Más sobre la crisis del TEPJF

Blindar la justicia electoral/Raúl Arroyo
Tomado de Reforma, 18 agosto 2007;
Con 32 diferencias entre las jurisdicciones locales y la federal, el sistema mexicano de justicia electoral es uno e incluye al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales o salas electorales de las entidades federativas; de tal forma que la afectación a cualquiera de cada una de esas partes produce efectos para el todo.
De ahí que la situación por la que atraviesa la Sala Superior del tribunal federal, desencadenada por la sorpresiva renuncia de su magistrado presidente, preocupe a quienes somos responsables de la impartición de justicia electoral en tanto representa un riesgo de erosión para este ámbito -el más joven y por su propia naturaleza susceptible de cuestionamientos- de la judicatura mexicana.
Estamos frente a la primera crisis de credibilidad por la que atraviesa el Tribunal Federal Electoral después de su nueva conformación. Si bien es cierto que a lo largo de su corta historia han existido múltiples problemas por situaciones administrativas, nunca antes se había puesto en duda la legitimidad ni la credibilidad de sus integrantes. Me explico: entre las aristas que rodean la dimisión del magistrado Flavio Galván y la elección de la magistrada María del Carmen Alanís se encuentra la referente al manejo discrecional del presupuesto del máximo tribunal electoral del país y, de manera recurrente, la cercanía de ella con la familia presidencial. Siempre conforme a la información periodística, hay en todo esto una confusa mezcla de hechos que van desde la presunción de prácticas de corrupción, y hasta el sentido de las resoluciones emitidas por el órgano jurisdiccional. El efecto inmediato es la suspicacia para el comportamiento de una institución que mantiene en aumento la atención de los reflectores ante la inminencia de asuntos como la fiscalización a los partidos políticos por la producción de mensajes en los medios electrónicos durante la reciente campaña presidencial, no reportados en un número de 280 mil, y la elección de gobernador en Baja California.
Como era de esperarse, y aquí el tema fundamental de reflexión, la noticia desató la especulación en los medios, lo cual confirma que en el centro de la crisis de credibilidad del TEPJF subsiste un muy deficiente manejo de la información y la ausencia total de una estrategia de comunicación social.
La rendición de cuentas, el acceso a la información y la difusión son componentes esenciales en cualquier órgano de un Estado democrático; constituyen mecanismos de gobernabilidad y credibilidad, lo que hace posible condiciones de participación y proximidad ciudadana. En las tres, el tribunal ha mostrado sus debilidades atrayendo un alud de suposiciones que lo desacreditan institucionalmente a partir de la descalificación de sus integrantes. Transcurridas las primeras horas resultó evidente que el relevo en la presidencia de la Sala Superior debió sostenerse en público, no a puerta cerrada, situación que alentó a quienes siempre desean descubrir la turbiedad en los comportamientos institucionales.
La situación preocupa porque la crisis del TEPJF, de no frenarse mediante un rápido recuento de los daños, tendrá efectos expansivos en el resto de las instituciones de impartición de justicia electoral, aun frente a las notables diferencias entre los dos ámbitos de jurisdicción. Se trata de un juego perverso que no únicamente afecta a los agentes directos; roza a todos aquellos que forman parte del entorno. Es imprescindible detener el "efecto dominó" y su cadena de consecuencias motivada por una situación crítica. No hacerlo acercaría el riesgo de cuestionamiento a las condiciones de legitimidad y credibilidad de todos los integrantes del sistema de justicia electoral.
La magistrada Alanís tiene frente a sí una ventana de oportunidad única para resolver esta peligrosa situación. Su experiencia como funcionaria pública le respalda para sortear los problemas que recibe junto con su elección como presidenta de la Sala Superior. Y es así porque todos los momentos de crisis posibilitan la reflexión profunda y otorgan el soporte para implementar con rapidez los cambios necesarios.
De entrada la magistrada presidenta deberá resolver dos problemas: despejar las dudas que flotan en el ambiente sobre el manejo administrativo del tribunal, ya que la falta de transparencia es un foco potencial de abuso de poder y corrupción, otorgando discrecionalidad a quien controla, restringe o deliberadamente distorsiona el acceso a la información. La transparencia implica que la información esté disponible sin obstáculos o requisitos que se conviertan en trabas; que sea comprensiva al incluir todos los elementos relevantes y, con características de calidad y confiabilidad para significar una posibilidad de contribución al diseño de políticas públicas, como a dar certidumbre y confianza a los ciudadanos.
El segundo problema es de sensibilidad política y se refiere al desarrollo, urgente, de una nueva estrategia de comunicación para el TEPJF donde se difunda con claridad qué es el tribunal, qué ofrece, cuál es su misión, sus objetivos y qué beneficios entrega a la sociedad contar con una institución como la que ahora preside la magistrada Alanís. Nada más. Y nada menos.
Lo que no debemos olvidar, en momentos particularmente complejos como éste, es que las instituciones electorales son la última trinchera que tienen los ciudadanos para creer y confirmar que sus decisiones políticas serán respetadas. Pero también que son fácilmente vulnerables.
El autor es magistrado presidente del Tribunal Electoral del estado de Hidalgo.
Correo electrónico: rarroyo@trielectoralhidalgo.org.mx