¡Juárez no resiste más!

Juárez no resiste más!

Marcela Turati, reportera

Publicado en la revista mexicana Proceso # 1738, 21 de febrero de 2010;

Ciudad JUÁREZ, CHIH.- Después de su intervención en el encuentro Todos Somos Juárez, Hugo Almada, el académico local encargado de expresar ante Felipe Calderón y su gabinete el rechazo social a su estrategia policiaco-militar de combate al narco y las propuestas ciudadanas en esa materia, se sintió entre esperanzado y temeroso.

Esperanzado, porque percibió que, en ese evento del miércoles 17, por primera vez el presidente tomó nota de la opinión de los juarenses sobre su operativo que ha tenido un “alto costo ciudadano”; temeroso, porque entendió que el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, persiste en mantener el “despliegue territorial” de uniformados armados que ha sido rechazado por la ciudadanía.

El temor de Almada era compartido por los comerciantes, médicos, empresarios, ciudadanos y sus colegas de la Mesa de Seguridad convocados por Calderón después de la matanza, el 30 de enero pasado, de 15 jóvenes en la colonia Salvárcar, para adicionar propuestas al plan de reconstrucción de la ciudad.

El lunes 15, dos días antes del acto donde Almada y sus compañeros expusieron sus conclusiones al presidente, se reunieron con García Luna, quien les presentó como propuesta de acción la misma fórmula del Operativo Conjunto Chihuahua, que se viene aplicando desde 2008 en Juárez y que en vez de contener la violencia la ha disparado.

Ese día, García Luna anunció que a la ciudad, ya de por sí militarizada, llegarían 2 mil 600 nuevos policías, de los cuales 400 se dedicarán a investigar el secuestro y la extorsión. También dijo que la estrategia será revisar los giros negros y detener autos sin placas, que en esta frontera suman entre 50 y 70 mil, para verificar si a bordo viajan sicarios.

Sin embargo, los asistentes al encuentro le informaron que un decreto de la federación impide legalizar ese tipo de autos, lo que contribuye a la aumentar la inseguridad.

Almada, exasperado, le dijo a García Luna: “Después de todos los interrogatorios que ha realizado el Ejército de muy diversas maneras, ¿ustedes no tienen información suficiente para operar, señor secretario? Tenemos que plantearle con claridad y con toda la fuerza necesaria que el operativo fracasó y no tiene posibilidades de éxito. ¡Ciudad Juárez no resiste más!”.

Asimismo, un líder de licoreros también advirtió al visitante sobre la corrupción de sus policías y le entregó los números de las placas de las patrullas de la Policía Federal que extorsionan a los comerciantes.

Y dos días después de la reunión con García Luna, ante Calderón, la doctora Leticia Chavarría, del Comité Médico Ciudadano, de plano prefirió denunciar ante el presidente el secuestro de varios colegas suyos. La doctora interrumpió la presentación del plan Todos Somos Juárez:

“Todos los planes son excelentes, pero si no resolvemos lo urgente, las extorsiones, los secuestros, no vamos a lograr nada porque seguimos en el terror”. Le dijo también que estaba asustada porque en la ciudad es secuestrado un médico por semana…

García Luna la citó en el lobby después del encuentro y le dijo:

–Páseme los nombres de los afectados para poder investigar.

–No puedo… Hay mucho miedo, tengo que preguntarles a las familias...

–¿Cómo podemos investigar si no hacen las denuncia?

–Primero presente una banda de secuestradores, dé una señal –contestó la doctora, quien desconfía de la efectividad del grupo antisecuestros y, como los demás juarenses, ya dejó de utilizar las líneas 066 y 089 para pedir ayuda.

Regaños al por mayor

García Luna no fue el primer funcionario federal regañado en Juárez. Una semana antes, la actriz y activista Perla de la Rosa encaró al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, cuando llegó a la ciudad en representación del presidente, dos días después de la matanza de los 15 estudiantes. De la Rosa expuso: “Usted no viene aquí a regañarnos, viene en calidad de regañado”.

Luego vendría el regaño de la señora Luz María Dávila, mamá de dos de los jóvenes ejecutados, al presidente de la República, a quien el jueves 11 le dijo que no era bienvenido en Juárez. Su reclamo fue transmitido en vivo por televisión. En esa misma conferencia los juarenses increparon al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, por haber dejado cinco meses vacante la delegación estatal de su dependencia.

Una vez que escuchó el malestar de una sociedad que lo percibe como el presidente que empeoró la crisis de seguridad –desde el arribo de 10 mil policías y soldados para combatir a los cárteles de la droga, la ciudad pasó de 300 asesinatos al año a 2 mil 700–, Calderón instruyó a sus secretarios para que se reunieran con los ciudadanos, organizados por mesas de trabajo, y escucharan sus propuestas.

Pero, en la Mesa de Seguridad, García Luna dejó mala impresión: “No han agarrado a ningún lavador de dinero”, le dijo el doctor Arturo Valenzuela, en representación de su gremio; “los policías de inteligencia ni se ven ni se sienten; aunque los familiares de los muertos señalen a los culpables, las autoridades no hacen caso; nos entregó una propuesta de más de lo mismo”, soltó Miguel Galindo, presidente de la Central de Abastos.

Días después, ya en la reunión del miércoles 17 con Calderón, Almada planteó que la causa central del problema es la corrupción de las policías, que urgen 200 policías de investigación porque la procuraduría estatal está colapsada, que se requiere un mando civil único al frente del operativo que tenga respeto por los derechos humanos, el restablecimiento del estado de derecho y acciones contra los lavadores de dinero y dirigentes de los cárteles.

“Veo un riesgo en la posición de la SSP, porque el secretario claramente trató de evadir la reflexión y ver propuestas puntuales. La sensación es que viene más de lo mismo, aunque en el evento de hoy observamos una comprensión diferente del presidente, un acuse de recibo, lo que es esperanzador”, expresó Almada al salir del encuentro.

En la reunión se hicieron notorias las peleas al interior del gabinete. Además, llamó la atención que la comisionada de la Secretaría de Gobernación, Laura Carrera, se sentara al fondo del salón, y que sus interlocutores, los de la Mesa de Derechos Humanos, quienes manifestaban las posturas más críticas por los excesos cometidos por el Ejército y la policía, fueran excluidos del encuentro. Durante 2009, Carrera fue el enlace entre la federación y los juarenses, y armó con el alcalde José Reyes Ferriz el llamado Plan de Intervención por Juárez.

Uno de los funcionarios asistentes dijo a Proceso que el Gabinete Social de Presidencia pasó a la Sedesol la coordinación del plan diseñado por Gobernación para Juárez, y que en la rebatinga entre las dos dependencias fue cancelado.

Lo que ofreció el presidente fueron pedazos del Programa de Intervención prometido que, entre otros aspectos, contenía el modelo aplicado en la ciudad colombiana de Medellín para construir centros comunitarios de justicia y seguridad en las zonas más pobres. El tema de la impartición de justicia –empezando por el de los 15 jóvenes, la exigencia primera de varios colectivos ciudadanos para sentarse a dialogar en las mesas– quedó fuera.

El procurador Arturo Chávez Chávez fue emplazado por el presidente para que designara al delegado de la PGR en Chihuahua. El funcionario tuvo que admitir ante los periodistas que desconocía la oferta que al inicio del operativo se había hecho para equipar la ciudad con 200 ministerios públicos. Las otras mesas también tuvieron sus complicaciones.

Varios de sus participantes, entre ellos el activista José Luis Flores, se quejaron de que el esquema de trabajo fue dividido por programas sociales o dependencias y que con esa mecánica corre el riesgo de que la oferta gubernamental sea de pura pedacería y no aborde integralmente los problemas.

La promesa gubernamental de dotar de cobertura universal en salud a todos los juarenses y afiliar a 300 mil personas al Seguro Popular generó dudas entre la comunidad médica que consideró logísticamente imposible atender a tantos nuevos derechohabientes si no se construyen nuevos hospitales. Además de que, por la ola delictiva, en esta urbe escasean los médicos.

“Lo que se trajo sí ayuda a la ciudad, pero se hizo sin conocimiento de la realidad. ¿Dónde vamos a atender a 270 mil personas más en el Seguro Popular, si el Hospital General tiene 160 camas y ya está saturado, si el Hospital de la Mujer tiene 30, si desde hace 18 años se construye un hospital Infantil que no se ha terminado?”, manifestó el doctor Felipe Fornelli Lafon, coordinador de directores del municipio.

Por lo pronto, Calderón se comprometió a mostrar los primeros resultados en 10 y 100 días.

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Entre el miedo y la desconfianza

Marcela Turati

Publicado en la revista mexicana Proceso # 1738, 21 de febrero de 2010

Tras la matanza de 15 jóvenes en la colonia Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, los gobiernos federal, estatal y municipal finalmente reaccionaron. Sin embargo, los juarenses, en particular los familiares de los caídos, se quejan porque entrevén en ese despliegue de recursos una maniobra electorera. E insisten: “No queremos saber nada de partidos políticos”.

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- La calle con no más de 20 casas del Infonavit tiene una inusual custodia: una patrulla de la Policía Municipal con cuatro oficiales armados que vigilan tres casas abandonadas con orificios en las paredes; otra unidad, en la esquina, con policías estatales a bordo, y un contingente de agentes federales que hacen rondines nocturnos.

En los últimos días, la calle la ocupan también los niños y las niñas de esta colonia, la Salvárcar, que abandonan su encierro voluntario después de que vieron a sus hermanos mayores y a sus vecinos masacrados en una casa, que comienzan a salir y se reúnen bajo un toldo azul para jugar lotería y pintar arcoiris y corazones, mientras los supervisan psicólogos de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) y de la procuraduría estatal.

Doña Lola Torres ve la escena y comenta: Ora sí, después del “circo” que el sábado 30 de enero armaron los sicarios, que mataron a los 15 muchachos del barrio que se divertían en una fiesta, y ya cuando todos llevan el duelo en el alma, la Salvárcar dejó de ser invisible para el gobierno.

“A la calle Villas del Portal, rebautizada como ‘La Calle de la Muerte’, le van a ‘traer luz’ y están por construirle una caseta de vigilancia. Están haciendo muchas promesas… a ver si cumplen. Si se hubieran coordinado desde antes y no nos tuvieran tan abandonados, no tendríamos esta tristeza”, dice la mujer de 80 años.

Y tras una pausa, agrega: “Lo que da coraje es que los partidos políticos se echen la culpa y nos digan: ‘¿Ya ven lo que pasó? Es por votar por el PRI’; ‘¿Ya ven?, los que culparon a los muchachos de delincuentes son los del PAN’. Ésos, mejor que ni se metan aquí, que hagan pico de cera. Porque a los políticos la gente les tiene rencor”.

Detrás de ella, en la pared de la tienda de abarrotes donde está recargada, se leen unos avisos: “Sábado: grupos de autoayuda para jóvenes y padres de familia” y “atención psicológica, asesoría legal y primeros auxilios, gratis”. En las calles aledañas hay graffitis contra el gobierno. Y en los postes de toda la ciudad cuelgan pendones con los rostros de los candidatos y precandidatos del PRI, el PAN y el PT a la gubernatura del estado.

Dicen los malpensados que la matanza en Salvárcar no corrió la misma suerte que las ocurridas anteriormente en otras ciudades del estado. Desde 2008, dice, Juárez es considerada la ciudad más peligrosa del mundo, y convocó ya al presidente panista Felipe Calderón, así como al gobernador José Reyes Baeza y al alcalde José Reyes Ferriz, priistas ambos, porque este año es electoral.

“La gente dice que el gobernador tenía en la mano unas encuestas y por eso vino, y también comenta que Felipe Calderón sabía que a Chihuahua la tenía perdida y que por eso vino. A mí, de escuchar eso me da miedo, porque si esto es electorero y luego se van y nos vuelven a dejar solos, será horrible”, comenta un médico especialista en trasplantes que pide omitir su nombre por la ola de secuestros que vive su gremio. Sabe de la narcomanta en la que se anunció que un doctor por semana sería secuestrado.

El diputado del PRD Victor Quintana opina que la matanza de 15 estudiantes el 30 de enero fue “la gota que derramó el vaso”. No cabe duda, dice, que los asesinados eran jóvenes intachables; explica que, por ser una ciudad grande, Juárez tiene medios comunicación y rentabilidad política. Ese hecho sangriento, agrega, aglutinó a los colectivos y organizaciones sociales que ya se habían organizado en asesinatos anteriores y que estaban prácticamente listos para salir a protestar.

Lo cierto es que, a raíz de la matanza de Salvárcar, Ciudad Juárez volvió a ser visible. Desde 2008, los vecinos se quejaban de la violencia y exigían un replanteamiento de la estrategia federal de seguridad, en la que participan 10 mil policías federales y militares, pero sus reclamos no eran atendidos. Ahora sí.

Incluso ya vinieron a esta ciudad del terror donde llueven balas a escuchar la realidad de voz de los juarenses el presidente de la República y su gabinete para ofrecer millonarios planes sociales y económicos; también el gobernador Reyes Baeza y su gabinete, así como diputados y políticos locales, jueces y magistrados interesados en saber qué pasa.

“Indudablemente la emergencia social en Ciudad Juárez se está intentando partidizar. Felipe Calderón, cuando se entera de la matanza, anuncia inversiones millonarias antes de venir, y comienza a trabajar los planes con el gobierno municipal, saltándose al estatal, lo que provocó la ira del gobernador del estado”, sostiene el diputado perredista.

Y expone: “(Calderón) anunció 3 mil millones de pesos para Juárez, que iban a desequilibrar la balanza en tiempos electorales, y por eso el gobernador respondió con la iniciativa de trasladar los poderes (de Chihuahua, la capital, a Juárez) para recuperar la maniobra. Si gobernaba desde Juárez (Reyes Baeza), iba a verse más. Por eso voté contra el traslado de poderes, porque veía su intención político-electoral”.

Sin embargo, desde antes de la matanza de los jóvenes que se divertían en la fiesta de un vecino, el tema de la inseguridad que se vive en Juárez ya había suscitado reclamos entre los partidos.

El 15 de enero, después de que el embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, se reunió con las organizaciones sociales para revisar propuestas de intervención social para la ciudad, el vocero del gobierno estatal en Juárez, Manuel del Castillo, dijo a los reporteros que el gobernador estaba preocupado.

¿La razón? En esa reunión sólo estuvieron presentes organizaciones de un solo signo partidista; además, según el funcionario, los recursos que llegarían a la entidad para paliar la emergencia podrían desviarse a las campañas electorales. No pasó mucho tiempo para que los diarios y los noticiarios locales comenzaran a reproducir esa advertencia.

Tras la ejecución de los 15 adolescentes, Reyes Baeza anunció el traslado de poderes a Juárez, y criticó al presidente Calderón por su omisión. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, le respondió que no aceptaba, incluso le dijo que Chihuahua estaba copado por la delincuencia. Sin embargo, en su encuentro del lunes 1, Gómez Mont y Reyes Baeza convinieron en no politizar la ayuda. Pero la pelea sigue.

Y aun cuando los diputados del PAN y del PRD objetaron el traslado del Legislativo, accedieron enviar una comisión. Todavía ahora siguen recriminándose. La presidenta del Congreso estatal, María Ávila Serna, incluso criticó a los legisladores que impidieron el traslado de la sede a Juárez: “Ellos saben por qué lo hicieron, pero en su conciencia lo llevarán y serán los juarenses quienes en su momento se los reclamen”, dijo.

En tanto, los diputados del PAN, en voz de su coordinador, Fernando Álvarez, anunciaron que turnarán sus tiempos de trabajo semanalmente para viajar a Juárez para estar más cerca y solidarizarse con ellos. La semana pasada, el dirigente estatal del PAN, Cruz Pérez Cuéllar, se inconformó porque los diputados del PAN no fueron convocados a las mesas de trabajo ciudadano del plan Todos Somos Juárez.

El miércoles 17, al diputado Quintana se le negó el acceso a la reunión con el presidente Calderón en la cual se presentaron las conclusiones de las mesas de trabajo. Y él, a su vez, criticó la presencia de la esposa del mandatario, Margarita Zavala, responsable del DIF, en las mesas sociales sobre infancia.

El diputado del PAN Hiram Apolo Contreras acusó al PRI de congelar tres iniciativas contra el narcotráfico: “Si al gobernador le interesa tanto esta ciudad, le digo que ya liberen las iniciativas que están detenidas en el Congreso del estado, entre ellas la Ley de Coordinación Fiscal. Si tanto le interesa Juárez, que le invierta una cantidad similar a la que le va a invertir el gobierno federal (cerca de 5 mil millones de pesos)”.

El colmo de la partidización de la inseguridad ocurrió el martes 16. Ese día un grupo de universitarios denunció en el Congreso el asesinato, en la Facultad de Derecho, de su compañero Carlos Armando Flores. Un diputado del PRI subió a la tribuna y culpó a la policía de la ciudad de Chihuahua, gobernada por el panista Álvaro Madero Muñoz, de haber “facilitado” el crimen por su tardanza en acudir al lugar donde cayó el estudiante.

En esa sesión parlamentaria, un diputado panista contraatacó y responsabilizó de la violencia a la procuradora de Justicia del estado, Patricia González. Y mientras el alegato entre diputados arreciaba, los jóvenes sostenían sus mantas y cartulinas en las que se podían leer frases alusivas a sus reclamos de justicia y paz, informó al día siguiente El Diario de Ciudad de Juárez.

El gobernador no cesa de pedir que se evite la politización y los “manoseos” al programa de rescate de Juárez. Al arrancar las mesas de trabajo Todos Somos Juárez, Reyes Baeza dijo: “El llamado que hago es a dejar de lado visiones grupales, sectarias, partidistas, dejar de lado cualquier mezquindad política para dedicarnos todos juntos a trabajar por Juárez, más allá de la coyuntura electoral que vivimos”.

Y expuso ante el presidente Calderón: “No es tiempo de estarnos imputando culpas ni buscar al original responsable de este problema”, incluso dijo que en las mejores familias, como entre los gobiernos, hay desacuerdos.

El presidente le respondió: “Es muy importante que hagamos un esfuerzo y que nos comprometamos a trabajar juntos y que sepamos diferenciar y hacer a un lado las diferencias político-partidistas, así sean legítimas, que tenemos. Juárez no puede esperar más una visión desarticulada y diferenciada”.

Ciudad Juárez es una veta de votos importante para el PRI y el PAN que, por tradición, siempre se la han disputado. Es una referencia histórica para el PAN.

Antes de que la violencia se exacerbara, el municipio juarense era considerado la quinta economía del país. Hoy, esta localidad es la más importante del estado y la frontera binacional más importante del mundo; aquí reside 40% de los votantes chihuahuenses y se ubica el distrito federal electoral más panista de la entidad; hasta hace unos años era el municipio que más votos proveía al PAN a nivel federal.

“Hay que recordar que Ciudad Juárez tiene una historia de lucha democrática desde los años cincuenta. En 1956, don Luis H. Álvarez peleó la gubernatura contra Teófilo Borunda, y el PAN se quejó de fraude electoral por el robo de la alcaldía a Alfonso Arronte Domínguez. Fue la primera vez que hubo una controversia electoral; en 1983, Juárez y Chihuahua fueron las primeras alcaldías en las que triunfó el PAN, relata el presidente de la Comisión Electoral Municipal panista, Rubén Trejo Ortega.

Entrevistado en una librería-cafetería, el dirigente cuenta también que en 1986 el PAN lanzó a Francisco Barrio Terrazas como candidato a la gubernatura. El día de las elecciones, dice, los priistas llenaron las urnas antes de que la gente empezara a votar.

“(Ese fraude) generó un movimiento de resistencia civil que fue simbólico en Juárez por la toma de los puentes internacionales. Y es evidente que ese movimiento contra un régimen cerrado y antidemocrático, que tuvo trascendencia nacional e internacional, sentó las bases para reconocer la primera gubernatura del PAN en 1989, en Baja California; fue la primera que ganó la oposición”.

El jueves 18, día en que la reportera entrevistó a Trejo Ortega, los reporteros informaron sobre el encuentro Todos Somos Juárez, en el que el presidente Calderón, el gobernador Reyes Baeza y el alcalde Reyes Ferriz escucharon las propuestas presentadas por los ciudadanos y los funcionarios. El Diario de Juárez cabeceó así su nota principal: Deja Calderón más promesas… y dudas.

El tema de las promesas de Calderón incomoda a panistas, como el expresidente del Comité Municipal, Ramón Aguilar Armendáriz, quien considera el plan de rescate a Juárez como una trampa para el presidente Calderón: “Antes, hubo matanzas en Creel, en la comunidad de LeBarón y en otras más. Y aun cuando mostraban la situación de inseguridad, Reyes Baeza fue muy hábil para evitar que su gobierno pagara un costo político elevado”.

Dice que la matanza de los 15 jóvenes en Salvárcar trascendió las fronteras, lo que obligó al gobernador a actuar. “De manera absurda, trató de instalar poderes en esta ciudad, y como ahora se ve arrinconado dice que no hay que politizar. ¡Es absurdo!, porque no asume su responsabilidad como jefe del gobierno del estado.

“Ha sido muy hábil para contener su costo político y para desacreditar lo que venga del gobierno federal y pasarle el costo político. Esto de Todos Somos Juárez me parece una escenografía montada por el gobernador para sentar al gobierno federal y, si en 100 días no da resultado, pasarle los costos al gobierno federal y al PAN. (La de Reyes Baeza) es una estrategia para golpear al presidente, porque él es quien va a pagar los platos rotos si en 100 días no da resultados”.

Proceso intentó buscar al secretario del ayuntamiento, el priista Guillermo Dowell para conocer su opinión. El funcionario no respondió a la llamada.

En Salvárcar, las mamás de los jóvenes acribillados insisten en que no quieren saber nada de los partidos políticos. Se quejan porque, dicen, sólo han recibido visitas y promesas: del presidente, del gobernador, del alcalde juarense y, el jueves 18, a las 10 de la mañana, de los secretarios de Seguridad Pública federal, estatal y municipal, quienes se pusieron a sus órdenes.

Una de ellas, Maricruz Camargo, mamá de José Luis, un estudiante de 19 años, sostiene: “Aquí a los partidos ni los queremos, y ni se han aparecido. Ya les dijimos que no queremos que utilicen a nuestros hijos para sus campañas. Se lo dijimos a Calderón”.

Pese a ello, las camionetas de las policías municipal, estatal y federal siguen estacionadas frente a su casa, en las esquinas y a lo largo de la llamada Calle de la Muerte.