La Silla Vacía y el espejo roto del Senado
“Desacato político” es el pecado que hoy se le adjudica a Maru Campos. Esta es la etiqueta que el coordinador de Morena, Ignacio Mier, ha colgado sobre la silla vacía de la gobernadora de Chihuahua. El conflicto no es menor: un operativo con agentes extranjeros en suelo chihuahuense, un tema que para la Cámara Alta toca las fibras más sensibles de la soberanía nacional.
Lo curioso es que este “desacato” no busca la celda ni la multa; es, en esencia, un señalamiento ético. Mier apela a los artículos 76 y 89 de la Constitución para recordarnos que la política exterior no es un menú a la carta de los estados, sino una facultad exclusiva de la Federación. Al final, no estamos ante un expediente criminal, sino ante una fractura de la confianza. El mensaje es claro: ignorar el llamado del Legislativo es, para la mayoría en el Senado, romper ese hilo invisible que sostiene el pacto federal.
Sin embargo, en este juego de exigencias, la mirada también regresa al propio Senado. Porque mientras se señala la falta de una gobernadora, surge una pregunta incómoda sobre la propia casa: ¿En qué categoría queda el Senado al no instalar la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional?
Si la gobernadora incurre en un "desacato político", el Legislativo parece caer en una omisión institucional. Es una falta de responsabilidad que desdibuja la autoridad moral del reclamo. No se puede exigir orden en el patio ajeno cuando el mecanismo propio para vigilar la seguridad del país sigue en la parálisis. Al final, entre desacatos y omisiones, lo que queda en vilo no son solo los operativos, sino la eficacia de las instituciones para hablarse de frente.
Mientras el "desacato" de la gobernadora es una acción de resistencia (no ir), la falta del Senado es una inacción de sus facultades obligatorias. Políticamente, esto se percibe como un "doble rasero": se exige rendición de cuentas por un operativo, pero no se activa el órgano legal encargado de supervisar, precisamente, la seguridad nacional.
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El eco del silencio en la calle Guanábana
La dirección es Guanábana 146, en la colonia Nueva Santa María. Durante cuatro años, ese inmueble de dos pisos no fue una cifra de catastro, sino el refugio de una familia: un matrimonio dedicado a su farmacia y dos hijas, de 17 y 12 años, que hoy ya no están. Lo ocurrido la madrugada del martes no fue solo un multihomicidio; fue un acto de violencia pedagógica, diseñado para aterrorizar a todo un sector comercial en Azcapotzalco.
El hallazgo, realizado por un familiar a plena luz del día, reveló la saña del mensaje. Un puñal clavado en la espalda del padre sostenía una sentencia: "Por no pagar a La Unión". El uso de armas blancas sugiere una premeditación escalofriante; el silencio del acero permitió que el crimen se consumara sin alertas, mientras la ciudad dormía bajo la falsa promesa de seguridad.
Aquí entra el punto crítico: apenas el 13 de abril, la Jefatura de Gobierno firmaba con bombos y platillos el Pacto Contra la Extorsión. Se habló de endurecer penas y de una coordinación sin precedentes. Sin embargo, para esta familia de comerciantes, el pacto fue papel mojado. La realidad de la calle camina a un ritmo mucho más letal que la burocracia. Mientras las autoridades celebran reuniones de seguridad, grupos como "La Unión" siguen operando con un censo criminal preciso, identificando quién prospera y quién tiene una camioneta de gama alta para convertir el éxito en una sentencia de muerte.
Si bien la captura de tres hombres y una mujer en Atizapán —tras un operativo de inteligencia y persecución— ofrece un atisbo de respuesta institucional, la pregunta de fondo permanece: ¿Por qué el Estado llega siempre cuando ya solo queda recoger los cuerpos? Los objetos robados y las dosis de droga halladas en la camioneta de los detenidos son la evidencia de una delincuencia multifactética que se siente dueña de la metrópoli.
Objetivamente, la extorsión en la Ciudad de México ha pasado de ser un delito patrimonial a una crisis de supervivencia humana. Hoy, la farmacia de la familia mantiene las cortinas abajo, y su cierre es el símbolo más crudo del fracaso de las políticas de prevención. En la calle Guanábana ya no hay ruido, solo el eco de una tragedia que nos recuerda que, sin una protección real al comerciante, el próximo "mensaje" podría estar a la vuelta de cualquier esquina.
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Silencio en la calle Guanábana: El costo de la extorsión en Azcapotzalco
"Por no pagar a La Unión"
La tarde del martes, el número 146 de la calle Guanábana, en la colonia Nueva Santa María, dejó de ser un hogar para convertirse en el escenario de una tragedia que estremece a la Ciudad de México. Tras cuatro años de habitar esa casa de dos pisos, una familia —padres de 47 años y sus dos hijas, de apenas 17 y 12 años— fue silenciada por la violencia más cruda: la de la extorsión.
El hallazgo ocurrió a las dos de la tarde, cuando un sobrino de la pareja ingresó al inmueble y encontró los cuerpos en una de las recámaras. Las primeras indagatorias sugieren que el ataque sobrevino durante la madrugada, utilizando armas blancas; un método silencioso para un crimen que buscaba, paradójicamente, enviar un mensaje estruendoso.
Sobre la espalda del padre, los victimarios clavaron un puñal que sostenía una cartulina con una sentencia escalofriante: "Por no pagar a La Unión". Ese trozo de papel resume la desprotección de quienes, tras el mostrador de una farmacia, intentan construir un patrimonio. La línea de investigación ministerial es clara: el cobro de "piso". Los adultos no solo eran dueños de su negocio, sino también de una camioneta de gama alta, señales de prosperidad que en ciertas zonas de la capital se han vuelto un blanco para el crimen organizado.
Desde la academia y el análisis de seguridad, voces como la de Jesús Gallegos subrayan que la Ciudad de México se ha convertido en un "epicentro sustantivo" para estos crímenes. Aquí, la violencia no es solo el fin de una vida, sino un mensaje disciplinario dirigido a otros comerciantes y grupos rivales.
Esta tragedia ocurre a escasos días de un esfuerzo institucional sin precedentes. El pasado 13 de abril, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, junto a diversos sectores de la sociedad civil, cámaras empresariales e instituciones religiosas, firmaron el Pacto Contra la Extorsión. El plan contempla endurecer penas, proteger testigos y crear grupos especializados de atención.
Sin embargo, para los vecinos de la Nueva Santa María, las reformas y los pactos llegaron tarde. Mientras la justicia busca a los responsables, en la calle Guanábana queda el eco de una convivencia de cuatro años interrumpida por el cuchillo y la impunidad, recordándonos que detrás de cada cifra de inseguridad hay nombres, edades y una farmacia que hoy mantiene sus cortinas abajo.
Tres hombres y una mujer presuntamente implicados en homicidio …
"En coordinación con los operadores del C5 de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, dieron seguimiento a dicho vehículo que circulaba sobre la avenida De los Maestros, en la colonia Francisco Villa, del municipio de Tlalnepantla de Baz con dirección a Atizapán de Zaragoza, por lo que se implementó un cerco virtual y un despliegue operativo en tiempo real, con personal operativo de la SSC y elementos de la Policía Municipal de Atizapán", se informó.
"Fue en la calzada De los Jinetes y su esquina con la avenida Parque de los Pájaros, en dicho municipio, donde se interceptó la camioneta y fueron detenidos sus tripulantes, una mujer de 24 años, y dos hombres de 21 y 36 años de edad, a quienes en una revisión preventiva, realizada conforme a los protocolos de actuación policial, se les aseguró un arma de fuego corta abastecida con nueve cartuchos útiles, un segundo cargador con nueve cartuchos en su interior, un silenciador, y 95 dosis de aparente marihuana y cocaína".
"Además, al realizar una inspección de la camioneta de alta gama, fueron halladas varias bolsas de plástico y reciclables, en las que había diferentes objetos de valor posiblemente robados del domicilio ubicado en la alcaldía Azcapotzalco".
La dependencia informó que un segundo vehículo posiblemente robado del predio en Azcapotzalco,fue localizado en un hotal la colonia Lomas del Valle Escondido del municipio de Atizapan de Zaragoza. El tripulante disparó contra los oficiales, quienes repelieron la agresión, tras el joven de 20 años de edad resultó lesionado.
Este 28 de abril, por presuntamente no pagar una extorsión, la pareja de 47 años y sus dos hijas de 17 y 12 años de edad fueron asesinadas en una casa de la Colonia Nueva Santa María en la Alcaldía Azcapotzalco de la CDMX.
El padre de familia tenía clavado un puñal en la espalda con una cartulina que decía: "Por no pagar a La Unión", reveló una de las primeras fichas policiales.
Fuentes ministeriales señalan que la línea de investigación es la extorsión, ya que los adultos eran dueños de una farmacia y de una camioneta de alta gama.
Vecinos relataron que la familia vivía desde hace cuatro años, aproximadamente, en la casa de dos pisos donde todos fueron atacados y asesinados con un cuchillo.
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Las columnas políticas hoy, miércoles 29 de abril de 2026.
Templo Mayor/ REFORMA
A LO LARGO y ANCHO del país, aspirantes de todos los partidos a cargos de elección popular se promocionan fuera de los tiempos legales. Y a pesar de eso, las y los consejeros del INE se niegan a sancionar lo que, evidentemente, son actos anticipados de campaña.
DESDE QUE Morena, sin pudor alguno, anunció su calendario de destapes bajo el eufemismo de coordinaciones, hubo un consejero que se atrevió a ponerle el cascabel al gato. Arturo Castillo hizo una propuesta clara para que el INE pudiera tomar cartas en el asunto, evitando la campaña adelantadísima que, sobre todo, beneficia a los aspirantes morenistas. Sin embargo, la idea de poner orden a las precampañas no ha prosperado en el INE y falta ver si podrá derivar en algo concreto, pues las y los consejeros, como se sabe, tienen una claaara filiación con la 4T.
EL RELEVO en la Secretaría del Bienestar abre dudas. Ariadna Montiel, como estaba anunciado, deja la titularidad de esa Secretaría para hacerse cargo de la presidencia de Morena. Así de fácil y así de complicado. Y la releva Leticia Ramírez, quien fuera secretaria de Educación en el sexenio de AMLO y se mantenía cerca de la oficina de la presidencia con Claudia Sheinbaum.
EL PASO DE Ramírez por la SEP dejó mucho que desear no solo porque no enmendó los faltantes que le dejaron Esteban Moctezuma y Delfina Gómez, sino porque no pudo con Marx Arriaga y sus proyectos de libros de texto de tan mala factura y calidad. Queda claro que Ramírez es llamada para administrar los padrones del Bienestar que son fundamentales para la operación política de la 4T. Pero si no pudo con la SEP, ¿podrá con Bienestar?
EL TRÁMITE del ungimiento de Montiel como nueva presidenta de Morena primero debe pasar por su elección como consejera nacional del partido. Según los estatutos es requisito ser consejera para aspirar a la dirigencia máxima de la organización y Montiel no ha sido aún electa en ese órgano.
CUMPLIDO ESO, deberá votarse su nombramiento de presidenta. Pero además de elegir a Montiel, este domingo 3 el Congreso debe nombrar al secretario de Finanzas que ella proponga. Un asunto delicado pues debe estar muy bien amarradito porque le tocará hacerle una revisión a los gastos de la anterior administración... ya cuestionados en el propio partido.
LA SECRETARÍA DE Finanzas actualmente está en manos de Iván Herrera Zazueta, personaje de todas las confianzas de Luisa María Alcalde. Así que ese cambio no será menor. Por cierto, en el orden del día del Congreso dominical no está el cambio de la Secretaría de Organización, que ostenta Andrés Manuel López Beltrán.
Y TODO indica que "Andy" acudirá puntual al Congreso porque con Ariadna Montiel, a diferencia de Luisa María Alcalde, sí tiene comunicación.
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Sube el precio del PT y Verde en la 4T
Bajo Reserva/El Universal
Citlalli Hernández, la nueva secretaria de Elecciones de Morena, llegó al partido en un momento de tensión. Las relaciones entre el partido oficial y sus aliados del Partido Verde y PT pasaban por una fuerte turbulencia que ponía en riesgo su alianza en las elecciones de 2027. Nos comentan que la presidenta morenista saliente Luisa María Alcalde tensó tanto la liga con los aliados que en ambos partidos ya no la consideraban como interlocutora válida, sobre todo después de las negociaciones de la reforma electoral y del Plan B. Ahora, con la llegada de Citlalli Hernández, nos hacen ver, el PT y Verde han tenido muestras de entendimiento y diálogo, y nos aseguran que los acuerdos, tanto legislativos como electorales están fluyendo. Sin embargo, dentro de Morena y el gobierno hay una preocupación: cuánto les va a costar mantener firmes a sus aliados una vez que estos partidos se dieron cuenta de lo que vale su acompañamiento en las 17 elecciones de 2027, así como para las reformas en el Congreso de la Unión. No será barato, consideran.
Sigue la silla vacía en la Secretaría de las Mujeres
Y ahora que mencionamos a Citlalli Hernández, nos hacen ver que, a casi dos semanas de su salida de la Secretaría de las Mujeres, en el gobierno federal el relevo sigue en pausa. En Palacio Nacional se barajan varios nombres, algunos con perfil técnico y otros con trayectoria política, pero la decisión no llega. Y no es un asunto menor: la dependencia, creada con la encomienda de articular la política pública en favor de las mujeres, enfrenta presiones para acelerar resultados en medio de un contexto de violencia que no da tregua. Quizá, nos dicen, la decisión venga la próxima semana, luego de que en Morena haya cambios que podrían generar reacomodos en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.
LA CIA y la politiquería
La declinación de la invitación de la gobernadora de Chihuahua Maru Campos para asistir al Senado a hablar del tema de los agentes de la CIA que participaron en un operativo antidrogas ejecutado por la fiscalía del estado, nos dicen, fue aprovechado por algunos para practicar el oportunismo político y desahogaran sus afanes personales de venganza. Es el caso, nos hacen ver, del exgobernador panista Javier Corral, hoy legislador morenista. Sin embargo, nos recuerdan que don Javier quizá no sea el más indicado para hablar del respeto a las leyes, pues gracias a que posee fuero, se ha librado de enfrentar los cargos por desvío de recursos de los que lo acusa el actual gobierno de Campos. Politiquería, diría uno de los conspicuos próceres del morenismo.
Reconoce la Cámara de Diputados a Mikel Arriola
Emotivo fue el reconocimiento que ayer le otorgó la Cámara de Diputados al Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol y Presidente Ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola. El reconocimiento le fue entregado por la presidenta de la mesa directiva de San Lázaro, Kenia López Rabadán, quien destacó labor de don Mikel en vísperas de que México sea, una vez más, sede del Mundial de Futbol. Enhorabuena.
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Estrictamente Personal
El lado oscuro de Chihuahua/ Raymundo Riva Palacio
El Universal, abril 29, 2026 |
El escándalo sobre la participación de cuatro agentes de la CIA en una operación contra el Cártel de Sinaloa en territorio mexicano para el desmantelamiento de un megalaboratorio para producir fentanilo, ha sido reducido por el gobierno federal a un tema doméstico y focalizado: Chihuahua. La violación a la Ley de Seguridad Nacional que cometieron el gobierno estatal y la CIA ya no está a discusión, y se está reduciendo a los chivos expiatorios, como sucedió el lunes por la noche con el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui.
Esta es la salida menos costosa, porque un juicio político para destituir a la gobernadora Maru Campos está fuera de todo escenario, al ser ayer virtualmente exonerada por el gobierno federal. Una acción limitada, pero de fuerza para recordarle a la CIA lo que no puede hacer –como podría haber sido la expulsión de los agentes en la oficina de Operaciones que tienen en el consulado de Monterrey– es letra muerta. La razón la aportó Palacio Nacional, donde fue caracterizado como un caso de “excepción”, eufemismo para justificar voltear hacia otro lado, cerrar los ojos y dejar que la opinión pública lo olvide.
Este problema en el que quedó atrapado el Estado mexicano, demasiado serio para ser omisos, como describió hace días la presidenta Claudia Sheinbaum, está siendo resuelto al estilo mexicano: de manera sibilina. El caso del Chihuahuagate tiene combustible para unos días más, particularmente porque la gobernadora declinó la invitación de la mayoría de Morena en el Senado, para acudir ayer a dar explicaciones sobre este episodio que desnudó a todos. Probablemente la próxima semana ya estemos en un nuevo escándalo, y en una discusión más fresca.
Pero hay algo que no es político que no debe pasar desapercibido: el papel del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, en todo este episodio.
El CNI no es ajeno al trabajo de la CIA en México. Como en todos los países, el servicio de inteligencia doméstico mantiene relación y enlaces con la compañía, como se le conoce coloquialmente. Normalmente la conversación es entre los titulares, aunque en ocasiones han sido las cabezas de la Secretaría de Gobernación –como Fernando Gutiérrez Barrios–, quien llevaba la relación, o los secretarios de Seguridad –como en los casos de Genaro García Luna y Omar García Harfuch–. No se sabe si además de García Harfuch, el actual titular del CNI, Francisco Almazán Barocio, tiene una relación fluida con la jefa de la Estación de la CIA en México.
De cualquier forma, en el Chihuahuagate el CNI mostró limitaciones y deficiencias. No tenía conocimiento de las operaciones con el gobierno de Chihuahua, como admitió la presidenta Sheinbaum al señalar que el gobierno federal nunca fue enterado de ellas, o sí sabía, y no informó a Palacio Nacional. Almazán Barocio, que es uno de los funcionarios que diariamente participan en la reunión del gabinete de seguridad con la presidenta, antes de iniciar la mañanera, no alertó de estas acciones, de acuerdo con lo que ha trascendido. Por su papel, como servicio de inteligencia y contrainteligencia, debía haber estado enterado de lo que sucede en el submundo de la política realista, porque de ello depende la seguridad nacional del país. Sin embargo, falló.
De manera inopinada, quizás descuidada, el gabinete de seguridad reconoció la existencia de una operación con cuando menos un agente encubierto en Chihuahua. En un comunicado que publicó el sábado, dijo que uno de los agentes de la CIA que murieron en el accidente en la Sierra Tarahumara hace dos domingos, que fue lo que destapó el escándalo, estaba registrado como diplomático, lo que significa que tenía la cobertura del Departamento de Estado, que es la que tienen la mayoría de sus agentes en el mundo, que trabajan en otro país con conocimiento del gobierno local. Pero el otro agente que murió ingresó a México como turista, lo que significa que entró de manera clandestina a realizar una operación en específico.
El CNI debió haber detectado la entrada de ese agente. Es difícil para un servicio de contrainteligencia detectar agentes que ingresen clandestinamente a su país, pero por la información a la que se ha tenido acceso, no era la primera operación que realizaba en Chihuahua. De ser este el caso, la falla es mayor, porque habría tenido meses operando clandestinamente sin que les hubiera llamado la atención.
Esta falla nos lleva a lo que está sucediendo dentro del CNI. De acuerdo con fuentes gubernamentales, el servicio de inteligencia civil ha sido degradado. Dejó de ser un órgano autónomo, como en su fundación y décadas de funcionamiento, y fue adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ya no sirve como un instrumento de información autónoma para la Presidencia, el ideal para los servicios de inteligencia civiles en el mundo.
Pero todavía más grave es el desmantelamiento que se ha profundizado, con la peculiaridad de que el perfil de quienes están al frente del CNI no es el adecuado. Quien encabeza el CNI debe tener la capacidad y el equipo para procesar información y detectar patrones débiles, que requiere una formación que reúna capacidades técnicas, conocimiento de estrategias de control político –que no significa espiar a los oponentes políticos, como desde hace dos sexenios–, y de gestión de riesgos. Almazán Barocio es un abogado especializado en materia penal, cuya carrera es eminentemente policial.
El Chihuahuagate mostró las debilidades del CNI: fue ineficiente en vigilar el territorio y falló su mandato de detectar y monitorear las actividades de actores extranjeros que pudieran poner en peligro la seguridad nacional, o que realizan operaciones no autorizadas. La presencia de un agente clandestino de la CIA implicó una falla en la recolección de inteligencia humana (Humint), probablemente como resultado del despido de cientos de elementos experimentados del CNI, que redujo ojos y oídos del territorio, y la mala calidad de sus sistemas de interceptación de comunicaciones (Sigint), quizás por razones presupuestales.
La presencia de la CIA se ha dado en México de tres maneras: autorizada y coordinada; tolerada pero no publicitada, y unilateral y clandestina. Cuando es autorizada, el CNI está en regla; si es tolerada, aunque entra en una zona gris, se mantiene la soberanía, pero si es unilateral y clandestina, la falla es incuestionable y hay una responsabilidad política y técnica. Esto último es lo que le sucedió en Chihuahua.$$
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Al narco que AMLO dejó crecer seis años, lo detuvieron en 19 meses/Héctor De Mauleón
El Universal| 29/04/2026 |
Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, El Mencho, Audías Flores Silva, El Jardinero, no apareció en los reportes de inteligencia de la Marina y el Departamento de Justicia de Estados Unidos como candidato fuerte en la línea de sucesión.
Esa lista la encabezaban Juan Carlos Valencia González, El 03, hijastro del extinto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Hugo González Mendoza, El Sapo, y Abraham Jesús Ambriz Cano, El Yogurt.
Se mencionaba también a Julio Castillo Rodríguez, El Chorro, yerno del extinto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre los jefes regionales más importantes de esta organización criminal.
Inteligencia Naval había anticipado la posibilidad de que, a falta de consenso, estos líderes empezaran a actuar de manera semiautónoma. De modo que se iniciaron labores de rastreo en busca de posibles indicadores de que el Cártel Jalisco hubiera acordado una sucesión.
No solo se monitorearon cuentas que en las redes sociales suelen funcionar como oficinas de prensa del crimen organizado. Se analizaron posibles cambios en los flujos de metanfetamina y fentanilo en corredores controlados por el CJNG, y se revisaron los patrones de violencia en estados controlados por este grupo delictivo.
Se monitorearon incluso narcocorridos, en busca de señales de una posible sucesión.
En esa investigación apareció Audías Flores Silva, El Jardinero, moviendo hombres, armas y dinero, a fin de quedarse al frente de la organización.
Según los reportes de la Marina, El Jardinero coordinaba operaciones criminales a gran escala en una inmensa franja del Pacífico: desde Nayarit a Guerrero, pasando por Jalisco y Michoacán. A través de grupos operativos extremadamente sanguinarios, había llevado la violencia incluso a Zacatecas, con la intención de meter al Cártel Jalisco al estado de Durango.
El gobierno de Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares por él. Desde octubre de 2024, cuando López Obrador se llevó sus “abrazos, no balazos” a su finca de Palenque, y el gobierno de Claudia Sheinbaum dio un giro radical a la estrategia de seguridad, la Marina se lanzó tras su rastro en colaboración con agencias de Estados Unidos, en el marco del llamado Entendimiento Bicentenario, que implica “acciones conjuntas en contra de amenazas comunes”.
El Jardinero había comenzado a crecer dentro del cártel tras su salida de la cárcel en 2019. Su ascenso coincidió con el sexenio de AMLO. Tras el abatimiento del Mencho buscó quedarse con el liderazgo del grupo criminal. Sus movimientos se fueron precisando, especialmente a partir de ese acontecimiento.
Desde los primeros meses de 2026, la Marina propinó una serie de golpes significativos al Cártel Jalisco Nueva Generación. Estos golpes incluyeron el aseguramiento de armamentos, buques pesqueros y semisumergibles en Colima y Nayarit, así como una cadena de detenciones y decomisos en los estados de Nayarit, Michoacán y Jalisco.
Tras el abatimiento de El Mencho, un reporte de la Semar recomendó ofrecer beneficios a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación de niveles bajos e intermedios, con la intención de que pudieran ofrecer información sobre las finanzas, las rutas y los movimientos del cártel. En vista del “exitoso operativo” que había permitido ubicar a El Mencho en Jalisco, se recomendaba estrechar el intercambio de datos con las agencias de inteligencia de Estados Unidos.
Sostiene el secretario de Marina que se desató un seguimiento “sistemático, discreto y sostenido” que permitió establecer las rutas de El Jardinero, así como sus puntos de entrada y salida en 45 ubicaciones. “Se entendió no solo dónde estaba, sino cómo se movía, con quién interactuaba y bajo qué esquemas de seguridad”.
Lo que no se hizo en seis años se logró en 19 meses. El 25 de abril se obtuvo la ubicación precisa de El Jardinero, en las inmediaciones de Santa María del Oro, en Colima. Con más de 300 elementos y 10 aeronaves se inició el operativo.
El Jardinero viajaba en una Suburban. Al verse rodeado abandonó el vehículo y echó a correr. Pero las condiciones accidentadas del terreno no estaban de su parte. Tampoco, su precaria condición física. Se quiso ocultar en un drenaje, debajo de la carretera. Agentes navales saltaron de uno de los helicópteros que lo seguían y lo sometieron con facilidad.
Habían ensayado durante 100 horas y lograron detenerlo en unas cuantas: esas que el gobierno que lo dejó crecer, no quiso invertir para quitarles su bota de encima a las poblaciones de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Zacatecas.
Estados Unidos solicita desde hace años su extradición.
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Autopsia de un montaje/Carlos Loret de Mola
El Universal, | 29/04/2026 |
El domingo 5 de diciembre del 2021 el gobierno del presidente López Obrador sorprendió a la opinión pública al publicar un video donde presumía el tren que conectaba al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. La sorpresa no era que presumiera una obra que estuviera lejos de ser terminada. Eso era pan de todos los días. La sorpresa fue la forma en que fue presentada. Fue el montaje de los montajes:
Con la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sentada al lado, el presidente miraba hacia la ventana del vagón del tren en el que iban, y mostraba el aeropuerto. De pronto, en la ventana todo se pone en blanco —hay que ver las caras de los pasajeros—. No eran ventanas. Eran pantallas. Y lo que se veía a través de ellas no era la panorámica de un tren en movimiento, sino un video para simular que el tren y el aeropuerto eran reales. El asunto estalló en redes sociales: ¡era un montaje de López Obrador en complicidad con Claudia Sheinbaum!
La mejor prueba de que todo era un engaño la ofreció el propio López Obrador al día siguiente. Mañanera del lunes 6 de diciembre de 2022, cuando le preguntan por este “tren fantasma”. La respuesta del presidente duró 22 minutos. La sintetizo citando algunos de los temas que fue abordando:
“… el presidente Peña aumentó la gasolina… Claudio X. papá lo dijo pues de manera muy práctica... no fue poca cosa el lograr que se ratificara el tratado con Estados Unidos y con Canadá… el caso de los medios de comunicación, pues imagínense, se llevaban 10 mil millones al año de publicidad... Salinas... el desafuero, ese fue durísimo en términos políticos... sigan el consejo del presidente Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada... pero bueno, ya nos desviamos. Felicitación a los gasolineros por su honestidad. Un aplauso. Y ya nos vamos porque ya es la hora del desayuno. Adiós, adiós”.
22 minutos de respuesta. Del tren, ni una sola palabra. Nadie más insistió en la pregunta: todo mundo a desayunar.
El “osado” reportero que le hizo la pregunta del “tren fantasma” le había hecho una pregunta antes:
“Señor presidente, la empresa Morning Consult publicó lo que usted ha venido comentando, que es el índice de aprobación. Me gustaría compartirle la portada corporativa de todo Grupo Cantón al respecto de la aprobación que mantiene con base en todos los líderes mundiales. Entonces, me permitiría preguntarle: ¿a qué adjudica usted esta aprobación de toda la ciudadanía y cuál consideraría que sería este eje rector que ha llevado a que su gobierno tenga este nivel de aprobación?, ¿alguna obra en especial, alguna política pública?, ¿cuál, a su consideración, sería esta premisa que ha dado este resultado de aprobación, presidente?”.
Casi 5 años después, la presidenta Sheinbaum inauguró, ahora sí, ese tren.
Dejo constancia porque dentro de pocos años habrá mucha gente que no creerá que esto sucedió así.
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La colaboración México-EU bajo presión/Mario Maldonado
El Universal, | 29/04/2026 |
La relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados en años, no por falta de cooperación, sino por el riesgo de que esa coordinación se desborde o se rompa.
Detrás del episodio en Chihuahua, donde murieron dos funcionarios estadounidenses tras un operativo vinculado al desmantelamiento de un laboratorio clandestino, lo que realmente está en juego es algo más profundo. La confianza entre ambos gobiernos y el margen que tiene México para mantener el control de su estrategia de seguridad frente a la presión de la Casa Blanca.
La colaboración bilateral en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido más estrecha de lo que públicamente se reconoce. Y no solo por la insistencia de Donald Trump en su cruzada contra los grupos criminales, a los que ha calificado como organizaciones terroristas, sino porque sin ese intercambio de inteligencia difícilmente se habrían concretado golpes de alto impacto.
Ahí están los casos recientes. La localización y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, y la posterior ofensiva contra uno de sus posibles sucesores, conocido como El Jardinero. También el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el aseguramiento histórico de cargamentos de droga y armas. Las agencias estadounidenses han sido clave en ese flujo de información.
Hoy los grupos criminales operan con la certeza de que enfrentan al Estado mexicano y también a la capacidad de inteligencia de Estados Unidos.
El funcionario que ha logrado articular esa relación es Omar García Harfuch. Es, al mismo tiempo, el hombre de mayor confianza del gobierno mexicano en seguridad y el interlocutor más sólido frente a las agencias estadounidenses. Con él se consolidó un canal directo con la CIA, el FBI y, en menor medida, la DEA.
Paradójicamente, el caso de Chihuahua sucedió en un momento en el que esa coordinación funcionaba con niveles de eficacia inéditos. La CIA, en particular, había sido una de las agencias más activas en el intercambio de información estratégica. Su participación fue determinante en operaciones recientes de alto perfil, incluida la ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Esa misma agencia, junto con la Embajada de Estados Unidos en México, ha buscado en los últimos meses contener un escenario que preocupa a ambos lados de la frontera, como la posibilidad de que el gobierno de Trump decida actuar de manera unilateral en territorio mexicano.
Fuentes de primer nivel aseguran que tanto las agencias de seguridad como el equipo del embajador Ronald Johnson han transmitido a Washington que una intervención directa sería contraproducente. No solo por las implicaciones legales y políticas, sino por el impacto que tendría en la relación bilateral.
El mensaje ha sido que la cooperación funciona y está dando resultados. Romper ese esquema abriría un conflicto que difícilmente podría contenerse. Sin embargo, en la Casa Blanca el cálculo es distinto. Trump mantiene la idea de que una acción contundente contra los cárteles podría tener réditos políticos internos, sobre todo en la antesala de las elecciones intermedias de noviembre.
El conflicto en Medio Oriente mantiene por ahora la atención de Trump, pero dentro del equipo del presidente estadounidense existe la expectativa de que, una vez concluida esa etapa, el foco regrese al continente. Primero a Cuba y después a México.
El caso de Chihuahua, lejos de ser un incidente aislado, se inserta en ese contexto. La presencia de agentes estadounidenses, la reacción del gobierno federal, la renuncia del fiscal estatal, el jaloneo con la gobernadora Maru Campos y la presión en el Senado son piezas de un mismo rompecabezas.
A esto se suma la ofensiva que ya inició Estados Unidos contra políticos mexicanos bajo sospecha de vínculos con el crimen organizado. La cancelación de visas y las investigaciones en curso forman parte de una estrategia que podría escalar a procesos penales en tribunales estadounidenses.
El margen de maniobra para el gobierno de Sheinbaum es cada vez más estrecho.
Posdata 1
Este martes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó a Trafalgar, de Porfirio Sánchez Talavera, para operar como Casa de Bolsa, con lo que el grupo suma una nueva licencia a su estructura, luego de haber comenzado operaciones como Sociedad Financiera Popular en noviembre pasado. La autorización forma parte de la consolidación de su plataforma financiera integral en el mercado mexicano.
La firma se posiciona como un actor que ha transitado por distintos ciclos del sector, desde el desarrollo fintech hasta la intermediación bursátil, con un modelo que combina capital propio y una estructura enfocada en ampliar su presencia en servicios financieros. Bajo este esquema, la organización plantea un modelo multiproducto dirigido a pequeñas y medianas empresas, segmento que concentra una parte mayoritaria de la actividad económica en el país.
El enfoque operativo se apoya en lo que el grupo define como un modelo “Turbo Fintech”, que integra capacidades de una SOFIPO con servicios comparables a los de una institución bancaria, respaldado por tecnología y un equipo con experiencia regulatoria. A diferencia de otras fintech, la apuesta es ofrecer una solución integral en lugar de servicios fragmentados.
Como parte de su estrategia, Trafalgar también prevé iniciar una ronda de capital institucional y analiza una posible salida a bolsa con doble listado en México y Estados Unidos, además de explorar su incursión en el sector asegurador.
Posdata 2
El senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, presentó una iniciativa para incorporar de manera explícita la neutralidad política en los programas sociales, un tema que ha sido señalado durante años por organismos electorales, académicos y por la oposición. El planteamiento toma mayor relevancia por el crecimiento del gasto social en los siete años que ha gobernado Morena, pues actualmente superan los 850 mil millones de pesos.
La propuesta busca elevar a rango de ley lo que hasta ahora ha sido un conjunto de acuerdos administrativos temporales, como el convenio firmado en 2019 entre el INE, la Secretaría del Bienestar y la Función Pública, cuya vigencia concluyó en 2024 sin consolidar un mecanismo permanente de control. En los hechos, se trata de cerrar la laguna normativa que permite prácticas de clientelismo, al establecer como principio obligatorio la neutralidad política en el diseño, ejecución y difusión de todos los programas financiados con recursos públicos.
La iniciativa plantea prohibir el uso del padrón de beneficiarios con fines electorales, eliminar cualquier elemento de propaganda partidista en la entrega de apoyos y obligar a que toda comunicación institucional utilice criterios estrictamente informativos y colores neutros. Incluso prevé sanciones que pueden llegar a la reducción de hasta 50% del financiamiento público para quienes incurran en estas conductas, lo que coloca el tema en el terreno de las infracciones electorales y no solo administrativas.
A ver si el Verde y la oposición en el Congreso se animan a entrarle al tema, porque toca uno de los pilares de la operación territorial de los partidos, incluido el oficialismo, que ha hecho de la política social su principal carta de legitimidad y de competencia electoral.
Posdata 3
La jueza federal Amarande Riojas Orozco fue suspendida de su cargo luego de que el Consejo de la Judicatura Federal iniciara una investigación en su contra por haber concedido prisión domiciliaria a Mario Alberto Sabag Corona, señalado como presunto feminicida de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo. La medida cautelar y el amparo otorgado detonaron una revisión interna sobre la actuación de la juzgadora, quien llevaba apenas siete meses en funciones al frente del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México.
El caso, como se adelantó en esta columna el pasado 13 de abril, ya había encendido alertas dentro del propio Poder Judicial. La queja presentada ante el Tribunal de Disciplina Judicial señalaba que Riojas Orozco estaba legalmente impedida para conocer el asunto y, aun así, resolvió el amparo. Se documentaron tres irregularidades centrales: la omisión de excusarse pese a un posible conflicto de interés, la falta de emplazamiento a la víctima indirecta y la orden de liberar al imputado sin sustento en las constancias del expediente. Todo ello en un proceso que se arrastraba desde 2019 y que involucra uno de los delitos más sensibles en la agenda pública.
En su momento, la jueza respondió desde su cuenta de X contra lo publicado en esta columna. Aseguró que en ningún momento determinó la libertad del imputado y acusó que el caso había sido mal comunicado. Sostuvo además que las supuestas causas de impedimento derivan de que el despacho involucrado pertenece, según sus dichos, a personas que la violentaron, y defendió que el imputado nunca ha estado en libertad. También atribuyó las dilaciones del proceso al juez de control Anzaldo Izquierdo y precisó que se trata de un juez de juicio oral quien debe definir la sentencia.
Este martes fue destituida de su cargo.
@MarioMal
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Agentes gringos
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
REFORMA
"Si México quisiera ayuda
con los cárteles, estaríamos honrados
de ir a hacerlo. Se lo dije a ella". Donald Trump, 04.05.2025
Donald Trump ha insistido una y otra vez que México acepte la presencia de agentes estadounidenses para combatir al narco, pero la presidenta Sheinbaum se ha negado. Su predecesor, López Obrador, fue más allá: reformó la Ley de Seguridad Nacional para obligar a los agentes extranjeros a registrar sus actividades ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, eliminó la inmunidad diplomática para agentes extranjeros que cometen delitos en México, les prohibió realizar detenciones o allanamientos y los obligó a compartir con las autoridades mexicanas la información que obtengan. AMLO también retrasó las visas a los agentes. Estas medidas generaron molestia en Washington.
Sheinbaum ha sido más diplomática, pero se ha negado a permitir que los agentes estadounidenses operen en nuestro país. La muerte en un accidente de dos agentes en Chihuahua ha generado ahora una fuerte controversia.
Estos dos agentes, presumiblemente de la CIA, participaron en unos operativos del 17 al 19 de abril en los que se aseguraron laboratorios de producción de droga. Los agentes no tenían autorización para operar en México. El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, renunció a su cargo el 27 de abril, pero la Presidenta declaró en la mañanera: "A los mexicanos lo que nos importa es la defensa de la soberanía.... Tiene que seguir la investigación. No para con la renuncia del fiscal... La Fiscalía [federal] lo está investigando".
La fiscal especial Wendy Chávez Villanueva encabeza una investigación del gobierno de Chihuahua sobre estos agentes. Declaró que se unieron al convoy de los operativos, que iban en los vehículos del director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Pedro Oseguera, quien también murió en el accidente, que no participaron en las reuniones de planificación, ni portaban uniformes, ni se ostentaron como integrantes de alguna institución de seguridad nacional o extranjera.
El Senado, controlado por Morena, citó a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, a comparecer ayer, pero ella canceló. La Cámara, sin embargo, no ha pedido la comparecencia de gobernadores morenistas cuestionados por su relación con el narco. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos ha lamentado que la presidenta Sheinbaum no haya ofrecido siquiera un pésame por los dos agentes fallecidos.
La relación con Estados Unidos se está complicando. El embajador Ronald Johnson advirtió el 23 de abril en Sinaloa: "La inversión es como el agua: fluye cuando existen las condiciones adecuadas y desaparece cuando no las hay. Una cosa es clara: la inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción". Un artículo en Los Angeles Times señaló que los comentarios del embajador "forman parte de una agenda más amplia y provocadora... Marcan el inicio... de una amplia campaña anticorrupción del gobierno de Trump contra funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado". El artículo afirmó que al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa se le canceló la visa el año pasado, cosa que el político no había revelado.
El tema va más allá de la presencia de unos agentes estadounidenses en un operativo contra narco-laboratorios, de esos que el expresidente López Obrador decía que no existían. El presidente Trump sostiene que México está siendo gobernado por narcos. La Presidenta ha pedido pruebas, pero no ayuda a su causa cuando, en vez de celebrar los aseguramientos, cuestiona las acciones de agentes estadounidenses. Me recuerda a López Obrador cuando, en lugar de aplaudir la captura de El Mayo Zambada, cuestionó su traslado y detención en Estados Unidos.
· JARDINERO
Ahora sí el embajador Johnson celebró la captura de Audias Flores Silva, El Jardinero, colaborador del Cártel Jalisco Nueva Generación. El gobierno de México sigue tratando de detener a narcotraficantes en esta guerra contra las drogas que ya no se llama así.
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Caída de El Jardinero y sucesión en CJNG/Jorge Fernández
Excelsior,
Lo sucedido en Chihuahua, con la muerte de dos agentes estadounidenses, del director de la agencia de investigación estatal, Pedro Oseguera Cervantes y de un miembro de la misma institución, fue una tragedia. Lo fue porque fallecieron funcionarios mexicanos y estadounidenses serios, que trabajaban para acabar con grupos criminales dentro y fuera de nuestro país, y porque esa tragedia algunos intentan convertirla en una farsa, en una comedia político-electoral de cara a los comicios del año próximo en Chihuahua, sin medir las consecuencias.
Habrá que establecer con claridad qué sucedió y la versión proporcionada por la comisión del estado de Chihuahua parece ajustarse bastante a la realidad: los agentes estadounidenses fueron invitados (sin atribuciones para ello) por el jefe de la agencia de investigación del estado a observar el operativo en donde se incautó uno de los mayores narcolaboratorios de México, distribuido en un espacio de unas 100 hectáreas (un dato que, quienes buscan politizar en términos electorales el tema ignoran cuidadosamente) donde esos agentes no participaron operativamente , no iban armados, no portaban uniformes. La información original que dio el fiscal César Jaúregui no se ciñó a la realidad, por eso tuvo que renunciar. La relación con las fuerzas de seguridad estadounidense la llevaba el fallecido director de la agencia de investigación, que era, además, un funcionario bien valorado a ambos lados de la frontera. ¿Hubo irregularidades? Seguramente, pero también, como reconoció el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, la gobernadora Maru Campos no conocía al detalle esos hechos como tampoco el gobierno federal.
Los grupos duros en el senado de Morena, todavía muy influenciados por Adán Augusto López, han tratado de darle otra dimensión al tema porque apoyan la candidatura de Andrea Chávez (a diferencia de otros sectores de Morena en el estado que prefieren al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar) y de darle un cariz electoral.
Pero en el gobierno federal, sobre todo en el gabinete de seguridad, saben que la clave está en la moderación ante un tema que es especialmente complejo y que se puede complicar en muchas instancias federales y estatales.
En México operan cotidianamente 13 agencias y dependencias federales estadounidenses con presencia o acreditación en el país, bajo diferentes esquemas de cooperación con el gobierno mexicano. Tienen presencia y operación en México, la DEA, Administración para el Control de Drogas; el FBI, Buró Federal de Investigaciones; la ATF, Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; el USMS, Servicio de Alguaciles de Estados Unidos; la OIA-DoJ, Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia; la OPDAT, Oficina de Desarrollo, Asistencia y Entrenamiento Judicial Internacional; el DHS, Departamento de Seguridad Interior; el CBP, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza; el ICE, Oficina de Inmigración y Control de Aduanas; el Servicio Secreto de Estados Unidos; la TSA, Administración de Seguridad en el Transporte; la Agregaduría del Departamento del Tesoro y la OFAC, Oficina de Control de Activos Extranjero del departamento del Tesoro.
Aunque no se reporta públicamente, también hay agentes de la CIA (que por norma no se acreditan como tales) y de otras agencias de inteligencia, también existe una profunda colaboración militar a través del comando norte, con presencia de militares mexicanos en Estados Unidos y de ese país en México, más allá de las misiones de entrenamiento existentes. Y además están todos los mecanismos de recolección de información cibernética y a distancia, como los que se recopilan vía drones, satélites e intervenciones telefónicas y de redes globales, como los que realiza la NSA.
Todos los estados fronterizos del norte del país tienen convenios de cooperación con las agencias estadounidenses, en la mayoría de los casos por encima de los acuerdos federales. Son necesarios para la operación cotidiana y terminan siendo benéficos a ambos lados de la frontera.
Después de la detención del general Salvador Cienfuegos se expidió una ley de seguridad nacional que, como dijimos aquí en aquel momento, resultaría, como ocurre, inoperante y alejada de la realidad operativa de las agencias de seguridad y de la interrelación que tienen México y Estados Unidos. Decíamos entonces, diciembre del 2020, que “la ley es inútil porque así no funciona ninguna agencia de seguridad, ninguna registrará sus activos, ninguna compartirá gentilmente su información ni mucho menos entregará al gobierno un informe mensual de sus actividades. Sólo puede ser peor que una mala ley, una ley que no se puede cumplir. Y este es el caso”.
“La ley en cuestión, agregamos, dificultará la cooperación con Estados Unidos y esa no es una buena noticia pese al abuso que han cometido algunas de esas agencias (y algunos de sus agentes) durante años, sobre todo durante la administración Trump, en México. La cooperación es insalvable e imprescindible, pero debe basarse en acuerdos firmes y claros”.
Esos acuerdos existen, pero no sabemos sus términos más allá de conceptos generales sobre soberanía y no intervención que, en el mundo actual, sino tienen un contexto real, terminan diciendo bastante poco. Pero lo peor que se puede hacer ante conflictos reales, como el sucedido en Chihuahua, es querer partidizar un tema que está sujeto a tantas interpretaciones y en el que, además, los hilos que entrelazan al gobierno federal, al de Estados Unidos, a las agencias, a los estados, están en muchos sentidos demasiado entrecruzados y tejidos en la secrecía.
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El giro de Sheinbaum/Jorge G. Castañeda
El Universal, | 29/04/2026 |
El supuesto control que Claudia Sheinbaum estará ahora tomando del aparato de Estado, del partido Morena y de la agenda nacional ha sido festejado tanto por sus partidarios y quedabienes como por un buen número de sus críticos. Detectan en una serie de nombramientos, así como en varios pronunciamientos, un giro importante en su gobierno, que lo distancia de López Obrador y lo acerca a un enfoque más realista y conducente al crecimiento económico. Más allá de los que presumen su intuición genial —se los dije—, las diversas afirmaciones merecen cierto cuestionamiento.
No queda claro hasta qué punto las nuevas cabezas de ministerios, de cargos partidistas y legislativos, o puestos menores, representan realmente una sustitución de cuadros amlistas por colaboradores claudistas. Ni Velasco, ni Lazzeri, ni Montiel, ni Mier antes, ni Ernestina, ni Citlalli Hernández, ni los demás, son realmente funcionarios o políticos propios de Sheinbaum, si es que dicha especie existe. Se trata de personas que comenzaron sus carreras con López Obrador, ya sea como jefe de Gobierno, ya sea en su travesía del desierto, ya sea durante su Presidencia. Tal vez él no los impuso en este sexenio, como lo hizo con otros —Ebrard, Monreal, De la Fuente, etc.— y quizás sus lealtades se han trasladado de un presidente a otra, pero forman parte de un mismo equipo. Ella misma lo confirmaría: constituyen integrantes de un mismo proyecto, con los mismos objetivos, las mismas motivaciones, los mismos orígenes políticos y las mismas sensibilidades (o ausencia de ellas).
Para los mentados quedabienes, que buscan desesperadamente cómo criticar sincera y despiadadamente a López Obrador y no enemistarse con Sheinbaum, sus enroques y sustituciones se erigen en pruebas contundentes de la ruptura de la una con el otro, de la consolidación en el poder de la Presidenta, de la confirmación de su propio “estilo de gobernar”. Además del lógico anhelo personal de no compartir el poder, el propósito sustantivo de todo esto consistiría en construir un proyecto afín al primer piso de la 4T, pero a la vez compatible con los imperativos del crecimiento económico, con las exigencias del sector privado, y con la anuencia de “los mercados”.
Además de los obstáculos preexistentes a cualquier crecimiento, un factor adicional de los recambios residiría, como el cambio de tono con el fracking, en las consecuencias para México de la guerra en Medio Oriente. Las presiones inflacionarias y fiscales alejan más aún las posibilidades de una expansión significativa de la economía; de allí la necesidad de “tomar las riendas” del poder.
Siento decepcionar a los colegas de la comentocracia y a los corresponsales extranjeros que se han tragado este cuento. No tengo la menor idea a qué se deben estos retoques cosméticos al equipo de Sheinbaum, pero sí sé que no existe la más remota posibilidad de que con estas maniobras apacigüe al empresariado mexicano o a los inversionistas extranjeros. Ni tampoco cambiará la actitud de Washington en las negociaciones del T-MEC con un nuevo equipo, suponiendo que lo haya o lo vaya a haber.
Este par de meses en Francia me ha permitido recordar con mayor detalle el episodio de 1983 de François Mitterrand, el famoso “giro” que dio el presidente socialista dos años después de su elección. El aumento de los salarios, las nacionalizaciones, la jubilación a los sesenta años y el resto del Programa común firmado con el Partido Comunista habían generado una demanda interna estratosférica, que la desindustrializada y raquítica oferta interna francesa resultaba incapaz de satisfacer. Las presiones sobre el franco se volvieron insostenibles, y Mitterrand debió optar entre dos vías. Podía ceñirse al programa y a sus promesas de campaña, pero ello implicaba salir de la serpiente monetaria europea de inmediato, y de la Comunidad Económica Europea muy poco después. O podía abandonar el programa, reducir brutalmente el gasto, y alinearse con Bruselas. Escogió el segundo camino. He podido volver a conversar estos dilemas con amigos que se encontraban en el gobierno en aquella época, y todos evocan las consultas y deliberaciones que realizó Mitterand antes de optar por la solución del “rigor”: un giro a la derecha, conservando las conquistas ya consumadas.
La situación en México hoy es muy distinta, como ya lo he subrayado en estas páginas. No existen presiones sobre el peso, las cuentas externas se ven robustas, pero se vislumbra también un obstáculo insuperable. Si la economía no crece por lo menos a los ritmos del periodo neoliberal —2 a 2.5%— se tornarán inviables los programas sociales de la 4T, así como sus victorias electorales y su hegemonía. Y no hay crecimiento factible sin un golpe de timón de la misma envergadura que el de Francia en 1983. No bastará con pequeños gestos y guiños, ni con discursos, planes y convocatorias a Palacio, ni posponiendo un año el resto de la reforma judicial o aplacando al SAT. O va en serio, o nadie se la va a creer. Recomiendo al respecto un largo artículo de Nizaleb Corzo, en Ultimátum (whatever that is). Esa es la neta.
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