Columna Serpientes y Escaleras/ Salvador García Soto
Publicado en El Univeral, 9 de diciembre de 2008:
El secretario más poderoso
En la misma medida en que los civiles pierden fuerza en el gabinete de seguridad, el que gana ese poder es el titular de la Defensa, el general Guillermo Galván Galván
El regreso de los militares a cargos y labores de seguridad pública tiene dos lecturas inmediatas: la necesidad apremiante del presidente Felipe Calderón de reforzar y acelerar la “limpia” de la Policía Federal Preventiva, y el fracaso —uno más— de los funcionarios civiles en una responsabilidad que, constitucionalmente, es suya y no de las fuerzas castrenses.
Más allá de interpretaciones que vieron un signo de debilidad del secretario Genaro García Luna en la designación del general Javier del Real Magallanes como subsecretario de Estrategia e Inteligencia policial, o de la versión que el titular de la SSP federal circuló para aclarar que fue él mismo quien pidió al presidente Calderón ese nombramiento, lo cierto es que vuelven los militares al mando de las policías civiles.
Porque el del general Del Real no será el único nombramiento militar en la SSP. Fuentes militares aseguran que otro comandante de región del Ejército, Sergio Ayón, será nombrado en breve coordinador de Inteligencia de la PFP, con lo que dos posiciones estratégicas en el mando civil quedarían en manos del Ejército. Ayón era comandante de región en Veracruz, del cuartel de La Boticaria, pero su nombre ya no está en la página de internet de la Sedena.
Y si ya la Defensa era responsable de la lucha contra el narco desde el inicio del sexenio —con todos los asegunes constitucionales y la situación de emergencia argumentada por el Presidente—, ahora Calderón extiende la presencia del Ejército en áreas civiles de su gobierno.
¿No había dicho hace unos días el Presidente que su equipo de seguridad estaba fuerte y funcionaba perfectamente? En los hechos, la designación de Del Real Magallanes fortalece las posiciones militares en el gobierno civil y consolida a la PFP como una policía militarizada. Y en la misma medida que los secretarios civiles pierden fuerza en el gabinete de seguridad, el que gana ese poder es el titular de la Defensa, el general Guillermo Galván Galván.
Aunque el nombramiento de un general como subsecretario de Seguridad es directo del Presidente como comandante supremo, tal designación no pasa sin ser aprobada antes por el general secretario. Y aun cuando los militares pasen a ocupar cargos civiles y se sometan a las leyes civiles, su línea de mando —y por tanto su principal lealtad— sigue estando con el titular de la Sedena.
Incluso cuando solicitan licencia a su posición castrense, su lealtad al mando militar no se fractura. Y cuando un militar en retiro es invitado a un cargo civil, éste informa y consulta al secretario de la Defensa antes de aceptar la posición. Si eso hacen los militares retirados, es obvio que el nexo de los militares en activo, como Del Real o Ayón, es mayor.
Así que en la práctica hay un nuevo secretario en el gabinete que concentra más poder que ninguno; uno que tendrá bajo su mando a muchas más personas que ningún otro en el gobierno y en el país —más de 200 mil efectivos armados, si se suman los del Ejército y los de la PFP— un secretario poderosísimo que no es civil y viste traje verde olivo con cuatro estrellas.
NOTAS INDISCRETAS… Poco más de un mes después de la trágica muerte de Juan Camilo Mouriño y de José Luis Santiago Vasconcelos, el gobierno ha comenzado a aplicar sanciones por esa tragedia. Ya inició la SCT con la compañía aérea y con la escuela de pilotos que otorgó la licencia a los que piloteaban en Learjet 45. ¿Pero cuándo vamos a ver sanciones contra funcionarios, ya sean del Estado Mayor Presidencial o de la Secretaría de Gobernación, que incumplieron con sus responsabilidades? Hasta el momento hay un absoluto silencio sobre las responsabilidades de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Segob, que contrató a los pilotos mediante una licitación por internet. Hubo tal nivel de irregularidades en torno al avión en el que se mató Mouriño que la bitácora del vuelo de aquel 4 de noviembre entre San Luis y el DF no existía en el momento en que se estrelló el avión. Cuando Luis Téllez se hizo cargo de todo el control de la crisis y pidió a la Segob la bitácora de aquel vuelo, resultó que no existía. Fue hasta las dos de la mañana del 5 de noviembre cuando funcionarios de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de Gobernación fueron llamados de emergencia para elaborar una bitácora del trágico vuelo del Learjet para entregársela a la SCT. ¿Fue eso, junto con el relajamiento de los protocolos de seguridad en el avión de Mouriño, mera casualidad o era práctica común? ¿De eso no habrá responsables? …Los dados abren con serpiente. Semana complicada.
En la misma medida en que los civiles pierden fuerza en el gabinete de seguridad, el que gana ese poder es el titular de la Defensa, el general Guillermo Galván Galván
El regreso de los militares a cargos y labores de seguridad pública tiene dos lecturas inmediatas: la necesidad apremiante del presidente Felipe Calderón de reforzar y acelerar la “limpia” de la Policía Federal Preventiva, y el fracaso —uno más— de los funcionarios civiles en una responsabilidad que, constitucionalmente, es suya y no de las fuerzas castrenses.
Más allá de interpretaciones que vieron un signo de debilidad del secretario Genaro García Luna en la designación del general Javier del Real Magallanes como subsecretario de Estrategia e Inteligencia policial, o de la versión que el titular de la SSP federal circuló para aclarar que fue él mismo quien pidió al presidente Calderón ese nombramiento, lo cierto es que vuelven los militares al mando de las policías civiles.
Porque el del general Del Real no será el único nombramiento militar en la SSP. Fuentes militares aseguran que otro comandante de región del Ejército, Sergio Ayón, será nombrado en breve coordinador de Inteligencia de la PFP, con lo que dos posiciones estratégicas en el mando civil quedarían en manos del Ejército. Ayón era comandante de región en Veracruz, del cuartel de La Boticaria, pero su nombre ya no está en la página de internet de la Sedena.
Y si ya la Defensa era responsable de la lucha contra el narco desde el inicio del sexenio —con todos los asegunes constitucionales y la situación de emergencia argumentada por el Presidente—, ahora Calderón extiende la presencia del Ejército en áreas civiles de su gobierno.
¿No había dicho hace unos días el Presidente que su equipo de seguridad estaba fuerte y funcionaba perfectamente? En los hechos, la designación de Del Real Magallanes fortalece las posiciones militares en el gobierno civil y consolida a la PFP como una policía militarizada. Y en la misma medida que los secretarios civiles pierden fuerza en el gabinete de seguridad, el que gana ese poder es el titular de la Defensa, el general Guillermo Galván Galván.
Aunque el nombramiento de un general como subsecretario de Seguridad es directo del Presidente como comandante supremo, tal designación no pasa sin ser aprobada antes por el general secretario. Y aun cuando los militares pasen a ocupar cargos civiles y se sometan a las leyes civiles, su línea de mando —y por tanto su principal lealtad— sigue estando con el titular de la Sedena.
Incluso cuando solicitan licencia a su posición castrense, su lealtad al mando militar no se fractura. Y cuando un militar en retiro es invitado a un cargo civil, éste informa y consulta al secretario de la Defensa antes de aceptar la posición. Si eso hacen los militares retirados, es obvio que el nexo de los militares en activo, como Del Real o Ayón, es mayor.
Así que en la práctica hay un nuevo secretario en el gabinete que concentra más poder que ninguno; uno que tendrá bajo su mando a muchas más personas que ningún otro en el gobierno y en el país —más de 200 mil efectivos armados, si se suman los del Ejército y los de la PFP— un secretario poderosísimo que no es civil y viste traje verde olivo con cuatro estrellas.
NOTAS INDISCRETAS… Poco más de un mes después de la trágica muerte de Juan Camilo Mouriño y de José Luis Santiago Vasconcelos, el gobierno ha comenzado a aplicar sanciones por esa tragedia. Ya inició la SCT con la compañía aérea y con la escuela de pilotos que otorgó la licencia a los que piloteaban en Learjet 45. ¿Pero cuándo vamos a ver sanciones contra funcionarios, ya sean del Estado Mayor Presidencial o de la Secretaría de Gobernación, que incumplieron con sus responsabilidades? Hasta el momento hay un absoluto silencio sobre las responsabilidades de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Segob, que contrató a los pilotos mediante una licitación por internet. Hubo tal nivel de irregularidades en torno al avión en el que se mató Mouriño que la bitácora del vuelo de aquel 4 de noviembre entre San Luis y el DF no existía en el momento en que se estrelló el avión. Cuando Luis Téllez se hizo cargo de todo el control de la crisis y pidió a la Segob la bitácora de aquel vuelo, resultó que no existía. Fue hasta las dos de la mañana del 5 de noviembre cuando funcionarios de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de Gobernación fueron llamados de emergencia para elaborar una bitácora del trágico vuelo del Learjet para entregársela a la SCT. ¿Fue eso, junto con el relajamiento de los protocolos de seguridad en el avión de Mouriño, mera casualidad o era práctica común? ¿De eso no habrá responsables? …Los dados abren con serpiente. Semana complicada.
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