Decisión de la SCJN

La SCJN resolvió hoy que el Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, es responsable de grave violación de garantías individuales durante el conflicto de 2006 con la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO).

En contraste, el máximo tribunal rechazó una propuesta para señalar, por su omisión para intervenir en el caso, al ex Presidente Vicente Fox y a varios miembros del Gabinete federal. En ambos casos, la votación fue de ocho contra tres. Adicionalmente, fue desechada por 7 votos contra 4 la propuesta del ministro Mariano Azuela de calificar como "atenuada" la participación de Ruiz, por lo que su responsabilidad es lisa y llana. "Para mí, el reproche fundamental es que no se cuidó el orden público en la ciudad", dijo el Ministro Presidente Guillermo Ortiz.

"Fundamentalmente, lo veo a cargo del Gobernador y dio como resultado que el desorden generalizado produjera, por parte de los particulares, la afectación de derechos humanos", agregó en referencia a las acciones de la APPO contra comercios, inmuebles públicos y personas.Ulises Ruiz es el segundo Gobernador señalado por la Corte desde la reforma constitucional de 1995; el primero fue Rubén Figueroa, ex gobernador de Guerrero, por la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas.

Empro, el dictamen de la Corte, cuya versión final tomará varias semanas para redactar, no tiene efectos jurídicos ni genera responsabilidades concretas para los funcionarios mencionados, sino que es meramente declarativo.

Los ministros también dejaron fuera de participación en la violación de garantías a los dos mandos policiacos de mayor nivel propuestos en el proyecto de Azuela, es decir, Ardelio Vargas (Hoy diputado federal por el PRI) y el General Héctor Sánchez Gutiérrez, ex jefe del Estado Mayor de la PFP y ex coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo, respectivamente.

Además del Gobernador, sólo quedaron señalados su ex director de Seguridad Pública, José Manuel Vera; el ex director de la Policía Ministerial, teniente de navío José Moreno Rivas, y el director de la Policía Auxiliar, Joaquín Darío Berges.También una lista de unos 50 comandantes de menor rango de la PFP y de las policías estatales de Oaxaca, todos ellos por excesos y abusos durante los operativos del 14 de junio de 2006 para desalojar a la Sección 22 del SNTE del Zócalo oaxaqueño; el Operativo Juárez de la PFP, aplicado desde el 28 de octubre de ese año, para controlar a la APPO, y un enfrentamiento adicional en julio de 2007 durante la celebración de la Guelaguetza.

El bloque de José de Jesús Gudiño, José Ramón Cossío y Juan Silva Meza enfatizó la negligencia del Gobierno federal, incluido el ex Presidente Fox, por ignorar repetidas solicitudes de apoyo del Gobierno y Congreso de Oaxaca para enviar a la PFP a restaurar el orden público.

No obstante, Ortiz replicó que las fuerzas federales no están a las órdenes de los gobiernos estatales y que el Ejecutivo Federal tiene que valorar con prudencia este tipo de solicitudes de intervención.La Corte aceleró el proceso de votación, luego de una sola ronda de intervenciones a cargo de cada uno de los once ministros, por lo que bastaron dos sesiones para resolver el caso, mucho menos tiempo del que suele utilizar para expedientes de perfil público más

La decisión de la Corte será enviada para su conocimiento al Presidente de la República, al Congreso de la Unión, a la Procuraduría General de la República, al Congreso de Oaxaca, entre otras autoridades, para que sean ellas quienes decidan si se le fincan a dichos funcionarios públicos responsabilidades penales, civiles, administrativas y políticas.
Pero como sólo tiene el carácter de una recomendación, dicha resolución podrá ser o no tomada en cuenta por dichas autoridades.