En dos años tres secretarios

■ La restructuración del Cisen y el plan integral para la frontera sur, entre los pendientes
Gobernación: en dos años, tres secretarios y diversos programas inconclusos
■ Ramírez Acuña y Mouriño Terrazo no lograron definir proyectos; toca el turno a Gómez Mont
Fabiola Martínez, reportera.

La Jormada, 30/11/2008;

Con el paso de tres titulares en dos años, la Secretaría de Gobernación (SG) no ha podido definir un proyecto que la coloque como instancia de coordinación del gabinete ni como directriz de la estrategia de seguridad nacional y pública.
A 24 meses de haber iniciado el sexenio calderonista, permanecen inconclusos diversos programas de la SG, como la restructuración del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), reconocido por las autoridades como órgano civil de inteligencia debilitado, cuyos rezagos fueron puestos en evidencia en julio de 2007 cuando el Ejército Popular Revolucionario (EPR) –grupo guerrillero– hizo estallar bombas en los ductos de Pemex.
Los desaciertos para detectar riesgos a la seguridad nacional son responsabilidad, precisamente, del secretario de Gobernación quien es, a la vez, el secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, y sus decisiones en el combate a la delincuencia organizada y otras amenazas para la seguridad, representan la pauta a seguir por el resto de integrantes del Consejo (secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública, entre otras), salvo opinión contraria del Presidente de la República.
Apuesta al olvido
En el primer año del gobierno de Felipe Calderón, las decisiones fundamentales no se tomaron en Bucareli sino en la residencia oficial de Los Pinos. El entonces secretario, Francisco Ramírez Acuña, acudió a las oficinas de la Presidencia de la República 204 veces durante los primeros 11 meses del sexenio e incluso algunos días se reportaron seis ingresos a Los Pinos (La Jornada, 16 de diciembre de 2007).
El 12 de julio, tras los bombazos en Pemex, Ramírez Acuña declaró que recibió el Cisen “desmantelado” en equipo y personal especializado.
En los primeros meses de 2007, Ramírez Acuña –el ex gobernador de Jalisco que destapó a Calderón como aspirante presidencial– apostó al olvido ante el conflicto en Oaxaca: no estableció mesa de negociación alguna con los líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca; quedaron sin avances las investigaciones de homicidos cometidos en los meses de los enfrentamientos: “Toca al gobernador Ulises Ruiz” resolver el conflicto, declaró en junio de 2007.
Impulsó esquemas (hasta ahora inconclusos) para atender rezagos en el control migratorio y aminoró algunas situaciones como la muerte de la indígena Ernestina Ascención, hasta que el mismo acotamiento, dictado desde Los Pinos, provocó su renuncia los primeros días de 2008.
De presidenciable a obstáculo
Las relaciones con partidos políticos, legisladores y gobernadores (especialmente con estos últimos para avanzar en los operativos antinarco) tuvieron el control de Juan Camilo Mouriño Terrazo, entonces jefe de la Oficina de la Presidencia, quien, sin embargo, al llegar a la SG –en enero de este año– debió destinar varios meses para tratar de reposicionarse como negociador de la reforma energética.
Lo anterior porque, a menos de un mes de haber llegado a la SG, se dio a conocer su doble papel (previo a 2006) como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, primero, y como funcionario de la Secretaría de Energía, después, a la par de las gestiones que realizó como representante de los negocios de su familia en la firma de contratos con Pemex.
Mouriño dedicó sus esfuerzos, a partir del 24 de febrero –día en que el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador difundió la existencia de los polémicos contratos– a tratar de recomponer su imagen, luego de haber transitado, en tan sólo un par de semanas, de ser el “chico súper poderoso”, el presidenciable, como lo definió en su portada una revista de sociales, a obstáculo para su jefe para la aprobación de la reforma petrolera, cuya iniciativa fue enviada al Congreso en abril de 2007 y aprobada casi siete meses después. Sin embargo, el joven secretario de Gobernación (tenía 37 años al momento de morir), avanzó en la relación con partidos políticos, incluido el PRD controlado ahora por el grupo de Jesús Ortega.
Nuevo comienzo
Tras el desplome de la aeronave en que viajaba Mouriño con varios de sus colaboradores cercanos y el ex fiscal antidrogas José Luis Santiago Vasconcelos, Calderón designó como secretario de Gobernación a Fernando Gómez Mont, abogado penalista quien en su trayectoria como litigante representó a polémicos personajes involucrados en casos de corrupción y desfalcos en contra de recursos del sector público.
Con este tercer enroque inicia otra etapa de entrega-recepción de documentos y una nueva curva de aprendizaje para el titular y sus principales colaboradores acerca de los proyectos fundamentales y de los planes no concluidos en esta dependencia. Además de los cambios al Cisen están en suspenso otros, como el plan integral para la frontera sur, parte fundamental en la lucha contra el crimen organizado, de acuerdo con las declaraciones de los propios responsables del sector.
Un aspecto sintomático de ese rezago lo constituye la demora de casi dos años para la puesta en vigor del nuevo reglamento para la operación de medio centenar de estaciones migratorias. El texto sigue entrampado en la burocracia del propio gobierno federal.
Apenas en la semana que concluye, Alejandro Poiré, nombrado coordinador de asesores del secretario Gómez Mont (quien en el inicio del sexenio asesoró a Calderón en asuntos políticos), declaró que no era una prioridad reformar Gobernación para convertirla, por ejemplo, en ministerio del interior, a fin de devolverle la coordinación lo mismo de asuntos políticos que de seguridad pública y nacional, como lo propuso el senador Santiago Creel, también ex titular de la SG.
Gobernación es el eje de la política interna y tiene la responsabilidad de establecer relaciones, normadas por la ley, con una amplia gama de grupos políticos y sociales, medios de comunicación, iglesias, legisladores, etcétera, y, sobre todo, con el resto de las dependencias que integran el gabinete legal y ampliado.