Bolivia y la hoja de Coca

Tensión en la relación Bolivia EE UU: el motivo la hoja de coca

El presidente Evo Morales declaró este jueves que no expulsará a la DEA de la principal zona cocalera de Bolivia y anunció que se reunirá el sábado con el embajador estadounidense David Greenlee para aclarar la situación y limar asperezas.

La declaración del presidente se conoce un día después de que cultivadores de coca amenazaran con expulsar a la DEA y a la CIA de Bolivia, lo que molesto a la embajada de EE UU.

El pedido de expulsión surgió en el octavo congreso de los cultivadores de coca del Chapare que finalizó el martes con la ratificación de Evo Morales como líder del sector (cargo que ejerce desde 1996).

"Nunca hemos hablado de expulsión. Respeto las declaraciones de mis compañeros (cocaleros), pero es importante mantener relaciones bilaterales y multilaterales en el marco de un respeto mutuo", declaró el presidente Morales en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Pidió disculpas al embajador Greenlee por su inasistencia a una reunión debido a que se encontraba fuera de La Paz, visitando regiones castigadas por inundaciones.

La embajada estadounidense pidió "claridad" al gobierno y reiteró su oposición a que los indígenas del Chapare mantengan 3,200 hectáreas de cocales. "Hemos sostenido que toda la coca excedentaria que se produce en el Chapare va al narcotráfico", señaló en un comunicado.

La legislación en vigencia obliga a erradicar los sembradíos de aquella región, pero los campesinos pretenden duplicar la superficie.

Según informes oficiales en Bolivia hay 27,700 hectáreas de ese cultivo de las que sólo 12,000 son legales(una ley vigente desde 1987 autoriza esa producción) y están destinadas a usos medicinales y alimenticios.

Asimismo, un comunicado del ministro de la Presidencia divulgado el jueves por la agencia estatal ABI señala que el compromiso del gobierno es "aplicar los acuerdos internacionales suscritos en materia de lucha contra el narcotráfico".

Desde que Morales asumió el poder el pasado 22 de enero, EE UU decidió recortar la ayuda antinarcóticos para esa región, en 20%, llevándola de 80 a 67 millones de dólares, mientras que el Congreso estadounidense anunció un recorte de la ayuda militar del orden de 94%.