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 Los derechos hoy

¿Qué hay detrás de Norma Piña?/Arturo Zaldívar

Milenio, / 21.05.2024;+

Durante las últimas semanas he sido objeto de una campaña de desprestigio en ciertos medios de comunicación, con la que se me pretende imputar el haber presionado a distintas personas juzgadoras durante mi gestión como presidente de la Suprema Corte a través de uno de mis ex colaboradores.

La embestida comenzó hace poco más de un mes con la filtración deliberada de una denuncia anónima que la ministra Norma Piña ordenó tramitar con inusual celeridad, violando mi derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia, a pesar de no existir una sola prueba de lo que ahí se sostiene.

La guerra sucia no terminó ahí. Posteriormente, un magistrado federal con una numerosa red de familiares en distintos cargos y tribunales del Poder Judicial presentó una supuesta grabación —no a través de los cauces legales, sino en los noticieros— cuya veracidad ha sido cuestionada por quien resulta aludido.

Desde entonces señalé que esta campaña en mi contra era síntoma de algo muy delicado: que la presidencia de la Suprema Corte opera electoralmente en favor de la candidata del PRIAN. El tiempo nos dio la razón. Hoy, al menos tres testigos directos han confirmado que, el pasado 12 de diciembre, Norma Piña organizó una cena privada en una de las casas del ministro González Alcántara para reunir a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial con el presidente nacional del PRI, cena a la que también estuvo invitado el coordinador general de la campaña opositora. Esta inquietante noticia resta toda legitimidad a la insidiosa maraña de acusaciones en mi contra y termina de confirmar —más allá de cualquier duda— que es indispensable una reforma profunda e integral a la justicia.

Lo cierto es que no es extraño que un sector encumbrado del Poder Judicial tenga afinidad con los viejos partidos de la oposición. El proyecto de nación que enarbola Claudia Sheinbaum amenaza sus privilegios, pues apuesta por un Estado austero y eficiente, y por una reforma que erradique la corrupción en los tribunales y garantice que actúen con total independencia en beneficio de la gente. Pero existe una razón adicional que explica esta campaña de desprestigio.

Cuando llegué a la presidencia de la Corte en 2019, la corrupción y el nepotismo eran temas de los que no se hablaba en el Poder Judicial. Se decía que eran casos aislados y que los trapos sucios se lavaban en casa. Desde el inicio de mi administración señalé públicamente que, aunque la mayoría de las personas juzgadoras eran honestas, existía un problema innegable de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo al interior de la Judicatura.

Durante cuatro años mantuvimos una política de cero tolerancia a la corrupción. Castigamos el tráfico de influencias, la comercialización de información confidencial, la corrupción en los concursos de oposición y la irregularidad patrimonial. Destituimos a funcionarios de los más altos niveles por haber incurrido en distintos tipos de violencia sexual y de género. Identificamos y desmantelamos numerosos cotos de ilegalidad, incluyendo redes de influencias entre despachos prominentes y servidores públicos e impusimos sanciones ejemplares que incluyeron denuncias penales. Endurecimos los criterios para la ratificación de personas juzgadoras, implementamos un sistema digital para analizar la evolución patrimonial de los servidores públicos, echamos a andar un buzón electrónico de denuncias y un sistema de turno aleatorio de los asuntos jurisdiccionales.

Emprendimos una reforma profunda para consolidar la carrera judicial a fin de erradicar el nepotismo, de tal suerte que todas las plazas de la judicatura fueran obtenidas mediante concursos públicos de oposición, y no mediante compadrazgos. Generamos un Plan Integral de Combate al Nepotismo, un Comité de Integridad, una política de adscripciones basadas en estándares constitucionales en materia de independencia judicial, y un padrón electrónico de relaciones familiares. Todo lo anterior afectó muchos intereses creados que, lamentablemente, han recuperado influencia en el Poder Judicial.

Ante todo, me calumnian porque tomé la decisión de sumarme a un proyecto que se propone transformar a la justicia en un instrumento al servicio de la gente. Un proyecto que reconoce que nuestro sistema de justicia está roto. Un proyecto que enciende la esperanza de millones de mexicanos y mexicanas.

No me afligen las mentiras de la derecha. Al rendir mi último informe como presidente de la Corte sostuve que seguiría trabajando sin descanso por un México más justo e igualitario, desde cualquier trinchera y sin importar el costo personal o político. Ese es el compromiso que hoy me guía, y que seguiré honrando hasta el última