13 ago 2009

Revista Proceso

Punto de Acuerdo,
De los Diputados Javier González Garza y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal a que garantice la libertad de expresión y de prensa del Semanario Proceso.
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS DIPUTADOS JAVIER GONZÁLEZ GARZA Y JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA SUSCRIBEN LA PRESENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL, GARANTICE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA DEL SEMANARIO PROCESO, BAJO LAS SIGUIENTES:
C O N S I D E R A C I O N E S
Los principios de la libertad de expresión y la libertad de imprenta han sido ejes fundamentales de la construcción de un Estado Democrático en México, desde que, en 1813, Don José María Morelos y Pavón los consignara en los Sentimientos de la Nación. Desde entonces y hasta la fecha, el ejercicio de las libertades periodísticas han sufrido fuertes embates, propios de regímenes autoritarios, que pretendieron socavar las voces disidentes alzadas para la defensa de los fundamentos de un Estado cada día más plural y comprometido, en diversos momentos de nuestra Historia. Es por ello que llamó poderosamente nuestra atención, la denuncia realizada por el Semanario Proceso, en el número aparecido el pasado día 2 de agosto, respecto de los acontecimientos en que se pretendía involucrar a este semanario con cárteles del crimen organizado.
Estos hechos acontecieron en una conferencia de prensa del coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, realizada el pasado día miércoles 29 de julio, para presentar a Raúl Ortiz González, miembro de la banda de Los Rojos, conferencia en la que estas autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública federal, exhibieron el armamento decomisado junto con varios ejemplares de este medio de comunicación impreso, dando claramente el mensaje de su vinculación con el crimen organizado y poniendo en un grave riesgo a los periodistas de esta Revista, violando con ello no sólo las garantías de legalidad y debido proceso al establecer la culpabilidad del medio de comunicación, sino también los derechos humanos de estos periodistas, al establecer de antemano su culpabilidad.
Derivado de lo anterior, el propio Semanario Proceso presentó, el día 4 de agosto, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una denuncia debido a que, por omisión o por comisión, si la autoridad federal no brinda las garantías indispensables a todos y cada uno de los comunicadores, nacionales y extranjeros, que laboran en nuestro país, y más aún, como es el caso actual, genera situaciones de vulnerabilidad, el riesgo personal resulta sumamente alto y el gobierno federal renuncia, una vez más, a cumplir con una de las obligaciones fundamentales para las cuales fue instituido: brindar seguridad a todos y a todas las personas, en territorio nacional.
Nos encontramos plenamente convencidos de que, en una sociedad democrática como la que pretendemos construir, la libertad de expresión y, específicamente, la libertad de prensa, resultan factor imprescindible en la construcción de una ciudadanía crítica, pluralista, tolerante, participativa, libre, solidaria y protagónica, por lo cual rechazamos, contundentemente, cualquier actitud que pretenda coartar a la prensa abierta y valiente. Es por ello que la libertad de imprenta, fundamento esencial del Estado mexicano es, desde 1824 en nuestro país, una garantía individual, actualmente consagrada en el artículo 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pacto fundamental de nuestra sociedad y que, cualquier ataque a ésta por parte de algún servidor público, en los tres órdenes de gobierno, debe tener como consecuencia, el fincamiento de responsabilidades administrativas y penales, según lo determine la autoridad competente.
En consecuencia, y por tratarse de un asunto de trascendencia nacional, la CNDH, debe resolver de manera expedita la queja interpuesta por el Semanario Proceso, para garantizar que la prensa libre pueda seguir ejerciendo su oficio, con todas las garantías que nuestra Constitución consagra.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente imbricados en la construcción de un Estado Democrático, Social y de Derecho en el que la prensa libre e independiente sea una realidad, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente proposición con
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal, en particular al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Ing. Genaro García Luna, garanticen la libertad de expresión y de prensa del Semanario Proceso y de todos los medios de comunicación, así como la integridad y seguridad de sus reporteros, editorialistas y equipo de producción.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, atentamente solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de trámite expedito a las investigaciones derivadas de la denuncia presentada por el Semanario Proceso con fecha 4 de agosto pasado, formular las recomendaciones públicas correspondientes así como las denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.
Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
11 de agosto de 2009.
DIPUTADO JAVIER GONZÁLEZ GARZA
DIPUTADO JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA

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