TEPJF: contubernio de magistrados
ÁLVARO DELGADO, reportero
Revista Proceso # 1716, 20 de septiembre de 2009
Una investigación interna del Tribunal Electoral federal revela que en 2007, cuando el magistrado presidente Flavio Galván tuvo que renunciar por la supuesta corrupción de su coordinadora de asesores, fue el denunciante, magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, quien hizo pasar a familiares suyos como víctimas en una sucia maniobra en la que ellos incurrieron, aunque, al final, no pudieron consumarla...
Detrás de la renuncia que “por razones de salud” presentó Flavio Galván Rivera como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en agosto de 2007, hay una truculenta historia de corrupción, abuso de poder e ilegalidades que involucra a todos los magistrados, pero sobre todo a María del Carmen Alanís, la presidenta sustituta, y a Salvador Olimpo Nava Gomar, operador clave en la trama.
La caída de Galván Rivera se produjo en medio de un escándalo por la corrupción de la que fue acusada su coordinadora de asesores, Norma Inés Aguilar León, quien supuestamente le pidió una comisión a la vendedora de un edificio que quería comprar el TEPJF y que resultó ser tía de Nava Gomar, quien por esa razón presentó una denuncia.
Sin embargo, según el expediente de la investigación que obtuvo Proceso, los hechos ocurrieron exactamente al revés: fue Olga Gomar de los Ríos, tía del magistrado electoral, quien junto con su esposo, Fermín Zubiaur Carmona, pretendía obtener los 3.5 millones de pesos de comisión por la compraventa del edificio del Grupo Monitor, que tenía un precio de 12 millones 500 mil dólares.
El magistrado Nava Gomar no sólo no consideró irregular que sus tíos intervinieran en la compra de un edificio para la institución de la que él forma parte, sino que fungió como gestor e informante de ellos en el proceso de compraventa y en las investigaciones sobre la supuesta corrupción, como consta en la documentación mencionada.
Precisamente para ocultar estas evidencias fue que, por decisión de la magistrada Alanís Figueroa, se clasificó como reservado el expediente por un lustro –hasta el año 2012– y se amplió indefinidamente la clasificación de confidencial para las fojas que contienen información acerca de Nava Gomar y sus tíos.
Es otra escandalosa historia que protagonizan los magistrados del TEPJF, repudiados por sus millonarios sueldos y prestaciones, pero también bajo sospecha por el sesgo de sus resoluciones y componendas políticas, como la de Nava Gomar con su amigo Jorge Hank Rhon, excandidato priista a gobernador de Baja California (Proceso 1714).
Según la documentación que integra el expediente TEPJF-CI-DE-003/2007, el acto de corrupción que Nava Gomar imputó en su denuncia a la coordinadora de asesores de Galván Rivera y al esposo de ésta, Octavio López Guzmán, jamás se acreditó.
En cambio, conforme a la vasta información documental y testimonial, se evidencia que los tíos de Nava Gomar querían quedarse con la mitad de casi 7 millones de pesos, equivalentes a 5% de comisión por la compraventa del edificio del Grupo Monitor.
De hecho, cuando el magistrado Nava Gomar dijo haberse enterado de la supuesta corrupción de Aguilar León y su esposo, el 17 de abril de 2007, su propio tío, Fermín Zubiaur Carmona, se hacía pasar como el “punto de contacto con el Trife” (sic) para la compra del edificio administrado por la inmobiliaria CB Richard Ellis (CBRE), a la que solicitó la comisión por la compraventa.
Inclusive Zubiaur Carmona aseguró haber gestionado la visita que un grupo de magistrados hizo al inmueble, ubicado en San Jerónimo, y su esposa, Olga Gomar, confesó que fue precisamente su sobrino Salvador Olimpo Nava quien le dio información de esa cita.
Lo que echó abajo el negocio fue que Zubiaur Carmona no pudo demostrar que verdaderamente era el representante del TEPJF, tal como se lo exigió la inmobiliaria CBRE. Fue entonces cuando Nava Gomar decidió presentar su denuncia el 6 de julio de 2007. El escándalo hizo caer a Galván Rivera y lo sustituyó Alanís Figueroa, íntima amiga de Margarita Zavala y Felipe Calderón.
Ahora Alanís pretende ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el mismo propósito que tienen Nava Gomar y otro magistrado que forma parte del mismo grupo, Constancio Carrasco Daza, primo de Diódoro Carrasco Altamirano, exgobernador priista de Oaxaca y exdiputado federal por el PAN.
Los cuatro nombres de la tía
La historia se inició a finales de febrero de 2007, cuando Norma Inés Aguilar León buscaba comprar una casa particular después de acceder a un crédito por 6.2 millones de pesos del banco HSBC. En la inmobiliaria Rayo Vende la atendió Alicia Rovira, empleada que después fue sustituida por quien se identificó como Olga Zubiaur.
Aguilar León le dijo que era coordinadora de asesores del presidente del TEPJF, pero la corredora de bienes raíces omitió que era tía del magistrado Nava Gomar, y luego se supo que en realidad tenía tres identidades más.
Por ello, como parte de la investigación, la Contraloría Interna del TEPJF le pidió precisar cómo se identificaba en actos y trámites legales. Su respuesta fue: “El nombre que utilizo para tales efectos es el de Olga Gomar de los Ríos, sin embargo, para cuestiones diversas me he identificado con el nombre de Olga Zubiaur, Olga Gomar de Zubiaur u Olga de Zubiaur”.
–¿Cómo se presentó usted ante la maestra Norma Inés Aguilar León?
–Olga Zubiaur, de inmobiliaria Rayo.
La tía de Nava Gomar le pidió a Aguilar León que le diera la oportunidad de conseguirle casa, porque tenía serios problemas económicos por el cierre de la empresa de su esposo, Inmobiliaria El Blanco –que luego él negó–; por ello la funcionaria le propuso que también buscara un edificio que el TEPJF requería para ampliar sus oficinas administrativas o como sede de la propia Sala Superior.
“Escuchando su angustia económica, y previo acuerdo con el magistrado presidente (Flavio Galván), a quien le hice saber la buena impresión que me había causado la señora Zubiaur, al mostrar disposición de servicio por los ofrecimientos incondicionales que hizo, tales como dedicarse si fuese necesario día y noche y fines de semana, le solicité autorización para poder recibir de ella información sobre algún inmueble que pudiera satisfacer las necesidades de la Sala Superior.”
El problema es que la funcionaria involucró a su esposo, el abogado Octavio López Guzmán, en la revisión de las propuestas de inmuebles que presentaba Olga Gomar. La vendedora aseguró que López Guzmán le pidió la mitad de la comisión por la compraventa y así se le hizo saber a su hermana, la madre del magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar.
En su denuncia, el magistrado expone que “la señora Gomar llamó a mi madre, quien a su vez llamó al suscrito para denunciar que en el tribunal le estaban pidiendo dinero a mi tía por la operación de la compraventa descrita”. Informó de ello al presidente del TEPJF el 30 de abril, dos semanas después de enterarse.
Y como el magistrado Galván Rivera no hizo nada luego de tres reuniones de los magistrados para tratar la presunta corrupción de su coordinadora de asesores y su esposo, de quien es amigo, Nava Gomar presentó la denuncia.
Pero el inicio de la investigación fue anómalo. No sólo se comenzó en día inhábil, el sábado 7, sino que pasó por alto la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que en su artículo 132 dispone: “Las denuncias que se formulen deberán estar apoyadas en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y presumir la responsabilidad del servidor público demandado”.
La denuncia de Nava Gomar por corrupción no contenía pruebas documentales ni elementos probatorios suficientes, sino sólo lo que le había platicado telefónicamente su madre, quien se enteró de los hechos también por esa vía por su hermana Olga Gomar de los Ríos. Como se sabría luego, eran ella y su esposo quienes pretendían quedarse con la comisión.
“Contacto con el Trife”
En el curso de la investigación, que llevó a la renuncia de Galván Rivera y la solicitud de licencia de su coordinadora de asesores el 7 de agosto de 2007, la Contraloría Interna del TEPJF confrontó la información testimonial y documental de los involucrados –que incluyó un seguimiento de la evolución patrimonial de Aguilar León y su esposo, sometidos también a espionaje telefónico ilegal–, con lo que no pudo acreditarse la supuesta corrupción.
De la investigación de la Contraloría Interna resultó, finalmente, que “el cúmulo de los elementos de la investigación son insuficientes para demostrar la existencia de la petición realizada por parte de Norma Inés Aguilar León y/o Octavio López Guzmán para que Olga Gomar de los Ríos les entregara una cantidad de dinero por la posible compraventa de un inmueble para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
Y es que, según la tía del magistrado Nava Gomar, el esposo de Aguilar León le dio a entender que, de materializarse la compraventa del edificio para el TEPJF, se repartirían las ganancias a partes iguales: “Se entiende que en esto vamos todos a mitades, ¿verdad, Olga?”.
Lo curioso es que una semana después, el 24 de abril, el propio López Guzmán le comunicó a la vendedora, vía telefónica, que él ya no estaba apoyando al TEPJF en la compra del edificio del Grupo Monitor que ella le ofreció.
“Nos brincaron. Los magistrados instruyeron a Daniel Tapia, secretario Administrativo del Tribunal, para que buscara directamente al vendedor sin intermediarios”, dijo López Guzmán, quien le ratificó que su esposa y él seguían interesados en comprar una casa en el Pedregal que costaba 6 millones 200 mil pesos.
Según el testimonio de Olga Gomar –que su sobrino incorporó a la denuncia contra la coordinadora de asesores de Galván–, dos días después de esa charla, el 26 de abril, López Guzmán le reiteró que era una “lástima” que los magistrados hubieran contactado directamente a la inmobiliaria Richard Ellis, que vendía el edificio del Grupo Monitor.
La propia denuncia de Nava Gomar asienta que su tía respondió: “Qué raro. Voy a preguntarle a un amigo de mi esposo que está en el tribunal, comentario que hizo responder al C. Octavio López Guzmán: ‘Te pido mucha discreción, por favor no manejes nombres’”.
Aun entonces, Olga Gomar no les había dicho a sus clientes potenciales su verdadero nombre ni que era tía del magistrado Nava Gomar, quien –confesó ella misma– le proporcionó información sobre el edificio del Grupo Monitor, que visitó una comisión de magistrados, encabezados por Alanís: “Fue mi sobrino, magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, quien me comentó de tal cita”.
El magistrado fue también gestor de sus tíos en la investigación, como lo demuestra un requerimiento que la Contraloría Interna le hizo a Olga Gomar. Ella “manifestó haber entregado la información” a Nava Gomar, quien efectivamente entregó a esa instancia dos recibos telefónicos enviados por su pariente.
Otro acto de favoritismo hacia los parientes del magistrado Nava Gomar es que su tío Fermín Zubiaur tuvo la gracia de que le fuera tomada la declaración en su domicilio de Cuernavaca, Morelos, pese a que la Contraloría Interna del TEPJF no está facultada para ello.
Así, mientras Aguilar León y su esposo se desentendían de la operación de compraventa del edificio, el que ponía empeño en hacerse pasar como representante del TEPJF para quedarse con la comisión era Fermín Zubiaur, esposo de Olga Gomar.
El 23 de abril, un día antes de que Octavio López Guzmán le dijo a Olga Gomar que los magistrados habían decidido negociar directamente con la inmobiliaria la compra del edificio de Grupo Monitor y seis días después de que Nava Gomar se enteró de la supuesta corrupción, Fermín Zubiaur se ostentó como el representante del TEPJF e intermediario con la inmobiliaria Richard Ellis para la operación de compraventa.
Inclusive, en la misma fecha, Zubiaur Carmona envió a Luis Reynoso, ejecutivo de esa inmobiliaria, un convenio de sociedad para obtener por comisión la mitad de 5% de los 12 millones 500 mil dólares, equivalentes a 137 millones 500 mil pesos al tipo de cambio de abril de ese año, que fue en promedio de 11 pesos por dólar. El 5% de esa cantidad era de 6 millones 875 mil pesos y la mitad, con la que se quedarían Zubiaur y su esposa, ascendía a 3 millones 437 mil pesos.
“A reserva de confirmarlo (el convenio) entre hoy y mañana, nos vemos el próximo miércoles 25 a las 12 p.m. en Grupo Monitor”, le escribió a Reynoso el tío de Nava Gomar, cuya papelería para la operación estaba rotulada con los emblemas de la inmobiliaria El Blanco, de su propiedad.
La suerte de los tíos de Nava Gomar comenzó a cambiar cuando el director asociado de CB Richard Ellis, Ángel Zamora González, le hizo notar a Fermín Zubiaur que tenía dudas de que fuera realmente el representante del TEPJF, como se ostentaba para cobrar la comisión, y le pidió una carta de intención que lo acreditara:
“Ya tuve oportunidad de platicar con mi asociado Javier Valdivia, que maneja directamente mi asunto con Monitor. La versión que él tiene, los comentarios de los principales de Monitor, los elementos y antecedentes difieren un poco, por lo que nos gustaría que se confirmara que tú eres el punto de contacto con el TRIFE (sic) y que finalmente tú puedes conseguir una carta de intención de ellos, por lo que cuando dispongas Javier puede platicar contigo para destrabar este asunto con el cual CBRE no tiene ningún problema en firmarte tu participación.”
Zubiaur montó en cólera y, en su respuesta a Zamora vía correo electrónico, amenazó con que el TEPJF no compraría el edificio a través de él:
“Si quieres que hagamos algo al respecto con Monitor, sólo tienes que enviarme el convenio firmado y en su momento mi cliente te podrá decir, si aun le interesa (negritas en el original), que sólo tratará el negocio por mi conducto. Si no fuera así, ni siquiera se acercaría de nuevo a la negociación. Por lo que pasó, si no es por mi conducto no se acerca de nuevo.”
Adiós al negocio
A través de Claudio Márquez Passy, un experto en bienes raíces, el tío de Nava Gomar trató de hacer desistir a Ángel Zamora de exigirle la carta de intención, pero la respuesta fue la misma: “CBRE no está poniendo ningún obstáculo, lo que sucede es que, y tú lo sabes, CBRE no puede firmar este convenio de comisión sin tener la certeza que Fermín es el que representa al TRIFE (sic), y más ahora que existen personas que comentaron lo mismo. Eso es lo que se necesita aclarar”.
En el intercambio por escrito con los ejecutivos de CBRE y Zubiaur no se alude a que la comisión por la compraventa se dividiría con un tercero, la coordinadora de asesores de Galván y/o su esposo, como aseguraron los tíos de Nava Gomar y lo que dio origen a la investigación.
En sus declaraciones, sin embargo, Olga Gomar y Fermín Zubiaur ratificaron que López Guzmán solicitó dinero por la compraventa. Dijeron saber que otro servidor público del TEPJF también lo hizo. “Sí, porque me lo dijo el señor Ángel Zamora”, aseguró el tío del magistrado en el testimonio que rindió en su domicilio.
Sin embargo, tal como se establece en el dictamen de la Contraloría Interna, “al analizar las comparecencias de Ángel Zamora González, Francisco Javier Valdivia Padrón y Luis Daniel Reynoso Navarro, todos de la Inmobiliaria CB Richard Ellis, fueron coincidentes en negar la existencia de una persona del ‘Trife’ a quien se daría 50% de una comisión”.
Zamora rechazó lo dicho por Zubiaur: “Jamás he tratado con nadie del tribunal ni tuve conocimiento de persona alguna que haya solicitado nada en la compraventa de ese inmueble”.
–¿Sabe si alguna otra persona ajena al TEPJF solicitó o se le ofreció alguna retribución económica o de cualquier especie en la posible compraventa?
–No lo sé –respondió.
Valdivia, encargado de la venta del edificio del Grupo Monitor, declaró inclusive que en abril funcionarios del TEPJF descartaron el inmueble con el argumento de que estaba dividido en dos predios.
“En junio, el magistrado presidente me llamó para preguntarme del inmueble y yo le comenté de las particularidades del inmueble, pero que el propietario iba a solucionar el problema de la fusión de los predios, para quedar escriturados como un solo inmueble. En ese momento, el presidente me preguntó si alguien había solicitado dinero por la operación de la compraventa y yo le ratifiqué que nadie me había pedido.”
***
ÁLVARO DELGADO, reportero
Revista Proceso # 1716, 20 de septiembre de 2009
Una investigación interna del Tribunal Electoral federal revela que en 2007, cuando el magistrado presidente Flavio Galván tuvo que renunciar por la supuesta corrupción de su coordinadora de asesores, fue el denunciante, magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, quien hizo pasar a familiares suyos como víctimas en una sucia maniobra en la que ellos incurrieron, aunque, al final, no pudieron consumarla...
Detrás de la renuncia que “por razones de salud” presentó Flavio Galván Rivera como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en agosto de 2007, hay una truculenta historia de corrupción, abuso de poder e ilegalidades que involucra a todos los magistrados, pero sobre todo a María del Carmen Alanís, la presidenta sustituta, y a Salvador Olimpo Nava Gomar, operador clave en la trama.
La caída de Galván Rivera se produjo en medio de un escándalo por la corrupción de la que fue acusada su coordinadora de asesores, Norma Inés Aguilar León, quien supuestamente le pidió una comisión a la vendedora de un edificio que quería comprar el TEPJF y que resultó ser tía de Nava Gomar, quien por esa razón presentó una denuncia.
Sin embargo, según el expediente de la investigación que obtuvo Proceso, los hechos ocurrieron exactamente al revés: fue Olga Gomar de los Ríos, tía del magistrado electoral, quien junto con su esposo, Fermín Zubiaur Carmona, pretendía obtener los 3.5 millones de pesos de comisión por la compraventa del edificio del Grupo Monitor, que tenía un precio de 12 millones 500 mil dólares.
El magistrado Nava Gomar no sólo no consideró irregular que sus tíos intervinieran en la compra de un edificio para la institución de la que él forma parte, sino que fungió como gestor e informante de ellos en el proceso de compraventa y en las investigaciones sobre la supuesta corrupción, como consta en la documentación mencionada.
Precisamente para ocultar estas evidencias fue que, por decisión de la magistrada Alanís Figueroa, se clasificó como reservado el expediente por un lustro –hasta el año 2012– y se amplió indefinidamente la clasificación de confidencial para las fojas que contienen información acerca de Nava Gomar y sus tíos.
Es otra escandalosa historia que protagonizan los magistrados del TEPJF, repudiados por sus millonarios sueldos y prestaciones, pero también bajo sospecha por el sesgo de sus resoluciones y componendas políticas, como la de Nava Gomar con su amigo Jorge Hank Rhon, excandidato priista a gobernador de Baja California (Proceso 1714).
Según la documentación que integra el expediente TEPJF-CI-DE-003/2007, el acto de corrupción que Nava Gomar imputó en su denuncia a la coordinadora de asesores de Galván Rivera y al esposo de ésta, Octavio López Guzmán, jamás se acreditó.
En cambio, conforme a la vasta información documental y testimonial, se evidencia que los tíos de Nava Gomar querían quedarse con la mitad de casi 7 millones de pesos, equivalentes a 5% de comisión por la compraventa del edificio del Grupo Monitor.
De hecho, cuando el magistrado Nava Gomar dijo haberse enterado de la supuesta corrupción de Aguilar León y su esposo, el 17 de abril de 2007, su propio tío, Fermín Zubiaur Carmona, se hacía pasar como el “punto de contacto con el Trife” (sic) para la compra del edificio administrado por la inmobiliaria CB Richard Ellis (CBRE), a la que solicitó la comisión por la compraventa.
Inclusive Zubiaur Carmona aseguró haber gestionado la visita que un grupo de magistrados hizo al inmueble, ubicado en San Jerónimo, y su esposa, Olga Gomar, confesó que fue precisamente su sobrino Salvador Olimpo Nava quien le dio información de esa cita.
Lo que echó abajo el negocio fue que Zubiaur Carmona no pudo demostrar que verdaderamente era el representante del TEPJF, tal como se lo exigió la inmobiliaria CBRE. Fue entonces cuando Nava Gomar decidió presentar su denuncia el 6 de julio de 2007. El escándalo hizo caer a Galván Rivera y lo sustituyó Alanís Figueroa, íntima amiga de Margarita Zavala y Felipe Calderón.
Ahora Alanís pretende ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el mismo propósito que tienen Nava Gomar y otro magistrado que forma parte del mismo grupo, Constancio Carrasco Daza, primo de Diódoro Carrasco Altamirano, exgobernador priista de Oaxaca y exdiputado federal por el PAN.
Los cuatro nombres de la tía
La historia se inició a finales de febrero de 2007, cuando Norma Inés Aguilar León buscaba comprar una casa particular después de acceder a un crédito por 6.2 millones de pesos del banco HSBC. En la inmobiliaria Rayo Vende la atendió Alicia Rovira, empleada que después fue sustituida por quien se identificó como Olga Zubiaur.
Aguilar León le dijo que era coordinadora de asesores del presidente del TEPJF, pero la corredora de bienes raíces omitió que era tía del magistrado Nava Gomar, y luego se supo que en realidad tenía tres identidades más.
Por ello, como parte de la investigación, la Contraloría Interna del TEPJF le pidió precisar cómo se identificaba en actos y trámites legales. Su respuesta fue: “El nombre que utilizo para tales efectos es el de Olga Gomar de los Ríos, sin embargo, para cuestiones diversas me he identificado con el nombre de Olga Zubiaur, Olga Gomar de Zubiaur u Olga de Zubiaur”.
–¿Cómo se presentó usted ante la maestra Norma Inés Aguilar León?
–Olga Zubiaur, de inmobiliaria Rayo.
La tía de Nava Gomar le pidió a Aguilar León que le diera la oportunidad de conseguirle casa, porque tenía serios problemas económicos por el cierre de la empresa de su esposo, Inmobiliaria El Blanco –que luego él negó–; por ello la funcionaria le propuso que también buscara un edificio que el TEPJF requería para ampliar sus oficinas administrativas o como sede de la propia Sala Superior.
“Escuchando su angustia económica, y previo acuerdo con el magistrado presidente (Flavio Galván), a quien le hice saber la buena impresión que me había causado la señora Zubiaur, al mostrar disposición de servicio por los ofrecimientos incondicionales que hizo, tales como dedicarse si fuese necesario día y noche y fines de semana, le solicité autorización para poder recibir de ella información sobre algún inmueble que pudiera satisfacer las necesidades de la Sala Superior.”
El problema es que la funcionaria involucró a su esposo, el abogado Octavio López Guzmán, en la revisión de las propuestas de inmuebles que presentaba Olga Gomar. La vendedora aseguró que López Guzmán le pidió la mitad de la comisión por la compraventa y así se le hizo saber a su hermana, la madre del magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar.
En su denuncia, el magistrado expone que “la señora Gomar llamó a mi madre, quien a su vez llamó al suscrito para denunciar que en el tribunal le estaban pidiendo dinero a mi tía por la operación de la compraventa descrita”. Informó de ello al presidente del TEPJF el 30 de abril, dos semanas después de enterarse.
Y como el magistrado Galván Rivera no hizo nada luego de tres reuniones de los magistrados para tratar la presunta corrupción de su coordinadora de asesores y su esposo, de quien es amigo, Nava Gomar presentó la denuncia.
Pero el inicio de la investigación fue anómalo. No sólo se comenzó en día inhábil, el sábado 7, sino que pasó por alto la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que en su artículo 132 dispone: “Las denuncias que se formulen deberán estar apoyadas en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y presumir la responsabilidad del servidor público demandado”.
La denuncia de Nava Gomar por corrupción no contenía pruebas documentales ni elementos probatorios suficientes, sino sólo lo que le había platicado telefónicamente su madre, quien se enteró de los hechos también por esa vía por su hermana Olga Gomar de los Ríos. Como se sabría luego, eran ella y su esposo quienes pretendían quedarse con la comisión.
“Contacto con el Trife”
En el curso de la investigación, que llevó a la renuncia de Galván Rivera y la solicitud de licencia de su coordinadora de asesores el 7 de agosto de 2007, la Contraloría Interna del TEPJF confrontó la información testimonial y documental de los involucrados –que incluyó un seguimiento de la evolución patrimonial de Aguilar León y su esposo, sometidos también a espionaje telefónico ilegal–, con lo que no pudo acreditarse la supuesta corrupción.
De la investigación de la Contraloría Interna resultó, finalmente, que “el cúmulo de los elementos de la investigación son insuficientes para demostrar la existencia de la petición realizada por parte de Norma Inés Aguilar León y/o Octavio López Guzmán para que Olga Gomar de los Ríos les entregara una cantidad de dinero por la posible compraventa de un inmueble para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
Y es que, según la tía del magistrado Nava Gomar, el esposo de Aguilar León le dio a entender que, de materializarse la compraventa del edificio para el TEPJF, se repartirían las ganancias a partes iguales: “Se entiende que en esto vamos todos a mitades, ¿verdad, Olga?”.
Lo curioso es que una semana después, el 24 de abril, el propio López Guzmán le comunicó a la vendedora, vía telefónica, que él ya no estaba apoyando al TEPJF en la compra del edificio del Grupo Monitor que ella le ofreció.
“Nos brincaron. Los magistrados instruyeron a Daniel Tapia, secretario Administrativo del Tribunal, para que buscara directamente al vendedor sin intermediarios”, dijo López Guzmán, quien le ratificó que su esposa y él seguían interesados en comprar una casa en el Pedregal que costaba 6 millones 200 mil pesos.
Según el testimonio de Olga Gomar –que su sobrino incorporó a la denuncia contra la coordinadora de asesores de Galván–, dos días después de esa charla, el 26 de abril, López Guzmán le reiteró que era una “lástima” que los magistrados hubieran contactado directamente a la inmobiliaria Richard Ellis, que vendía el edificio del Grupo Monitor.
La propia denuncia de Nava Gomar asienta que su tía respondió: “Qué raro. Voy a preguntarle a un amigo de mi esposo que está en el tribunal, comentario que hizo responder al C. Octavio López Guzmán: ‘Te pido mucha discreción, por favor no manejes nombres’”.
Aun entonces, Olga Gomar no les había dicho a sus clientes potenciales su verdadero nombre ni que era tía del magistrado Nava Gomar, quien –confesó ella misma– le proporcionó información sobre el edificio del Grupo Monitor, que visitó una comisión de magistrados, encabezados por Alanís: “Fue mi sobrino, magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, quien me comentó de tal cita”.
El magistrado fue también gestor de sus tíos en la investigación, como lo demuestra un requerimiento que la Contraloría Interna le hizo a Olga Gomar. Ella “manifestó haber entregado la información” a Nava Gomar, quien efectivamente entregó a esa instancia dos recibos telefónicos enviados por su pariente.
Otro acto de favoritismo hacia los parientes del magistrado Nava Gomar es que su tío Fermín Zubiaur tuvo la gracia de que le fuera tomada la declaración en su domicilio de Cuernavaca, Morelos, pese a que la Contraloría Interna del TEPJF no está facultada para ello.
Así, mientras Aguilar León y su esposo se desentendían de la operación de compraventa del edificio, el que ponía empeño en hacerse pasar como representante del TEPJF para quedarse con la comisión era Fermín Zubiaur, esposo de Olga Gomar.
El 23 de abril, un día antes de que Octavio López Guzmán le dijo a Olga Gomar que los magistrados habían decidido negociar directamente con la inmobiliaria la compra del edificio de Grupo Monitor y seis días después de que Nava Gomar se enteró de la supuesta corrupción, Fermín Zubiaur se ostentó como el representante del TEPJF e intermediario con la inmobiliaria Richard Ellis para la operación de compraventa.
Inclusive, en la misma fecha, Zubiaur Carmona envió a Luis Reynoso, ejecutivo de esa inmobiliaria, un convenio de sociedad para obtener por comisión la mitad de 5% de los 12 millones 500 mil dólares, equivalentes a 137 millones 500 mil pesos al tipo de cambio de abril de ese año, que fue en promedio de 11 pesos por dólar. El 5% de esa cantidad era de 6 millones 875 mil pesos y la mitad, con la que se quedarían Zubiaur y su esposa, ascendía a 3 millones 437 mil pesos.
“A reserva de confirmarlo (el convenio) entre hoy y mañana, nos vemos el próximo miércoles 25 a las 12 p.m. en Grupo Monitor”, le escribió a Reynoso el tío de Nava Gomar, cuya papelería para la operación estaba rotulada con los emblemas de la inmobiliaria El Blanco, de su propiedad.
La suerte de los tíos de Nava Gomar comenzó a cambiar cuando el director asociado de CB Richard Ellis, Ángel Zamora González, le hizo notar a Fermín Zubiaur que tenía dudas de que fuera realmente el representante del TEPJF, como se ostentaba para cobrar la comisión, y le pidió una carta de intención que lo acreditara:
“Ya tuve oportunidad de platicar con mi asociado Javier Valdivia, que maneja directamente mi asunto con Monitor. La versión que él tiene, los comentarios de los principales de Monitor, los elementos y antecedentes difieren un poco, por lo que nos gustaría que se confirmara que tú eres el punto de contacto con el TRIFE (sic) y que finalmente tú puedes conseguir una carta de intención de ellos, por lo que cuando dispongas Javier puede platicar contigo para destrabar este asunto con el cual CBRE no tiene ningún problema en firmarte tu participación.”
Zubiaur montó en cólera y, en su respuesta a Zamora vía correo electrónico, amenazó con que el TEPJF no compraría el edificio a través de él:
“Si quieres que hagamos algo al respecto con Monitor, sólo tienes que enviarme el convenio firmado y en su momento mi cliente te podrá decir, si aun le interesa (negritas en el original), que sólo tratará el negocio por mi conducto. Si no fuera así, ni siquiera se acercaría de nuevo a la negociación. Por lo que pasó, si no es por mi conducto no se acerca de nuevo.”
Adiós al negocio
A través de Claudio Márquez Passy, un experto en bienes raíces, el tío de Nava Gomar trató de hacer desistir a Ángel Zamora de exigirle la carta de intención, pero la respuesta fue la misma: “CBRE no está poniendo ningún obstáculo, lo que sucede es que, y tú lo sabes, CBRE no puede firmar este convenio de comisión sin tener la certeza que Fermín es el que representa al TRIFE (sic), y más ahora que existen personas que comentaron lo mismo. Eso es lo que se necesita aclarar”.
En el intercambio por escrito con los ejecutivos de CBRE y Zubiaur no se alude a que la comisión por la compraventa se dividiría con un tercero, la coordinadora de asesores de Galván y/o su esposo, como aseguraron los tíos de Nava Gomar y lo que dio origen a la investigación.
En sus declaraciones, sin embargo, Olga Gomar y Fermín Zubiaur ratificaron que López Guzmán solicitó dinero por la compraventa. Dijeron saber que otro servidor público del TEPJF también lo hizo. “Sí, porque me lo dijo el señor Ángel Zamora”, aseguró el tío del magistrado en el testimonio que rindió en su domicilio.
Sin embargo, tal como se establece en el dictamen de la Contraloría Interna, “al analizar las comparecencias de Ángel Zamora González, Francisco Javier Valdivia Padrón y Luis Daniel Reynoso Navarro, todos de la Inmobiliaria CB Richard Ellis, fueron coincidentes en negar la existencia de una persona del ‘Trife’ a quien se daría 50% de una comisión”.
Zamora rechazó lo dicho por Zubiaur: “Jamás he tratado con nadie del tribunal ni tuve conocimiento de persona alguna que haya solicitado nada en la compraventa de ese inmueble”.
–¿Sabe si alguna otra persona ajena al TEPJF solicitó o se le ofreció alguna retribución económica o de cualquier especie en la posible compraventa?
–No lo sé –respondió.
Valdivia, encargado de la venta del edificio del Grupo Monitor, declaró inclusive que en abril funcionarios del TEPJF descartaron el inmueble con el argumento de que estaba dividido en dos predios.
“En junio, el magistrado presidente me llamó para preguntarme del inmueble y yo le comenté de las particularidades del inmueble, pero que el propietario iba a solucionar el problema de la fusión de los predios, para quedar escriturados como un solo inmueble. En ese momento, el presidente me preguntó si alguien había solicitado dinero por la operación de la compraventa y yo le ratifiqué que nadie me había pedido.”
***
Retrospectiva
Nava Gomar Contra Flavio; la llegada de Alanía..
Tomado de la revista Proceso, No. 1607, 19/08/2007;Los recientes escándalos protagonizados por integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no sólo anulan la confianza que requiere la máxima instancia jurisdiccional del país en esa materia, sino que evidencian cómo, con su insana trama de vínculos familiares y partidistas, el Poder Judicial se volvió un coto político en disputa, como cualquier otro.
Una vasta red que involucra a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la Presidencia de la República, que alcanza a un magistrado del Consejo de la Judicatura Federal, y la disputa por el control del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), llevó a María del Carmen Alanís Figueroa a la presidencia del máximo organismo jurisdiccional en la materia.
Nava Gomar Contra Flavio; la llegada de Alanía..
Tomado de la revista Proceso, No. 1607, 19/08/2007;Los recientes escándalos protagonizados por integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no sólo anulan la confianza que requiere la máxima instancia jurisdiccional del país en esa materia, sino que evidencian cómo, con su insana trama de vínculos familiares y partidistas, el Poder Judicial se volvió un coto político en disputa, como cualquier otro.
Una vasta red que involucra a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la Presidencia de la República, que alcanza a un magistrado del Consejo de la Judicatura Federal, y la disputa por el control del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), llevó a María del Carmen Alanís Figueroa a la presidencia del máximo organismo jurisdiccional en la materia.
Arropada desde Los Pinos por Margarita Zavala, la esposa del presidente Felipe Calderón, Alanís se quedó con el máximo cargo del TEPJF en una disputa interna que, por el momento, no sólo relegó y desacreditó al magistrado Flavio Galván Rivera, sino que puso en evidencia que cargos clave del Poder Judicial de México se concentran en unas cuantas manos.Por lo menos cuatro ministros de la SCJN (Fernando Franco González Salas, Sergio Valls Hernández, Juan Silva Meza y Margarita Luna Ramos) tienen presencia directa o indirecta en la estructura administrativa o jurisdiccional del TEPJF. Es el mismo caso del magistrado Luis María Aguilar Morales, miembro del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el organismo que se encarga de vigilar la actuación de los jueces federales y magistrados del país.
Fragmentado por los enfrentamientos entre sus magistrados y los diferentes intereses políticos de su entorno en el que predomina el PAN, el TEPJF enfrenta la peor crisis desde su creación en 1996, cuando sustituyó al Tribunal Federal Electoral (Trife). Entre octubre de 1990 y octubre de 1996, el presidente del Trife fue el ahora ministro Franco, quien desde entonces apoyó la carrera de María del Carmen Alanís, hija de Agustín Alanís Fuentes, procurador de justicia del Distrito Federal en el gobierno de José López Portillo.
Con el gobierno federal aún en manos del PRI, Franco y Alanís iniciaron su carrera judicial y administrativa en el viejo régimen, pero ambos se adaptaron a los nuevos tiempos políticos. Franco llegó a la SCJN de la mano del expresidente Vicente Fox después de haber sido su subsecretario del Trabajo, y Alanís representa la presencia de Calderón y el PAN en el TEPJF; desde que se convirtió en magistrada es una asidua visitante de Los Pinos.Por el control del tribunal se desató un duro enfrentamiento entre los siete magistrados que integran la Sala Superior del TEPJF, seis de los cuales asumieron su cargo apenas en noviembre pasado. Propuestos por la Suprema Corte y negociados sus nombramientos en el Senado para ocupar esos cargos durante 10 años, Flavio Galván, Alanís, Salvador Olimpo Nava Gomar, Constancio Carrasco Daza, Manuel González Oropeza y Pedro Esteban Penagos, a partir de noviembre del año pasado sustituyeron por mandato constitucional a los magistrados que casi tres meses antes emitieron el polémico dictamen para validar la elección de Felipe Calderón.
Por acuerdo mayoritario de los nuevos magistrados, Galván Rivera fue designado presidente del TEPJF en consideración a sus casi dos décadas de trabajo en los órganos jurisdiccionales electorales, y tomando en cuenta que en la anterior integración de la Sala Superior ocupó la Secretaría General de Acuerdos, instancia de la presidencia del tribunal que se encarga del funcionamiento de la propia sala.Pero esa designación dejó inconformes a algunos. Uno de ellos fue Alejandro Luna Ramos, hermano de la ministra de la corte. Él también dio su aval al triunfo de Calderón y apenas por un voto en el Senado se salvó de ser relevado en el tribunal durante la designación de los nuevos magistrados. Quería ser presidente del TEPJF con el argumento de que era el magistrado con más antigüedad. Con la salida de los magistrados anteriores, se había convertido en el decano, pues en abril de 2005, con el apoyo de su hermana desde la corte, llegó al TEPJF para reemplazar al fallecido magistrado José Luis de la Peza. Lo que sí logró, pese a la oposición de los nuevos integrantes del tribunal, fue quedarse con las mejores oficinas, que incluyen una sala de descanso. Esas instalaciones se las dejó el magistrado Eloy Fuentes, quien fue presidente del TEPJF entre 2004 y septiembre de 2005, cuando dejó el cargo en condiciones nunca aclaradas.Luna Ramos tiene otra herencia de Fuentes. Uno de sus secretarios de estudio y cuenta –quienes se encargan de elaborar los proyectos de resolución- de los juicios– es Iván Ernesto Fuentes Garrido, hijo del exmagistrado.
Por acuerdo mayoritario de los nuevos magistrados, Galván Rivera fue designado presidente del TEPJF en consideración a sus casi dos décadas de trabajo en los órganos jurisdiccionales electorales, y tomando en cuenta que en la anterior integración de la Sala Superior ocupó la Secretaría General de Acuerdos, instancia de la presidencia del tribunal que se encarga del funcionamiento de la propia sala.Pero esa designación dejó inconformes a algunos. Uno de ellos fue Alejandro Luna Ramos, hermano de la ministra de la corte. Él también dio su aval al triunfo de Calderón y apenas por un voto en el Senado se salvó de ser relevado en el tribunal durante la designación de los nuevos magistrados. Quería ser presidente del TEPJF con el argumento de que era el magistrado con más antigüedad. Con la salida de los magistrados anteriores, se había convertido en el decano, pues en abril de 2005, con el apoyo de su hermana desde la corte, llegó al TEPJF para reemplazar al fallecido magistrado José Luis de la Peza. Lo que sí logró, pese a la oposición de los nuevos integrantes del tribunal, fue quedarse con las mejores oficinas, que incluyen una sala de descanso. Esas instalaciones se las dejó el magistrado Eloy Fuentes, quien fue presidente del TEPJF entre 2004 y septiembre de 2005, cuando dejó el cargo en condiciones nunca aclaradas.Luna Ramos tiene otra herencia de Fuentes. Uno de sus secretarios de estudio y cuenta –quienes se encargan de elaborar los proyectos de resolución- de los juicios– es Iván Ernesto Fuentes Garrido, hijo del exmagistrado.
Trabazón familiar y política
El hermano de Margarita Luna no es el único con privilegios. En sus escasos nueves meses como presidente del TEPJF, Flavio Galván apoyó las exigencias de sus colegas para que les cambiaran mobiliario o les dieran teléfonos celular y siete camionetas Suburban para reemplazar a las Windstar que tenían. Esa renovación no incluyó los vehículos blindados que pretendía Alanís, ahora presidenta del tribunal. El propio Galván ordenó cambiar los muebles y accesorios de los baños de mármol pulido de la presidencia del TEPJF. También mantuvo los privilegios del quinto piso del edificio principal del tribunal, donde está el comedor para los ministros y sus invitados, un salón para juegos de mesa, una sala de juntas para la Comisión de Administración –en la que participan tres consejeros del CJF– y dos salas más para juntas de los ministros. Para su servicio de comedor, los magistrados cuentan con dos chefs y se les provee de vinos importados.
El ejecutor de esos y otros gastos como responsable de los recursos fue Daniel Tapia Izquierdo, secretario administrativo del tribunal hasta el pasado 29 de junio, fecha en que salió de la institución en medio de las disputas de los magistrados. Cuatro días antes de la renuncia de Galván, Tapia tuvo que comparecer ante la contraloría interna para explicar las erogaciones y la adquisición de un inmueble para la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción, que desató el escándalo.
El secretario administrativo del tribunal es el cargo de más importancia después de los magistrados de la Sala Superior y de las cinco salas regionales. Ahora el cargo es ocupado por Diego Gutiérrez Morales, yerno del ministro de la corte Juan Silva Meza. El ministro asegura que su familiar tiene una larga carrera en el Poder Judicial y que él no ha tenido que ver en los cargos que ha ocupado, incluido su reciente nombramiento.Gutiérrez Morales no es el único funcionario con fuertes lazos en la corte. También es el caso de Mario Rodríguez Santos, el contralor interno del tribunal, cargo al que llegó de la mano de Sergio Valls Hernández. Este ministro lo promovió desde el Consejo de la Judicatura Federal, del que formó parte antes de llegar a la SCJN. Valls niega que él haya influido y aduce que sólo formó parte del consejo que lo designó contralor.
Rodríguez Santos, quien en los últimos años se ha encargado de vigilar el gasto del tribunal, es ahora personaje clave en las investigaciones sobre la gestión de Galván. De sus indagatorias depende que el caso pase a la Comisión de Administración del TEPJF, instancia encargada del ejercicio del presupuesto del tribunal –que para este año es de casi mil 129 millones de pesos– y de imponer las sanciones a los funcionarios por irregularidades o faltas.
El CJF tiene injerencia directa en la Comisión de Administración, que es presidida por Alanís en su calidad de presidenta del tribunal. También participa en ella el magistrado Constancio Carrasco Daza, primo de Diódoro Carrasco Altamirano, actual diputado del PAN, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Oaxaca, donde Carrasco Daza fue procurador. El secretario técnico de la comisión es Diego Gutiérrez Morales.
En la Comisión de Administración también participan tres magistrados consejeros del CJF, María Teresa Herrera Tello, designada en el órgano de vigilancia de los jueces federales y magistrados por Vicente Fox; Elvia Díaz de León, nombrada por el Poder Judicial, y Miguel Ángel Quirós, quien fue propuesto por el Senado.
La presencia del CJF en el tribunal va más allá de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El magistrado Luis María Aguilar, presidente de las comisiones de Administración y de Disciplina del CJF, tiene un hermano en el tribunal: José Alfredo Aguilar Morales, jefe de la unidad de Control de Obras y Conservación, que depende de Gutiérrez Morales.Dentro del TEPJF hay otro funcionario importante para el futuro de Galván y sus colaboradores: Rodolfo Terrazas Salgado, director del Centro de Capacitación Judicial Electoral y representante de la Sala Superior en la Comisión Sustanciadora del propio tribunal, encargada de conducir los casos relativos a la imposición de sanciones de los servidores del tribunal por irregularidades o faltas administrativas.
Magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) entre 1999 y 2006, Terrazas fue designado en esos cargos en una sesión privada de la Sala Superior que se llevó a cabo el 14 de mayo de 2007. Al igual que Alanís, Terrazas trabajó en el Trife con el ministro Franco, pero éste dice que el trato de mucho tiempo que tiene con ambos no significa que haya sido su impulsor. Asegura que nunca he hablado con ningún magistrado para recomendar a nadie. Propuesto por Vicente Fox para llegar a la corte, Franco fue subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social entre diciembre de 2000 y enero de 2006, cuando el secretario del Trabajo era Carlos Abascal Carranza. Ya en su cargo actual de secretario general adjunto del PAN, Abascal estuvo presente en la sesión solemne del 14 de diciembre pasado, cuando Franco asumió como ministro de la SCJN.
Terrazas Salgado está identificado con los intereses del PAN. Incluso, como magistrado electoral de la capital del país fue acusado formalmente por el entonces representante de Convergencia por la Democracia, el actual diputado federal Elías Cárdenas Márquez, de haber asesorado a Acción Nacional antes de que los asuntos se trataran en el pleno del tribunal local. Más aún, el nombre de Terrazas ha sido señalado en una auditoría realizada por la adquisición, en 2005, del actual edificio que ocupa el TEDF en Río Magdalena 21, colonia Del Valle.
Además de la disputa por el control del máximo órgano electoral, la salida de Galván de la presidencia del TEPJF el pasado 6 de agosto fue determinada por sus decisiones en torno a la administración de los recursos del tribunal. La adquisición de un edificio para la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción del TEPJF, con cabecera en el Distrito Federal, detonó su salida.El miércoles 8, el periódico Reforma publicó una nota sin firma según la cual la adquisición del inmueble estaba a cargo de Norma Inés Aguilar León, entonces coordinadora de asesores del presidente del tribunal y quien, de acuerdo con esa versión, le solicitó a una inmobiliaria 5 millones de pesos a cambio del contrato de compraventa del inmueble.
Aguilar León fue una muy cercana colaboradora de Galván por más de una década en el TEPJF, al que llegó como estudiante para hacer su servicio social. Pronto pasó a trabajar al lado de Galván y empezó a ocupar importantes espacios de poder. No sólo se convirtió en la coordinadora de asesores del secretario general de Acuerdos, sino que fue nombrada representante del tribunal ante los organismos electorales.
La influencia de Aguilar León en las decisiones administrativas de la Secretaría General le causaron problemas a Galván, quien se debilitó en el tribunal cuando cuestionó públicamente a sus predecesores por el millonario fideicomiso que integraron para su retiro. No sólo acordó con el resto del pleno de la Sala Superior la disolución de ese fideicomiso, sino que despidió a parte del personal de los anteriores magistrados. Su coordinadora de asesores se convirtió en el punto más vulnerable de Galván. De acuerdo con la versión de prensa, durante la búsqueda del nuevo edificio para el tribunal, Aguilar intentó corromper a una empresa de bienes raíces en la que participa Olga Gomar, tía de Salvador Olimpo Nava Gomar. Documentación en poder de Proceso señala que desde mayo pasado el propio Nava mostró un reiterado interés en torno al “uso” que tendría el nuevo edificio. Desatado el escándalo y luego de la elección de Alanís, Nava Gomar desapareció de escena. Cuando se le requirió información, en su oficina se dijo que estará de vacaciones hasta los últimos días de agosto.
Nava Gomar fue un activo promotor de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental antes de ser magistrado, y junto con el ministro Penagos fue uno de los principales opositores a conceder el acceso a las boletas de la elección presidencial solicitado por este semanario; incluso comparó la petición con la intención de contar los billetes del Banco de México. Penagos se refirió a las boletas como “papeles inservibles” (Proceso 1591).En cambio, Nava logró la creación de la Comisión de Supervisión y Resolución en materia de transparencia y acceso a la información del TEPJF. Como secretario técnico de la misma llevó a Francisco Javier Acuña Llamas, con quien trabajó en el Departamento de Derecho de la Universidad Anáhuac del Sur, fundada por los Legionarios de Cristo.Hijo de Salvador Nava Castellanos, actual director de Vialidad de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, Nava Gomar llegó al tribunal, igual que Alanís, con el respaldo de los senadores del PAN. Durante la pasada campaña presidencial, el ahora magistrado mostró su apoyo a Calderón. En una colaboración periodística en el diario la Crónica de Hoy, en enero de 2006, definió a Calderón como “un tipo congruente, interlocutor válido incluso para sus opositores y hombre de una sola trayectoria”.Al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador lo describió como representante de la más tradicional de las izquierdas, y del PRI dijo que no todos los militantes de ese partido deben ser considerados pillos como su entonces candidato, Roberto Madrazo.Más evidente aún es la cercanía de Alanís con Calderón y Los Pinos. En los días más intensos de la elección presidencial, tuvo una intensa comunicación, de cientos de llamadas telefónicas, con el equipo de Calderón, según informó el diario El Centro en su edición del pasado lunes 13 de agosto.Pragmática, Alanís Figueroa ha tejido una amplia red de alianzas en la que entrecruza al PAN, al PRI y al Partido Alternativa Socialdemócrata. No ha estado exenta del escándalo y llegó a la presidencia del TEPJF con una votación dividida.En septiembre de 2005 renunció con una carta pública a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE) y acusó a su presidente, Luis Carlos Ugalde, de falta de apoyo e injerencia en su trabajo. El desencuentro ocurrió luego del divorcio de Ugalde con Pía Limón, con quien Alanís, como Margarita Zavala, mantiene una amistad de casi tres décadas.Los escándalos en el TEPJF no cesan. El viernes 17, Reforma publicó en otra nota sin firma que el general retirado Valentín Romano López, coordinador de Seguridad y Protección Civil, ha sido investigado por la Procuraduría General de la República debido a presuntos vínculos con el narcotráfico y por la procuraduría de Veracruz en relación con un presunto fraude en la compra de chalecos antibalas para la policía del estado. El general había sido ratificado por la presidenta María del Carmen Alanís
Terrazas Salgado está identificado con los intereses del PAN. Incluso, como magistrado electoral de la capital del país fue acusado formalmente por el entonces representante de Convergencia por la Democracia, el actual diputado federal Elías Cárdenas Márquez, de haber asesorado a Acción Nacional antes de que los asuntos se trataran en el pleno del tribunal local. Más aún, el nombre de Terrazas ha sido señalado en una auditoría realizada por la adquisición, en 2005, del actual edificio que ocupa el TEDF en Río Magdalena 21, colonia Del Valle.
Además de la disputa por el control del máximo órgano electoral, la salida de Galván de la presidencia del TEPJF el pasado 6 de agosto fue determinada por sus decisiones en torno a la administración de los recursos del tribunal. La adquisición de un edificio para la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción del TEPJF, con cabecera en el Distrito Federal, detonó su salida.El miércoles 8, el periódico Reforma publicó una nota sin firma según la cual la adquisición del inmueble estaba a cargo de Norma Inés Aguilar León, entonces coordinadora de asesores del presidente del tribunal y quien, de acuerdo con esa versión, le solicitó a una inmobiliaria 5 millones de pesos a cambio del contrato de compraventa del inmueble.
Aguilar León fue una muy cercana colaboradora de Galván por más de una década en el TEPJF, al que llegó como estudiante para hacer su servicio social. Pronto pasó a trabajar al lado de Galván y empezó a ocupar importantes espacios de poder. No sólo se convirtió en la coordinadora de asesores del secretario general de Acuerdos, sino que fue nombrada representante del tribunal ante los organismos electorales.
La influencia de Aguilar León en las decisiones administrativas de la Secretaría General le causaron problemas a Galván, quien se debilitó en el tribunal cuando cuestionó públicamente a sus predecesores por el millonario fideicomiso que integraron para su retiro. No sólo acordó con el resto del pleno de la Sala Superior la disolución de ese fideicomiso, sino que despidió a parte del personal de los anteriores magistrados. Su coordinadora de asesores se convirtió en el punto más vulnerable de Galván. De acuerdo con la versión de prensa, durante la búsqueda del nuevo edificio para el tribunal, Aguilar intentó corromper a una empresa de bienes raíces en la que participa Olga Gomar, tía de Salvador Olimpo Nava Gomar. Documentación en poder de Proceso señala que desde mayo pasado el propio Nava mostró un reiterado interés en torno al “uso” que tendría el nuevo edificio. Desatado el escándalo y luego de la elección de Alanís, Nava Gomar desapareció de escena. Cuando se le requirió información, en su oficina se dijo que estará de vacaciones hasta los últimos días de agosto.
Nava Gomar fue un activo promotor de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental antes de ser magistrado, y junto con el ministro Penagos fue uno de los principales opositores a conceder el acceso a las boletas de la elección presidencial solicitado por este semanario; incluso comparó la petición con la intención de contar los billetes del Banco de México. Penagos se refirió a las boletas como “papeles inservibles” (Proceso 1591).En cambio, Nava logró la creación de la Comisión de Supervisión y Resolución en materia de transparencia y acceso a la información del TEPJF. Como secretario técnico de la misma llevó a Francisco Javier Acuña Llamas, con quien trabajó en el Departamento de Derecho de la Universidad Anáhuac del Sur, fundada por los Legionarios de Cristo.Hijo de Salvador Nava Castellanos, actual director de Vialidad de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, Nava Gomar llegó al tribunal, igual que Alanís, con el respaldo de los senadores del PAN. Durante la pasada campaña presidencial, el ahora magistrado mostró su apoyo a Calderón. En una colaboración periodística en el diario la Crónica de Hoy, en enero de 2006, definió a Calderón como “un tipo congruente, interlocutor válido incluso para sus opositores y hombre de una sola trayectoria”.Al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador lo describió como representante de la más tradicional de las izquierdas, y del PRI dijo que no todos los militantes de ese partido deben ser considerados pillos como su entonces candidato, Roberto Madrazo.Más evidente aún es la cercanía de Alanís con Calderón y Los Pinos. En los días más intensos de la elección presidencial, tuvo una intensa comunicación, de cientos de llamadas telefónicas, con el equipo de Calderón, según informó el diario El Centro en su edición del pasado lunes 13 de agosto.Pragmática, Alanís Figueroa ha tejido una amplia red de alianzas en la que entrecruza al PAN, al PRI y al Partido Alternativa Socialdemócrata. No ha estado exenta del escándalo y llegó a la presidencia del TEPJF con una votación dividida.En septiembre de 2005 renunció con una carta pública a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE) y acusó a su presidente, Luis Carlos Ugalde, de falta de apoyo e injerencia en su trabajo. El desencuentro ocurrió luego del divorcio de Ugalde con Pía Limón, con quien Alanís, como Margarita Zavala, mantiene una amistad de casi tres décadas.Los escándalos en el TEPJF no cesan. El viernes 17, Reforma publicó en otra nota sin firma que el general retirado Valentín Romano López, coordinador de Seguridad y Protección Civil, ha sido investigado por la Procuraduría General de la República debido a presuntos vínculos con el narcotráfico y por la procuraduría de Veracruz en relación con un presunto fraude en la compra de chalecos antibalas para la policía del estado. El general había sido ratificado por la presidenta María del Carmen Alanís
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Revista Proceso # 1714, 6 de septiembre de 2009
Del magistrado Salvador Nava sobre “A los pies del caciquito…”
Revista Proceso # 1714, 6 de septiembre de 2009
Del magistrado Salvador Nava sobre “A los pies del caciquito…”
Señor director:Me refiero a usted por el artículo de un supuesto periodista llamado Álvaro Delgado, intitulado A los pies del caciquito..., del 23 de agosto del 2009 (Proceso No. 1712).
El señor Delgado hace apreciaciones falsas y descontextualiza los hechos. Hago alusión, en específico, de la mención que hace de mi trabajo como Magistrado. Siempre he pensado que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, y en ese contexto y perspectiva he dedicado estos últimos años a la Nación desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Proceso no perdona el fallo del caso coloquialmente conocido como “de las boletas electorales de la reciente elección presidencial”, el cual suscitó una serie de enfoques que, siendo todos respetables, no incorporaron los elementos centrales de la sentencia.
Como Magistrado tengo la responsabilidad de pacificar las contiendas electorales. Ello exige equilibrio entre la pronta respuesta al reclamo de administración de justicia, y el sosiego suficiente para brindar certeza y seguridad jurídicas. Que me haya reunido o no con Jorge Hank Rhon es lo de menos, corresponde a un asunto que tuvo lugar en dado caso en el 2007. No tiene ningún interés periodístico y tampoco he violentado ninguna norma jurídica. En dado caso, se facilitaron los alegatos de oídas para promover una justicia imparcial.
No soy de derecha, contrario a lo que pueda desprenderse del artículo del señor Delgado, quien comienza su colaboración, temeraria y poco informada, diciendo: “Bajo sospecha por el sesgo político de sus fallos y la opulencia de sus sueldos, que superan los 340 mil pesos al mes, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también suelen guiar sus sentencias por relaciones secretas de amistad, como la que mantiene Salvador Nava Gomar con el priísta Jorge Hank Rhon”. A lo que le digo, no se trata de un “juego de suma cero” en el que al final todo se reduce a la polarización entre “opacos” y “transparentes”, o “buscadores de la verdad histórica” y quienes rechazan buscarla.
Es falso también que el diputado electo Roberto Gil haya sido socio en mi despacho. Sí hemos hecho negocios juntos, pero en el marco de la ley. Ni Proceso, Delgado o Villanueva lograrán destruir mi reputación que me he forjado como profesionista (académico, juzgador y consultor). Menos mi posición de Magistrado del máximo tribunal electoral que tanto me ha costado y me he preparado para ello, amén de contar con la inmovilidad prevista en la Constitución. Señor Delgado, la alianza de usted con Ernesto Villanueva –respaldados por Proceso– ha quedado en claro: he soportado el descomunal despliegue de afirmaciones que Ernesto Villanueva ha hecho en mi contra, ciertas o no, las cuales he tolerado por prudencia.
A Delgado y Villanueva no sólo les duele mi salario sino también mi cargo como servidor público. No perdonan el éxito ajeno. Ese resentimiento se ve reflejado en el continuo ataque a mi persona. No comprenden que no soy culpable de la disfuncionalidad de las instituciones ni de la laxitud de las normas jurídicas de nuestra Nación. Los sueldos y prestaciones corresponden a nuestra investidura y a nuestro trabajo especializado al que nos dedicamos con imparcialidad y ética; los reducidos sueldos de periodistas y de académicos no son mi responsabilidad. Estoy cansado de tanto ataque y no puedo pasar por alto esta nueva embestida. Después se quejan de las agresiones a periodistas. Si el ataque a las instituciones no fueran los pilares de su trabajo no habría ese problema. No dejaré pasar una más. Haré lo que sea necesario para asegurarme de que ello sea así. Qué falta le hace a nuestra Nación periodistas y académicos que no siembren encono en la sociedad sino que le den esperanza de un futuro mejor.
Salvador Olimpo Nava Gomar
Magistrado de la Sala Superior
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
**Respuesta del reportero
**Respuesta del reportero
Señor director:El magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar ratifica la reunión secreta que sostuvo, el 23 de marzo de 2007, con Jorge Hank Rhon en Tijuana, Baja California, que motivó el reportaje publicado bajo mi firma. Él dice que tal encuentro “es lo de menos” y, enseguida, lo justifica: “En dado caso se facilitaron los alegatos de oídas para promover una justicia imparcial”. Pero los “alegatos de oídas” –en este caso a domicilio– sólo pueden celebrarse cuando hay un juicio y la defensa de Hank Rhon inició dos de éstos –uno de revisión constitucional electoral, que quedó a cargo de Nava, y otro de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, que atendió Pedro Penagos López, tal como se publicó en Proceso– ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hasta el 28 de junio, más de tres meses después de la reunión secreta de Nava Gomar con Hank Rhon en el hipódromo de Agua Caliente.No respondo a los insultos del magistrado, pero hago constar su amenaza directa a mi persona.
Atentamente
Álvaro Delgado
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Respuesta de Ernesto Villanueva
Señor director:Jamás imaginé el cinismo con el que se expresa el magistrado Salvador Nava Gomar en su carta de “réplica”, reflejo de este México sin consecuencias. No desmiente nada de lo que afirmo sobre su actuación pública que, como es lógico, está sujeta al escrutinio de la sociedad. Sus opiniones sobre mi persona lo dibujan perfectamente. Lamento que tenga que llegar a la amenaza personal ante la ausencia de argumentos.
Atentamente
Ernesto Villanueva
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