Dalila Escobar, de Proceso pregunta a CSP.

Mañanera del miércoles 11 de diciembre de 2024

PREGUNTA: Gracias, Presidenta. Dalila Escobar, de Proceso.

En primer lugar, bueno, pues sabemos, ayer se dio por supuesto el informe, el último informe de la ministra presidenta Norma Piña, en el que ella habló una serie de situaciones que derivaron en la reforma al Poder Judicial. Una de ellas, lo que ella menciona, es que fue derivada de estigmatizaciones, de persecución, de amenazas a jueces, sobre todo, a quienes no estaban o quienes emitían fallos que contravinieran al interés en específico del Gobierno Federal.

Esto aunado a toda la serie de descalificaciones que se dieron, por parte de lo que menciona, desde el gobierno anterior.

Y también con el asunto de que hubo este tipo de amenazas con denuncias en contra de jueces o sacarles algunos temas.

¿Qué opina en torno a este tipo de declaraciones, sobre todo, en un informe, si lo vio más como de una cuestión política, que de resultados, aunado también al tema del recorte en el presupuesto que avanza en la Cámara?

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: A ver, son tres temas:

Primero, es falso que haya habido amenazas desde el Ejecutivo; ni el Presidente López Obrador, ni de nuestra parte ha habido ninguna amenaza a ninguna persona juzgadora.

Lo que es importante es que una persona que trabaja en el Poder Judicial, particularmente, jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros, también son servidores públicos y requieren transparencia. No se puede, por un lado, estar defendiendo el INAI por la transparencia y, por otro lado, ser oscuros en las decisiones que se toman en el Poder Judicial.

Lo que sí se ha hecho es hacer públicas algunas decisiones que se toman, que deben ser públicas y que se manifiestan en “La Mañanera”, de casos en donde, por ejemplo, se dan amparos a delincuentes de la delincuencia organizada; o casos, por ejemplo, que mantuvieron durante meses y meses, y meses, para poder determinar una resolución de la Corte, por intereses personales o mercantiles; o casos en donde la Corte decidió legislar, contrario a todas sus funciones establecidas en la Constitución.

Entonces, en realidad el fondo es que el Poder Judicial y, particularmente, una parte de los ministros y ministras de la Corte, representan el régimen de corrupción y privilegios que había antes. Y eso es lo que están defendiendo.

Y ahora, pues la Transformación llegó también al Poder Judicial, por voluntad del pueblo de México. Porque las personas que dicen que “el pueblo de México no sabía que, al dar los votos a diputados, diputadas, senadores, senadoras del movimiento de Transformación; que el pueblo no sabía que eso iba a implicar un cambio en la Corte”, pues están muy equivocados. Claro que el pueblo lo sabía y por eso votó así.

Entonces, pues lo que hay es la defensa del viejo régimen frente a un pueblo consciente, activo, empoderado, en el sentido de que sabe lo que representa la historia y el mantenerse unido, con la Transformación que representa el nuevo Poder Judicial que se va a formar.

Y a diferencia de lo que dicen nuestros detractores, los adversarios políticos o la propia ministra, la presidenta de la Corte, de que “esto va a representar menos autonomía, que no va a haber Estado de derecho”, es todo lo contrario, ahora, va a haber autonomía del Poder Judicial por una sencilla razón: van a ser electos o elegidos por el pueblo.

Si —lo he dicho varias veces, lo dije en mi toma de protesta—, si el objetivo hubiera sido que la Presidenta controlara a la Corte, pues hubiéramos hecho una reforma como la que hizo Zedillo: en donde desapareció la anterior Corte, nombró a nuevos ministros y ministras que fueron nombrados prácticamente por él en un acuerdo entre el PRI y el PAN; que ese acuerdo viene desde el periodo de Salinas o antes, pero particularmente.

Entonces, lo que hay es dos proyectos de nación: Uno, regresar al régimen de corrupción y privilegios. Y, otro, avanzar con la Transformación.

Entonces, ¿qué está defendiendo ayer con su informe? Pues el viejo régimen.

Entonces, es falso que haya amenazas.

Lo que sí, es que tiene que haber transparencia en el actuar de las y los jueces. Y también, los primeros que tienen que cumplir con la Constitución son ellos, los primeros que tienen que cumplir con las leyes son ellos, y no se puede estar utilizando la Ley de Amparo para liberar delincuentes, incluso, de la delincuencia organizada.

Entonces, cuando se hace público eso y se denuncia al Consejo de la Judicatura, pues no es ninguna amenaza, es sencillamente decir lo que está pasando; y acciones que no son acordes con la ley de las y los jueces, pues que también puedan ser sancionadas. Por eso ahora se está planteando el Tribunal Judicial.

PREGUNTA: En algún momento la ministra también había tocado el asunto de que en el anterior sexenio, en el del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se tenía la intención de que el ahora exministro Arturo Zaldívar se mantuviera dos años más para que alcanzara el tiempo del sexenio empatado, y para que se pudiera tener injerencia desde el Ejecutivo en la Judicatura.

No sé si el exministro hiciera algún comentario, sobre todo, porque en algún momento también se le quería llevar a juicio, bueno, llevar a un procedimiento contra usted por algunas declaraciones, incluso, que se dieron en el anterior sexenio. Y lo que apunta hacia usted desde la propia ministra presidenta, hoy, todavía.

PRESIDENTA: : Pues el propio ministro renunció a los dos años adicionales, si recuerdan; o sea, él mismo, cuando se quería hacer este cambio, él dijo: “No, yo no estoy interesado”, es la mejor respuesta que se puede dar.

PREGUNTA: Gracias, Presidenta.

En otro tema, también desde el sexenio anterior aquí escuchamos muchas veces, sobre todo, al final, sobre todo lo que tiene que ver con una trama, una red de factureras y empresas irregulares que tenían quienes fueron colaboradores de Genaro García Luna, hoy sabemos, preso en Estados Unidos condenado por temas de vínculos con el narcotráfico.

Pero estas redes e irregularidades han alcanzado a quienes, incluso, hoy todavía están en el servicio público, en específico tiene que ver con gobernadores, o que han alcanzado a las familias de los mismos.

De acuerdo con investigaciones de la propia Fiscalía, en el caso de Nuevo León, se registran algunas maniobras que involucran a familiares del gobernador Samuel García. El vínculo es la firma Lergar de la cual es accionista mayoritaria Rosario Asenat, la media hermana del gobernador —como le mencionaba—, que alcanzan a redes que tienen que ver con familiares o en algunos casos directamente.

Esta firma también involucra a Víctor Manuel Álvarez Puga, quien sabemos que en el gobierno de Enrique Peña Nieto cometió delitos y hoy es prófugo de la justicia.

Uno de los operadores de esta red que le menciono de Álvarez Puga por la cual está vinculado, es su primo Fernán Pavia Puga, es fiscalista, socio de las empresas a las que Lergar habría transferido enormes cantidades de dinero.

Incluso, bueno, pues también llama la atención que esta empresa tiene más gastos que ingresos. Por eso, también el tema de la investigación en la Fiscalía.

Otro elemento, bueno, pues por mencionar algunas de las cosas, es que en algunas de las operaciones o transferencias fue a una de las empresas —que ha tenido esta empresa— fue una de las empresas fantasmas relacionadas también con otro… con una red que se va tejiendo y que muchas apuntan hacia Genaro García Luna. Hay miles de transferencias que pueden dar cuenta de este tipo de cosas.

Una de las últimas… en otra de las empresas que está dentro también de esta red, tiene como liquidador a Miguel Raúl Ortega, relacionado también con el caso de Luis Cárdenas Palomino.

Como vemos, bueno, pues todo esto está entrelazado y que está relacionado todavía con empresas que de algún momento beneficiaron a este tipo de tramas, de redes de corrupción, que sabemos hoy, bueno, pues que existieron, porque además se ha juzgado no nada más corrupción, sino también por cuestiones de narcotráfico.

Incluso en la nómina de esta empresa —la que le hacía mención, que está relacionada con la familiar del gobernador— pues tiene como mejor pagados a quienes también han sido investigados por cuestiones de corrupción, otra vez, ligados al tema de lo que tiene que ver con García Luna.

Quisiera preguntarle, Presidenta: ¿cómo, de alguna manera, la Federación pudiera estar también atenta o vigilante a este tipo de situaciones que se dan en gobiernos como en el caso de Nuevo León de acuerdo con una investigación, por supuesto de la Fiscalía estatal? Y que pudieran, no sabemos si todavía, beneficiando… pudieran estar beneficiando a esas personas que o son prófugas o que ya han sido condenadas por cuestiones tan graves.

Y que además, por supuesto, lo que vemos es, definitivamente estarían también con el tema de que estarían financiadas por el erario en alguna parte; porque en algún momento también la revista Proceso ha dado cuenta de algunas de las empresas que han beneficiado al gobernador y a sus propios familiares.

¿Está la Federación atenta a este tipo de vigilancia? ¿Pedirá información a la Fiscalía estatal para ver de qué está tratando, sobre todo, por el cuidado al presupuesto público?

PRESIDENTA: Pues es un asunto de la Fiscalía, ¿no? Si tiene pruebas y tiene información suficiente, pues las Fiscalías tienen su autonomía. Entonces, si hay información, pues que esté la información y que se proceda.

Que no se haga de esto un asunto político. Si es un asunto administrativo, jurídico, penal, pues que se quede en ese ámbito.

PREGUNTA: ¿Aunque apunte hacia gobernadores?

PRESIDENTA: Pues la Fiscalía tiene la información, si es que realmente tiene la información.

Ahora, es relevante que sepan ustedes y quienes nos escuchan, que uno de los… Fíjense, hay varios casos de factureras que se presentaron a través de la Fiscalía General de la República —regreso a los jueces—, que se presentaron a través de la Fiscalía General de la República denuncias y el juez niega orden de aprehensión o incluso proceder en la investigación.

Son cerca de ocho casos que tiene el SAT con pruebas de facturas falsas, que el Poder Judicial, que se presentaron a la Fiscalía como debe proceder, y en el 99 por ciento de los casos el Poder Judicial dijo: “No procede”. Digo, para que se sepa también, porque aquí hay sus partes.

Y la otra que es importante que se sepa es que se modificó el 19 constitucional —Ya no sé, ¿cuándo va a…? ¿Ese ya pasó por todos los Congresos ya para publicarse?— para declararse constitucional por la Cámara de Diputados.

En los delitos que se modificaron para que tengan prisión preventiva oficiosa está ser facturero o el delito de facturar falsamente, porque antes ni siquiera era sujeto a prisión preventiva oficiosa, a delito grave. Entonces, ahora ya en la Constitución se establece, entonces eso va a ayudar.

¿Qué son las factureras? Es utilizar facturas falsas para evitar pago de impuestos esencialmente, a través de redes de empresas que se dedicaron a eso: formar empresas, esa empresa se forma como empresa fantasma, tiene su RFC; factura; que a su vez le factura a otra; etcétera, etcétera, etcétera; de tal manera que se vuelve muy difícil encontrar cómo fue este proceso de facturas falsas, que evitan al final pagar impuestos o incluso hasta fraudes privados que se pudieran generar.

Entonces, ahora ya es un delito grave y va a ser publicado ya pronto en el Diario Oficial de la Federación.

Pero sobre el caso de Nuevo León pues es la Fiscalía quien tiene que…

PREGUNTA: ¿El SAT estaría también revisando la ruta que pudiera estar siguiendo? No sabemos si sigan siendo beneficiados, finalmente estos prófugos o delincuentes, ¿no?

PRESIDENTA: Cualquier caso, el SAT tiene mecanismos de estar permanentemente haciendo auditorías; o si brinca en un área algún tema de alguna factura que no es real, inicia las investigaciones para desarrollarlo. Una vez que tienen las pruebas, presentan la denuncia ante la Fiscalía General de la República.

PREGUNTA: Gracias, Presidenta. Y, finalmente, bueno, pues lo que tiene que ver con un tema que se había quedado, pero que pudiera más bien no pasar desapercibido. Hace algunos días ya, el gobernador Javier May había hablado de que en su gobierno no iba a haber pactos con la delincuencia.

Después, bueno, al ser cuestionado sobre esta situación, él explicaba que lo decía, porque en anteriores gobiernos estatales en Tabasco, pues se había abierto la puerta a cuestiones delincuenciales, a pactos, a cuestiones que están derivadas incluso con anteriores gobernadores. En este caso, bueno, pues sabemos que, algunos de esos anteriores gobernadores: Adán Augusto López y también, Carlos Manuel Merino.

May lo que dijo es que en su gobierno, pues “no es que hubiera más delitos que antes, sino que tal vez antes no se hablaba tanto, se escondían cifras, o que hubiera un pacto para que, de alguna manera, pudiera estar pues un tanto tranquila la situación en el estado”.

De hecho, él parte de lo que dijo es que “todos saben  —y que era vox populi— quién comandaba ´La Barredora´ en esa entidad”; incluso lanzó la pregunta: “¿o no lo sabemos?”.

En octubre de 2022, bueno, viene a colación de que en esa fecha Proceso publicó un reportaje en el que se decía, bueno, se daba cuenta de que cuando era gobernador Adán Augusto López, pues entregó la Secretaría de Seguridad y también la Policía estatal a personas que estaban relacionadas con cuestiones de delincuencia

De hecho, uno de ellos, tiempo después, precisamente por el tema de la violencia, tuvo que renunciar al cargo.

Y esto, bueno, pues con información también derivada de lo que tiene que ver con la Defensa Nacional, respecto de investigaciones que hizo en torno a pues los hilos, que llevaban a esas tres personas que estaban relacionadas con la delincuencia.

Yo quisiera preguntarle, Presidenta, si, en efecto, ¿ustedes como Gobierno Federal, como Ejecutivo, tienen información del origen de este tipo de situaciones de violencia que se dan, sabemos que en varios estados, pero en este caso, como se habían dado algunos actos de violencia, en Tabasco?

¿Qué respuesta daría a este tema de los pactos? De si ¿había en anteriores gobiernos, de qué tan lejos estaban esos gobiernos a actualmente?, ¿y qué pasa con la diferencia, por ejemplo, que menciona el gobernador May que antes había y que ahora le toca a él y decir “no hay pactos, pero pasan esas cosas”?

PRESIDENTA: No tengo información de que Adán Augusto, cuando fue gobernador de Tabasco, haya hecho un acuerdo, ni lo creo tampoco.

Lo que sí hubo en el sexenio anterior, ya con Merino como gobernador, es que él toma la decisión —cuando empiezan a subir los delitos en Tabasco— de separar al entonces secretario de Seguridad. Y después, se abren distintas investigaciones que, en todo caso, si las investigaciones llegaran a algún servidor o a alguien que fue funcionario público, pues se procedería.

Pero no es un pacto, sino sencillamente en el momento de que ocurre el incremento se toma la decisión de separarlo del cargo, así fue con el anterior secretario de Seguridad Pública de Tabasco.

Y hoy se está colaborando mucho, está un General retirado de secretario de Seguridad, ya desde antes de que llegara Javier al gobierno del estado, y se está colaborando con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y con la Fiscalía del estado, y la Fiscalía General de la República, igual que en otras entidades.

PREGUNTA: Bueno, lo que tiene que ver con eso, pues viene de información del Ejército, sobre todo, vía el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (inaudible). Y esto aunado también al llamado que hace usted, que hizo ayer, en torno a que los gobernadores deben asumir la responsabilidad de la seguridad.

Saber un poco más a detalle, pues no como tal señalar quiénes pudieran ser, pero si ¿tienen información de cómo ha sido entonces la asistencia a estas mesas de seguridad que hacen por las mañanas?

También esta situación de: ¿qué tanto usted considera que los gobernadores pudieran estar delegando esta responsabilidad tan importante que tiene que ver con la seguridad?

Gracias.

Pta.. Fue un llamado a todos, a todas las gobernadoras y jefa de gobierno.

Pienso yo que, por supuesto, que desde la Federación tenemos una enorme responsabilidad y la estamos asumiendo, pero que tiene que haber coordinación; y las y los gobernadores también tienen que asumir su responsabilidad en la seguridad.

Lo hemos dicho varias veces: Un homicidio es un delito del fuero común. Entonces, la investigación del homicidio, el análisis, la carpeta de investigación, está en las Fiscalías estatales y son, en general, los jueces o las juezas estatales de los Tribunales del Poder Judicial estatal quienes otorgan orden de aprehensión, de acuerdo con las carpetas de investigación, o cateos o la orden que tengan que presentar.

Entonces, hay gobernadores que asisten todos los días al Gabinete de Seguridad, y hay gobernadores y gobernadoras que han decidido no asistir. Entonces, por eso yo hice un llamado respetuoso a que se asuma esa responsabilidad de conducir la política de seguridad de su estado. En general, cuando el gobernador o gobernadora asume esta responsabilidad, hay mucho más resultados.

Entonces, por supuesto, son elegidos y elegidas por el pueblo, y ellos toman sus propias decisiones, pero por eso dije: es una sugerencia respetada, respetable a todos, para que asuman la responsabilidad de la conducción de seguridad.

Hay estados con menos delitos que a lo mejor pueden, tienen ya una estrategia y consideran que no es necesario, pero creo que, particularmente, en aquellos estados en donde hay alta incidencia delictiva, pues tiene que asumirse esa responsabilidad.

PREGUNTA: (inaudible)

PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: Pues depende de cada uno de ellos y ellas cómo asuman esta responsabilidad. Ayer fue un llamado respetuoso.