El presupuesto para el 2024 “se traducen, aproximadamente, en el equivalente al 0.26% del Producto Interno Bruto de nuestro país”.
Comunicado de la SCJN..
No. 293/2023
Ciudad de México, a 28 de agosto de 2023
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ANUNCIA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024, EL NECESARIO E INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD
La ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Lucía Piña Hernández, anunció el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024, el cual se construyó bajo los principios de eficacia, economía, transparencia y honradez, y considera los recursos necesarios para garantizar la continuidad y la impartición de justicia.
En sesión pública solemne y conjunta de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la ministra presidenta destacó que en este proyecto de presupuesto enviado para aprobación de la Cámara de Diputados se encuentra una justificación legal, razonable, racional y honesta para cada rubro de los recursos públicos a ser asignados.
“El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra norma fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones”, explicó.
La ministra informó que, conforme a las expectativas de inflación establecidas por la Secretaría de Hacienda al cierre de este año, el PJF solicita un incremento real de 4% respecto del presupuesto aprobado para el 2023. “Los recursos solicitados”, explicó, “se traducen, aproximadamente, en el equivalente al 0.26% del Producto Interno Bruto de nuestro país”.
La propuesta fue aprobada por unanimidad de votos en cada uno de los cuerpos colegiados y considera ahorros y economías derivados de la aplicación de medidas de racionalización y austeridad.
“El ejercicio de estos recursos de los mexicanos será, siempre, atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez a los que nos obliga —a todos los funcionarios públicos— el artículo 134 de nuestra Constitución”.
Destacó que en los últimos años la Judicatura ha visto disminuida su participación en el Presupuesto de Egresos de la Federación en comparación con otros entes públicos, pues en el periodo de 2018 a 2023, los recursos asignados en su conjunto han disminuido 15.4% en términos reales “esto no ha sido obstáculo para que la Judicatura continúe sus esfuerzos para garantizar una mejor impartición de justicia y la implementación de diversas reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión”.
En lo que respecta al TEPJF, mencionó que el proceso electoral 2023-2024 implicará la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular “ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral.”
Sobre el presupuesto asignado al Consejo de la Judicatura, la ministra presidenta informó que, derivado del incremento continuo en la demanda de justicia federal de los últimos cinco años, en el 2024 se habrá de resolver 1.3 millones de casos nuevos; también se requerirá la creación de 45 órganos jurisdiccionales más para la implementación del nuevo modelo de justicia laboral.
“Los recursos solicitados por el Consejo de la Judicatura Federal también habrán de destinarse al Instituto de la Defensoría Pública que representa jurídicamente y, sobre todo de manera gratuita, a los mexicanos, la mayoría de ellos en condiciones de vulnerabilidad. La demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20% anual que habrá de atenderse a través del fortalecimiento de las atribuciones del Instituto”.
Ante los 21 funcionarios del PJF en representación de los más de 55 mil servidores públicos que integran la Judicatura en nuestro país, la ministra Piña Hernández reiteró el compromiso del PJF con México “no sólo de someter todas nuestras actuaciones al marco legal y constitucional que nos rige, sino también de hacer valer la fuerza vinculante de nuestra Constitución para así, no dar ni un paso atrás en la tutela de la dignidad de las personas”.
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