27 dic 2005

Nueva Ley antiterror en Francia

¡La más estricta en Europa!

El Parlamento francés aprobó el pasado 22 de diciembre una nueva ley antiterrorista.

La iniciativa legislativa es resultado de los atentados en el metro de Londres en junio y julio pasados, y se presenta como un arsenal en la lucha contra el "yihadismo global".

Fue aprobada por la Asamblea Nacional y por el Senado gracias a los votos del partido gubernamental; y obviamente, la izquierda se pronunció en contra de la ley por considerar que es una "seria amenaza a las libertades individuales", debido a que el texto mezcla"peligrosamente" terrorismo e inmigración. No obstante esta oposición, en la Cámara Baja los diputados socialistas se abstuvieron.

Una vez que entre en vigor, la ley permitirá instalar cámaras de vídeo en el metro y estaciones de trenes, aeropuertos, centrales nucleares o grandes parques industriales, así como en los alrededores de "entidades con personalidad jurídica".
Además se instalaran cámaras en los lugares de culto -mezquitas o iglesias-, en los grandes almacenes o las empresas consideradas sensibles en sus aceras, previa autorización expresa.
Simplemente un magistrado podrá controlar su funcionamiento y la autorización tendrá un límite de cinco años.

Al mismo tiempo, se reforzará el control de desplazamientos con la obligación de las compañías de transporte de suministrar datos personales de los viajeros. Esto permitirá a la policía el seguimiento de personas que viajen a países conocidos por albergar campos de entrenamiento de terroristas.
Con respecto a las telecomunicaciones, las compañías deberán conservar durante un año los datos de las conexiones por celular y por Internet, especialmente las establecidas desde cibercafés. En principio, la policía podrá acceder al repertorio de llamadas telefónicas, pero no a su contenido.
En lo penal, se amplía la condena por asociación con fines terroristas de 10 a 20 años (30 para sus dirigentes) y el periodo de detención de sospechosos de terrorismo de cuatro a seis días. Un condenado por terrorismo podrá perder la nacionalidad francesa durante 15 años.

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