Ricardo Miguel Cavallo alias Serpico, se negó a declarar ante la justicia Argentina sobre delitos cometidos durante la dictadura.
Tras ser extraditado desde España y después de escuchar los delitos que se le imputan, el ex marino rehusó contestar preguntas del juez federal Sergio Torres y el fiscal Eduardo Taiano, quienes investigan los crímenes perpetrados en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó la mayor cárcel clandestina montada por el régimen militar (1976-1983).
Tras la audiencia, el magistrado ordenó que Cavallo sea trasladado a la cárcel de Marcos Paz, en la periferia de Buenos Aires.
Cavallo estaba encarcelado en España desde que el 29 de junio de 2003 fue extraditado por México, donde fue detenido en agosto de 2000 tras ser reconocido por varios supervivientes de centros de detención en Argentina durante el régimen militar.
Cavallo estaba encarcelado en España desde que el 29 de junio de 2003 fue extraditado por México, donde fue detenido en agosto de 2000 tras ser reconocido por varios supervivientes de centros de detención en Argentina durante el régimen militar.
La Audiencia Nacional española autorizó hace dos semanas su extradición a Argentina, además de acordar el archivo y sobreseímiento de la causa que se seguía en España contra Cavallo por genocidio, terrorismo y torturas durante la dictadura militar en su país.
Reportaje/Juan Jesús Aznárez
Sérpico prefiere Argentina
Publicado en El País, 02/03/2008;
Publicado en El País, 02/03/2008;
El gélido teniente de navío Ricardo Miguel Cavallo, Sérpico, sufría una transformación cuando torturaba a mujeres, según la afirmación de supervivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el cadalso más horroroso de la dictadura militar argentina (1976-1983). Sérpico sudaba a chorros, gritaba e insultaba durante la aplicación de las descargas eléctricas, y maldecía si las supliciadas aguantaban los calambrazos de su picana occidental y cristiana. "Entró todo rojo, empapado. Me grita: '¡Dame un coca-cola! Esa vieja de mierda [Telma Jara] no quiere cantar'. No hay la menor duda. Era Cavallo", según Carlos Lordkipanidse, también torturado, encargado de falsificar carnés oficiales. Durante sus años de cruzado, Sérpico colgó del despacho, y aplicó en los potros, el lema de un general francés: "Si un ejército quiere vencer a un pueblo tiene que estar dispuesto a meter la mano hasta la mierda".
Casi un cuarto de siglo después de que la "mierda" aventada por las juntas militares matara a cerca de 30.000 personas, Ricardo Miguel Cavallo, extraditado por México a España en 2003 a petición del juez Baltasar Garzón, cumple prisión en Alcalá-Meco a la espera de su juicio en España o de su extradición a Argentina. La fiscalía de la Audiencia Nacional le considera parte de la maquinaria de exterminio. Le pide hasta 17.000 años por crímenes de lesa humanidad.
El argentino es un interno pulcro y silencioso; lee mucho y departe con militares y policías españoles, preso en el módulo especial. Su situación es irregular: no ha sido juzgado desde su detención en México, en el año 2000, al ser reconocido por varias víctimas.
"La fiscalía está haciendo un uso espurio de la prisión preventiva. No justifico nada, pero lleva casi ocho años sin juicio. Él quiere ser juzgado en Argentina, que es su juez natural. Y allí ya no hay impunidad", subraya su abogado defensor, Fernando Pamos de la Hoz. El 16 de enero, ante el apremio fiscal de fijar fecha al juicio oral en España, la Sala Tercera, presidida por Alfonso Guevara, aprobó la extradición a Buenos Aires "por estar reclamado por los mismos hechos objeto del presente procedimiento, debiéndose estar a la finalización del proceso de extradición".
El Consejo de Ministros deberá decidir el destino de un marino implicado en la desaparición de 227 personas, el secuestro y torturas de otras 110 y la detención de 17 mujeres, cuyos hijos fueron robados y asignados a otras familias al nacer en prisión. Sérpico tenía 27 años cuando presuntamente atormentó a Telma Jara de Cabezas, de 52 años. "Yo pensaba que me moría", recuerda en el libro El alma de los verdugos, escrito por el juez Baltasar Garzón y el periodista Vicente Romero. "No tengo dudas de que él es quien me torturó, porque un día yo estaba sin capucha y él estaba a mi lado con la picana en la mano".
No todos rememoran un verdugo sin entrañas. El sindicalista Víctor Basterra, que sufrió un paro cardiaco durante su martirio, le recuerda contradictorio: "Tenía una actitud un poco más humanitaria que el resto, y, por otra parte, era un torturador. Y seguramente un torturador eficaz, porque impartía cursos de tortura a estudiantes no sé de qué".
Ana Testa era una hermosa estudiante de arquitectura, peronista, de 25 años, cuando fue detenida. La voz de Cavallo sigue tatuada en su memoria. "Nunca vi si era él quien físicamente me aplicaba las descargas eléctricas, pero él dirigía la tortura". En las celdas de aquel presidio murieron 5.000 de las 30.000 víctimas de la dictadura. Sobrevivió un centenar. "Su voz la volví a escuchar todos los meses que permanecí en la ESMA", contó a la prensa.
La escuchó casi a diario porque el teniente de navío debió enamorarse de Ana, a quien los carceleros llamaban "la princesa", por su belleza. Cuatro veces la llevó hasta la casa de los Testa en Santa Fe, a 600 kilómetros de Buenos Aires. Compartió mesa y mantel con los padres y hermano de la detenida, obligados a desvivirse con el carcelero. La madre le preparó cassata brasileira, el capricho apetecido por Cavallo: un postre helado de leche condensada, yema de huevo, nata y azúcar. "La verdad es que me costó años acomodar en mi cabeza quién era realmente ese siniestro monstruo, ese hijo de puta", admitió Testa en el libro de Romero y Garzón. "Porque era un bicho que, por un lado, mantenía el juego de ser relativamente gentil y querer ser agradable, y por otro lado, era una basura de tipo que había pasado por todos los estadios de un campo de concentración".
El abogado de la acusación, Manuel Ollé, intenta retenerle en España porque no encuentra en Argentina ni las condiciones, ni la madurez del procedimiento para juzgarle. "El proceso estaría en una fase totalmente embrionaria, en una fase en la cual ni siquiera el sumario está instruido. Los propios derechos del acusado se verían vulnerados. Allí estaría mucho tiempo a la espera de ser juzgado y también en situación de prisión provisional", subraya. Ante un hipotético conflicto jurisdiccional de esta trascendencia, el derecho internacional establece que "la regla que debe regir es la del principio pro actione en interés de la justicia, o sea, que quien está en mejores condiciones para enjuiciarlo tiene prioridad". Y en España, a diferencia de Argentina, todo está concluido, a la espera del arranque del juicio oral, según explica Ollé.
No pocos perciben un gran desinterés en los juzgados argentinos. Vicente Romero es directo: "Tengo la sospecha de que el juez que tiene que juzgar a Cavallo no tiene ninguna gana de juzgarlo. Y creo que es una opinión fundada". La voluntad gubernamental de hacerlo es firme, pese al escándalo causado por la publicación en el diario Página 12 de Buenos Aires de un fotografía del presunto genocida Héctor Febres, posteriomente envenenado con cianuro, haciendo la plancha en la piscina de la base naval donde cumplía prisión preventiva. En otras fotos monta a caballo con el jefe de la unidad. "A éstos se les va a juzgar acá o allá", había prometido, en agosto del 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner a Baltasar Garzón durante una reunión privada. El magistrado español, que persigue a 39 militares argentinos, le escuchó complacido porque observó más decisión en el Ejecutivo "que en algunos sectores del poder judicial, sobre todo en las instancias intermedias altas".
Cavallo, mientras tanto, calla, espera y aguanta los infortunios de la vida como una suerte de expiación. "Le tuvieron tres años en aislamiento, no ha visto a sus hijos desde hace ocho y su esposa se murió cuando estaba encarcelado en México", señala Fernando Pamos de Hoz. "Ha sufrido mucho. Ahora le veo sereno. Por lo menos ve a seres humanos". Pero el sufrimiento de Sérpico no es comparable con el de sus víctimas.
Casi un cuarto de siglo después de que la "mierda" aventada por las juntas militares matara a cerca de 30.000 personas, Ricardo Miguel Cavallo, extraditado por México a España en 2003 a petición del juez Baltasar Garzón, cumple prisión en Alcalá-Meco a la espera de su juicio en España o de su extradición a Argentina. La fiscalía de la Audiencia Nacional le considera parte de la maquinaria de exterminio. Le pide hasta 17.000 años por crímenes de lesa humanidad.
El argentino es un interno pulcro y silencioso; lee mucho y departe con militares y policías españoles, preso en el módulo especial. Su situación es irregular: no ha sido juzgado desde su detención en México, en el año 2000, al ser reconocido por varias víctimas.
"La fiscalía está haciendo un uso espurio de la prisión preventiva. No justifico nada, pero lleva casi ocho años sin juicio. Él quiere ser juzgado en Argentina, que es su juez natural. Y allí ya no hay impunidad", subraya su abogado defensor, Fernando Pamos de la Hoz. El 16 de enero, ante el apremio fiscal de fijar fecha al juicio oral en España, la Sala Tercera, presidida por Alfonso Guevara, aprobó la extradición a Buenos Aires "por estar reclamado por los mismos hechos objeto del presente procedimiento, debiéndose estar a la finalización del proceso de extradición".
El Consejo de Ministros deberá decidir el destino de un marino implicado en la desaparición de 227 personas, el secuestro y torturas de otras 110 y la detención de 17 mujeres, cuyos hijos fueron robados y asignados a otras familias al nacer en prisión. Sérpico tenía 27 años cuando presuntamente atormentó a Telma Jara de Cabezas, de 52 años. "Yo pensaba que me moría", recuerda en el libro El alma de los verdugos, escrito por el juez Baltasar Garzón y el periodista Vicente Romero. "No tengo dudas de que él es quien me torturó, porque un día yo estaba sin capucha y él estaba a mi lado con la picana en la mano".
No todos rememoran un verdugo sin entrañas. El sindicalista Víctor Basterra, que sufrió un paro cardiaco durante su martirio, le recuerda contradictorio: "Tenía una actitud un poco más humanitaria que el resto, y, por otra parte, era un torturador. Y seguramente un torturador eficaz, porque impartía cursos de tortura a estudiantes no sé de qué".
Ana Testa era una hermosa estudiante de arquitectura, peronista, de 25 años, cuando fue detenida. La voz de Cavallo sigue tatuada en su memoria. "Nunca vi si era él quien físicamente me aplicaba las descargas eléctricas, pero él dirigía la tortura". En las celdas de aquel presidio murieron 5.000 de las 30.000 víctimas de la dictadura. Sobrevivió un centenar. "Su voz la volví a escuchar todos los meses que permanecí en la ESMA", contó a la prensa.
La escuchó casi a diario porque el teniente de navío debió enamorarse de Ana, a quien los carceleros llamaban "la princesa", por su belleza. Cuatro veces la llevó hasta la casa de los Testa en Santa Fe, a 600 kilómetros de Buenos Aires. Compartió mesa y mantel con los padres y hermano de la detenida, obligados a desvivirse con el carcelero. La madre le preparó cassata brasileira, el capricho apetecido por Cavallo: un postre helado de leche condensada, yema de huevo, nata y azúcar. "La verdad es que me costó años acomodar en mi cabeza quién era realmente ese siniestro monstruo, ese hijo de puta", admitió Testa en el libro de Romero y Garzón. "Porque era un bicho que, por un lado, mantenía el juego de ser relativamente gentil y querer ser agradable, y por otro lado, era una basura de tipo que había pasado por todos los estadios de un campo de concentración".
El abogado de la acusación, Manuel Ollé, intenta retenerle en España porque no encuentra en Argentina ni las condiciones, ni la madurez del procedimiento para juzgarle. "El proceso estaría en una fase totalmente embrionaria, en una fase en la cual ni siquiera el sumario está instruido. Los propios derechos del acusado se verían vulnerados. Allí estaría mucho tiempo a la espera de ser juzgado y también en situación de prisión provisional", subraya. Ante un hipotético conflicto jurisdiccional de esta trascendencia, el derecho internacional establece que "la regla que debe regir es la del principio pro actione en interés de la justicia, o sea, que quien está en mejores condiciones para enjuiciarlo tiene prioridad". Y en España, a diferencia de Argentina, todo está concluido, a la espera del arranque del juicio oral, según explica Ollé.
No pocos perciben un gran desinterés en los juzgados argentinos. Vicente Romero es directo: "Tengo la sospecha de que el juez que tiene que juzgar a Cavallo no tiene ninguna gana de juzgarlo. Y creo que es una opinión fundada". La voluntad gubernamental de hacerlo es firme, pese al escándalo causado por la publicación en el diario Página 12 de Buenos Aires de un fotografía del presunto genocida Héctor Febres, posteriomente envenenado con cianuro, haciendo la plancha en la piscina de la base naval donde cumplía prisión preventiva. En otras fotos monta a caballo con el jefe de la unidad. "A éstos se les va a juzgar acá o allá", había prometido, en agosto del 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner a Baltasar Garzón durante una reunión privada. El magistrado español, que persigue a 39 militares argentinos, le escuchó complacido porque observó más decisión en el Ejecutivo "que en algunos sectores del poder judicial, sobre todo en las instancias intermedias altas".
Cavallo, mientras tanto, calla, espera y aguanta los infortunios de la vida como una suerte de expiación. "Le tuvieron tres años en aislamiento, no ha visto a sus hijos desde hace ocho y su esposa se murió cuando estaba encarcelado en México", señala Fernando Pamos de Hoz. "Ha sufrido mucho. Ahora le veo sereno. Por lo menos ve a seres humanos". Pero el sufrimiento de Sérpico no es comparable con el de sus víctimas.
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