Columna Razones de JFM

Columna Razones /Jorge Fernández Menéndez

Casos Martí y Vargas: los verdaderos responsables
Excélsior, 29 de julio de 2009;

Las detenciones de los secuestradores de Fernando Martí y de Silvia Vargas, por la Secretaría de Seguridad Pública federal, son dos de las acciones más importantes que han realizado las autoridades federales en mucho tiempo. Lo son porque se trata de casos paradigmáticos que conmovieron e indignaron a la opinión pública, pero mucho más porque ambas detenciones son resultado de una intensa labor de inteligencia e investigación de la policía federal que, a pesar de todas las dificultades que ha encontrado en su camino, se sigue significando como el cuerpo de seguridad que mejor y más eficientemente funciona en el país.
Y esos golpes han logrado, aunque ello no haya sido necesariamente la voluntad de las autoridades, poner de manifiesto también las deficiencias de otras instancias de seguridad locales y privadas. En el caso de Fernando Martí resulta evidente que ha habido muchas fallas, como lo señalamos en este espacio, desde el inicio mismo de la investigación, en la Procuraduría capitalina: nunca se ha podido comprobar, y ahora menos, la participación de la llamada banda de La Flor, incluidos sus personajes centrales, como El Apá, la comandante Lore y otros, en el secuestro y el asesinato de Fernando, aunque existen testimonios que podrían fortalecer la idea de que algunos de esos detenidos participaron en otros hechos delictivos e incluso secuestros. Las presiones políticas, el tiempo, la actuación de ciertos cuerpos policiales y negociadores privados, provocaron que la investigación de la Procuraduría capitalina estuviera lejos de las expectativas que creó. No implica que los detenidos sean blancas palomas, pero sus delitos son otros, no el secuestro y el asesinato de Martí. Hoy, la SSP federal ha logrado detener al autor material, que se encuentra confeso; localizó la casa donde se mantuvo cautivo a Fernando y donde se le asesinó, además de mucha información adicional que prueba que el caso estuvo lejos de ser único. La banda involucrada, Los Petriciolet, participó en por lo menos otros 13 secuestros desde 2005 hasta la fecha. Existen numerosas pruebas periciales que lo demuestran y sobre ese eje tendrán que girar ahora las investigaciones para terminar de desarticular esa banda, capturar a su líder Abel Silva Petriciolet y terminar de aclarar los muchos capítulos oscuros que persisten en las investigaciones, comenzando por esclarecer qué sucedió realmente con el pago del rescate de Fernando, que la familia entregó y que por alguna razón no llegó a los secuestradores, lo que propició el asesinato del joven Martí
En el caso Vargas, como sucedió con el de Fernando, llegó a las autoridades federales muy tarde. Pero ha sido en los ámbitos federales donde se logró localizar la casa donde había estado secuestrada Silvia, donde fue asesinada y donde estaban sus restos. A partir de allí, comenzó una intensísima labor de investigación e inteligencia que involucró vigilancia en el DF, el Estado de México, Guerrero y que permitió llegar a los líderes de la banda en Alvarado, Veracruz. Una persecución que tomó un año y permitió desentrañar una madeja de complicidades y equívocos que aún, como en el caso Martí, no conocemos plenamente.
Sigo pensando que, en términos operativos, aunque indudablemente para muchas tareas, sobre todo en relación con el combate al narcotráfico, la participación de las Fuerzas Armadas resulta imprescindible, que la Policía Federal es la mejor alternativa que tiene el Estado mexicano para enfrentar a la delincuencia. Y ello también confirma que es un error no centralizar las fuerzas policiacas, si no en una policía única, por lo menos en una fuerza federal y 32 estatales, que permitan homologar esfuerzos, métodos, equipos y controles de calidad. Que la distancia entre la Policía Federal y la más importante de las locales, la del Distrito Federal, es amplísima, lo demuestran casos como los de Martí y Vargas. Y esa distancia podría disminuir si se toman las medidas acertadas, que deben pasar necesariamente por centralizar en todo lo posible los esfuerzos policiales y los de seguridad. Falta ver si los partidos y las autoridades locales están dispuestos a asumir esa responsabilidad y compartir, aunque sea parcialmente, tales espacios de poder.
De certificación y colaboración
Ayer pudimos platicar con Gil Kerlikowske, el zar antidrogas de la Casa Blanca, y fue enfático en asegurar que cuando habló de certificación simplemente utilizó un término equivocado, que solamente quiso explicar que el Departamento de Estado, como hace con los demás países, entrega un reporte cada año, al Congreso de EU, sobre la situación de los derechos humanos. Que no hay ni habrá, como nos dijo en la entrevista que hoy se publica en Excélsior, un regreso a la tristemente célebre certificación.
Ayer, antes de conocer estas declaraciones, legisladores de distintos partidos se habían desgarrado las vestiduras por “el regreso de la certificación” y alguno de ellos desafío, incluso, al gobierno de EU, a que “se guardaran” los recursos donde les cupiera, lo que nos lleva a dos preguntas: ¿cuándo van a aprender nuestros legisladores y dirigentes partidarios a informarse de forma veraz antes de opinar sobre algún tema? Jamás lo hacen y suelen terminar cometiendo errores que rayan en lo ridículo. No debe ser tan difícil para el Congreso, como institución, hacerlo si la información la puede confirmar un reportero.
La segunda pasa por la cooperación internacional para combatir a la delincuencia organizada. En ello coinciden todos los conocedores del tema, desde Baltasar Garzón, con quien hablamos la semana pasada en Madrid, hasta Kerlikowske. ¿Qué les pasa a nuestros legisladores que, a la menor causa, real o ficticia, exigen olvidar cualquier esquema de colaboración internacional contra la delincuencia, para “defender la soberanía”?