia para el país?

¿Pero es que tal vez la Guardia Nacional se encuentra en otras partes realizando otras tareas? Sí, y es allí dónde radica el problema. El grueso de la corporación está desplegado en zonas urbanas, realizando labores sustitutivas, no complementarias, de las policías locales. Se trata de una institución que básicamente hace rondines en espacios urbanos, investiga muy poco y no detiene a casi nadie. Es la policía municipal más cara e ineficiente del país.

En cambio, donde podría ayudar más, en zonas rurales y pequeñas poblaciones, en la vigilancia de caminos y carreteras, la corporación no está. Para muestra basta un botón: en 2021, según datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal, la Guardia Nacional puso a disposición del ministerio público a cinco personas por el delito de robo a transportista.

Esto es además absolutamente contrario a los ejemplos internacionales que fueron invocados al momento de la creación de la Guardia Nacional. La Gendarmería francesa, la Guardia Civil española o los Carabinieri italianos están básicamente desplegados en zonas rurales y pequeñas poblaciones. De hecho, en su origen, esas corporaciones fueron pensadas básicamente como un instrumento para combatir el bandolerismo en los caminos.

Lo sucedido en San Luis Potosí debería de servir de llamada de alerta. Tenemos una corporación enorme, carísima e incapaz de garantizar condiciones mínimas de seguridad en las principales carreteras del país.

Mi humilde sugerencia para el siguiente sexenio es que reduzcan el mandato de la GN y la redesplieguen hacia zonas rurales y pequeñas poblaciones. En las ciudades, no sirve de nada, pero en las carreteras tal vez pudiera tener un impacto.

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Política zoom

El trabajo más ingrato en el gobierno/Ricardo Raphael

Milenio.

Nada peor que tener una enorme responsabilidad sin presupuesto ni respaldo político para hacerle frente. En la burocracia mexicana hay muchos puestos que sufren de esta condición, pero ninguno como el del titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), cuyo coordinador es Andrés Ramírez Silva.

La Comar enfrenta cuatro desafíos: 1) es la instancia encargada de honrar la tradición de México como generoso país de refugio; 2) en los últimos tiempos estallaron de manera impresionante las solicitudes; 3) la Comar no cuenta con presupuesto para atender tan ingente demanda; y 4) a nadie importa realmente la suerte de los solicitantes de refugio.

Es leyenda la hospitalidad del pueblo mexicano con los solicitantes de refugio. Cierto, aquí recibimos a quienes huían del franquismo durante la Guerra Civil española. También abrimos las puertas a las personas que escaparon de las dictaduras latinoamericanas. Pero, en fechas más recientes, es falso que hayamos podido sostener la expectativa de nuestra generosidad.

La fila de personas solicitantes de refugio nunca había sido así de grande. Mientras que la administración de Enrique Peña Nieto recibió casi 60 mil solicitudes, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contabilizó, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2022, 345 mil 729 peticiones de refugio. Es decir que el fenómeno se multiplicó en 500 por ciento.

Y la inercia no se detiene: durante los tres primeros meses de este año la Comar recibió 37 mil 606 peticiones más, casi un 30 por ciento por arriba de la cifra registrada durante el mismo periodo del año pasado.

Si estos números se sostuvieran a lo largo de 2023, el número de peticiones de refugio podría saltar a los 450 mil.

En estas circunstancias, el presupuesto de la Comar resulta pequeñísimo. Es por esta razón que la dependencia atiende solamente a 40 por ciento de las solicitudes recibidas. Lo cual quiere decir que este año podrían quedarse sin atención más de 70 mil personas peticionarias, las cuales se sumarían a las 200 que aún siguen esperando respuesta.

Zoom: el tema es grave, pero a nadie parece realmente importarle. Igual que sucedió con la tragedia de Ciudad Juárez, la Comar es una dependencia que se incendia mientras el resto del país, como aquellos infaustos guardias, echan la llave y miran para otro lado.

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Día con día

Raúl Padilla López (1954-2023)/Héctor Aguilar Camín

Milenio.

Mi reflexión sobre Raúl Padilla López durante estos días fúnebres para su familia, para sus amigos, para la Universidad de Guadalajara y para la ciudad que albergó sus proyectos, ha sido sobre el valor de su persona pública.

He pensado en la contradicción establecida por Raymond Aron entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad.

Quien quiera ser fiel a sus convicciones, decía Aron, siguiendo a Weber, que no juegue su alma a la política, cuyos instrumentos valen no por la verdad de las convicciones sino por la eficacia de los resultados.

A fuerza de ser un político de la responsabilidad, un hombre regido por los valores de la eficacia y de los resultados, Raúl Padilla fue también un político de la convicción, un hombre capaz de limpiar de violencia a la UdeG, de reformarla y hacerla florecer; un político que eligió la cultura como el espacio donde ejercer sus poderes, y que no hizo sino crecer en ese ámbito, conectando culturalmente a su ciudad con el país y con el mundo, acaso como ninguno otro de sus hijos.

En 1981, al paso de una crónica sobre la gira de Miguel de la Madrid por Jalisco, me referí a la Federación de Estudiantes de Guadalajara como una mezcla de “marxismo teórico y pistolerismo práctico”.

Era eso lo que la ciudad murmuraba: que la UdeG tenía un piso violento, del que era expresión visible su federación estudiantil.

En esa universidad, en esa federación de estudiantes, en esa realidad política, nació a la vida pública y creció Raúl Padilla López, como dirigente estudiantil primero, como rector y reformador de la UdeG después, más tarde como responsable de proyectos que son ahora realidades emblemáticas de la propia universidad, y de la cultura de México, como la Feria Internacional del Libro, el Festival Internacional de Cine y el Centro Cultural Universitario.

La muerte de Raúl Padilla es una pérdida enorme de la cultura y de la vida pública de México, la partida de un creador excepcional de instituciones para la educación, la creación, la inteligencia, y para la conversación de Jalisco y de México con el mundo.

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El Consejo de Taddei

TOLVANERA / Roberto Zamarripa

en REFORMA, 

Guadalupe Taddei Zavala proviene de una familia ligada a la lucha estudiantil y académica en la Universidad de Sonora (Unison) y en conflictos gremiales en Cananea, ciudad minera de donde tiene su origen.

Siempre en partidos de izquierda (PCM, PSUM y PRD), los Taddei en su juventud fueron de bajo perfil y estaban anclados en una corriente testimonial que no hacía ni cosquillas a poderosos políticos del PRI y del PAN que alternaron cargos gubernamentales estatales y municipales.

Taddei Zavala hizo su propia historia, diferente a la de sus parientes. Ella se vinculó al grupo Estrategia que comandaba el académico sonorense Alonso Aguilar Monteverde junto con Fernando Carmona de la Peña, economistas nacionalistas de izquierda. Taddei migró a Aguascalientes a los 26 años para trabajar en el Inegi y 14 años después, retornó a Sonora donde hizo carrera en el Instituto Electoral estatal, que encabezó de 2014 a 2021 para sancionar dos alternancias cruciales: el regreso del PRI al gobierno estatal con Claudia Pavlovich al relevar al panista Guillermo Padrés, y la asunción de Alfonso Durazo, candidato de Morena.

A la llegada de Durazo pasó al Instituto de Transparencia en una muestra inequívoca de confianza del nuevo gobernador. Prima hermana de Jorge Taddei Bringas, delegado del Bienestar y el número 2 en la nomenklatura de Morena en Sonora, la ahora presidenta del INE enfrentó entonces en el estado reclamos de opositores que alegaban que tenía conflicto de interés al arbitrar los comicios que llevaron a Durazo a la gubernatura.

Los orígenes políticos de Taddei Zavala, el ambiente en que desarrolló en su juventud, coinciden con otros consejeros electorales como Uuc-kib Espadas, yucateco, integrante de varios partidos de izquierda, desde el Partido Comunista Mexicano hasta el PRD, antropólogo, de perfil crítico, o Jaime Rivera, quien de joven militó también en los mismos partidos de izquierda referidos, y que igual que Espadas reclamaba la profundización de métodos democráticos en esas organizaciones.

Junto con estos tres consejeros de raíz política común de izquierda, están Martín Faz, potosino, vinculado a organismos de derechos humanos, discreto y riguroso, y Rita Bell López Vences, feminista, curtida en luchas comunitarias de la siempre efervescente Oaxaca.

Esos cinco (de los 11 consejeros integrantes del INE) tienen vertientes ajenas al priismo o el panismo, con todo lo que ello significa en modos, costumbres y formas de ver la realidad social y política. Provienen de los estados, es decir, no se formaron en la política centralista de la Ciudad de México; participaron en órganos electorales estatales sometidos a presiones de gobernadores y caciques locales.

No quiere decir que piensen igual que antes o que piensen homogéneamente hoy. Pero están hechos de algo diferente: raíz de izquierda o de movimientos sociales; participación electoral local, generacionalmente cercanos (salvo Rita), de pensamiento persistentemente crítico y con una cultura política diferente a los burócratas tradicionales más parecida a la del resto de consejeros del INE.

Taddei, la presidenta, al final condensa esas características con dos añadidos: es la primera mujer que ostenta el cargo máximo del INE; y, no fue electa -como sus antecesores- por el acuerdo cupular partidario, lo que puede darle un margen mayor de autonomía.

Pasar en el Consejo General del INE de una militancia política a otra sería fatal. Es imprescindible darle una representación ciudadana y no de facción. Las dos primeras pruebas, comicios de Edomex y Coahuila, y la vigilancia de las precampañas presidenciales ya desatadas son buen termómetro para acreditar el cambio.

Las gravitaciones serán diferentes y parecen encaminarse al abandono del pleito frontal con el gobierno federal y su partido. Se dirigen a la disminución de gasto y reducción de ingresos de consejeros, a comicios más baratos que por ello no deben dejar de ser confiables y limpios.

Nuevos aires frente a una exigencia ciudadana que ya en las calles, por avenidas diferentes, exige imparcialidad y no incondicionalidad al poder.

robertozamarripa2017@gmail.com

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