Se instala el Consejo de Coordiinación

Comunicado de la SCJN

GARANTIZA PJF RESPETO, TRANSPARENCIA Y SERIEDAD EN IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA PENAL
México, D. F., 18 de Junio de 2009.
El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo y el consejero de la Judicatura Federal Óscar Vázquez Marín participaron en la instalación del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Ratificaron el compromiso de actuar coordinadamente con los otros poderes de la Unión para atender la demanda ciudadana de un mejor sistema de justicia, con respeto irrestricto a garantías individuales.
En la sede alterna del Alto Tribunal estuvieron el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y representantes del Congreso de la Unión.
El Poder Judicial de la Federación (PJF) garantizó un trabajo con respeto, transparencia y seriedad en la implementación del sistema de justicia penal, que deberá caracterizarse por el respeto irrestricto a las garantías individuales.
En la instalación del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, los representantes del PJF, ministro José de Jesús Gudiño Pelayo y consejero de la Judicatura Federal Óscar Vázquez Marín, ratificaron el compromiso de actuar coordinadamente con otras instancias a fin de atender la demanda ciudadana para impulsar un mejor sistema de justicia, y de construir, con todos, una sociedad respetuosa del estado de derecho.
En la sede alterna del Alto Tribunal, el ministro Gudiño Pelayo comentó que las reformas constitucionales en justicia penal son uno de los más altos mecanismos para dar solución a las demandas y conflictos de grupos e individuos.
En el nuevo milenio, expuso, un nuevo modelo de justicia penal apenas nace. Éste deberá caracterizarse por un respeto irrestricto a las garantías individuales que salvaguardan los derechos fundamentales y los principios que dan vida y armonía a la nación, a nuestro estado de derecho y libertades, en el que las penas han de ser expresión de una convicción superior por el orden, pero también por el respeto a la dignidad de las personas, manifestó.
Con la presencia del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y representantes de las cámaras de Diputados y de Senadores, el ministro sostuvo que la reforma penal no es un compromiso aislado, sino la obligación de coordinar tareas para trabajar con dedicación en los aspectos procesales y judiciales que emanan de la reforma penal.
Un nuevo esquema, dijo, no significa una nueva Constitución, que ha de leerse e interpretarse completa, como un todo, porque la reforma se instala en ella, se inserta no para distinguirse, sino para sumarse a su contenido, a su espíritu y a su esencia.
A su vez, el consejero Óscar Vázquez Marín dijo que al Consejo de la Judicatura Federal le corresponde planear, operar y mantener la infraestructura de la impartición de justicia federal en óptimas condiciones, para garantizar su acceso.
La reforma implica retos y desafíos de planeación y, sobre todo, de cuantificación, para ubicar requerimientos y necesidades de recursos materiales, financieros, humanos y temporales a fin de avanzar al nuevo sistema de justicia penal, abundó.
Es también, indicó, una oportunidad para integrar un sistema de justicia que considere a todos sus componentes, a todos los eslabones de una cadena. Es una ocasión propicia para analizar el flujo completo de los ilícitos penales, desde que se tiene noticia de su comisión y hasta que el castigo es cumplido, como un flujo que requiere claramente de una mayor congruencia y de una armónica previsión.
Vázquez Marín estableció que para consolidar la justicia, deben ubicar sus puertas de entrada y salida, y los jueces se encuentran en medio de la ruta. “Ningún juzgador actúa por impulso propio, sino que responde a las solicitudes y demandas que recibe, y debe resolver con base en las pruebas y argumentaciones que son sometidas a su potestad”, enfatizó.
Visto así, externó, todos, absolutamente todos, tienen un rol específico en la tarea de construir una sociedad respetuosa del estado de derecho, en la que las leyes se cumplan ineludiblemente, se castigue a quienes las infrinjan y en la que los derechos de los individuos sean plenamente exigibles.
En tanto, el ministro Gudiño Pelayo dijo que los juzgadores han hecho lo que les corresponde, y desde el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (Fondo Jurica) han copatrocinado un Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio para los Estados de la Federación.
Asimismo, agregó, ya está en marcha el Sistema Nacional de Capacitación, gracias a la iniciativa oportuna de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia.
El ministro del Alto Tribunal expresó que la sociedad mexicana ha demandado un sistema de justicia cada vez mejor, justo y, sobre todo, más útil para preservar una convivencia plena, pacífica y segura.
Correspondió al consejero Vázquez Marín señalar que la capacitación será una tarea fundamental para formar el capital humano necesario para el cambio institucional; refirió, además, que la carrera judicial es un mecanismo previsto constitucionalmente para la profesionalización y capacitación de jueces, magistrados y funcionarios judiciales.
Indicó que los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia regirán las propuestas del PJF.
El Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal está integrado por los tres poderes de la Unión, representantes de las conferencias nacionales de seguridad pública, de procuración de justicia y de tribunales superiores de justicia de los estados, así como la Procuraduría General de la República, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Secretaría de Seguridad Pública Federal.