Cruzan culpas a todo nivel por asesinato de Gisela en Celaya: Milenio; equipo.
El asesinato de Gisela Gaytán Gutiérrez suscitó un cruce de acusaciones con Morena documentando su solicitud de protección a candidatos, el instituto electoral local remitiendo el tema a la Secretaría de Gobierno estatal y ésta negando que haya recibido las peticiones de seguridad.
Sin embargo, reprochó, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) exigió varios requisitos que atrasaron la custodia para sus correligionarios. Incluso, mostró las copias de los oficios que enviaron a ese organismo y de la respuesta que tuvieron.
En contraste, dijo, él y Alma Alcaraz hicieron la solicitud ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y de forma rápida les dieron el apoyo, por lo que actualmente tienen resguardo de elementos federales.
Ante estos señalamientos, Brenda Canchola, consejera presidenta del IEEG, aclaró que lo que presentó Morena el 8 de marzo fue una solicitud genérica ante el INE, aun a sabiendas de que ese organismo solo gestiona seguridad para candidatos a cargos federales.
En su petición hacían referencia a dar protección a candidatos para nueve municipios, pero en ese momento los aspirantes aún no tenían registro. “Esto es importante mencionarlo, porque la ley nos dice que la solicitud de medidas de protección es para candidaturas”, subrayó en entrevista con MILENIO.
“Lo que se hizo fue atender (la solicitud) de manera inmediata el mismo día que llegó a través del protocolo que se tiene establecido en el estado para atención de medidas de protección, que es que las solicitudes que lleguen al instituto se remitan a la Secretaría de Gobierno, que es el canal de comunicación para brindar la atención a las personas que así lo soliciten”, abundó.
Canchola precisó que hasta el 2 de abril, en Guanajuato suman 13 solicitudes formales ante la autoridad electoral para la protección de candidatos, de las cuales cinco corresponden a aspirantes a cargos federales y ocho para abanderados a alcaldías.
En el caso de Morena, agregó, luego de que registró a sus candidatos a presidencias municipales el sábado 30 de marzo, no acudió a presentar documentación ni solicitudes de protección para estos, ya que consideró que el trámite obligaba a presentar “una cantidad ridícula de documentos”.
Jesús Oviedo, secretario de Gobierno de Guanajuato, aseguró que hasta ahora no han recibido “solicitudes en función del protocolo, y de eso todos los partidos fueron informados (...) no hay solicitudes conforme a lo que nosotros tenemos hoy día. Nos hicieron llegar una lista, pero vamos a trabajar con ellos porque no hay un seguimiento al protocolo”.
En entrevista con Miguel Ángel Puértolas y Tania Rocha para Telediario Nocturno, el funcionario ofreció que en coordinación con autoridades federales y municipales reforzarán la seguridad para los candidatos en Guanajuato.
Informó que ayer sostuvo un encuentro con los dirigentes estatales de los partidos políticos, al que no acudió ningún representante de Morena, en el que acordaron establecer mesas de trabajo permanentes para la atención a los candidatos; cumplir con el acuerdo establecido con las autoridades electorales estatales y federales para la atención de las solicitudes de apoyo, y solicitar el acompañamiento de los tres niveles de gobierno para garantizar el buen desarrollo de las elecciones.
La investigación
Funcionarios allegados a la investigación del asesinato de Gisela Gaytán revelaron a MILENIO que una de las líneas que sigue la fiscalía estatal es que este haya sido perpetrado por el cártel de Santa Rosa de Lima.
Explicaron que personal de la Agencia de Investigación Criminal y peritos especializados en delitos de alto impacto recabaron una serie de indicios, como casquillos, imágenes de cámaras de seguridad y al menos una motocicleta, con lo que se puede establecer la conexión con ese grupo delictivo.
Además se dio a conocer que el día de los hechos Gaytán contaba con escolta armada asignada aparentemente por su partido. Se trata de una mujer que resultó herida al repeler la agresión contra la candidata, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital, donde aparentemente habría rendido su declaración respecto a este caso ante la autoridad ministerial.
Se supo que la escolta le fue asignada el lunes y ese día se le entregó el arma correspondiente para la protección de Gaytán.
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Asesino de la candidata Gisela Gaytán llegó como si fuera a saludarla, pero sacó un arma y la mató; así fue el crimen
Revelan testigos del crimen que homicida de la candidata Gisela Gaytán llegó casi junto a ella. Resulta escolta herida en el ataque, alcanzó a disparar su arma
POR REDACCIÓN AM
Publicado en Celaya 2/4/2024 · 23:20
Celaya, Guanajuato.- El joven que asesinó a Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, se acercó a ella como si fuera a saludarla en el inicio de su campaña. Pero sacó una pistola y la mató.
Iba la señora caminando en medio, cuando de repente vimos que llegaron unos muchachos. Dos se quedaron atrás, uno en una moto y el otro caminando con la gente, pensamos que también eran del partido”, platicó ayer a AM un comerciante de San Miguel Octopan que vio cómo ocurrió todo.
"El más joven se acercó como si fuera a saludar a la candidata y de repente sacó una pistola y le disparó. Alcanzamos a ver que le disparó al cuerpo, al abdomen y ya cuando estaba en el suelo, la remató con otros tres balazos en la cabeza”, agregó el señor, todavía sacudido por lo que había visto.
“Y pues ya, lo único que hicieron las demás personas fue correr porque también las balas alcanzaron a otros tres", señaló un testigo de los hechos.
Tras la agresión, los cuatro sospechosos huyeron en dos motocicletas, aprovechando el pánico generado.
Pero su escape quedó registrado por cámaras cercanas al lugar del atentado y autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato encontraron el sitio donde fueron a dejar una de las motos. En el vehículo pueden verse rastros de sangre.
“Ya tenemos una línea muy clara de los responsables esperamos detenerlos en breve”, señaló una fuente ligada a las investigaciones.
El comerciante entrevistado en San Miguel Octopan explicó que estaba a punto de cerrar su negocio cuando escuchó que se acercaba la comitiva de Morena, así que decidió salir a la puerta y observar su paso.
En un momento dado, vio a un joven de unos 20 a 25 años incorporarse entre la multitud y dirigirse directamente a la candidata. El ataque ocurrió en un instante.
Las fuentes consultadas por AM señalaron que una de las personas lesionadas durante el homicidio fue una escolta asignada a la candidata, ex policía de Villagrán y que trabaja ahora como guardia de seguridad privada.
De acuerdo con versiones que no pudieron ser confirmadas, ella fue asignada el lunes por Morena para custodiar a la candidata y se le proporcionó un arma, con la cual repelió la agresión que le costó la vida a Gisela Gaytán.
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Arturo Zaldívar cobra una pensión de 192 mil pesos
Por los 10 ministros en retiro, el Poder Judicial de la Federación eroga un millón 567 mil 607 pesos mensuales, refieren solicitudes de información realizadas por EL UNIVERSAL vía Plataforma Nacional de Transparencia.
La Ley Orgánica señala en el párrafo primero del artículo 163 que al retirarse del cargo los ministros tendrán derecho a un haber por retiro de carácter vitalicio, el cual será equivalente a 100% durante los dos primeros años y 80% (que representa 165 mil 558 pesos al mes) durante el resto del tiempo del ingreso mensual que corresponda a ministros en activo.
Resalta que cuando los servidores públicos se retiren sin haber cumplido 15 años en el ejercicio del cargo tendrán derecho a la remuneración de manera proporcional al tiempo de su desempeño.
En el caso del ministro en retiro Arturo Zaldívar, quien ejerció el cargo del 1 de diciembre de 2009 al 15 de noviembre de 2023 (es decir, 13 años, 11 meses, 15 días), actualmente su haber de retiro durante los dos primeros años es de 192 mil 584 pesos al mes.
EL UNIVERSAL publicó el pasado 30 de enero que Zaldívar dijo en conferencia en la Cámara de Diputados que no renunciaba a la parte proporcional que le toca por retiro después de que renunció a la SCJN porque es un derecho que le corresponde.
En tanto, Eduardo Medina Mora, quien se desempeñó en el cargo del 10 de marzo de 2015 al 8 de octubre de 2019, luego de que la Cámara Alta aprobó su dimisión, tiene un haber de retiro de 50 mil 559 pesos.
Los ocho restantes ministros reciben una mensualidad de 165 mil 558 pesos netos al mes, y son Genaro Góngora Pimentel, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Juan Silva Meza, Mariano Azuela Güitrón, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos y José Fernández Franco, de acuerdo con el manual vigente que regula las remuneraciones de los servidoras públicos del PJF del ejercicio 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2023, en el que se destaca que el salario actual de los ministros es de 206 mil 948 pesos al mes, toda vez que aún no se pública el correspondiente al ejercicio 2024.
Nota de Daniela Wachauf/ El Universal..
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El hombre al que mataron en la mañanera
Bajo Reserva/ El Universal
En la prisa por deslindarse de cualquier responsabilidad en el asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaytán Gutiérrez, el gobierno federal mató y volvió a la vida al candidato a regidor, Adrián Guerrero Caracheo. En esta historia de desatinos don Adrián pasó, en solo un par de horas, de asesinado a desaparecido. En la conferencia de prensa mañanera Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lamentó los asesinatos de la candidata Gaytán Gutiérrez y del candidato Guerrero Caracheo. Sin embargo, más tarde, en un comunicado la SSPC dijo “nos han actualizado la información respecto al candidato a regidor Adrián Guerrero Caracheo, quien hasta el momento se encuentra en calidad de no localizado, y no de fallecido, como se reportó esta mañana”. Más tarde, el candidato que mataron en la mañanera apareció vivo, sano y salvo. ¿Pues quién está informando a las máximas autoridades del país en materia de seguridad?
Presidencia, molesta con “sabadazo” del INE
En Presidencia de la República están molestos, pues dicen que el Instituto Nacional Electoral (INE) busca aplicarles un “sabadazo”. Señalan que, en pleno Sábado de Gloria, la Comisión de Quejas del instituto les notificó que debían bajar o modificar, en menos de seis horas, la mañanera donde la canciller Alicia Bárcena dio a conocer el apoyo de 110 dólares mensuales que el gobierno de México da a los migrantes venezolanos que deciden retornar a su país, así como otros programas sociales. Nos cuentan que en Presidencia se enteraron de la medida hasta el lunes pasado, porque lo que, por primera vez, podrían ser acreedores de una sanción por parte del árbitro electoral. Nos hacen ver que, además de su molestia por el sabadazo y la posible sanción del INE, Presidencia podría dejar de hacer promoción de sus programas de apoyo y quizá con eso se quitaría de encima a la autoridad electoral. Tan sencillo, verdad.
¿Aspirantes presidenciales firmarán pacto por la infancia?
Nos comentan que el próximo 22 de abril, los presidenciables están convocados por 500 ONG a firmar el Pacto por la Primera Infancia para garantizar los derechos de 12.4 millones de niñas y niños de 0 a 6 años. Nos aseguran que, hasta el momento, el único candidato que ha confirmado su asistencia para firmar ese documento es el abanderado emecista, Jorge Álvarez Máynez. Aseguran que tienen confianza de que en los próximos días Xóchitl Gálvez también acepte la invitación. En el caso de la abanderada morenista, Claudia Sheinbaum, nos dicen, aún no ha dicho si atenderá la convocatoria. Nos recuerdan que hace seis años, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, declinó asistir al acto y firmar el pacto, por lo que hay gran expectativa de la decisión que tome doña Claudia.
Los últimos toques para el debate presidencial
El Instituto Nacional Electoral alista a todo vapor los últimos detalles para la realización del primer debate presidencial del domingo. Se prevé que mañana se haga una revisión técnica y de producción por parte del órgano electoral, además de que los equipos de las candidaturas asistan a revisar también aspectos técnicos para la transmisión. Y el sábado, nos dicen, las dos candidatas y el candidato presidencial asistirán, desde luego en diferentes horarios al Instituto, para un ensayo. Ya se verá si el debate cumple con las expectativas generadas o el respetable pide que devuelvan las entradas.
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Porque alguien creyó ver o escuchar algo: el país del linchamiento/ Héctor De Mauleón
El Universal,
En marzo de 1935 el maestro David Moreno Herrera fue linchado por una turba en Aguascalientes. Habían ido por él hasta su casa. Lo sacaron a rastras, le prendieron fuego a sus muebles y sus libros, lo golpearon hasta matarlo y colgaron su cuerpo de un árbol.
Moreno se sumó a lista de maestros que entre 1934 y 1940 fueron linchados en estados como Puebla, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Morelos y Chiapas.
Su delito había sido promover la nueva política educativa impulsada por el cardenismo, la educación socialista, que en innumerables comunidades del país fue leída como un ataque a las creencias religiosas del pueblo.
En esos días la prensa se pobló de relatos sobre linchamientos. Los maestros eran acusados de inculcar ideas perniciosas, de profanar imágenes religiosas, de usar incluso las iglesias como establos.
El artista Leopoldo Méndez, con apoyo de la SEP, lanzó una dramática colección de litografías agrupadas bajo el título: “En el nombre de Cristo… han asesinado a más de 200 maestros”.
En los primeras décadas del siglo XX, en México fueron linchados también ingenieros que fueron a restaurar la pirámide de Cholula —porque había rumores de que su verdadera intención era destruir la iglesia construida sobre esta—, comunistas y protestantes que predicaban en público, así como agentes gubernamentales que parcelaban ejidos para llevar a cabo la reforma agraria (la cual atentaba seriamente contra el poder de caciques y terratenientes locales, y que muchas veces fueron promovidos por estos).
Las campanas sonaron en los pueblos, las antorchas se encendieron, y machetes y palos salieron a relucir con el arribo a las poblaciones de integrantes de los comités de reclutamiento, tras la entrada en vigor del servicio militar obligatorio, y con la llegada de brigadas que combatían con el llamado “rifle sanitario” la epidemia de fiebre aftosa que diezmaba al ganado mexicano.
En Senguio, Michoacán, médicos y militares fueron brutalmente linchados en 1947, por el descontento que provocó el sacrificio de animales enfermos: 500 personas enardecidas despedazaron aquel día a los integrantes de la brigada sanitaria, y a uno de ellos le sacaron los ojos. Dos años más tarde, una tragedia semejante ocurrió en Temascalcingo, Estado de México: más de 600 personas despedazaron a dos médicos estadounidenses que formaban parte de la comisión para la erradicación de la fiebre aftosa.
Gema Klope-Santamaría, historiadora especializada en violencia, ha recogido en un libro de claridad deslumbrante, En la vorágine de la violencia (Grano de Sal, 2023), la historia de los linchamientos en el México posrevolucionario. El libro propone que la mayor parte de estos no ocurrieron por ausencia del Estado, sino precisamente por lo contrario: como una forma de defenderse de este. Según Klope-Santamaría, se trató de una forma de resistencia: una reacción a la intervención del Estado, el asesinato tumultuario como una forma de preservación del statu quo.
La historiadora localizó también, en diarios publicados entre 1930 y 1960, una segunda forma de castigo colectivo: el linchamiento de alcaldes, policías, militares, políticos y caciques, “actos de justicia” desatados por el abuso, la manipulación, la explotación y la corrupción. Un caso célebre es el ocurrido en 1959 en Ciudad Hidalgo, Michoacán, en el que el cacique Aquiles de la Peña fue linchado luego de que se difundiera el rumor de que había mandado envenenar el agua. Aunque solo había en el pueblo un intoxicado, azuzada por años de agravios y resentimientos, la muchedumbre asaltó y quemó la casa del cacique,
Hay una suerte de linchamientos autorizados por el Estado como una forma de legitimar la violencia extralegal: Klope-Santamaría refiere casos en que, de manera abierta, funcionarios públicos, representantes del gobierno, agentes de policía, jueces, presidentes municipales y otras figuras de autoridad organizaron, toleraron, impulsaron linchamientos: fueron ellos mismos quienes tocaron las campanas para convocar a las muchedumbres o sacaron a los acusados de las prisiones para entregarlos a las turbas que los esperaban a la luz de las antorchas, “como una forma de gobernanza y control social”.
México linchó a criminales sanguinarios, a violadores, a robachicos, a descuartizadores. A los llamados “sátiros” que violaban niñas. La nota roja celebró estos linchamientos “como una respuesta aceptable, incluso desde una perspectiva moral”. Las historias de “monstruos” y “chacales”, de “brujas”, “nahuales” y “chupasangres” cuyas transgresiones sociales provocaban y amplificaban la náusea, contribuyeron a hacer tolerables formas ilegales y expeditas de “obtener justicia”. El destino de muchos criminales no lo decidió la ley, escribe Klope-Santamaría, sino “la cultura del castigo que se había arraigado en el México posrevolucionario” y que sigue apareciendo cíclicamente en México en un contexto en el que, cada vez más, las autoridades son percibidas como inútiles, corruptas e incapaces de ofrecer justicia.
En la vorágine de la violencia descrita por la historiadora inquieta la persistencia de linchamientos desatados por rumores, o por el testimonio de una sola persona. Cientos de mexicanos han sido linchados porque alguien creyó ver o escuchar algo.
En solo seis años, de 2016 a 2022, más de 1,600 linchamientos han sido documentados en el país. Habitamos el país con mayor número de casos en América Latina. Los atribuimos a “ausencia del Estado”.
El libro de Klope-Santamaría parece probar que esta forma de violencia, en realidad, ha formado parte de la construcción del Estado: una forma de control social, y político.
Estamos, en efecto, en la vorágine de la violencia.
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La red de amigos y contratistas de Rocío Nahle/Mario Maldonado
EL UNIVERSAL
Luego de un sexenio con Rocío Nahle a cargo de las contrataciones de la refinería de Dos Bocas, el amigo íntimo de la exsecretaria de Energía, el constructor y contratista de Pemex, Juan Carlos Fong Cortés, prepara su consorcio operador turístico en Cancún, Quintana Roo, además de una empresa distribuidora de frutas con sede en Coatzacoalcos, Veracruz.
Se trata de un empresario que presume su cercanía principalmente con el esposo de la hoy candidata de Morena a gobernar Veracruz, José Luis Peña Peña, quien ha asegurado que de llegar Nahle a tomar las riendas del estado, estará al mando del sector agropecuario, algo muy conveniente si los amigos se van a dedicar a comercializar productos del campo.
Los momentos de mayor bonanza para Fong Cortés llegaron cuando su empresa Construcciones y Reparaciones del Sur se integró al polémico consorcio Grupo Huerta Madre, constituido en 2019 para participar en los trabajos iniciales de la Refinería Olmeca, con los que exprimieron recursos de Pemex por casi 5 mil millones de pesos. En sexenios previos se había adjudicado unos 600 millones de pesos como proveedor de la paraestatal.
En agosto de 2017, cuando todo apuntaba a que el presidente sería Andrés Manuel López Obrador y Nahle caminaba como una de sus principales colaboradoras, Fong y su esposa, Martha Eugenia López Carrillo, constituyeron en el municipio de Benito Juárez dos empresas operadoras de servicios turísticos: Beer Break Marina y Pro Adventure Marina; ambas se encuentran en desarrollo de infraestructura.
Fue el 7 de junio del 2021, en Coatzacoalcos, Veracruz, cuando se constituyó la empresa Tropi Frutas. El nombre de Juan Carlos Fong ya sonaba como cercano a la pareja Peña-Nahle en esos tiempos, por lo que inscribió únicamente a su esposa López Carrillo como propietaria del 10% de las acciones de esa empresa. El accionista principal de esa razón social es Arturo Quintanilla Chavira, hijo del empresario Arturo Quintanilla Hayek, compadre de Rocío Nahle.
La familia Quintanilla es propietaria de las razones sociales Talleres Portátiles y Comercializadora del Istmo, beneficiadas en este sexenio con contratos por casi 600 millones de pesos en Pemex Exploración y Producción, Pemex Logística y Pemex Transformación Industrial.
Era cuestión de tiempo para que a la exsecretaria de Energía le explotaran los escándalos de corrupción por sus relaciones familiares y personales con las que hizo negocios en el sector energético, sobre todo en uno de los proyectos más costoso del sexenio: la refinería Dos Bocas.
Posdata 1
El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) atraviesa una de sus peores crisis con la llegada del gobierno de Delfina Gómez.
Desde esta semana trabajadores del Centro Médico "Lic. Arturo Montiel Rojas", del ISSEMyM, laboran bajo protesta, al argumentar que no cuentan con los dispositivos médicos ni las herramientas suficientes para desempeñar su trabajo.
Resulta que Medical IT, S.A.P.I de C.V., la empresa a la que le adjudicaron el contrato para proveer los servicios de Imagenología, teleradiología, rayos x, tomografías, ultrasonidos, resonancias magnéticas, entre otros, bajo la modalidad de contrato abierto, no cumplió con la entrega de los equipos.
Esto es precisamente lo que reclama el personal médico: una mala planeación en el otorgamiento del contrato y una mala transición en la entrega de los equipos, lo que tiene a los pacientes de las clínicas del ISSEMyM sin poder recibir atención.
El principal responsable de otorgar este contrato de 185 millones de pesos fue Alfonso Rodríguez Manzanedo, en su calidad de coordinador de Administración y Finanzas del ISSEMyM, un funcionario que viene del gobierno de Alfredo del Mazo y extrañamente mantuvo la administración de la morenista Delfina Gómez.
Esta semana, el gobierno del Edomex informó que planea implementar un programa de rescate financiero al ISSEMyM, pero no especificó de qué forma. Mientras tanto, los más de 838 mil derechohabientes están en riesgo por la falta de equipo y la probable corrupción en la entrega de los contratos.
Posdata 2
Xepelin, una empresa chilena que se dedica al factoraje y realiza descuentos de facturas de firmas como Holcim, Justo, Miniso, Cuprum, Liqui Moly e IGSA, opera en México bajo la dirección de un controvertido personaje: Alejandro Toiber Schwartzman.
Conocido en el ecosistema de las startups por brindar asesoría jurídica a diferentes compañías a pesar de no tener una cédula profesional registrada, Toiber Schwartzman ocupa el cargo de country Manager en Xepelin al tiempo que ha sido oficial de cumplimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), un título que adquirió en 2021 presuntamente sin contar con los requisitos solicitados por la entidad: ser abogado licenciado y tener tres años de experiencia en el campo o contar con cinco años de práctica comprobable en derecho.
A Toiber Schwartzman se le relaciona con esquemas de “Sofom as a services” y con otro tipo de operaciones financieras, según denuncias que llegaron a esta columna por parte de intermediarios del sector y del regulador del sistema financiero.
Un dato más: Xepelin tiene el respaldo financiero de Goldman Sachs, el banco de inversión del que recibió un préstamo de 140 millones de dólares precisamente para expandirse en México.
@MarioMal
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Claudia, AMLO y los medios/ Carlos Loret de Mola
El Universal, 03/04/2024 |;
Una nueva camada de periodistas y opinadores criados en el grupo político de Claudia Sheinbaum se ha incrustado en varios medios de comunicación muy importantes para apuntalar la campaña oficialista. El reflector les ha sentado mal. Un poco por soberbia y otro tanto por novatez, algunas de sus descompuestas frases han inundado las redes sociales y les han merecido un inmediato bautizo de sangre.
No deben preocuparse por errar tanto. Su participación al aire no está en riesgo. No están ahí por sus análisis inteligentes, su olfato periodístico ni su química con el público. Están ahí como fruto de un cálculo político de los dueños de esos medios de comunicación que se traduce en un pacto de sometimiento al presidente. Están ahí porque muchos medios están alineados con el primer mandatario y su candidata.
Pero como el ratero que grita ¡ahí va el ladrón!, López Obrador y Sheinbaum se quejan de que tienen a los medios en contra. Patrañas. Nadie como ellos ha gozado una impunidad declarativa que lleva a la reproducción acrítica de sus palabras, aunque sean flagrantes mentiras, claras violaciones a la ley o abiertas calumnias.
Cuando me refiero a estas voces claudistas en los medios no estoy hablando de la natural presencia de militantes de Morena en las mesas de debate pluripartidistas. Me refiero a los que van disfrazados de analistas independientes y que forman el más reciente peldaño de una degradación sistemática que ha tenido lugar este sexenio.
A los periodistas primero se les buscó acallar, convertirlos en conductores funcionales para diluir las noticias negativas para el gobierno, normalizar los lances autoritarios del Presidente, descafeinar los es cándalos de corrupción y dedicar largos espacios a temas triviales. Cuando esa fórmula no fue suficiente, encumbraron a conductores grises que le sientan muy bien al régimen. Y todo, mientras se alentaba desde el poder la creación una nueva categoría de comunicadores totalmente afines al gobierno, incapaces de ejercer la mínima crítica.
Del lado de los analistas sucedió algo similar. Primero engrosaron las filas de opinadores con voces supuestamente “moderadas”, que en realidad militaban en el obradorato, creando un claro desequilibrio con quienes eran capaces de ejercer la crítica hacia ambos lados del tablero. Con el paso del tiempo, algunas de esas voces “moderadas” se fueron alejando del discurso de la mañanera: se volvía imposible defender lo indefendible, era cada vez más complicado contradecir la realidad con flagrantes mentiras. Entonces entraron al quite los militantes, los abiertos propagandistas. Y ahora tienen el sello de Claudia.
Frente a la adversidad de esta permanente guerra sucia presidencial, a contracorriente a veces de sus propios medios, destaco el trabajo de colegas periodistas y analistas que han tejido en los últimos años sus más finos trabajos. También de los dueños de medios que han resistido. Así ha sido en muchos gobiernos y éste —en el que más se ha atacado a la prensa— no es la excepción.
Me parece que con este potaje, los académicos tienen frente a sí un muy interesante caso de estudio.
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Tanto esfuerzo de los propagandistas y el presidente declara que ni sabía que seguía existiendo La Hora Nacional (otra del malagradecido).
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