Todos somos Silvia!

"Nosotros conocimos de este asunto prácticamente del día siguiente en que ocurrió. Por tratarse de una investigación en curso, no haré ningún comentario en el particular. No puedo legalmente, y además tengo el pedido de doña Silvia y de Nelson de no hablar de eso", aseguró Medina Mora.

Ofrecen 2 millones de dólares por Silvia
Plagiarios exigieron 3 millones; rompieron contacto cuando les pidieron prueba de vida
Silvia Otero y Fernando Martínez.
El Universal, Martes 26 de agosto de 2008
En otro caso de secuestro, la familia de Nelson Vargas, ex director de la Comisión Nacional del Deporte y dueño de centros de natación, ofrece 2 millones de dólares por recuperar a su hija Silvia, de 18 años de edad, a quien vieron por última vez el 10 de septiembre de 2007 cuando se dirigía a la escuela.
Silvia Escalera, madre de la joven, inició ayer una campaña en medios de comunicación y en espectaculares para ofrecer una recompensa a quien le entregue a su hija o dé datos de su paradero.
Sin mencionar una cantidad, por la mañana Escalera mandó un mensaje a las personas que tienen a Silvia: “Les doy lo que pidieron y ustedes me devuelven a mi hija”.
De acuerdo con el expediente del caso, en poder de la Procuraduría General de la República, los secuestradores exigieron 3 millones de dólares por Silvia. La familia Vargas llegó a reunir y ofrecer hasta 2 millones de dólares por su rescate, pero cuando se pidió una “prueba de vida” los delincuentes rompieron todo contacto.
En charla con EL UNIVERSAL, Escalera aclaró que la recompensa está dirigida a quienes se llevaron a su hija. “No se trata de ofrecer una recompensa por información”, precisó.
El 27 de septiembre del año pasado fue la última vez que la familia Vargas tuvo contacto con los captores. Una de las líneas de investigación apunta a la banda de La Flor, ligada también al secuestro y muerte del joven Fernando Martí .
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Indicios de que Silvia fue contactada en web
A 11 meses de su plagio, PGR aún no tiene resultados
Silvia Otero, reportera

El Universal, Martes 26 de agosto de 2008
Los plagiarios exigieron 3 millones de dólares. A lo largo de 17 días, la familia Vargas esperó la llamada telefónica del hombre encargado de negociar la libertad de Silvia, pero cuando se pidió una “prueba de vida” los secuestradores rompieron todo contacto.
Ese 27 de septiembre de 2007 fue la última vez que la familia de Nelson Vargas tuvo noticias de los delincuentes que se llevaron a su hija. Hoy, a casi un año de que privaron de la libertad a la “joven de 18 años”, su familia tiene esperanza de que regrese a casa.
Sin embargo, aunque las investigaciones en la Procuraduría General de la República (PGR) continúan para ubicar el paradero de Silvia Vargas Escalera y localizar a los responsables de su secuestro, oficialmente el estatus de la víctima es de “desaparecida”.
De acuerdo con el expediente PGR/SIEDO/UEIS/238/2007, Silvia salió de su casa el 10 de septiembre de 2007 y se dirigía a la escuela Alexander Bain. Fue la última vez que su familia la vio. La denuncia fue presentada ante la PGR y la unidad antisecuestros de la dependencia inició las pesquisas por privación ilegal de la libertad; un grupo especial de la AFI fue designado para asesorar a la familia Vargas.
De acuerdo con indagaciones, reveladas por autoridades de la PGR, hay indicios de que Silvia fue contactada vía internet por sus plagiarios. Entre las razones por las que quizá no ha regresado es que conocía a los responsables de su secuestro, según la hipótesis.
Las personas que exigieron 3 millones de dólares negociaron por dos semanas la liberación de la joven, y la familia Vargas llegó a reunir y ofrecer hasta 2 millones de dólares por su rescate, pero cuando se pidió una “prueba de vida”, como el poder hablar con ella vía telefónica, los plagiarios rompieron contacto.
Una de las líneas de investigación no descarta la posibilidad de que la banda de La Flor —en la que participan policías capitalinos— también pudiera estar detrás de este secuestro, ya que ese grupo contaba con información clave sobre movimientos y actividades de Fernando Martí, al igual que sus captores en el caso de Silvia Vargas.
La diferencia entre ambos casos, de acuerdo con las autoridades consultadas, es que el empresario Alejandro Martí, a dos meses del secuestro de su hijo, públicamente trató de negociar, a través de la publicación. Mientras que la familia Vargas se mantuvo a la espera de que los plagiarios se contactaran.
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Editorial de EL UNIVERSAL
Seguridad, clamor general
26 de agosto de 2008
A sólo cuatro días de firmado un “pacto” nacional para seguridad, la realidad golpea a los mexicanos con revelaciones sobre un secuestro de alto impacto que lleva casi un año sin solución y, como subtítulo, reportes sobre la captura de una “nómina” de pagos del crimen organizado a agentes y jefes policiacos municipales, estatales y federales en Tabasco para que los dejaran “trabajar”.
La combinación es brutal, porque ocurre mientras un reporte de generales retirados del Ejército consigna “la superioridad de la delincuencia” respecto de la policía y se propone la creación de una policía nacional militarizada como fórmula para enfrentar un problema de delincuencia que parece desbordar cauces.
La propuesta incluye la posibilidad de pena de muerte a los policías que se vinculen con los delincuentes organizados, pero como en toda propuesta de ese tipo, “el diablo está en los detalles”, sin olvidar el tiempo —probablemente años— que llevaría la creación de semejante grupo.
Y en ese marco surge otra vez la voz de una madre golpeada por el secuestro de su hija. “Devuélvanme a mi hija”, clama Silvia Escalera, madre de Silvia Vargas Escalera, hija también del ex dirigente deportivo Nelson Vargas, que hace ya casi un año fue secuestrada por desconocidos, a quienes ofrece entregarles el dinero que pidan.
El caso era conocido en los medios de comunicación, que se habían abstenido de publicarlo a solicitud de la propia familia Vargas. Y, a menos que algo suceda, Silvia Vargas Maldonado cumplirá un año de secuestrada este 10 de septiembre.
El secuestro de Vargas Maldonado fue revelado sólo tres semanas después de que México se estremeciera por el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí y su chofer, Jorge Palma Lemus, a pesar del pago del rescate, y apenas cuatro días después de que las “fuerzas vivas” de la nación llegaran a un acuerdo nacional de seguridad como secuela de ese drama.
Pero cuando el escándalo Martí no ha terminado y aún resuenan los ecos de la reunión convocada por el presidente Felipe Calderón con la asistencia de gobernadores, legisladores y líderes políticos nacionales, hay dudas de que haya un efecto real sobre la delincuencia.
Peor aún, la revelación del secuestro de Vargas Maldonado ocurrió a 120 horas de una marcha nacional contra la violencia, una que las autoridades electas y los partidos políticos parecieran querer ignorar como si los “compromisos” firmados el jueves bastaran para cumplir su responsabilidad.
Para agravar las cosas, además, hay quienes creen que las autoridades sólo se conmueven por los secuestros y delitos de alto perfil o cometidos contra miembros de la clase social más alta, los únicos con los recursos sociales y económicos para pagar recompensas e investigar por cuenta propia los secuestros, como debió hacer la señora Isabel Miranda de Wallace en el caso de su hijo, Hugo Wallace.
Y, aun así, no fueron pocas las voces políticas que calificaron de “extrema” la demanda del empresario Fernando Martí para que los funcionarios que no se sientan capaces de cumplir con su cometido “se vayan”.
El país enfrenta una crisis. Menos por problemas políticos que como consecuencia de corrupción e ineficiencia, con dirigentes políticos —sin excepción de partido— aparentemente ajenos a la oleada de violencia que se abate sobre una ciudadanía, que desde los estratos más humildes hasta los sectores más ricos ahora demanda seguridad y no está de humor para ser marginada o calificada de elitista por exigir sus derechos.
La demanda por seguridad sale de todas y cada una de las clases sociales del país, y ese es un problema grave.