El caso de Jacinta en el Congreso

Luego de la liberación de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, diputados del PRI, PAN y PRD se pronunciaron por legislar en materia de procuración e impartición de justicia, debido a que existen muchos indígenas que se encuentran en una situación similar ante las deficiencias en las instituciones jurídicas.
Al respecto, la diputada del PRI, Sofía Castro Ríos dijo en una entrevista que una vez que se instale la Comisión de Asuntos Indígenas pedirá al Poder Judicial Federal y estatal un informe detallado de las mujeres indígenas que se encuentran recluidas por procesos legales vigentes. “Vamos a revisar y pedir informes a efecto de saber cuántas mujeres indígenas están presas en las cárceles, de qué delito se les acusa y cuáles son las razones de que no se les haya hecho valer las vías de pre-liberación”.

Castro Ríos dijo que una vez que se instale la comisión “estaremos en la oportunidad con toda la autoridad de hacer comparecer a los órganos encargados de impartir y administrar justicia. Consideró que en las investigaciones en donde se ven involucrados indígenas se soslaya el derecho y la garantía de audiencia de defensa de las víctimas de los delitos. “Hoy es Jacinta, pero seguramente hay muchas más Jacintas en las cárceles del país que están purgando penas de las que no son culpables”, precisó.

A su vez el diputado del PAN Gregorio Hurtado Leija informó que plantearán una propuesta para que en los procesos jurídicos a las personas que pertenecen a comunidades indígenas se les respete dentro de sus usos y costumbres. “Lo peor que podemos hacer es seguir faltándole a los derechos humanos de las comunidades indígenas y tener cierto rango de discriminación hacia ellos, se les debe respetar, por ello se deben actualizar las leyes federales en los términos de nuestra Constitución”, afirmó.

Respecto al caso de Jacinta, el diputado consideró que es un claro ejemplo de las deficiencias que existen en materia de procuración e impartición de justicia. “Hay muchos cabos sueltos y seriamos de la idea de solicitar una investigación a los propios elementos policiacos que emitieron la acusación en contra de estas personas”, precisó.
Si la autoridad ya emitió que no hay delito que perseguir, entonces hay falsedad de lo que los cuerpos policiacos manifestaron y debe ser un ejemplo claro para que se conduzcan con la verdad los casos y no se acuse falsamente a las personas. “El caso se debe tomar como ejemplo y partir como base para ir corrigiendo esas deficiencias”, abundó.
Por su parte, la diputada Claudia Anaya Mota (PRD) aseguró que es necesario contar con ministerios públicos independientes del Poder Judicial para evitar más casos de una mala integración de expedientes que son sujetos a proceso legal y que afectan a personas inocentes como ocurrió con la indígena otomí Jacinta Francisco. “Una disculpa y retribución económica no resarcen el daño psicológico y moral que se causó durante estos tres años. El sistema de impartición de justicia debe prever, en los tres niveles de gobierno que lo enmarcan, que estos casos no se vuelvan a repetir por su distinción”, sostuvo.
La legisladora consideró que la puesta en práctica de juicios orales va a coadyuvar al sistema de justicia, porque los jueces nunca ven a las víctimas que están acusadas de algún delito y no conocen a fondo la situación en que ocurrieron los hechos.
“Vamos a revisar los huecos jurídicos durante la Legislatura porque asumimos nuestra responsabilidad y la parte que nos toca, estaremos revisando todo aquel código que implique alguna sanción administrativa para que las leyes queden claras. Aquí el problema fue la integración de expedientes, se discriminó y es algo que tenemos que revisar porque en todos los ámbitos hay discriminaciones