La SCJN, hoy

Corte, un árbitro de conflictos políticos

Carlos Avilés

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) siempre genera polémica, nunca deja contentos a todos y las opiniones en torno a ella, por lo general, provocan divisiones. A punto de concluir la primera década del nuevo siglo, hay dos temas en los que hay coincidencias.

El primero es que se ha convertido en el árbitro que defiende y soluciona los conflictos políticos más importantes que se generan entre las autoridades de todos los niveles del país, pero a costa de relegar y desatender los juicios relacionados con la defensa de los derechos fundamentales de la población.

El segundo es que se ha caracterizado por ser impredecible, debido a que no ha trazado una tendencia clara, pues va de lo liberal a lo conservador, y al resolver casos similares puede emitir criterios totalmente opuestos al cabo, tan sólo, de unos cuantos años.

Académicos, abogados litigantes y hasta los dos nuevos ministros consideran que en la última década el Pleno de la Corte se ha concentrado en la resolución de los juicios de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, en los que se enfrentan autoridades de todos los niveles, desde el Presidente de la República hasta un alcalde del municipio más pequeño del país, por una ley o un acto de otra autoridad que les afecta o viola la Constitución.

Esta situación, advierten, ha propiciado que los juicios de amparo mediante los cuales se defiende a los ciudadanos de los abusos generados por las autoridades, no hayan tenido un lugar prioritario en la agenda del alto tribunal, salvo cuando se tratan de asuntos fiscales en los que están involucradas empresas y disputas de cantidades importantes de dinero. Prueba de ello es que en este año, el Pleno dedicó prácticamente todo su segundo periodo de sesiones, que va de agosto a diciembre, a terminar de revisar casi exclusivamente los más de 40 juicios de acciones de inconstitucionalidad que promovieron todos los partidos políticos en contra de las reformas electorales de diversas entidades.

Tan sólo en noviembre el Pleno sesionó en 10 ocasiones y únicamente resolvió juicios contra reformas electorales y una demanda que enfrentó a la Cámara de Diputados con el Presidente de la República.

Eso, sin contar que dejó pendiente de resolver, para el 2010, más de 170 controversias constitucionales y 44 juicios de acciones de inconstitucionalidad.

Entre olvido y contradicciones

Luis Miguel Cano, uno de los abogados que ha litigado algunos de los casos más importantes que ha tenido SCJN en materia de derechos humanos, afirma que “ha desarrollado plena conciencia de su papel de tribunal constitucional, intérprete máximo y último de la Constitución, y de su poder, pero le falta asumirse al servicio de la sociedad”.

El codirector de Litiga OLE (Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, A.C.), dice que le da la impresión de que cada vez es más palpable la deferencia de la Corte hacia las instituciones de Estado, los partidos y demás factores reales del poder, antes que con la gente.

Lorenzo Córdova, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincide en que el máximo órgano de justicia se ha consolidado como tribunal constitucional, pero todavía no define su papel como protector de los derechos fundamentales de la población.

Desde el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) la visión no es muy distinta. José Antonio Caballero, encargado del área de Derecho en esta institución, se dice convencido de que la SCJN ha logrado consolidarse, en particular, afirma, en el rubro de la transparencia, en su papel como árbitro en las disputas entre poderes y en su labor de difusión a través de la casa de la cultura jurídica.

La Corte, asegura, ha sido capaz de enviar a los actores políticos la señal de que es un tribunal imparcial y, por lo mismo “los ministros deben cuidar mucho ese logro”, pero sin descuidar a la gente.

Pues si bien es cierto que ha tenido avances significativos en transparencia y en algunas decisiones jurisdiccionales, coincide Saúl López Noriega, académico del ITAM, también lo es que nuestra SCJN no ha sido capaz de erigirse en un tribunal constitucional a la altura de la circunstancia del país. “Y esto se debe a que la Corte no ha considerado necesario realizar un profundo ejercicio de reflexión y autocrítica con el objetivo de plantear un ideal de justicia constitucional para el país e implementar los cambios necesarios para encaminarse a dicho ideal”.

Porque, como diría el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, después de ser investido con la toga que portará en el alto tribunal hasta el 2024, “muchas cosas tienen que cambiar y mejorar en la Suprema Corte”.

Entre ellas, precisó, el avanzar para que la agenda del alto tribunal permita emprender una mayor actividad en la protección y el desarrollo de los derechos fundamentales; lograr que quienes menos tienen tengan un mayor acceso a la justicia. Porque “la función de un juez constitucional es defender al pueblo frente al abuso del poder”.

La gente no siente que la defiende, de ahí que Luis Miguel Cano considera que es normal que los ciudadanos reprueben su trabajo, como se mostró en la encuesta que realizó en EL UNIVERSAL en donde se le dio una calificación de 5 a la labor de la SCJN.

“Creo que ha sido reprobada precisamente porque no está cercana a las personas, porque la gente no percibe ningún beneficio concreto en su vida cotidiana que se haya originado en una decisión de la Corte y esto a su vez se debe a:

“Uno, que de hecho la Corte no ha tomado suficientes decisiones favorables a los derechos de las personas que impacten estructuralmente en un cambio de las políticas del gobierno y que alteren, para equilibrar, la distribución de poder en México, empoderando a las personas frente al gobierno, los partidos y los grupos económicos que dominan la agenda y destino nacional.

“Y dos, cuando ha tomado ese tipo de decisiones que sirven a las personas, no las ha sabido transmitir, explicar y difundir entre la sociedad”. Pero la falta de atención a este tipo de temas no es el único problema que ha marcado a la SCJN en los últimos años. La falta de congruencia en sus sentencias y “los bandazos” que ha dado al resolver temas similares, es otro de los problemas que la han marcado.

Quienes integran el Pleno de la Corte, comenta Cano, tienen un importante descuido por buscar la congruencia con sus precedentes, y aunque hay personas con tendencias progresistas y garantistas, lo cierto es que no es infrecuente que cambien de criterio de un caso a otro sin más explicación.

Las sentencias que ha emitido el alto tribunal muestran este tipo de decisiones encontradas en los juicios en los que ha tenido que revisar temas como la cadena perpetua, el aborto, la jerarquía de los tratados internacionales e, incluso, la posibilidad o no de revisar reformas a la Constitución.

Estas variantes en los criterios en torno a un mismo tema se han generado por cambios de opinión de algún ministro o por la llegada de nuevos integrantes a la Corte.

Esta situación generó que el recién nombrado ministro, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, colocara como su punto número uno, de una agenda de 10 cambios que buscará emprender durante su gestión, el hecho de lograr que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación construya una doctrina constitucional, que dote de mayor consistencia y coherencia a sus fallos, que sirva de referente para su labor interpretativa, y que haga más predecibles sus resoluciones”. Y advierte, “necesitamos una Corte más congruente”.