México: Los militares deben responder por sus abusos
Informe de Human Righs Watch (HRW) publicado el 29 de abril de 2009;
Parte del comunicado de HRW, que señala que:
Los militares mexicanos que cometen violaciones graves de derechos humanos no están siendo debidamente investigados y sancionados, lo cual atenta contra los esfuerzos de México para combatir la violencia producto del narcotráfico y para mejorar la seguridad pública.
El informe de 85 páginas, titulado "Impunidad: Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública", describe 17 casos de graves abusos militares contra más de 70 víctimas, entre ellos varios casos de 2007 y 2008. Los abusos incluyen asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias. Ninguna investigación militar sobre estos casos ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un soldado, por la comisión de violaciones de derechos humanos. El único caso que concluyó con la condena de cuatro soldados fue investigado y juzgado por autoridades civiles.
"La necesidad de mejorar la seguridad pública en México es evidente", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "No obstante, para ser efectiva, cualquier estrategia que pretenda abordar el problema de la inseguridad debe también resolver la impunidad generalizada de los abusos militares cometidos durante los operativos".
Los abusos continúan ocurriendo porque los responsables no son sancionados, señala el informe, en gran parte debido a que la mayoría de los casos son investigados y juzgados por los propios militares, mediante un sistema de justicia militar que carece de garantías básicas de independencia e imparcialidad.
Algunos de las deficiencias más serias del sistema de justicia militar son que el Secretario de Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas; que los jueces militares no gozan de la garantía de permanencia en el cargo y podrían razonablemente temer que se les aparte de su cargo si emiten decisiones que el Secretario no comparte; que la revisión por autoridades civiles de las decisiones adoptadas por los tribunales militares es sumamente limitada, y que prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares.
Por lo tanto, concluye el informe, el sistema de justicia militar mexicano está muy lejos de cumplir con su obligación de impartir justicia en casos de abusos militares contra civiles. En un caso de mayo de 2007, por ejemplo, varios soldados detuvieron a ocho personas luego de un enfrentamiento armado entre militares y supuestos narcotraficantes. Pese a que ninguno de los detenidos había participado en el enfrentamiento, fueron trasladados por los soldados hasta instalaciones militares, donde los soldados les propinaron golpes y patadas a cuatro de ellos, cubrieron sus cabezas con bolsas plásticas y los obligaron a permanecer en el piso con los ojos vendados. Un agente del ministerio público federal solicitó a las autoridades militares que investigaran a los soldados. Los militares cerraron la investigación penal un mes después, sosteniendo que no existían pruebas que acreditaran que los soldados habían cometido un delito.
En otro ejemplo de agosto de 2007, cinco soldados detuvieron a un hombre y lo mantuvieron incomunicado durante más de 24 horas en instalaciones militares, donde le propinaron golpes y patadas, colocaron una bolsa de tela sobre su cabeza, lo ataron de pies y manos, volcaron agua en su rostro mientras le asestaban golpes en el abdomen y le aplicaron descargas eléctricas en el estómago. Un agente del ministerio público federal solicitó al ministerio público militar que investigara el caso. A pesar de la existencia de exámenes médicos en los cuales se documentaban las torturas infringidas, las autoridades militares cerraron la investigación, y determinaron que no habían encontrado pruebas de que los soldados habían cometido algún delito.
El informe señala que, en enero de 2009, Human Rights Watch preguntó a funcionarios de alto rango de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por ejemplos de casos de violaciones graves de derechos humanos juzgados por la justicia militar que hayan concluido en la imposición de una condena penal a personal militar. Si bien los funcionarios respondieron que existían muchos ejemplos, sólo pudieron mencionar un único caso de 1998. A pesar de reiteradas solicitudes de Human Rights Watch, la SEDENA no ha proporcionado una lista de estos casos, ni una copia de la decisión adoptada en el caso de 1998.
Las autoridades militares se basan en el Código de Justicia Militar, que establece el uso de la jurisdicción militar (fuero de guerra) cuando militares que se encuentran "en servicio" cometen delitos federales o del fuero común, así como en una interpretación forzada de la Constitución Política, para justificar su decisión de investigar violaciones graves de derechos humanos, señala el informe. En general, los agentes del ministerio público locales y federales han permitido que las autoridades militares asuman estos casos.
Sin embargo, la Constitución Política de México no exige este resultado, ya que prevé la jurisdicción militar exclusivamente "para los delitos y faltas contra la disciplina militar". Este resultado es, además, contrario a una decisión reciente y vinculante de la Suprema Corte que definió "servicio" militar como la "realización de las funciones propias e inherentes al cargo que desempeña". Si bien la Suprema Corte no señaló expresamente que todos los abusos militares contra civiles deben ser investigados y juzgados por autoridades civiles, los abusos graves como violaciones sexuales y torturas claramente no pueden ser considerados "funciones inherentes" de las fuerzas armadas. Asimismo, la práctica de las autoridades militares contradice el derecho internacional, que exige que las violaciones de derechos humanos sean investigadas y juzgadas a través de mecanismos efectivos e independientes.
"México no se ha tomado en serio el problema de los abusos militares", manifestó Vivanco. "Mientras no lo haga, el compromiso que ha expresado para fortalecer el estado de derecho significa muy poco".
Una delegación de Human Rights Watch presidida por su Director Ejecutivo Kenneth Roth presentó las conclusiones del informe esta semana ante miembros del gabinete del Presidente Felipe Calderón, incluidos el Secretario de Gobernación, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia Militar. Human Rights Watch exhortó al gobierno de Calderón a asegurarse que los abusos graves cometidos por militares contra la población civil sean investigados y juzgados por autoridades civiles ante el sistema de justicia penal, ya sea federal o local.
"La necesidad de mejorar la seguridad pública en México es evidente", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "No obstante, para ser efectiva, cualquier estrategia que pretenda abordar el problema de la inseguridad debe también resolver la impunidad generalizada de los abusos militares cometidos durante los operativos".
Los abusos continúan ocurriendo porque los responsables no son sancionados, señala el informe, en gran parte debido a que la mayoría de los casos son investigados y juzgados por los propios militares, mediante un sistema de justicia militar que carece de garantías básicas de independencia e imparcialidad.
Algunos de las deficiencias más serias del sistema de justicia militar son que el Secretario de Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas; que los jueces militares no gozan de la garantía de permanencia en el cargo y podrían razonablemente temer que se les aparte de su cargo si emiten decisiones que el Secretario no comparte; que la revisión por autoridades civiles de las decisiones adoptadas por los tribunales militares es sumamente limitada, y que prácticamente no existe ningún escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares.
Por lo tanto, concluye el informe, el sistema de justicia militar mexicano está muy lejos de cumplir con su obligación de impartir justicia en casos de abusos militares contra civiles. En un caso de mayo de 2007, por ejemplo, varios soldados detuvieron a ocho personas luego de un enfrentamiento armado entre militares y supuestos narcotraficantes. Pese a que ninguno de los detenidos había participado en el enfrentamiento, fueron trasladados por los soldados hasta instalaciones militares, donde los soldados les propinaron golpes y patadas a cuatro de ellos, cubrieron sus cabezas con bolsas plásticas y los obligaron a permanecer en el piso con los ojos vendados. Un agente del ministerio público federal solicitó a las autoridades militares que investigaran a los soldados. Los militares cerraron la investigación penal un mes después, sosteniendo que no existían pruebas que acreditaran que los soldados habían cometido un delito.
En otro ejemplo de agosto de 2007, cinco soldados detuvieron a un hombre y lo mantuvieron incomunicado durante más de 24 horas en instalaciones militares, donde le propinaron golpes y patadas, colocaron una bolsa de tela sobre su cabeza, lo ataron de pies y manos, volcaron agua en su rostro mientras le asestaban golpes en el abdomen y le aplicaron descargas eléctricas en el estómago. Un agente del ministerio público federal solicitó al ministerio público militar que investigara el caso. A pesar de la existencia de exámenes médicos en los cuales se documentaban las torturas infringidas, las autoridades militares cerraron la investigación, y determinaron que no habían encontrado pruebas de que los soldados habían cometido algún delito.
El informe señala que, en enero de 2009, Human Rights Watch preguntó a funcionarios de alto rango de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por ejemplos de casos de violaciones graves de derechos humanos juzgados por la justicia militar que hayan concluido en la imposición de una condena penal a personal militar. Si bien los funcionarios respondieron que existían muchos ejemplos, sólo pudieron mencionar un único caso de 1998. A pesar de reiteradas solicitudes de Human Rights Watch, la SEDENA no ha proporcionado una lista de estos casos, ni una copia de la decisión adoptada en el caso de 1998.
Las autoridades militares se basan en el Código de Justicia Militar, que establece el uso de la jurisdicción militar (fuero de guerra) cuando militares que se encuentran "en servicio" cometen delitos federales o del fuero común, así como en una interpretación forzada de la Constitución Política, para justificar su decisión de investigar violaciones graves de derechos humanos, señala el informe. En general, los agentes del ministerio público locales y federales han permitido que las autoridades militares asuman estos casos.
Sin embargo, la Constitución Política de México no exige este resultado, ya que prevé la jurisdicción militar exclusivamente "para los delitos y faltas contra la disciplina militar". Este resultado es, además, contrario a una decisión reciente y vinculante de la Suprema Corte que definió "servicio" militar como la "realización de las funciones propias e inherentes al cargo que desempeña". Si bien la Suprema Corte no señaló expresamente que todos los abusos militares contra civiles deben ser investigados y juzgados por autoridades civiles, los abusos graves como violaciones sexuales y torturas claramente no pueden ser considerados "funciones inherentes" de las fuerzas armadas. Asimismo, la práctica de las autoridades militares contradice el derecho internacional, que exige que las violaciones de derechos humanos sean investigadas y juzgadas a través de mecanismos efectivos e independientes.
"México no se ha tomado en serio el problema de los abusos militares", manifestó Vivanco. "Mientras no lo haga, el compromiso que ha expresado para fortalecer el estado de derecho significa muy poco".
Una delegación de Human Rights Watch presidida por su Director Ejecutivo Kenneth Roth presentó las conclusiones del informe esta semana ante miembros del gabinete del Presidente Felipe Calderón, incluidos el Secretario de Gobernación, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia Militar. Human Rights Watch exhortó al gobierno de Calderón a asegurarse que los abusos graves cometidos por militares contra la población civil sean investigados y juzgados por autoridades civiles ante el sistema de justicia penal, ya sea federal o local.
El Informe en http://www.hrw.org/
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Reunión de los directivos de HRW con miembros del Poder Ejecutivo Federal
En efecto, un día antes de darse a conocer el informe, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, sostuvo una reunión con los directivos de Human Rights, Watch Kenneth Roth, y con el director para las Américas de esta organización, José Miguel Vivanco.
Dice un comunicado oficial que en el encuentro, Dernando Gómez Montt resaltó que en la última década y particularmente durante la administración del presidente Calderón, México ha avanzado en la protección de los derechos fundamentales y en la armonización legislativa entre las leyes mexicanas y las normas y estándares internacionales de protección a los derechos humanos. En muchos casos, precisó, México está a la vanguardia internacional en la protección de los derechos fundamentales, como en el caso del derecho a la no discriminación.
Asimismo, indicó que el Programa Nacional de Derechos Humanos contiene un diagnóstico general sobre la situación que prevalece en México en esta materia, además que establece una serie de medidas de observancia general para las autoridades federales en el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
En México, dijo, la Constitución protege la diversidad, las garantías individuales y los derechos humanos de todos los mexicanos, a través de una política de Estado donde están involucrados los tres poderes de la Federación.
En este sentido, subrayó que la protección de estos derechos está contenida en todas las normas y programas gubernamentales, y es la Secretaría de Gobernación la encargada, por parte del gobierno de la República, de promover y garantizar su pleno respeto en todo el país.
Asimismo, indicó que el Programa Nacional de Derechos Humanos contiene un diagnóstico general sobre la situación que prevalece en México en esta materia, además que establece una serie de medidas de observancia general para las autoridades federales en el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
En México, dijo, la Constitución protege la diversidad, las garantías individuales y los derechos humanos de todos los mexicanos, a través de una política de Estado donde están involucrados los tres poderes de la Federación.
En este sentido, subrayó que la protección de estos derechos está contenida en todas las normas y programas gubernamentales, y es la Secretaría de Gobernación la encargada, por parte del gobierno de la República, de promover y garantizar su pleno respeto en todo el país.
Un segundo comunicado (No 068-29/04/2009) dado a conocer este miércoles 29 de abril Gobernarción subraya ue "el gobierno federal analizará con detenimiento" el informe presentado el día de hoy y formulará las consideraciones pertinentes en su momento.
Pero se subraya que "la Constitución y las leyes contienen normas de observancia obligatoria para las autoridades tanto civiles como castrenses, por lo que ningún servidor público, incluidos aquellos que forman parte de las fuerzas armadas, goza de impunidad.
Asimismo, cabe resaltar que las resoluciones del Tribunal Militar pueden ser recurridas ante la justicia civil, mediante el juicio de amparo. Es práctica habitual de los juzgados de distrito y de los tribunales colegiados de circuito, conocer de demandas de amparo en las que interviene como parte dicho tribunal militar."
Asimismo, cabe resaltar que las resoluciones del Tribunal Militar pueden ser recurridas ante la justicia civil, mediante el juicio de amparo. Es práctica habitual de los juzgados de distrito y de los tribunales colegiados de circuito, conocer de demandas de amparo en las que interviene como parte dicho tribunal militar."
"El gobierno federal reconoce la indispensable labor realizada por nuestras fuerzas armadas en el combate al crimen y a la delincuencia organizada. De igual modo, también reconoce los problemas que esta intervención genera, en el contacto con la ciudadanía, por lo que se han adoptado medidas para prevenirlos."
Precisa el comunicado que "la Secretaría de la Defensa Nacional ha aceptado todas las recomendaciones que la CNDH ha formulado con motivo de la actuación de personal del Ejército en tareas de seguridad pública. Por otro lado, es importante mencionar que México aceptó, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 83 recomendaciones formuladas con motivo del Mecanismo de Examen Periódico Universal, celebrado hace unas semanas en Ginebra.
México ha avanzado en la protección de los derechos humanos, fundamentalmente en cuanto a la modernización de sus leyes para equipararlas con las más avanzadas normas internacionales en la materia.", concluye el comunicaod oficial.
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En el 2001 la HRW publico el documento: Injusticia Militar La reticencia de México para sancionar los abusos del Ejército, que causo entonces una gran polémica.
En el 2001 la HRW publico el documento: Injusticia Militar La reticencia de México para sancionar los abusos del Ejército, que causo entonces una gran polémica.
Ese mismos año mediate una misiva -fechada el 21 de agosto de 2001- el director de HRW José Manuel Vivanco le pide al Presidente Vicente Fox la creación de una Comisión de la Verdad en lugar una fiscalía del pasado; le marca copias a Adolfo Aguilar Zinser, Consejero de Seguridad Nacional; Jorge G. Castañeda, Secretario de Relaciones Exteriores; Santiago Creel, Secretario de Gobernación; Rafael Macedo de la Concha, Procurador General de la República y Mariclaire Acosta, Embajadora Especial para los Derechos Humanos y la Democracia.
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