Mëxico ante la CIDH

• No hay comunicado de la CIDH ni de la Cancillería

Reclaman desaparición forzada
El caso Radilla podría turnarse a la Corte Interamericana

Nota de Silvia Garduño en Reforma, 30/08/2007;

Por primera vez en la historia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a cuentas al gobierno de México para que responda por la Guerra Sucia.

El gobierno mexicano, a través de la Dirección General de Derechos Humanos de la Cancillería, tiene ya en sus manos la resolución final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de desaparición forzada del líder comunitario guerrerense Rosendo Radilla, ocurrida en 1974.

De no dar cumplimiento a las recomendaciones, el caso puede ir a parar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos."Llevar el caso a la Corte es una oportunidad para que el Estado públicamente pueda reconocer que hubo una práctica sistemática y generalizada de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura para acabar con movimientos sociales; esto podría traer una reparación integral del daño", señaló María Sirvent, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

La CMDPDH, que llevó el caso ante la CIDH en el 2001, es el único organismo que ha tenido acceso al informe, que tiene carácter confidencial y da al gobierno mexicano un plazo de dos meses -que culmina el 15 de octubre- para cumplir con las recomendaciones que en él se establecen."Si algo no lo ha cumplido en 33 años, ¿cómo va a crear ahorita las condiciones?", cuestionó Sirvent.

Mientras, la CMDPDH cuenta con un mes para argumentar a la CIDH las razones por las que este asunto debe ser llevado a la Corte Interamericana.

Según la comisión mexicana, muchos aspectos del caso pueden revisarse en el Informe de Admisibilidad de la CIDH, emitido en el 2005, y que según Mario Solórzano, abogado del organismo nacional, incluye transformaciones al sistema de justicia penal mexicano y a la Ley de Amparo.También, aseguró, considera la erradicación de la jurisdicción militar y el reconocimiento público de responsabilidad del Estado que solicite perdón a las víctimas-; la conscripción de la memoria colectiva; la sanción a los responsables, y el paradero de los desaparecidos.Según la CMDPDH, hasta el momento el gobierno federal no ha solicitado acercamiento alguno con el organismo nacional."No se han acercado para ver de qué modo nosotros podríamos coadyuvar en el cumplimiento de esas recomendaciones; si nosotros conocemos las demandas que pusimos y les están diciendo que las cumplan, creo que la postura más congruente sería trabajar juntos", consideró Solórzano.

Radilla es uno de los 470 casos de desapariciones forzadas registradas en Atoyac de Álvarez, el municipio con mayor número de desapariciones durante la Guerra Sucia de los años setenta. A nivel nacional, la CMDPDH contempla un total de mil 200 desaparecidos en este periodo. Para este organismo, el posible litigio del caso Radilla ante la Corte Interamericana contribuiría a sentar precedentes jurídicos para que las 600 familias afectadas por la Guerra Sucia puedan hallar justicia.

Pese a que los crímenes ocurrieron hace más de 30 años, el organismo destacó que un cambio de régimen o de gobierno no es escusa ni justificación para dejar en la impunidad los casos o evadir los compromisos adquiridos, por lo que la administración de Felipe Calderón deberá responder.

Este año, el organismo nacional prevé llevar al menos cinco casos más de desaparición forzada -todos ellos de Atoyac de Álvarez a la CIDH.

Acusan a México de violar derechos en ‘guerra sucia’
Falla CIDH en el caso de Rosendo Radilla, desaparecido en 1974
Liliana Alcántara, reportera.
El Universal, Jueves 30 de agosto de 2007
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) resolvió que el Estado mexicano es responsable de violar los derechos humanos de Rosendo Radilla, desaparecido el 25 de agosto de 1974, durante la guerra sucia.
Este organismo llamó al gobierno en turno a realizar las acciones que sean necesarias para conocer su paradero y ubicar y castigar a los responsables y, de no atender sus recomendaciones, litigará este caso ante la Corte Interamericana.
Es así como la CIDH se pronunció por primera vez en torno a los crímenes del pasado ocurridos en México en la década de los 60.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señaló que el probable litigio ante la Corte sentará precedentes jurídicos para que las cerca de 600 familias afectadas por la guerra sucia puedan encontrar justicia.
Rosendo Radilla fue presidente municipal en Atoyac de Álvarez de 1955 a 1956 y simpatizante de la guerrilla de Lucio Cabañas.
Testigos aseguran que Radilla fue visto por última vez cuando iba a bordo de un camión de pasajeros con trayecto hacia Chilpancingo hasta que fue detenido por militares en un retén. Después de la fecha de su desaparición, varios presos políticos de ese entonces aseguraron verlo en distintos cuarteles militares.
Este caso fue presentado el 15 de noviembre de 2001 por su hija, Tita Radilla, y por dicha organización no gubernamental, quienes acusaron al Estado mexicano de “denegar la justicia” por no determinar el paradero de Rosendo Radilla ni identificar ni sancionar a los responsables.
El gobierno, a través de la Cancillería mexicana, respondió a la CIDH que el caso, en ese entonces, aún estaba en proceso de investigación en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y que por lo tanto, debía rechazar la petición de intervención.
Luego de su análisis, la CIDH decidió el 12 de octubre de 2005 que admitía el caso para determinar la probable responsabilidad del Estado por violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues de acuerdo con este instrumento internacional, a pesar de que la desaparición de Rosendo Radilla ocurrió en 1974, el delito sigue vigente en tanto no se establezca su paradero.
Esta semana el gobierno fue notificado de la decisión de la CIDH de declarar como responsable al Estado mexicano por violar la Convención Americana de Derechos Humanos.
El documento de la CIDH, de carácter confidencial, incluye una serie de obligaciones formuladas para el gobierno de México, que en caso de no cumplirse en un plazo de dos meses, podría someterse el documento ante la Corte Interamericana.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA está integrado por la CIDH y la Corte. La primera documenta violaciones a los derechos humanos y emite recomendaciones, en tanto que el tribunal juzga a los estados y emite fallos de carácter judicial y cumplimiento obligatorio.
Piden castigo para Luis Echeverría
En tanto, el Comité 68 pro Libertades Democráticas, integrado por ex dirigentes del movimiento estudiantil de 1968, insistió en que el ex presidente Luis Echeverría Álvarez sea castigado por la matanza de Tlatelolco, y anunció que aportará nuevas pruebas a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la responsabilidad del ex mandatario. (Con información de María de la Luz González)