2 feb 2009

Jorge Hank sin Visa para EE UU

Muchas sospechas
RICARDO RAVELO
Revista Porceso (www.proceso.com.mx), 1 de febrero de 2009;
A lo largo de su carrera política y empresarial a Jorge Hank Rhon se le ha acusado de todo: de lavado de dinero, de traficar con animales exóticos, de usar sus influencias para operar casas de apuestas, y hasta de estar implicado en las ejecuciones de Héctor Félix y de Francisco Ortiz, ambos del semanario Zeta de Tijuana… Sólo le faltaba que Estados Unidos le impidiera entrar en su territorio… y eso sucedió ya el 10 de enero pasado. Entonces, un empleado de la garita Tijuana-San Isidro observó que el exalcalde tenía un “cúmulo de datos sospechosos” en el vecino país. Y le quitó su visa.
Hombre de excesos, dueño de una fortuna descomunal y proclive a los escándalos por su comportamiento excéntrico y fanfarrón, Jorge Hank Rhon está otra vez en líos: el 10 de enero pasado le fue cancelada su visa láser cuando un agente de la garita Tijuana-San Isidro le negó el paso.
La razón: presuntas conductas ilícitas cometidas por el hijo del profesor Carlos Hank González en Estados Unidos, sustentadas todas en reportes policiacos.
Ese día, Jorge Hank y su escolta hacían fila para la revisión aduanal. El exalcalde de Tijuana bajó de su automóvil en espera de que le tocara su turno. Faltaban unos cuantos vehículos cuando subió de nuevo al suyo. Entonces preparó sus documentos y los de su esposa. Los entregó a un agente de migración para que los deslizara en la banda magnética, según el trámite habitual.
Apenas introducida la visa, la pantalla se saturó con los antecedentes del empresario y político que perdiera los comicios estatales en agosto de 2007; algunos eran incluso de índole penal. El cúmulo de datos sospechosos, que pueden estar relacionados con una investigación criminal en proceso, desconcertó al agente.
Según una fuente consultada por el semanario Zeta, que aportó los pormenores de este hecho, el oficial comenzó a mover la cabeza al tiempo que balbuceaba: “Muchas sospechas, muchas sospechas…”. Y de inmediato canceló la visa.
Con el rostro descompuesto, Jorge Hank no tuvo más remedio que regresar a su casa de Tijuana. Su esposa, impactada por el inesperado suceso, rompió en llanto.
Pero el hijo del profesor Hank González parece estar acostumbrado a vivir en medio de escándalos. Afincado en esa ciudad fronteriza desde hace 24 años, poco le ha preocupado que lo relacionen con crímenes, lavado de dinero, excesos y hasta con el tráfico de drogas y de animales exóticos en peligro de extinción.
En enero de 2007, cuando era alcalde de Tijuana, declaró a este semanario que los señalamientos en su contra no le quitaban el sueño. Desafiante, espetó: “No me han probado nada. Nada más falta que me investiguen el tipo de sangre”.
Y añadió: “Esas acusaciones son producto de mi forma de ser y de mi gusto por los animales…” (Proceso 1575).
A pesar de que siempre ha negado tener problemas legales en Estados Unidos, él y sus familiares fueron investigados por presuntas actividades ligadas al lavado de dinero.
Julio Scherer García, fundador de Proceso, es quien mejor ha retratado el alma atribulada de Hank Rhon. En su libro La terca memoria (Grijalbo, 2008), por ejemplo, el periodista reproduce una entrevista con Adela Navarro, editora del semanario Zeta –el que más ha investigado a Hank Rhon–, quien le declara que el político y empresario se ufana de haber salido limpio de la investigación conocida como White Tiger (Tigre Blanco).
–Señora, Hank Rhon sostiene que no tiene problema alguno con el gobierno de Estados Unidos. Cita que de la investigación conocida como White Tiger salió limpio.
–Hank Rhon dice parcialmente la verdad: White Tiger es una pesquisa congelada, pero eso no significa que el caso esté cerrado. Oculta el expresidente municipal, en cambio, la humillación a que lo someten nuestros vecinos. (…) Hank Rhon –explica– posee cuarenta automóviles a su estilo. Todos son de lujo, doscientos cuarenta mil o 500 mil dólares, cada uno con placas de los Estados Unidos…
Existen en la ciudad veinticuatro garitas para cruzar la “línea”. El gobierno de los Estados Unidos ideó un acceso que llamó “Sentri”, un paso VIP. Si usted se presenta en las oficinas correspondientes de aquel lado, muestra sus estados de cuenta, declaración de impuestos, comprobantes de residencia impecable, documentos transparentes, el FBI, que lo investigó hasta la minucia, autoriza para usted una tarjeta y lo registra en “Sentri”. (…)
A Hank Rhon el FBI lo investigó y le negó la tarjeta. Pienso que para su personalidad egocéntrica, aspirante a los más altos puestos de la política –el tiempo es mío, ha dicho más de una vez– no puede existir humillación comparable al rechazo del FBI. Hank Rhon, sus coches, sus guaruras, sus placas de los Estados Unidos, todo él ha de someterse y transitar por una de las veintitrés líneas por las que todos cruzamos para ir a los Estados Unidos y regresar a nuestro trabajo y al brazo que siempre nos aguarda.
Pero es la excentricidad lo que caracteriza a Hank Rhon. Él ha admitido que tiene una fortuna superior a los 2 mil 500 millones de dólares, que dispone de 300 pares de botas; incluso suele hacer alarde de su virilidad, pues ha procreado 22 hijos.
En La terca memoria Scherer García diseccionó el entorno familiar y personal del controvertido hijo del profesor Hank González:
Jorge Hank Rhon prepara su bebida favorita: Herradura reposado con una víbora de cascabel, una cobra, un pene de león, un pene de toro y a veces cabellos finos de osos grises del Canadá. En el vaso pueden quedar residuos de esos animales que, a trasluz, se miran como minúsculos pedazos de tripas bañadas en un líquido amarillento.
Scherer García viajó a Tijuana para conocer al personaje “de ilustre apellido”. Relata: Inmensamente rico, poderosamente instalado en la industria del PRI y en la industria del juego, heredero de la historia de su padre, Jorge Hank da de qué hablar como un personaje sin parecido visible. Es quien es, fruto de sus ideas, pasiones, ansias de poder, notoriedad y una vida envuelta en el crimen. Es punto obligado para hablar de la nube tóxica que enferma a buena parte de la población de Tijuana.
Apenas el 19 de febrero pasado, Frontera publicó en su primera plana una foto con un garrafón, nunca vacío, del tequila y sus componentes. La nota, firmada por los reporteros Jorge Morales y Ana Cecilia Ramírez, incluye un diálogo que inicia el priista multimillonario en dólares.
Scherer García lo reproduce intacto:
–Ven, tocayo, te voy a contar el secreto de mi virilidad.
–¿Cómo funciona? –pregunta el periodista.
–El tequila absorbe el poder de estos animales.
–¿Y se acaba el botellón?
–Cuando lo bajo, me lo van llenando.
Convencido de la fuerza sexual de la bebida, lo ofrece a sus incondicionales, a sus empleados y cómplices. También invita a las señoras a que mojen sus labios y nutran su cuerpo con el hallazgo que lo enorgullece.
La investigación
En 1997, la familia Hank Rhon fue sometida a una exhaustiva investigación en Estados Unidos denominada Tigre Blanco. A sus integrantes se les implicó en presuntas operaciones de lavado de dinero, crimen organizado y sobornos. Las autoridades que “ficharon” a los Hank eran del Departamento de Aduanas, la agencia antidrogas de Estados Unidos, el IRS (una oficina de impuestos), la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), así como funcionarios de California y del condado de San Diego.
La indagatoria tenía un origen: una vez Jorge Hank introdujo al país un tigre siberiano y se le hizo fácil transportarlo en su vehículo sin permiso. Jesús Blancornelas, fundador del semanario Zeta, escribió en aquella época que la policía lo detuvo y le decomisó el animalito. “Jorge le llamaba Negra. Pero el entonces cachorro fue enviado al zoológico. Desde entonces le llaman Blanca…”.
La investigación Tigre Blanco puso al descubierto los presuntos negocios sucios de los Hank en Estados Unidos. Buena parte de esas operaciones presuntamente estaban encubiertas por The Laredo National Bank, con sede en Texas, de las que los Hank se deshicieron a raíz de los escándalos en que se vieron envueltos.
Ya radicado en Tijuana, Jorge Hank se convirtió en una pesadilla para su padre, el profesor Carlos Hank González, secretario de Agricultura y de Turismo en distintos sexenios. En mayo de 1995 fue encarcelado horas después de bajar de un Boeing 727 de Japan Airlines, procedente de Japón.
En aquella ocasión Jorge recogió sus 12 maletas de las bandas de equipaje en la sala internacional. Luego se dirigió a Migración, donde un agente le ordenó: “Presione el botón”. Y enseguida se prendió la luz roja.
Jorge trató de convencer al agente aduanal de que traía “puras baratijas”. Al abrir las maletas, los agentes descubrieron colmillos de marfil, chalecos con perlas, esculturas y prendas con piedras preciosas incrustadas, globos terráqueos esmaltados, abrigos de ocelote, un águila con chapa de oro, caracoles plateados, una antigua silla de montar china, abanicos de madera de sándalo, pulseras, bastones… (Proceso 969.)
Pero él vociferaba: “¡Es pura bisutería!”. Incluso aseguró que el valor de sus pertenencias ascendía a mil dólares. El avalúo de la Secretaría de Hacienda determinó que los objetos transportados por él desde Japón, Singapur y China ascendían a 46 mil 500 dólares.
En 1988 fue señalado como presunto autor intelectual del asesinato del periodista del semanario Zeta Héctor Félix Miranda, El Gato Félix, ocurrido en abril de ese año. Dos años después, el 1 de mayo de 1990, fue capturado Antonio Vera Palestina, guarura de Jorge, señalado como el autor material del asesinato de Félix Miranda. Las evidencias volvieron a implicar a Jorge Hank en el homicidio del periodista.
Lo mismo sucedió 14 años después, cuando, el 22 de junio de 2004, fue ejecutado José Francisco Ortiz Franco, editor de Zeta. Y aunque las indagatorias de este caso mostraron evidencias de que los autores materiales del crimen estaban relacionados con el cártel de Tijuana, Jorge Hank volvió a ser objeto de sospechas.
El exalcalde de Tijuana es fiel retrato de su padre: sabe combinar los negocios con la política. Además de ser dueño del hipódromo Agua Caliente, obtuvo de Gobernación decenas de concesiones para instalar casas de apuestas cuando Emilio Chuayffet estuvo al frente de esa secretaría. Esos favores le permitieron abrir centros de apuestas, denominados Caliente, en varias entidades y en 12 países.
En México, algunos de esos negocios de Jorge, como los de Reynosa, Tamaulipas, han sido escenario de escándalos protagonizados por integrantes del cártel del Golfo. Durante 2007, por ejemplo, hubo varias balaceras propiciadas por miembros de esa organización. Los presuntos sicarios llegaban por la noche, amagaban al personal y se llevaban el dinero. El propio Jorge Hank admitió que los ataques fueron perpetrados por el narcotráfico. Las escenas se repitieron en los centros de apuestas de Veracruz y Saltillo.
No obstante su mala fama, Jorge Hank incursionó en la política y ganó la alcaldía de Tijuana en 2004, que encabezó durante poco más de dos años. Al poner en marcha el segundo operativo conjunto contra el narcotráfico a principios de 2007 –el primero se aplicó en Michoacán en enero de ese año–, la policía de Tijuana fue desarmada por efectivos del Ejército.
Esa corporación fue señalada como protectora del cártel de Tijuana, representado por la familia Arellano Félix, debido a que varios de los uniformados trabajaban para esa organización criminal como gatilleros y secuestradores. Así mismo, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), al frente de la cual estaba José Luis Santiago Vasconcelos, veía a Hank Rhon como “un obstáculo” para las investigaciones criminales en Tijuana.
Pese a sus yerros como presidente municipal, Hank contendió como candidato del PRI a la gubernatura de Baja California en los comicios de 2007. Su proyecto político resultó un fiasco. El 22 de junio de ese año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le anuló su candidatura cuando estaba en plena campaña, la cual reanudó tras obtener un fallo a su favor.
Finalmente, el hijo del profesor Hank González perdió la contienda ante el panista José Guadalupe Osuna Millán. La víspera de los comicios, Jorge todavía se ufanaba: “Vamos a ganar tres a uno”.
Los traspiés políticos de Jorge también afectaron a Carlos Hank Rhon, su hermano mayor, quien en 2004 no pudo ser candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, pese al apoyo del entonces dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo.
Un pequeño incidente
En 2008, un escándalo callejero puso de manifiesto el estrecho vínculo entre Jorge Hank Rhon y Antonio Vera Palestina, quien fungió como su jefe de seguridad hasta que fue aprehendido en mayo de 1990. El lugar de Antonio lo ocupó años después su hijo Jorge Vera Ayala, quien en marzo de ese año tuvo una discusión con un policía ministerial en Tijuana.
El desaguisado ocurrió el 19 de marzo de 2008 en un estacionamiento público de la colonia Marrón, en ese municipio fronterizo.
Rodeado de sus subalternos, el jefe de escoltas de Jorge Hank llegó a ese sitio y, al disputar un lugar para estacionar su camioneta, se hizo de palabras con el agente.
El tono de los insultos mutuos fue subiendo. Vera Ayala alcanzó el clímax: sacó su pistola y disparó a una de las llantas del vehículo del policía, quien de inmediato pidió refuerzos por radio. Minutos después llegaron decenas de agentes, detuvieron a Vera Ayala y lo llevaron a los separos de la Unidad Orgánica contra Homicidios Dolosos de la Subprocuraduría de Justicia de Baja California.
Al ser presentado en calidad de detenido, en las oficinas del Ministerio Público ya se encontraba Félix Moreno, enviado por el patrón de Vera Ayala, dispuesto a resolver el problema. El abogado tenía experiencia en estas lides: había sido director de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública cuando Jorge Hank fue alcalde de Tijuana. Así, lo que parecía un caso grave por el hecho de haber disparado un arma de fuego en un acto de agresión, fue minimizado y trastocado en las actas.
El hijo de Antonio Vera Palestina, quien purga una condena de 27 años por el crimen de El Gato Félix, declaró simplemente que se había alterado. Tras practicarle una prueba, la Agencia del Ministerio Público dictaminó que Vera Ayala no había disparado su arma.
Cumplido el trámite, en menos de una hora el pistolero de Hank se retiró tranquilamente de las oficinas ministeriales en compañía de Jerónimo, su hermano gemelo. l

Mexico Security Memo: Feb. 2, 2009

Mexico Security Memo: Feb. 2, 2009
February 2, 2009 2050 GMT
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Tracking Mexico’s Drug Cartels
Hints of a Possible Cartel Cease-fire
Violence related to organized crime continued across Mexico this past week. Among the more
noteworthy incidents was the discovery of three severed heads inside a cooler just outside Ciudad Juarez, Chihuahua state. Meanwhile, some 20 armed men shot and killed two police officers in San Miguel Totolapan, Guerrero state, then set fire to two buildings before fleeing. And in Durango, Durango state, a group of gunmen traveling in at least one vehicle shot and killed two people.
While violence in most of the country continues at a level we have come to expect, Sinaloa state registered a noticeable decrease in homicides. This decline also coincided with reports that
Mexico’s major drug-trafficking organizations had reached at least a limited cease-fire as a result of several meetings held in December. Rumors of such meetings and truces are quite common in Mexico, and more often than not, such agreements quickly break down. Nevertheless, the situation warrants monitoring, especially considering that this has been a year of flux in cartel relationships, and any new truces or alliances could have a significant impact on the country’s security environment.
Talk of a Shift in Strategy
Mexican Attorney General Eduardo Medina Mora told a group of legislators this past week that the United States and Mexico are finalizing a new strategy for the fight against the cartels that will be launched in the next few days, according to several press reports. The new strategy will focus on slowing the flow of weapons and money crossing into Mexico from the United States, one Mexican legislator said, adding that it would involve a change in actions in two current hot spots of violence: Ciudad Juarez, Chihuahua state, and Tijuana, Baja California state. Another Mexican congressional source told reporters that Mexico City and Washington have been in contact regarding how to combat organized crime. During the meeting, several congressmen from northern Mexican states reportedly complained to Medina Mora about the continuing violence in their districts and the general lack of progress in the cartel war. Also this past week, the U.S. Department of Homeland Security ordered a top-down review of border policy, which includes customs, immigration and other law enforcement functions.
While at first glance these reports suggest that Mexico and the United States might soon adopt a new approach to fighting the cartels, it is important to recall that this is not the first time the Mexican government has considered a so-called shift in strategy. In many cases, such reports often turn out to be intended to show the Mexican public and congress that the federal government is considering all options and pursuing a coherent strategy. It would appear that is the case with these latest reports as well, especially given that breaking up weapons trafficking networks in the United States — something law enforcement north of the border has been engaged in for a long time — is hardly a new strategy. Nevertheless, Medina Mora’s statement could be an indication of a U.S. reassessment of the situation, something Stratfor has been looking for from the new Obama administration.
Sinaloa Cartel Operations in Nicaragua
The Sinaloa cartel continues to operate drug-trafficking routes in Nicaragua and is looking to recover its operations along the country’s Pacific coast, Nicaraguan national police chief Aminta Granera reported this past week. Granera said that the majority of Sinaloa operatives are Nicaraguan nationals from the eastern part of the country who operate in the west, citing recent arrests and small cocaine seizures in the western cities of Rivas, Chinandega and Villanueva (though the Chinandega arrest also involved Salvadoran nationals). She added that the trafficking routes involve land and maritime components, and that most small boats tend to sail in international waters to avoid running into Nicaraguan authorities.
Despite Granera’s description of the arrests, it appears that they have had little impact on the Sinaloa cartel’s operations there. The routes and trafficking patterns described by Granera closely match previous
arrests and seizures associated with Sinaloa operations in Nicaragua. In addition, Granera’s description of arrest locations suggests that Sinaloa continues to operate the same routes as before, presumably still relying on private vehicles to carry small shipments from Costa Rica to El Salvador. While the arrests will be a nuisance to the organization, there is no reason to think the routes cannot quickly be restored.
Click to view map
Jan. 26
Assailants armed with assault rifles shot and killed two men in Zapopan, Jalisco state.
Mexican army officials reported discovering and destroying a marijuana field and clandestine airstrip near Jilotlan de los Dolores, Jalisco state, believed to have been used by the Sinaloa cartel.
Authorities at Panama City’s international airport reported the arrest of a Mexican man in possession of $430,464 that he failed to declare upon arriving on a flight from Mexico City.
At least five gunmen shot and killed five motorcyclists at a seafood restaurant in Ciudad Juarez, Chihuahua state. At least 10 others were killed in separate incidents in the state.
Mexican officials confirmed that alleged Sinaloa operative Lamberto Verdugo Calderon died in a firefight with Mexican army forces in Sinaloa state on Jan. 22.
Jan. 27
Federal police arrested one Russian and one Cuban citizen, both reportedly U.S. residents, on charges of human smuggling in Frontera Comalapa, Chiapas state.
Jan. 28
Authorities in Cosoleacaque, Veracruz state, discovered the body of an unidentified man bearing signs of torture.
Several gunmen in a vehicle shot and killed three unidentified people in La Mesa, Baja California state.
Police near Durango, Durango state, found the body of a man who had been kidnapped several days before. Authorities believe he had been beaten to death.
Several gunmen shot and killed two police officers in Chihuahua, Chihuahua state.
Authorities recovered more than 20,000 rounds of ammunition, as well as assorted firearms and grenades, from a safe house in Culiacan, Sinaloa state.
Jan. 29
Mexican army forces raided a safe house in a suburb of Monterrey, Nuevo Leon state, seizing some seven vehicles and undisclosed documents.
Feb. 1
At least one assailant shot and killed a police officer in Guadalupe y Calvo, Chihuahua state.
Tell Stratfor What You Think

Cierre de sesiones de Comisión Permanente

Al declarar formalmente concluidos los trabajos del primer receso del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura, César Duarte Jáquez, aseveró que con el trabajo realizado en este receso “se valida la vigencia de uno de los poderes de la federación y demuestra que la tesis del Estado fallido en México no se cumple”.
Duarte destacó que a pesar de la brevedad del receso, el trabajo fue intenso y productivo.
Informó que durante las nueve sesiones celebradas, este cuerpo colegiado tramitó 42 iniciativas y 138 proposiciones con punto de acuerdo; concedió licencias para separarse de sus cargos a 9 diputados y a un senador; y conoció la reincorporación a sus actividades legislativas de dos legisladores.
Como parte sustantiva del trabajo de la Comisión Permanente se aprobaron 66 dictámenes con puntos de acuerdo relativos a 74 proposiciones sobre temas de interés nacional de diversa naturaleza; 15 proyectos de decreto relativos a permisos constitucionales y 3 puntos de acuerdo por los que se ratificaron los nombramientos del Ejecutivo federal de 17 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y 2 de embajadores, quienes rindieron sus correspondientes protestas de ley. Asimismo, se recibió el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos correspondiente al 2008.
Éstos son, en una apretada síntesis, los trabajos desarrollados de la Comisión Permanente durante este receso del Congreso de la Unión.
Reconozco el trabajo y el esfuerzo empeñados por cada uno de mis compañeros legisladores; agradezco a mis compañeros vicepresidentes y secretarios de la Mesa Directiva que me apoyaron en la conducción de las sesiones.
Los asuntos pendientes de resolver por las Comisiones de Trabajo de la Comisión Permanente se turnaron a las Comisiones correspondientes de las Cámaras de Diputados y de Senadores.
***
Inmediatamente se instaló el segundo período de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio.
Ambas Cámaras citaron el próximo miércoles 4 de febrero a las 11:00 horas.

Narco violencia de exportación

Según el informe Mexico Security Memo: Feb. 2, 2009
Violence related to the drug trade is rampant in Mexico, where gunmen are every bit as brutal as the death squads in Iraq. The Mexico Security Memo is a weekly summary report concerning instability and key incidents.
Narco violencia de exportación
JORGE CARRASCO ARAIZAGA, reportero
Revista Porceso (www.proceso.com.mx), 1 de febrero de 2009;
La penetración de los cárteles mexicanos en Estados Unidos comienza a preocupar a las agencias policiacas federales de ese país. Para el Pentágono ya es un problema de seguridad nacional. La guerra del crimen organizado podría trasladarse al otro lado de la frontera por las alianzas de los cárteles del Golfo, Juárez, Tijuana y Sinaloa con bandas “bien establecidas” que operan desde cárceles y en las calles de Texas, Arizona y Nuevo México.
Los cárteles mexicanos de la droga se han aliado con bandas estadunidenses de diferente origen étnico que actúan en ambos lados de la frontera y amenazan con reproducir, en el sur de Estados Unidos, la violencia que se registra en México.
La mayoría son de origen hispano, pero también ya hay organizaciones delictivas integradas por negros y supremacistas blancos que se disputan el control del negocio de la distribución de mariguana, cocaína y heroína que llega de México, además de su participación en el tráfico de armas hacia el sur de la frontera.
Una de las bandas más importantes es Barrio Azteca, que opera en Texas, Nuevo México y Arizona en alianza con el cártel de Juárez, pero que ha trabajado también para el cártel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán.
Es tal la expansión de esas organizaciones del lado estadunidense de la frontera, como brazos de los cárteles mexicanos, que el pasado 27 de enero el jefe del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, el almirante Michael Mullen, hizo pública su “extrema preocupación” por el fenómeno.
En un encuentro en Washington con la prensa extranjera para hablar sobre las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, Mullen destacó que varios jefes de los comandos que integran las Fuerzas Armadas coinciden en esa evaluación. Citó entre ellos a James N. Mattis, jefe del Comando de Fuerzas Conjuntas, y a Víctor E. Renuart, jefe del Comando Norte.
“Estoy extremadamente preocupado” por la frontera con México y (en general por) la guerra contra las drogas” en ese país, respondió el almirante cuestionado por la prensa mexicana.
Máximo mando militar estadunidense, Mullen dijo que el creciente número de asesinatos y secuestros ocurridos en los últimos dos años a causa del narcotráfico “tiene toda nuestra atención” como problemas para la seguridad nacional de Estados Unidos, además de los conflictos en Afganistán, Irak y Paquistán.
De acuerdo con la firma estadunidense de inteligencia Stratfor, hay por lo menos nueve bandas “bien establecidas” que actúan desde cárceles estadunidenses y tienen operadores en las calles, así como “contactos” con guardias fronterizos y policías locales para facilitar el tráfico de drogas a Estados Unidos.
En un reporte fechado el 19 de noviembre pasado, Stratfor establece que esos grupos, integrados por miembros de diferentes nacionalidades, ayudan a las organizaciones de narcotraficantes mexicanos al contrabando y distribución de narcóticos en Estados Unidos, toda vez que la frontera es el punto de revisión de mayor obstáculo en la cadena de proveedores de la droga.
Aparte de Barrio Azteca y su relación con el cártel de Juárez, identifica a Hermanos Pistoleros Latinos, en Houston; el Texas Syndicate y Tango Blast, que operan en el Valle de Río Grande como aliados del cártel del Golfo, y la Mafia Mexicana, en California y Texas, que trabaja con los cárteles de Tijuana y Sinaloa. Stratfor también ha identificado bandas que actúan en Estados Unidos con grupos mexicanos como Mexikanemi, Norteños y los Sureños, y otras como Latin Kings y la MS-13, de la Mara Salvatrucha.
Una serie de audiencias efectuadas en noviembre pasado en la Corte federal de El Paso, Texas, relacionadas con la detención de seis miembros de Barrio Azteca, le permitieron a Stratfor conocer detalles sobre la operación e integración de la organización delictiva surgida en la prisión estatal de Texas en 1986.
De los seis detenidos, tres son considerados miembros de la plana mayor de la organización: Benjamín Álvarez, Manuel Cardoza y Carlos Perea. Los otros son uno de sus asistentes, Said Francisco Herrera; el lugarteniente Eugene Mona, y el asociado Arturo Enríquez.
Los grupos asociados a los cárteles mexicanos son más que pandillas callejeras y actúan por regiones, lo que les permite a aquellos tener contactos con tres o cuatro bandas a la vez. La mayoría la integran mexicanos inmigrantes o estadunidenses de origen mexicano. Pero según la empresa dedicada al análisis de seguridad e inteligencia, en las zonas más conflictivas del mundo también hay “grupos de blancos supremacistas, bandas de motociclistas de razas mezcladas y bandas callejeras de afroestadunidenses (que) han formado extensas alianzas con los cárteles mexicanos”.
En lo que constituye un reconocimiento de que existen complicidades en Estados Unidos con los cárteles mexicanos, el reporte señala que para cruzar diariamente grandes cantidades de droga “se requiere de conexiones locales dedicadas a corromper guardias o policías de las ciudades fronterizas”.
Precisa que las bandas del lado estadunidense también tienen contactos con vendedores de droga al menudeo, quienes obtienen grandes ganancias por el elevado precio de las dosis.
Las revelaciones hechas en el proceso judicial contra Barrio Azteca llevan a Stratfor a advertir sobre un potencial traslado de la violencia de México a Estados Unidos: “La asociación (entre los cárteles mexicanos y las bandas estadunidenses) va más allá de los narcóticos; incluye también la violencia”.
En seguida, expresa un temor: “A la luz de los altos niveles alcanzados en México relacionados con el tráfico de drogas, hay una genuina preocupación de que esa violencia (y corrupción) se pueda extender dentro de Estados Unidos”.
Califica esa posibilidad como “terrorífica”, aunque la violencia no es nueva. “Hasta ahora, los cárteles mexicanos y sus aliados estadunidenses se han enfocado en aquellos que están directamente involucrados en el tráfico de drogas. Si esta restricción va a continuar, es algo que no está claro. De cualquier manera, el daño colateral siempre es una posibilidad”.
Tropas narcomenudistas
Los antecedentes de Barrio Azteca mencionados en las audiencias de la Corte federal indican que el grupo se formó en 1986 como resultado de las fuertes tensiones raciales en la cárcel de El Paso.
Su control de las prisiones estadunidenses ha sido tal que de 1996 a 2002 utilizó como “correo”, entre sus miembros dentro y fuera de la prisión, al funcionario Sandy Valles New, quien trabajó en la sección de investigaciones de la Oficina del Defensor Público Federal en El Paso. Valles también sostenía comunicación con miembros de Barrio Azteca en Ciudad Juárez.
De la cárcel de El Paso la organización delictiva se extendió a otras y actualmente abarca a todas las prisiones de Texas. Además, con exconvictos logró una fuerte presencia en las calles de esa ciudad fronteriza con Ciudad Juárez, Chihuahua, asiento del cártel que encabeza Vicente Carrillo Fuentes.
A finales de los noventa comenzó a trabajar con El Chapo Guzmán, que de acuerdo con Stratfor controlaba los cargamentos de droga a Ciudad Juárez. Apoyada en testimonios que obtuvo entre los acusados y la fiscalía, la firma asegura que el grupo ahora está aliado sólo con el cártel de Juárez, que “desde hace tiempo controla la mayor parte del estado de Chihuahua, y rompió su relación con el cártel de Sinaloa a principios de 2008”.
Sobre la operación de Barrio Azteca, asegura que provee de “soldados rasos” al cártel de Vicente Carrillo por órdenes de este capo. Recuerda que el 3 de noviembre pasado, 10 presuntos integrantes de la organización texana fueron detenidos en Ciudad Juárez con cuatro “cuernos de chivo”, pistolas y equipo de radiocomunicación cuando al parecer iban a cumplir una misión. Se les vincula con 12 asesinatos.
Según los testimonios recabados por Stratfor, los vendedores callejeros de droga en Estados Unidos deben pagar “impuestos” a Barrio Azteca para continuar con su negocio. Josue Aguirre, un exmiembro de la banda que se convirtió en informante del FBI, aseguró durante el proceso que tan sólo en El Paso la organización hace ese cobro en 47 calles. Quien no paga es asesinado.
El dinero recolectado va a los lugartenientes y capitanes de la banda, que reciben 50 y 200 dólares mensuales, respectivamente, “por compensación”. La mayor parte del dinero es transferida a cuentas de los jefes de la organización, como los tres detenidos. Otra parte del dinero va al cártel proveedor de la droga, en Ciudad Juárez.
Por su ayuda táctica, la banda recibe descuentos en el precio de la droga por parte del cártel de Vicente Carrillo. Cuando alguno de los miembros del grupo es amenazado en México, es escondido en El Paso bajo la protección de Barrio Azteca.
Otro “servicio” que los texanos prestaron a sus socios mexicanos es el que reveló en su testimonio Gustavo Gallardo, un exintegrante de la banda: el secuestro de un individuo en El Paso que se había quedado con parte del dinero del cártel de Juárez. Lo trasladaron a una casa de seguridad de El Paso y de ahí lo llevaron a Ciudad Juárez, donde desapareció.
Stratfor asegura que con los secuestros de personas que son llevadas de El Paso a Ciudad Juárez para ser detenidas o asesinadas, se demuestra que existe un “vínculo de la violencia en México y Estados Unidos”.

Para la firma, el refugio obligado de miembros de la organización de Carrillo Fuentes en El Paso es un peligro para la seguridad en Estados Unidos: “Mientras más líderes del cártel de Juárez crucen la frontera para esconderse en Estados Unidos, los enemigos del cártel pueden estar más tentados a seguirlos y matarlos en territorio estadunidense”.
Considera que otras organizaciones delictivas en California, Arizona y Nuevo México podrían seguir la misma trayectoria.
Según Stratfor, una muestra de que la violencia saltó de México a Estados Unidos es que se han cometido secuestros y ataques contra agentes de la Patrulla Fronteriza, si bien hasta ahora no han sido asesinados oficiales de las agencias estadunidenses de procuración de justicia o de civiles, “aunque se ha estado cerca de eso”.
Para la citada firma, el hecho de que la violencia no haya llegado a esos niveles se debe a que para los cárteles mexicanos no es atractivo provocar una respuesta coordinada de agencias estadunidenses como la Drug Enforcement Administration (DEA), el Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) y el Federal Bureau of Investigation (FBI).
Mantener la violencia en niveles bajos y concentrada en las bandas rivales, así como en los vendedores callejeros de droga, tiene a los cárteles alejados de las citadas agencias. Pero en el momento en que esos índices se disparen o sean asesinados policías o civiles estadunidenses, advierte Stratfor, aumentaría la vigilancia y la represión por parte del gobierno de Estados Unidos.
Otro motivo por el que según la firma de inteligencia la violencia transfronteriza se ha mantenido en niveles bajos, es que las bandas son esenciales para el tráfico de estupefacientes y el movimiento de las ganancias.
Si bien reconoce que el proceso judicial contra los jefes de Barrio Azteca podría minar su actividad en la comercialización de drogas en el corredor El Paso-Ciudad Juárez, señala que la organización no se vería demasiado afectada debido al control que ésta ejerce desde el interior de las cárceles no sólo desde Texas, sino de Nuevo México y Arizona.
Lo que sí ocurriría, indica la firma, es que Barrio Azteca podría estar bajo mayor escrutinio, por lo que sus miembros en ambos lados de la frontera han recibido órdenes de bajar el perfil hasta que haya una resolución judicial del proceso.
Ante este vacío, el cártel de Juárez podría verse obligado a proveerse a sí mismo de seguridad para refugiarse en Estados Unidos, pero sobre todo podría incrementar los índices de violencia entre las bandas rivales en su disputa por el control del tráfico de drogas.
En el análisis de Stratfor se asegura que si los cárteles mexicanos sienten afectadas sus operaciones en Estados Unidos, en algún momento podrían entrar en choque con las agencias de seguridad estadunidenses.
***

Ex zar antidrogas

El zar antinarco recibía dinero... del narco
RICARDO RAVELO, reportero
Revista Porceso (www.proceso.com.mx), 1 de febrero de 2009;
Desde que era un funcionario clave de la PGR y hasta su detención el sábado 24, Mariano Herrán Salvatti ha estado bajo sospecha en diversos casos relacionados con la delincuencia organizada. Ya sin protección política, el zar antidrogas del sexenio zedillista enfrenta graves cargos de corrupción y narcotráfico. Y en vista de los altos cargos que ha desempeñado Herrán, tales acusaciones explican en gran medida la enorme vulnerabilidad de las corporaciones policiacas ante los cárteles de la droga.
Después del golpe que en 1997 recibió la Procuraduría General de la República (PGR) tras la detención del general Jesús Gutiérrez Rebollo, entonces zar antidrogas y a quien se acusó de servir al capo Amado Carrillo Fuentes, el gobierno de Estados Unidos y la Drug Enforcement Administration (DEA) avalaron el nombramiento de Mariano Herrán Salvatti como “la persona ideal” para dirigir el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD).
En aquella época Herrán era subprocurador en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde realizó un trabajo de investigación relevante sobre la exhumación del cadáver hallado en la finca El Encanto –cuya propiedad se le atribuyó a Raúl Salinas– y que fue presentado públicamente por la PGR, entonces a cargo de Antonio Lozano, como los despojos del desaparecido Manuel Muñoz Rocha, el llamado “eslabón perdido” en el caso del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y a quien se acusa de haberlo planeado.
Al tomar posesión de su cargo en el INCD, el 10 de marzo de 1997 –uno de los años más convulsionados por la guerra entre cárteles–, Mariano Herrán asumió el reto de enfrentar al narcotráfico con una declaración enfática: “La corrupción derivada del narcotráfico ha llegado a los más altos niveles de las instituciones encargadas de combatirlo”.
Jorge Madrazo Cuéllar, entonces procurador general de la República, festejó el nombramiento; destacó los atributos de Herrán y dijo que el presidente Ernesto Zedillo decidió nombrarlo comisionado del INCD porque aprobó rigurosos exámenes en los que demostró “fehacientemente su lealtad, honradez, ética profesional, capacidad y eficacia”.
La DEA, por su parte, avaló el perfil de Herrán Salvatti sin cortapisas. Y Barry McCafrrey, en aquellos años director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, también elogió al nuevo zar antidrogas de México.
Doce años después, Mariano Herrán cayó en desgracia. El sábado 24 fue aprehendido por la Policía Judicial de Chiapas –su entidad natal y adonde se refugió tras finalizar el sexenio zedillista– y ahora enfrenta cargos por varios presuntos delitos: peculado de 6 millones de pesos, asociación delictuosa, ejercicio indebido del servicio público y abuso de confianza en agravio del patrimonio estatal.
Apenas el año pasado, el funcionario consiguió un amparo en contra del Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado de Chiapas, que lo señaló como presunto responsable del desvío de 170 millones de pesos del Fondo contra la Delincuencia Organizada entre 2002 y 2007, ya que entonces manejaba ese recurso la extinta Fiscalía General del Estado, encabezada por Herrán Salvatti.
Con todo y el amparo, la Procuraduría General de Justicia de Chiapas inició la semana pasada una averiguación previa por ese caso.
En cuanto al supuesto peculado por 6 millones de pesos, en las auditorías practicadas al ejercicio de 2006 se encontró que falta documentación que compruebe y justifique el gasto; que hay erogaciones improcedentes e incumplimiento de una norma en materia de adquisiciones.
Por estos señalamientos Herrán fue encarcelado en el penal de El Amate, el mismo al que él envió a decenas de indígenas acusados de delitos no comprobados hasta ahora.
Narcotráfico y corrupción
Herrán Salvatti también aparece vinculado con el narcotráfico. Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008 –integrada a raíz de que el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, anunció la Operación Limpieza–, el exfuncionario federal recibió sobornos de los capos de la droga cuando fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) de 1997 a 2000.
Lo incrimina el testigo protegido con clave David, un exmilitar cuyo verdadero nombre es Roberto García García, quien trabajó para la división policiaca adscrita a la FEADS a partir de 1997, luego fue comisionado a la fiscalía antidrogas de la PGR bajo el mando del capitán Fernando Rivera, quien también fue jefe del área de inteligencia de la SIEDO y ahora está acusado de servir, desde ese puesto, a la organización de los Beltrán Leyva.
El testigo está acusado de delitos relacionados con la delincuencia organizada, dentro de las investigaciones que derivaron en la Operación Limpieza. Concretamente se le acusa de formar parte del grupo de funcionarios de la SIEDO que servía al cártel de Sinaloa y a capos como Sergio Villarreal Barragán, El Grande, afincado en la Comarca Lagunera.
Sobre los sobornos a Herrán Salvatti, David declaró lo siguiente en una ampliación de su testimonio, fechada el 20 de agosto de 2008:
Es de señalar que en un hecho que el declarante se ha referido en declaración anterior, cuando en un restaurante cercano al ángel de la Independencia (sic), en el Distrito Federal, Fernando Rivera recibió del “19” (operador del cártel de Sinaloa) la primera cantidad de dinero por apoyar al cártel de los Beltrán Leyva…
El licenciado Óscar (nombre falso que utilizaba Rey Zambada García, hermano de Ismael Zambada, El Mayo) es propietario de una mueblería que se localiza en Santa Fe… José Antonio Cueto López (señalado como el contacto de los Beltrán con funcionarios de la PGR) le comunicó al declarante que conoce al licenciado Óscar desde la FEADS, agregando que Cueto asegura que Óscar le mandaba dinero, sin decir cantidad, a Hiram González, que era el coordinador administrativo de la FEADS, quien le daba su parte al entonces fiscal Mariano Herrán Salvatti.
Al finalizar el sexenio de Ernesto Zedillo, Herrán Salvatti abandonó el cargo de fiscal antidrogas y fue nombrado procurador de Justicia de Chiapas por el entonces gobernador Pablo Salazar Mendiguchía. Pero en la FEADS dejó una estela de escándalos por presuntos actos de corrupción, algunos similares a los que ahora enfrenta en Chiapas.
Casi un mes después de que Herrán salió de la FEADS, el periodista Miguel Badillo dio a conocer en su columna Oficio de Papel (El Universal, 25 de noviembre de 2000) que presuntamente el exfiscal antidrogas había desviado 750 mil dólares que el área de inteligencia de la embajada de Alemania en México entregó en efectivo a la FEADS para adquirir un moderno equipo de intercepción y apuntalar así la lucha contra el narcotráfico.
“El jefe de inteligencia de la embajada en México, Federic Koch, y el agente Stephan Koop –escribió Badillo– se encuentran desconcertados por el engaño del que fueron objeto cuando la FEADS no pudo comprobar ni justificar fehacientemente dicho gasto, pues el equipo que les fue mostrado como de reciente adquisición se trata de un aparato desgastado que supuestamente la DEA les habría obsequiado y que a pesar de su evidente uso ahora presentaron como nuevo.”
Según el columnista, en el escándalo estaban implicados, además de Herrán, sus subalternos José Luis Santiago Vasconcelos y Jorge Espejel Contreras, quien trabajó a la sombra de Jorge Tello Peón –actual asesor del presidente Felipe Calderón en materia de seguridad–, del exgobernador de Morelos Jorge Carrillo Olea y de Jesús Gutiérrez Rebollo, de quien Espejel fue secretario particular.
En ese texto Badillo también se ocupó del presunto enriquecimiento de Herrán Salvatti y sus colaboradores tras salir de la FEADS:
“Las corruptelas en la UEDO que ahora son investigadas por la Secretaría de la Contraloría, como son la desviación de fondos para gastos de investigación y viáticos, se quedan cortas con lo que sucedió en la FEADS en tiempos de Herrán Salvatti, quien tendrá que dar cuentas de cómo obtuvo la supuesta residencia que posee en Acapulco con valor de 3 millones de dólares, más otro millón en decoración, muebles, exquisitas y costodas bebidas en la cava y selectos vinos traídos de Europa y Sudamérica.”
El periodista se refiere también a los bienes que, supuestamente desde el año 2000, posee Hiram González, el excoordinador administrativo de la FEADS mencionado por David como el que le daba el dinero del narco a Herrán: un departamento valuado en 2 millones de pesos en la colonia Del Valle, una residencia en Satélite y vehículos de lujo. Proceso corroboró que ninguno de esos señalamientos fue investigado.
Oro para el “Fiscal de Hierro”
Un año después de haber asumido el cargo, el 20 de marzo de 1998, Herrán comenzó a contradecir su propio discurso de toma de posesión como zar antidrogas: el 20 de marzo de 1998 declaró que la DEA le había otorgado una carta de buena conducta a los policías federales antinarcóticos de México: “La DEA no tiene la percepción de que exista una corrupción generalizada entre los agentes de la PGR”.
La realidad comenzó a desmentirlo. En octubre de 1997, siete meses después de haber sustituido al general Gutiérrez Rebollo, Herrán Salvatti nombró a uno de los agentes federales más cercanos a él, Carlos Eduardo Silva Urrutia, El Pantera, como subdelegado sustantivo de la FEADS en Veracruz, adscrito al área de intercepción marítima y terrestre.
Meses después, Silva Urrutia fue acusado por la UEDO de recibir dinero del narcotráfico, en particular de la célula encabezada por Albino Quintero Meraz, exmiembro del cártel de Juárez que formaba parte de la “célula del sureste”, representada en Cancún por Alcides Ramón Magaña, El Metro.
De acuerdo con las declaraciones ministeriales de los testigos protegidos Gildardo Muñoz Hernández y Alberto Treviño –este último tiene la clave Roberto–, Silva Urrutia, el agente de confianza de Herrán Salvatti, protegía el descenso de aviones que venían de Colombia cargados de cocaína y aterrizaban en las llanuras del municipio de Playa Vicente, Veracruz.
En su declaración preparatoria Gildardo Muñoz narró otros detalles de las operaciones ilícitas de Silva Urrutia
; por ejemplo, que formaba parte de la organización de Quintero Meraz y que se encargaba de hacer los pagos a quienes le brindaban protección a su patrón. Menciona ...dos pagos para El Pantera de Jesús, refiriéndose al policía judicial federal adscrito a Veracruz. Ambos pagos fueron realizados el quince de mayo del presente (1998), uno por 700 mil dólares y por 50 mil dólares el otro en la ciudad de México (sic).
No todas las investigaciones realizadas por Herrán Salvatti como fiscal antidrogas fueron exitosas. Una de las más fuertes sacudidas que enfrentó fue el llamado Maxiproceso contra integrantes del cártel de Juárez, del cual derivó el “caso Cancún”.
Con base en esta indagatoria Herrán Salvatti acusó infructuosamente a varios empresarios, entre ellos a los hermanos García Zalvidea, de lavar dinero para el cártel de Juárez, que encabezaba Amado Carrillo Fuentes.
El fracaso fue rotundo: de poco más de 150 personas implicadas en el Maxiproceso, la mayoría ya recobró su libertad por falta de pruebas. No sólo eso: en plena investigación, y cuando estaba a punto de ser detenido, Mario Villanueva logró fugarse a pesar de la estricta vigilancia a la que supuestamente lo sometió Herrán.
A éste se le preguntó en una ocasión posterior si el caso Villanueva era su gran fracaso, y él respondió: “No, yo dejé el caso Cancún bien sustentado y con las evidencias suficientes para demostrar su culpabilidad y actuar en consecuencia” (Proceso 1278).
Herrán Salvatti y el procurador Jorge Madrazo Cuéllar fueron los artífices de la incorporación de militares en la lucha antidrogas. En 1997, cuando ambos despachaban en la PGR, solicitaron que elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) del Ejército Mexicano se incorporaran a la FEADS para apuntalar la lucha antidrogas.
Buena parte de los militares que entonces realizaron labores policiacas dieron origen a Los Zetas, grupo que el capo Osiel Cárdenas (que entonces emergía como poderoso jefe del cártel del Golfo) creó para que le sirvieran de cerco protector.
Según investigaciones posteriores, la mayoría de los integrantes originales de ese grupo armado salieron de la FEADS, dependencia que Herrán dejó infiltrada por el narco y que en 2002 desapareció por los escándalos de corrupción en que se involucraron sus agentes.
Durante los tres años que fue fiscal antinarcóticos, Mariano Herrán Salvatti también fue acusado de “traición y engaño” por Manuel Bitar Tafich, acusado de ser el cerebro financiero del cártel de Juárez y procesado en 1997.
En una entrevista con este reportero (Proceso 1494), Manuel Bitar declaró que, tras la muerte de Amado Carrillo (“mi compadre Amado”), en julio de 1997 Herrán Salvatti declaró a la prensa que él, Bitar, “había sido detenido en Chile. Eso no es cierto –aclaró–, yo fui aprehendido en un hotel de la Ciudad de México y Herrán me engañó”.
–¿Por qué lo engañó? –se le preguntó.
–A mi regreso de Chile, yo había tramitado un amparo en México para no ser detenido. Me entrevisté con él (Herrán) y me pidió que lo ayudara en la investigación (sobre el traslado del cártel de Juárez a Sudamérica) y que luego me podía ir a mi casa. Yo le creí y rompí el amparo. Entré a las oficinas de la FEADS y ya no pude salir: fui retenido y luego encarcelado.

¿Como va el tema Atotzinapa?

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