México, D. F., a 9 de octubre de 2007. (fue publicada, previamente editada este 13 de octubre)Sra. Carmen Lira Saade,Directora General de La Jornada,
Presente.
Señora Directora:Le solicito publicar la siguiente aclaración.
En México y en otras partes existen básicamente dos tipos de ideólogos de la violencia política: los que llevan sus ideas a la práctica y asumen todas las consecuencias, y aquellos que, transfigurados en comisarios y sacerdotes de cultos en descomposición, dedican sus energías a bendecir, traducir, matizar, aderezar y justificar a los violentos, pero sin ensuciarse las manos. Explican la “necesidad histórica” de un EPR o de una ETA, pero no tomarían ni una resortera, y eso explica en parte la intensidad de sus bilis y otros humores. Sobra decir que los primeros merecen respeto, y los otros ninguno.
Luis Hernández está furioso porque Héctor Aguilar Camín escribe un texto sobre la matanza de Acteal. Supongo que porque todo análisis detallado de estos hechos amenaza con reblandecer los fundamentos de un mito: que Acteal fue un “crimen de Estado”, mito que Hernández ha alimentado y del que se ha servido durante ya casi 10 años.
Por ello arremete contra mi libro Camino a Acteal (1998), del que dice que es un “panfleto” y que fue considerado, “por su impúdica falsificación de los hechos, como una nueva versión de El Móndrigo”, bla bla bla.
Pero Camino a Acteal es una reconstrucción de los acontecimientos que, a diferencia de las beatas historias que sólo satisfacen a las buenas conciencias y a los creyentes, buscó poner sobre la mesa todos los hechos y todas las versiones, no sólo de uno de los bandos, sino de los varios que ahí, de mala manera, se anudaron. Escribir el libro fue más que todo un ejercicio para dejar constancia, un referente para quienes no se conformaran con la papilla ideologizada al uso.
Sí Camino a Acteal es “impúdica falsificación”, ¿por qué nadie hasta ahora lo ha refutado? ¿Por qué la única respuesta han sido los insultos, los juicios sumarios y la descalificación sin más, que retratan de cuerpo entero a quien lo hace? Por lo mismo que ahora les eriza la piel: remueve los cimientos del mito político.
Históricamente, la acusación de policía ha servido para preparar y llevar a cabo ajustes de cuentas al seno de los movimientos y partidos donde la violencia y las armas fueron y son recurso expedito. También en México ha sido un expediente que sacerdotes y comisarios han utilizado con perversa discrecionalidad, y ahora Hernández la revive como un eco tardío de la descomposición de los grupos armados, entre otros el hoy honorable PROCUP.
Que ahora tal acusación se emita como eructo, sin prueba alguna, no debe extrañar, pero sí conviene alertar acerca de sus orígenes y destino. Por supuesto que la acusación es falsa y quien la esgrime un mentiroso, salvo prueba en contrario.
Atentamente
Gustavo Hirales Morán
***
El sábado 13 de octubre, la sección del Correo Ilustrado, publico la carta editada;
Presente.
Señora Directora:Le solicito publicar la siguiente aclaración.
En México y en otras partes existen básicamente dos tipos de ideólogos de la violencia política: los que llevan sus ideas a la práctica y asumen todas las consecuencias, y aquellos que, transfigurados en comisarios y sacerdotes de cultos en descomposición, dedican sus energías a bendecir, traducir, matizar, aderezar y justificar a los violentos, pero sin ensuciarse las manos. Explican la “necesidad histórica” de un EPR o de una ETA, pero no tomarían ni una resortera, y eso explica en parte la intensidad de sus bilis y otros humores. Sobra decir que los primeros merecen respeto, y los otros ninguno.
Luis Hernández está furioso porque Héctor Aguilar Camín escribe un texto sobre la matanza de Acteal. Supongo que porque todo análisis detallado de estos hechos amenaza con reblandecer los fundamentos de un mito: que Acteal fue un “crimen de Estado”, mito que Hernández ha alimentado y del que se ha servido durante ya casi 10 años.
Por ello arremete contra mi libro Camino a Acteal (1998), del que dice que es un “panfleto” y que fue considerado, “por su impúdica falsificación de los hechos, como una nueva versión de El Móndrigo”, bla bla bla.
Pero Camino a Acteal es una reconstrucción de los acontecimientos que, a diferencia de las beatas historias que sólo satisfacen a las buenas conciencias y a los creyentes, buscó poner sobre la mesa todos los hechos y todas las versiones, no sólo de uno de los bandos, sino de los varios que ahí, de mala manera, se anudaron. Escribir el libro fue más que todo un ejercicio para dejar constancia, un referente para quienes no se conformaran con la papilla ideologizada al uso.
Sí Camino a Acteal es “impúdica falsificación”, ¿por qué nadie hasta ahora lo ha refutado? ¿Por qué la única respuesta han sido los insultos, los juicios sumarios y la descalificación sin más, que retratan de cuerpo entero a quien lo hace? Por lo mismo que ahora les eriza la piel: remueve los cimientos del mito político.
Históricamente, la acusación de policía ha servido para preparar y llevar a cabo ajustes de cuentas al seno de los movimientos y partidos donde la violencia y las armas fueron y son recurso expedito. También en México ha sido un expediente que sacerdotes y comisarios han utilizado con perversa discrecionalidad, y ahora Hernández la revive como un eco tardío de la descomposición de los grupos armados, entre otros el hoy honorable PROCUP.
Que ahora tal acusación se emita como eructo, sin prueba alguna, no debe extrañar, pero sí conviene alertar acerca de sus orígenes y destino. Por supuesto que la acusación es falsa y quien la esgrime un mentiroso, salvo prueba en contrario.
Atentamente
Gustavo Hirales Morán
***
El sábado 13 de octubre, la sección del Correo Ilustrado, publico la carta editada;
El Correo Ilustrado
Aclaración de Gustavo HiralesLe solicito publicar la siguiente aclaración.
En México y en otras partes existen básicamente dos tipos de ideólogos de la violencia política. Los que llevan sus ideas a la práctica y asumen todas las consecuencias, y aquellos que dedican sus energías a bendecir, traducir, matizar, aderezar y justificar a los violentos, pero sin ensuciarse las manos. Sobra decir que los primeros merecen respeto, y los otros, ninguno.
Luis Hernández está furioso porque se reabre, en la opinión pública, el tema de la matanza de Acteal. Ello se debe, supongo, a que todo análisis detallado de estos hechos amenaza con reblandecer los fundamentos de un mito: que Acteal fue un “crimen de Estado”.
Por ello arremete contra mi libro Camino a Acteal (1998): que es un “panfleto” y que fue considerado (no dice por quién), “por su impúdica falsificación de los hechos, como una nueva versión de El Móndrigo”, bla bla bla. Si Camino a Acteal es “impúdica falsificación”, ¿por qué nadie hasta ahora lo ha refutado?
Mi libro es una reconstrucción de los acontecimientos que, a diferencia de las historias de buenos-buenos contra malos-malos, buscó poner sobre la mesa todos los hechos y todas las versiones, no sólo de uno de los bandos, sino de los varios que ahí, de mala manera, se anudaron. El libro quiso ser un referente para quienes no se conformaran con la papilla ideologizada al uso.
Lo anterior, pese a todo, es cuestión que se presta a múltiples interpretaciones. Lo grave y no sujeto a interpretaciones es que Hernández me acusa de policía y de “agente de la contrainsurgencia chiapaneca”, sin aducir prueba alguna. Históricamente, la acusación de policía ha servido para preparar y llevar a cabo ajustes de cuentas al seno de los movimientos y partidos donde la violencia y las armas fueron y son recurso expedito. También en México ha sido un expediente que sacerdotes y comisarios han utilizado con perversa discrecionalidad, y ahora Hernández la revive como un eco tardío de la descomposición de los grupos armados, entre otros el hoy “honorable” PROCUP-EPR.
La acusación es falsa y quien la esgrime un mentiroso y un irresponsable, salvo prueba en contrario.
Gustavo Hirales Morán
***
Respuesta de Luis Hernández NavarroEx guerrillero arrepentido y enemigo jurado de la causa que defendió en la juventud, Gustavo Hirales ha dedicado años de su vida a tratar de limpiarle el rostro a un régimen que, en Acteal, cometió un crimen de lesa humanidad. Sus pleitos con sus antiguos camaradas nada tienen que ver conmigo.
Once familiares de desaparecidos políticos, antiguos integrantes de organizaciones armadas revolucionarias e investigadores, aseguran que Hirales fue un agente infiltrado por el gobierno en las filas de la Liga 23 de septiembre, bajo la coordinación del comandante Florentino Ventura, de Interpol, con el objetivo de informar sobre los movimientos y dirigentes de la organización guerrillera (José Enrique González Ruiz, et. al. Ahora es cuando los gorilas se disfrazan de académicos).
Un informe, elaborado por la antigua Dirección Federal de Seguridad, desclasificado del Archivo General de la Nación con la clave H-235, señala que gracias a las fotografías de varios dirigentes de la organización armada identificados por Hirales, se detuvo, torturó y asesinó a Salvador Corral y José Ignacio Olivares (Mauricio Laguna, “Guerra sucia crímenes de estado” en Contralínea 29 de agosto de 2007).
Pero, más allá de estos señalamientos, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, Hirales desempeñó, aunque a él le pese, funciones de policía. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, policía es el “cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas”. Y eso es lo que él hizo durante años.
Como asesor de la Coordinación para el Diálogo en Chiapas, y como asesor del presidente Zedillo en cuestiones de contrainsurgencia, Hirales cumplió cabalmente la definición que da el Diccionario sobre esta actividad. Y, por supuesto, cobró por ello. En múltiples escritos justificó a los grupos paramilitares en Chiapas. Apenas tres días antes de la masacre de Acteal escribió en El Nacional que los asesinos de Paz y Justicia eran “un mito”.
El libelo de Hirales sobre Acteal forma parte de su labor para limpiar la imagen del presidente para el que trabajó y justificar la matanza (John Ross, La guerra contra el olvido). Se trata de un grotesco ejercicio de falsificación histórica que lo asemeja a El Móndrigo. Una afrenta inadmisible a la memoria de las víctimas.
Luis Hernández Navarro
El origen de este intercambio de misivas es el siguiente artículo publicado en La Jornada, el pasado 9 de octubre (y claro el origen el texto de Nexos de este mes).
El retorno de Galio Bermúdez/Luis Hernández NavarroComo si no tuviera suficientes problemas de verdad sin resolver, el presidente Calderón ha añadido a su lista uno más que no lo es: revisar el estado procesal de los expedientes relacionados con la matanza de Acteal.
El nuevo frente de guerra proviene del acuerdo electoral pactado con la agrupación política de inspiración evangélica Encuentro Social. A cambio de promover activamente el voto a favor del Partido Acción Nacional (PAN) en los comicios presidenciales del año pasado, el partido le otorgó 13 posiciones federales.
El anuncio de la alianza fue hecho el 28 de febrero del año pasado. El resolutivo que registra el acuerdo de participación entre ambas fuerzas políticas se publicó el 11 de abril. En éste, el PAN se comprometió a “revisar el estado procesal de los expedientes formados con motivo de la masacre de Acteal”.
En la historia de la ignominia contemporánea, Acteal, Chiapas, ocupa un lugar destacado. El asesinato de 45 hombres, mujeres y niños, que rezaban por la paz en una abadía el 22 de diciembre de 1997, a manos de un grupo paramilitar priísta, es una herida que no cicatriza. Del crimen fueron acusados 124 personas, aunque los grandes responsables siguen libres.
La historia de la asociación política aliada a Felipe Calderón se remonta a 2002. El 4 de septiembre de ese año, integrantes de la Iglesia evangélica anunciaron la intención de fundar el Partido Encuentro Social, dirigido por el pastor Eric Hugo Flores.
Encuentro Social ha promovido activamente la libertad de muchos de los asesinos responsables de la matanza. Con ese afán elaboró, con dinero público, El otro Acteal. El 30 de abril de 2004 el Instituto Federal Electoral no aceptó la justificación de gastos que la asociación presentó, a cuenta de sus prerrogativas, para elaborar el libro.
Casualmente, en junio y diciembre de 2006 Nexos publicó dos adelantos de Acteal: la otra injusticia, de Eric Hugo Flores, escrito en colaboración con Alejandro Posadas, defendiendo a los detenidos por la masacre. El 24 de diciembre de 2006, El Universal difundió un artículo de Flores que repite, en lo esencial, los argumentos esgrimidos en la revista.
Un día antes del noveno aniversario de la masacre, la asociación política Alternativa Ciudadana 21 y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) informaron que habían asumido la defensa de 75 de los detenidos de Acteal y emplazaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a establecer nuevos parámetros de actuación en el caso. Entre quienes anunciaron las acciones se encontraba Héctor Aguilar Camín.La ofensiva mediática para cambiar en la opinión pública la percepción sobre el crimen no tuvo éxito: fue sepultada por el conflicto poselectoral de ese año. Sin embargo, a tres meses del décimo aniversario, sus promotores vuelven a la carga. Una nueva iniciativa ha sido promovida por Aguilar Camín desde las páginas de Nexos, donde publica la primera de tres entregas de un trabajo titulado El regreso de Acteal. Allí reconoce que el origen de su crónica proviene del manuscrito de un libro en preparación de Eric Hugo Flores.
Según Nexos, en el texto de Aguilar Camín “confluyen el arte del historiador aplicado a la historia reciente y la seriedad del periodista que antepone la investigación de los hechos a las teorías…” No es así. La primera entrega del escrito difícilmente corrobora ese juicio. Por el contrario, se trata de un intento fallido por rescribir la historia a modo, por maquillarla, que recoge la línea argumental central del Libro Blanco de la Procuraduría General de la República (PGR), descalificado por Amnistía Internacional.
El regreso de Acteal cita reiteradamente como fuentes autorizadas dos trabajos elaborados por ex guerrilleros convertidos en policías y agentes de la contrainsurgencia chiapaneca. El primero es Camino a Acteal, de Gustavo Hirales, panfleto escrito con más pena que gloria, considerado, por su impúdica falsificación de los hechos, como una nueva versión del El móndrigo, el libro elaborado desde las cloacas del poder para desprestigiar al movimiento estudiantil de 1968.
El segundo es un informe de Manuel Anzaldo. Delator de sus compañeros de la Liga 23 de Septiembre, dirigente del Partido Cardenista en Chenalhó, señalado como dirigente del grupo civil armado Máscara Roja, es defensor de los paramilitares encarcelados. “Pedimos –dijo– amnistía para todos los grupos que se armaron para proteger sus propiedades de los zapatistas.”
La crónica de Aguilar Camín está plagada de errores, omisiones y tergiversaciones históricas. En su afán por ocultar la existencia de paramilitares auspiciados por el gobierno, se empeña en presentar la matanza como fruto de una dinámica de conflictos intracomunitarios desatados por la presencia zapatista en el municipio y la intolerancia religiosa.
Los ejemplos de sus gazapos abundan. Menciono, por cuestión de espacio, tan sólo dos. El relato comienza narrando la muerte del priísta Agustín Vázquez, uno de los hechos que agudizaron el conflicto en Chenalhó, pero evade mencionar las versiones que señalan que, muy probablemente, el crimen fue responsabilidad de sus compañeros de partido, puesto que Vázquez se negó a cooperar económicamente con el financiamiento del grupo paramilitar. De la misma manera, a pesar de las continuas referencias que hace a las vertientes religiosas del crimen, no informa que entre los detenidos por la matanza hay presbiterianos y bautistas, pero también católicos y “sin religión” o “costumbre tradicional”.
Héctor Aguilar Camín tiene un largo historial de servicios al Príncipe. En La terca memoria, Julio Scherer recuerda el papel del historiador como intelectual orgánico del régimen de Salinas y su salto mortal a la causa de Ernesto Zedillo. Fabricio Mejía explicó a Proceso, en 1998, la función que desempeñó en la confección de La rebelión de las cañadas.En La Guerra de Galio, Aguilar Camín cuenta la vida de Galio Bermúdez, un sórdido escribano que, desde los sótanos del poder, se encarga de hacerle el trabajo sucio al régimen. Regreso a Acteal es el retorno de Galio Bermúdez a la política mexicana.
Aclaración de Gustavo HiralesLe solicito publicar la siguiente aclaración.
En México y en otras partes existen básicamente dos tipos de ideólogos de la violencia política. Los que llevan sus ideas a la práctica y asumen todas las consecuencias, y aquellos que dedican sus energías a bendecir, traducir, matizar, aderezar y justificar a los violentos, pero sin ensuciarse las manos. Sobra decir que los primeros merecen respeto, y los otros, ninguno.
Luis Hernández está furioso porque se reabre, en la opinión pública, el tema de la matanza de Acteal. Ello se debe, supongo, a que todo análisis detallado de estos hechos amenaza con reblandecer los fundamentos de un mito: que Acteal fue un “crimen de Estado”.
Por ello arremete contra mi libro Camino a Acteal (1998): que es un “panfleto” y que fue considerado (no dice por quién), “por su impúdica falsificación de los hechos, como una nueva versión de El Móndrigo”, bla bla bla. Si Camino a Acteal es “impúdica falsificación”, ¿por qué nadie hasta ahora lo ha refutado?
Mi libro es una reconstrucción de los acontecimientos que, a diferencia de las historias de buenos-buenos contra malos-malos, buscó poner sobre la mesa todos los hechos y todas las versiones, no sólo de uno de los bandos, sino de los varios que ahí, de mala manera, se anudaron. El libro quiso ser un referente para quienes no se conformaran con la papilla ideologizada al uso.
Lo anterior, pese a todo, es cuestión que se presta a múltiples interpretaciones. Lo grave y no sujeto a interpretaciones es que Hernández me acusa de policía y de “agente de la contrainsurgencia chiapaneca”, sin aducir prueba alguna. Históricamente, la acusación de policía ha servido para preparar y llevar a cabo ajustes de cuentas al seno de los movimientos y partidos donde la violencia y las armas fueron y son recurso expedito. También en México ha sido un expediente que sacerdotes y comisarios han utilizado con perversa discrecionalidad, y ahora Hernández la revive como un eco tardío de la descomposición de los grupos armados, entre otros el hoy “honorable” PROCUP-EPR.
La acusación es falsa y quien la esgrime un mentiroso y un irresponsable, salvo prueba en contrario.
Gustavo Hirales Morán
***
Respuesta de Luis Hernández NavarroEx guerrillero arrepentido y enemigo jurado de la causa que defendió en la juventud, Gustavo Hirales ha dedicado años de su vida a tratar de limpiarle el rostro a un régimen que, en Acteal, cometió un crimen de lesa humanidad. Sus pleitos con sus antiguos camaradas nada tienen que ver conmigo.
Once familiares de desaparecidos políticos, antiguos integrantes de organizaciones armadas revolucionarias e investigadores, aseguran que Hirales fue un agente infiltrado por el gobierno en las filas de la Liga 23 de septiembre, bajo la coordinación del comandante Florentino Ventura, de Interpol, con el objetivo de informar sobre los movimientos y dirigentes de la organización guerrillera (José Enrique González Ruiz, et. al. Ahora es cuando los gorilas se disfrazan de académicos).
Un informe, elaborado por la antigua Dirección Federal de Seguridad, desclasificado del Archivo General de la Nación con la clave H-235, señala que gracias a las fotografías de varios dirigentes de la organización armada identificados por Hirales, se detuvo, torturó y asesinó a Salvador Corral y José Ignacio Olivares (Mauricio Laguna, “Guerra sucia crímenes de estado” en Contralínea 29 de agosto de 2007).
Pero, más allá de estos señalamientos, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, Hirales desempeñó, aunque a él le pese, funciones de policía. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, policía es el “cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas”. Y eso es lo que él hizo durante años.
Como asesor de la Coordinación para el Diálogo en Chiapas, y como asesor del presidente Zedillo en cuestiones de contrainsurgencia, Hirales cumplió cabalmente la definición que da el Diccionario sobre esta actividad. Y, por supuesto, cobró por ello. En múltiples escritos justificó a los grupos paramilitares en Chiapas. Apenas tres días antes de la masacre de Acteal escribió en El Nacional que los asesinos de Paz y Justicia eran “un mito”.
El libelo de Hirales sobre Acteal forma parte de su labor para limpiar la imagen del presidente para el que trabajó y justificar la matanza (John Ross, La guerra contra el olvido). Se trata de un grotesco ejercicio de falsificación histórica que lo asemeja a El Móndrigo. Una afrenta inadmisible a la memoria de las víctimas.
Luis Hernández Navarro
El origen de este intercambio de misivas es el siguiente artículo publicado en La Jornada, el pasado 9 de octubre (y claro el origen el texto de Nexos de este mes).
El retorno de Galio Bermúdez/Luis Hernández NavarroComo si no tuviera suficientes problemas de verdad sin resolver, el presidente Calderón ha añadido a su lista uno más que no lo es: revisar el estado procesal de los expedientes relacionados con la matanza de Acteal.
El nuevo frente de guerra proviene del acuerdo electoral pactado con la agrupación política de inspiración evangélica Encuentro Social. A cambio de promover activamente el voto a favor del Partido Acción Nacional (PAN) en los comicios presidenciales del año pasado, el partido le otorgó 13 posiciones federales.
El anuncio de la alianza fue hecho el 28 de febrero del año pasado. El resolutivo que registra el acuerdo de participación entre ambas fuerzas políticas se publicó el 11 de abril. En éste, el PAN se comprometió a “revisar el estado procesal de los expedientes formados con motivo de la masacre de Acteal”.
En la historia de la ignominia contemporánea, Acteal, Chiapas, ocupa un lugar destacado. El asesinato de 45 hombres, mujeres y niños, que rezaban por la paz en una abadía el 22 de diciembre de 1997, a manos de un grupo paramilitar priísta, es una herida que no cicatriza. Del crimen fueron acusados 124 personas, aunque los grandes responsables siguen libres.
La historia de la asociación política aliada a Felipe Calderón se remonta a 2002. El 4 de septiembre de ese año, integrantes de la Iglesia evangélica anunciaron la intención de fundar el Partido Encuentro Social, dirigido por el pastor Eric Hugo Flores.
Encuentro Social ha promovido activamente la libertad de muchos de los asesinos responsables de la matanza. Con ese afán elaboró, con dinero público, El otro Acteal. El 30 de abril de 2004 el Instituto Federal Electoral no aceptó la justificación de gastos que la asociación presentó, a cuenta de sus prerrogativas, para elaborar el libro.
Casualmente, en junio y diciembre de 2006 Nexos publicó dos adelantos de Acteal: la otra injusticia, de Eric Hugo Flores, escrito en colaboración con Alejandro Posadas, defendiendo a los detenidos por la masacre. El 24 de diciembre de 2006, El Universal difundió un artículo de Flores que repite, en lo esencial, los argumentos esgrimidos en la revista.
Un día antes del noveno aniversario de la masacre, la asociación política Alternativa Ciudadana 21 y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) informaron que habían asumido la defensa de 75 de los detenidos de Acteal y emplazaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a establecer nuevos parámetros de actuación en el caso. Entre quienes anunciaron las acciones se encontraba Héctor Aguilar Camín.La ofensiva mediática para cambiar en la opinión pública la percepción sobre el crimen no tuvo éxito: fue sepultada por el conflicto poselectoral de ese año. Sin embargo, a tres meses del décimo aniversario, sus promotores vuelven a la carga. Una nueva iniciativa ha sido promovida por Aguilar Camín desde las páginas de Nexos, donde publica la primera de tres entregas de un trabajo titulado El regreso de Acteal. Allí reconoce que el origen de su crónica proviene del manuscrito de un libro en preparación de Eric Hugo Flores.
Según Nexos, en el texto de Aguilar Camín “confluyen el arte del historiador aplicado a la historia reciente y la seriedad del periodista que antepone la investigación de los hechos a las teorías…” No es así. La primera entrega del escrito difícilmente corrobora ese juicio. Por el contrario, se trata de un intento fallido por rescribir la historia a modo, por maquillarla, que recoge la línea argumental central del Libro Blanco de la Procuraduría General de la República (PGR), descalificado por Amnistía Internacional.
El regreso de Acteal cita reiteradamente como fuentes autorizadas dos trabajos elaborados por ex guerrilleros convertidos en policías y agentes de la contrainsurgencia chiapaneca. El primero es Camino a Acteal, de Gustavo Hirales, panfleto escrito con más pena que gloria, considerado, por su impúdica falsificación de los hechos, como una nueva versión del El móndrigo, el libro elaborado desde las cloacas del poder para desprestigiar al movimiento estudiantil de 1968.
El segundo es un informe de Manuel Anzaldo. Delator de sus compañeros de la Liga 23 de Septiembre, dirigente del Partido Cardenista en Chenalhó, señalado como dirigente del grupo civil armado Máscara Roja, es defensor de los paramilitares encarcelados. “Pedimos –dijo– amnistía para todos los grupos que se armaron para proteger sus propiedades de los zapatistas.”
La crónica de Aguilar Camín está plagada de errores, omisiones y tergiversaciones históricas. En su afán por ocultar la existencia de paramilitares auspiciados por el gobierno, se empeña en presentar la matanza como fruto de una dinámica de conflictos intracomunitarios desatados por la presencia zapatista en el municipio y la intolerancia religiosa.
Los ejemplos de sus gazapos abundan. Menciono, por cuestión de espacio, tan sólo dos. El relato comienza narrando la muerte del priísta Agustín Vázquez, uno de los hechos que agudizaron el conflicto en Chenalhó, pero evade mencionar las versiones que señalan que, muy probablemente, el crimen fue responsabilidad de sus compañeros de partido, puesto que Vázquez se negó a cooperar económicamente con el financiamiento del grupo paramilitar. De la misma manera, a pesar de las continuas referencias que hace a las vertientes religiosas del crimen, no informa que entre los detenidos por la matanza hay presbiterianos y bautistas, pero también católicos y “sin religión” o “costumbre tradicional”.
Héctor Aguilar Camín tiene un largo historial de servicios al Príncipe. En La terca memoria, Julio Scherer recuerda el papel del historiador como intelectual orgánico del régimen de Salinas y su salto mortal a la causa de Ernesto Zedillo. Fabricio Mejía explicó a Proceso, en 1998, la función que desempeñó en la confección de La rebelión de las cañadas.En La Guerra de Galio, Aguilar Camín cuenta la vida de Galio Bermúdez, un sórdido escribano que, desde los sótanos del poder, se encarga de hacerle el trabajo sucio al régimen. Regreso a Acteal es el retorno de Galio Bermúdez a la política mexicana.
Esta es la fuente de Hernández Navarro: Revista Contralínea, agosto de 2007 (la dirige Miguel Badillo)
Guerra sucia crímenes de estadoCon el apoyo de las fuerzas institucionales y sus órganos de inteligencia, el gobierno federal aplastó físicamente a la disidencia radical de izquierda durante la llamada Guerra Sucia. En este episodio se pueden mencionar casos sin resolver como el de los hermanos Corral García, asesinados por la DFS aun cuando el gobierno federal negó, durante décadas, estar involucrado en sus desapariciones
Mauricio LagunaUn informe “desclasificado” del Archivo General de la Nación (AGN), elaborado por la Dirección Federal de Seguridad (DFS), fechado el 30 de enero de 1974 (clave interna H-235), firmado por el capitán Luis de la Barreda Moreno, su entonces director, señala cómo, en las actividades antiguerrilla, la Policía Judicial Federal detuvo en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a dos importantes miembros de la extinta Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S): Salvador Corral García y José Ignacio Olivares Torres.
Se menciona que les decomisaron dos pistolas calibre 9 milímetros al ser detenidos y que fueron trasladados a la ciudad de México para ser interrogados. En las instalaciones de la DFS, Salvador Corral declaró tener 27 años, ser originario de Los Corrales, municipio de Tepehuanes, Durango; dijo tener estudios de hasta primer año de medicina en la UNAM y también afirmó que, desde 1967, tenía contacto con núcleos guerrilleros, y que, al momento de su detención, era miembro de la dirección nacional de la organización clandestina mencionada.
Por su parte, Olivares Torres, “El Sebas”, dijo tener 29 años, ser originario de Torreón, Coahuila, licenciado en economía y no contar con ocupación ni domicilio fijo. Afirmó ser miembro del buró político de la dirección de la coordinadora nacional de la LC23S y dijo ser responsable de dicha coordinadora en Jalisco desde su fundación.
En su declaración, Corral García reconoce haber participado en diferentes comandos guerrilleros para asaltar bancos y oficinas empresariales; que durante 1972 y parte de 1973 vivió en las ciudades de Monterrey, Nuevo León, Chihuahua y Durango, “reclutando y politizando a nuevos miembros para la organización”.
En la información se destaca el hecho de que el 10 de octubre de 1973 un comando de la Liga secuestró en Guadalajara al cónsul honorario británico, Anthony Duncan Willians, y al empresario Fernando Aranguren Castillo. Entonces el gobierno mexicano rechazó negociar con la Liga y ésta liberó al diplomático inglés pero decidió ejecutar a Castillo.
En otro oficio de la DFS, con número 00032, fechado el 22 de octubre de 1973, se indica que Salvador era buscado para su detención por estar relacionado con la tentativa de secuestro y homicidio del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada y sus dos acompañantes, el 17 de septiembre de ese mismo año en la ciudad de Monterrey.
El expediente 80-57-73 del Fondo Documental (DFS del AGN) proporciona la media filiación de Salvador Corral: 26 años, 1 metro 67 centímetros de altura, pelo castaño semi-quebrado y abundante, mentón agudo, medio jorobado o de espaldas cargadas. Camina de forma peculiar porque tiene los pies planos y mueve mucho los brazos al caminar.
El día 7 de febrero de 1974, los periódicos La Prensa, Tribuna de Monterrey y El Porvenir, daban cuenta en sus ocho columnas que el hombre muerto, hallado en las calles Ribera del río Santa Catarina y Valeria de la colonia Fuentes del Valle (cerca de la casa de la familia Garza Sada), el pasado día 4, podría ser Salvador Corral García.
La hipótesis de la policía se basó en la identificación de fotografías que fueron mostradas a Mónico Rentería Medina, Gustavo Hirales Morán y Elías Orozco Salazar, correligionarios del occiso y presos en el penal de Topo Chico, en Monterrey. El l4 de febrero del mismo año fue encontrado el cuerpo de Olivares Torres, en Guadalajara, Jalisco, cerca de la casa de la familia del empresario Aranguren Castillo.
El informe histórico de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), en su versión de 2006, apunta que Salvador y José Ignacio fueron “brutalmente torturados en el Campo Militar número 1: les introducen clavos al rojo vivo en las rodillas y los atormentan hasta arrebatarles la vida”.
Solo por parentesco
Otro reporte de la DFS, fechado el 10 de marzo de 1976 y firmado por el capitán Luis de la Barreda Moreno, precisa que dos días antes había sido detenido en la ciudad de Puebla “un individuo que, acompañado de una mujer y de otro sujeto, se encontraba en actitud sospechosa frente a la sucursal del Banco Nacional de México, los cuales al huir dispararon en contra de la policía, lográndose la captura de uno de ellos quien fue trasladado a la ciudad de México y puesto a disposición de la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal e interrogado por agentes de la DFS”.
El documento subraya que “el individuo resulto ser José de Jesús Corral García, miembro de la LC23S, hermano de Salvador y Luis Miguel, ambos dirigentes de ese grupo subversivo, muertos en 1974 y 1977 respectivamente”.
Sobre esta persona cabe destacar que la recién desintegrada Femospp había solicitado dos veces en 2005 orden de aprehensión en contra del capitán Luis de la Barreda, como presunto responsable de la desaparición forzada de José de Jesús Corral García, en 1976, en Puebla.
La solicitud del Ministerio Público Federal, procedió en el juzgado 12 de distrito, a cargo de Juan José Olvera López, y se precisaba que en este hecho está involucrado el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla.
Informes de Amnistía Internacional indican que el 8 de marzo de 1976 Corral García, fisicomatemático y profesor de la Universidad de Sonora, fue secuestrado en Puebla por la policía judicial estatal bajo acusaciones de planear el atraco a un banco y desarrollar actividades “ideológicas subversivas”.
Según los informes oficiales, Jesús Corral recibió cuidados médicos en el Hospital del Sagrado Corazón de Jesús, en Puebla, por heridas que indicaban que había sufrido torturas antes de ser conducido a la jefatura de la policía judicial estatal.
El 9 de marzo de 1976 fue trasladado a la ciudad de México y presentado ante la prensa. El día 10 habría sido llevado al Campo Militar número 1, sin que hasta la fecha se sepa de su paradero.
(tomado de contralinea de agosto de 2007)
Mauricio LagunaUn informe “desclasificado” del Archivo General de la Nación (AGN), elaborado por la Dirección Federal de Seguridad (DFS), fechado el 30 de enero de 1974 (clave interna H-235), firmado por el capitán Luis de la Barreda Moreno, su entonces director, señala cómo, en las actividades antiguerrilla, la Policía Judicial Federal detuvo en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a dos importantes miembros de la extinta Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S): Salvador Corral García y José Ignacio Olivares Torres.
Se menciona que les decomisaron dos pistolas calibre 9 milímetros al ser detenidos y que fueron trasladados a la ciudad de México para ser interrogados. En las instalaciones de la DFS, Salvador Corral declaró tener 27 años, ser originario de Los Corrales, municipio de Tepehuanes, Durango; dijo tener estudios de hasta primer año de medicina en la UNAM y también afirmó que, desde 1967, tenía contacto con núcleos guerrilleros, y que, al momento de su detención, era miembro de la dirección nacional de la organización clandestina mencionada.
Por su parte, Olivares Torres, “El Sebas”, dijo tener 29 años, ser originario de Torreón, Coahuila, licenciado en economía y no contar con ocupación ni domicilio fijo. Afirmó ser miembro del buró político de la dirección de la coordinadora nacional de la LC23S y dijo ser responsable de dicha coordinadora en Jalisco desde su fundación.
En su declaración, Corral García reconoce haber participado en diferentes comandos guerrilleros para asaltar bancos y oficinas empresariales; que durante 1972 y parte de 1973 vivió en las ciudades de Monterrey, Nuevo León, Chihuahua y Durango, “reclutando y politizando a nuevos miembros para la organización”.
En la información se destaca el hecho de que el 10 de octubre de 1973 un comando de la Liga secuestró en Guadalajara al cónsul honorario británico, Anthony Duncan Willians, y al empresario Fernando Aranguren Castillo. Entonces el gobierno mexicano rechazó negociar con la Liga y ésta liberó al diplomático inglés pero decidió ejecutar a Castillo.
En otro oficio de la DFS, con número 00032, fechado el 22 de octubre de 1973, se indica que Salvador era buscado para su detención por estar relacionado con la tentativa de secuestro y homicidio del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada y sus dos acompañantes, el 17 de septiembre de ese mismo año en la ciudad de Monterrey.
El expediente 80-57-73 del Fondo Documental (DFS del AGN) proporciona la media filiación de Salvador Corral: 26 años, 1 metro 67 centímetros de altura, pelo castaño semi-quebrado y abundante, mentón agudo, medio jorobado o de espaldas cargadas. Camina de forma peculiar porque tiene los pies planos y mueve mucho los brazos al caminar.
El día 7 de febrero de 1974, los periódicos La Prensa, Tribuna de Monterrey y El Porvenir, daban cuenta en sus ocho columnas que el hombre muerto, hallado en las calles Ribera del río Santa Catarina y Valeria de la colonia Fuentes del Valle (cerca de la casa de la familia Garza Sada), el pasado día 4, podría ser Salvador Corral García.
La hipótesis de la policía se basó en la identificación de fotografías que fueron mostradas a Mónico Rentería Medina, Gustavo Hirales Morán y Elías Orozco Salazar, correligionarios del occiso y presos en el penal de Topo Chico, en Monterrey. El l4 de febrero del mismo año fue encontrado el cuerpo de Olivares Torres, en Guadalajara, Jalisco, cerca de la casa de la familia del empresario Aranguren Castillo.
El informe histórico de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), en su versión de 2006, apunta que Salvador y José Ignacio fueron “brutalmente torturados en el Campo Militar número 1: les introducen clavos al rojo vivo en las rodillas y los atormentan hasta arrebatarles la vida”.
Solo por parentesco
Otro reporte de la DFS, fechado el 10 de marzo de 1976 y firmado por el capitán Luis de la Barreda Moreno, precisa que dos días antes había sido detenido en la ciudad de Puebla “un individuo que, acompañado de una mujer y de otro sujeto, se encontraba en actitud sospechosa frente a la sucursal del Banco Nacional de México, los cuales al huir dispararon en contra de la policía, lográndose la captura de uno de ellos quien fue trasladado a la ciudad de México y puesto a disposición de la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal e interrogado por agentes de la DFS”.
El documento subraya que “el individuo resulto ser José de Jesús Corral García, miembro de la LC23S, hermano de Salvador y Luis Miguel, ambos dirigentes de ese grupo subversivo, muertos en 1974 y 1977 respectivamente”.
Sobre esta persona cabe destacar que la recién desintegrada Femospp había solicitado dos veces en 2005 orden de aprehensión en contra del capitán Luis de la Barreda, como presunto responsable de la desaparición forzada de José de Jesús Corral García, en 1976, en Puebla.
La solicitud del Ministerio Público Federal, procedió en el juzgado 12 de distrito, a cargo de Juan José Olvera López, y se precisaba que en este hecho está involucrado el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla.
Informes de Amnistía Internacional indican que el 8 de marzo de 1976 Corral García, fisicomatemático y profesor de la Universidad de Sonora, fue secuestrado en Puebla por la policía judicial estatal bajo acusaciones de planear el atraco a un banco y desarrollar actividades “ideológicas subversivas”.
Según los informes oficiales, Jesús Corral recibió cuidados médicos en el Hospital del Sagrado Corazón de Jesús, en Puebla, por heridas que indicaban que había sufrido torturas antes de ser conducido a la jefatura de la policía judicial estatal.
El 9 de marzo de 1976 fue trasladado a la ciudad de México y presentado ante la prensa. El día 10 habría sido llevado al Campo Militar número 1, sin que hasta la fecha se sepa de su paradero.
(tomado de contralinea de agosto de 2007)
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