Diego en la portad de "Proceso"

Diego, el general y Amado Carrillo
Jesusa Cervantes, Jorge Carrasco y José Gil Olmos
Revista Proceso # 1751, 23 de mayo de 2010;
Ambos tienen gran influencia en sus ámbitos, el político y el militar. Diego Fernández de Cevallos y Arturo Acosta Chaparro han sido acusados de tener vínculos con el cártel de Juárez y se movieron con recobrada fuerza en el sexenio de Felipe Calderón. Sus destinos se cruzaron a raíz del secuestro del exsenador el viernes 14, y para el martes 18 ya los unía otra circunstancia: el pez gordo de la política seguía desaparecido y el general era baleado.
Las investigaciones para localizar al exsenador panista Diego Fernández de Cevallos, desaparecido desde la noche del viernes 14, están a cargo del general Arturo Acosta Chaparro, quien hace tres años fue exonerado por el Ejército de las acusaciones que lo implicaban con el narcotráfico y actualmente permanece en el Hospital Central Militar después de que un hombre lo baleó la noche del martes 18.
A los dos se les han atribuido, en distintos momentos, relaciones con el crimen organizado, en particular con el cártel de Juárez y quien fuera su líder, Amado Carrillo Fuentes. Ambos fueron blanco de agresiones en menos de una semana.
Consultadas por Proceso, fuentes que han estado cerca de la indagatoria que se sigue en Querétaro y otras cercanas al general afirman que éste fue “contratado” por “un despacho” ligado a Diego Fernández de Cevallos y a Lozano Gracia.

Este semanario también recabó versiones en el sentido de que los servicios de Acosta los solicitó directamente la familia del político y de que el militar había comenzado a trabajar en algunas hipótesis iniciales:
Una de ellas es que el plagio habría sido motivado por asuntos que involucran a Miguel Fernández de Cevallos, hermano de Diego.
De hecho, uno de los hijos de Miguel –dice una de las fuentes– aseguró en sus primeras declaraciones ante la Procuraduría General de la República (PGR) que el viernes 14 iba en su auto por la carretera federal cuando vio a su tío Diego en el asiento trasero de una camioneta, custodiado por dos hombres vestidos de blanco; declaración que no fue creíble para las autoridades.
Otras hipótesis que presuntamente verificaba Acosta Chaparro son las del narcosecuestro y la guerrilla.
Uno de sus primeros objetivos fue el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), por su supuesta relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dicen a Proceso fuentes cercanas al militar.
Con un destacado historial en la represión de la guerrilla entre los años sesenta y ochenta, y ahora en su condición de asesor de primera línea de la Sedena, Acosta Chaparro se concentró en la información sobre la alegada relación de las FARC con grupos guerrilleros y del narcotráfico en México.
Desarrollaba esa línea de investigación cuando, la noche del martes 18, en la colonia Roma de la Ciudad de México, fue atacado por un sujeto que le disparó con un arma de fuego al momento de que el militar salía de la empresa de seguridad privada Elim.
Apenas unas horas antes, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se había deslindado de la desaparición de Fernández de Cevallos.
“Se están deslindando, pero no les creas. Ese deslinde no quiere decir nada”, le comentó Acosta Chaparro a uno de sus hermanos con quien estaba llevando la investigación, según refieren las fuentes, y advirtió: “La agresión en su contra no fue un accidente. Fue un aviso para que no se meta”.
El profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Guillermo Garduño Valero, especializado en fuerzas armadas y seguridad nacional, coincide: “Por el sistema de información que manejó por décadas y gracias a las puertas que le abrió el actual gobierno para seguir manejando información sobre grupos guerrilleros, se puede focalizar por dónde pudo venir el ataque”.
En esa línea, señala: “El atacante sabía quién era, que no debía matarlo sino dejarlo fuera de la investigación. Eso explicaría que a pesar de haber ingresado por su propio pie al Hospital Central Militar lo hayan declarado grave”.
Quienes informaron a Proceso de la participación de Acosta Chaparro en la indagatoria corroboran que desde su exoneración y liberación el general empezó a prestar servicios a la Presidencia de la República.
Incluso, afirman, entrenó a un grupo de élite del Ejército para constituir la avanzada en operativos contra el crimen organizado, específicamente en el estado de Chihuahua. No obstante, aclaran que el militar ya no trabaja para la Presidencia y únicamente brinda asesoría a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Al cierre de esta edición su estado de salud aún era grave, porque el único proyectil que hizo blanco en su cuerpo lo hizo por el abdomen y salió por un costado.
La certeza sobre la relación entre el atentado contra el general y la desaparición de Diego Fernández está en manos del Ejército, porque el primer delito fue denunciado ante el Ministerio Público Militar. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal únicamente es coadyuvante en el caso y hasta el momento no cuenta con la declaración de Acosta.
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Las medallas del general
Como resultado de una investigación que la PGR abrió en enero de 1996 –justo cuando su hasta entonces titular, Antonio Lozano Gracia, iba de salida–, la dependencia dio a conocer al año siguiente que se había detectado que el general Acosta Chaparro, junto con otro militar, protegía a Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, líder del cártel de Juárez.
También el Ejército lo investigaba. Uno de los reportes de la Subjefatura de Inteligencia de la Sección Segunda del Ejército, fechado el 4 de abril de 1997 y dirigido a un general de apellido Sánchez, refiere una reunión del general Acosta Chaparro con Amado Carrillo. “Esta reunión –dice el informe– se realizó en una casa, en Jalisco, del exlíder nacional del PRI Javier García Paniagua”.
Tres meses después de ese encuentro, en julio de 1997, Amado Carrillo murió en el hospital Santa Mónica.
Al año siguiente, como parte del llamado Maxiproceso que realizó la PGR, Acosta Chaparro fue nuevamente investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico junto con el también general Francisco Quiroz Hermosillo.
Ambos fueron señalados por tres testigos protegidos: Carlos Colín Padilla, operador financiero del cártel de Juárez; Adrián Carrera Fuentes, exdirector de la Policía Judicial Federal, y Tomás Colsa MacGregor, un joyero que fue proveedor de varios narcotraficantes.
Las indagaciones sobre Acosta Chaparro continuaron hasta 2000. En septiembre de ese año fue detenido y procesado por sus presuntos vínculos con El Señor de los Cielos. El procurador militar que inició las indagaciones en su contra y determinó que era culpable fue Rafael Macedo de la Concha, quien meses más tarde, el 1 de diciembre, fue nombrado procurador general de la República por Vicente Fox, el primer presidente panista.
Tras el consejo de guerra al que fue sometido Acosta Chaparro en 2002, el general Tomás Ángeles Dahuajare lo condenó también a perder el grado y todos sus derechos.
Al iniciarse ese proceso, organizaciones de derechos humanos y familias afectadas por la desaparición de activistas sociales de Guerrero durante la guerra sucia de los años setenta interpusieron denuncias en su contra. Lo responsabilizaron de la desaparición y asesinato de varios líderes sociales. Estos cargos se sumaron al proceso por vínculos con el narcotráfico.
Poco antes de que concluyera el sexenio de Vicente Fox, en junio de 2006 Acosta fue absuelto por el Juzgado Cuarto Militar de la acusación de homicidio calificado, relacionada con la desaparición de 22 presuntos guerrilleros.
Con la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia, la suerte de Acosta Chaparro cambió por completo: el “máximo jefe de las fuerzas armadas” lo exoneró siete meses después de su accidentada toma de posesión. El 29 de junio de 2007 Acosta Chaparro abandonó el Campo Militar número 1; y el 23 de abril de 2008, en la ceremonia de retiro de 23 generales del Ejército, se le devolvieron todas las condecoraciones que en 2002 le quitó el general Ángeles Dahuajare (actualmente en retiro).
No sólo eso: Acosta Chaparro recibió una nueva condecoración por 45 años de servicio con “patriotismo, lealtad, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones”. l
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El diálogo de los “amigos”: –¡Vendido! –¡Co barde!
Álvaro Delgado
En el anecdotario documentado en torno a la relación entre Felipe Calderón y su correligionario Diego Fernández de Cevallos quedó el registro de la “amistad” –muy sui generis– a la que hizo referencia el presidente mientras se hallaba de gira en Estados Unidos: un odio que detonó desde finales de 2004, cuando ambos intercambiaron insultos en una sesión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. El motivo: la sumisión del Jefe Diego ante Carlos Salinas de Gortari.
“¡Eres un cobarde!”, le gritó Diego Fernández de Cevallos a Felipe Calderón, en respuesta a su acusación de someterse a Carlos Salinas: “¡Fuiste un vendido!”
Áspera su relación, sobre todo desde la gestión de Carlos Castillo Peraza como presidente del Partido Acción Nacional (PAN), el temperamento de ambos los condujo a la confrontación y al insulto.
El choque se produjo en una sesión del Comité Ejecutivo Nacional, a finales de 2004, cuando Calderón evocó la relación de Fernández de Cevallos con Salinas, en el periodo de Luis H. Álvarez como presidente del PAN.
Fernández de Cevallos, quien era entonces coordinador de los senadores del PAN, se había distraído en la revisión de papeles y no había reparado en lo que decía Calderón, hasta que una imputación lo cimbró.
–A ver, ¿me lo puedes repetir?
–Sí, que tú fuiste un vendido.
El excandidato presidencial se defendió: Adujo que las gestiones que hizo ante Salinas fueron a petición de Álvarez, como lo hizo también ante Ernesto Zedillo cuando Calderón fue presidente del PAN, y le recriminó: “¡No te hagas pendejo!”
Luis Felipe Bravo Mena, el entonces presidente del PAN, trató de tranquilizar al excandidato presidencial, quien le reclamó no haber reconvenido a Calderón y él tenía derecho a responderle.
De frente a Calderón, en medio de la expectación de los miembros del CEN, le recordó que le pidió interceder ante Zedillo, pero que mantuviera el secreto.
“Te llegué a ayudar y siempre me dijiste que no se supiera. ¿Por qué? ¡Porque eres un cobarde! Te llegué a ayudar, porque era el presidente del partido el que me lo solicitaba.
“–No es cierto –pretendió negar Calderón.
“–¡Es que eres un cobarde! ¡Acéptalo!”
Esta escena –verificada por el reportero con tres testigos directos– desmiente la amistad que Calderón dice que ha tenido con Fernández de Cevallos a raíz de la desaparición de éste, el viernes 14, en un hecho que cinco días después definió, en Washington, como “un misterio”.
Las diferencias entre ambos han sido hondas desde que Fernández de Cevallos fue coordinador de los diputados federales, entre ellos Calderón, en el segundo trienio de Salinas, pero se profundizaron a tal punto que, a finales de 1996, estuvieron a punto de liarse a golpes.
Según la semblanza “El abogado del diablo” que el periodista Roberto Rock hizo de Fernández de Cevallos para el libro Los intocables, éste puso en duda la hombría de los intelectuales, entre los que incluía a Castillo Peraza, que entonces presidía el PAN.
“Pues yo no soy intelectual, pero aquí estoy para defender a Carlos, levántate”, lo retó Calderón, al tiempo que se quitaba los lentes. Aunque no se produjo el intercambio de golpes, la enemistad jamás ha sido superada, si bien se han unificado –junto con Salinas y Fox– para combatir a su adversario común, Andrés Manuel López Obrador, en los videoescándalos, el desafuero, las elecciones y la calificación presidencial.
Banderas arriadas
La relación de Fernández de Cevallos con Salinas, en cuyo sexenio se inauguró un cogobierno del PAN con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) –que prevalece con Calderón–, lo ha puesto bajo sospecha permanente entre prominentes figuras del panismo, beneficiario de esa relación.
El propio Álvarez, quien presidió el PAN cuando pactó con Salinas legitimarse “en el ejercicio del poder”, deja ver su desconfianza en Fernández de Cevallos en una conversación con él que incluye en su libro de memorias Medio siglo. Andanzas de un político a favor de la democracia, justo después de revelar que el expresidente lo quiso cooptar con dinero.
“Oiga, don Luis, usted me reinventó. Si no es por usted, yo no hubiera regresado al PAN”, le reconoció Fernández de Cevallos. “Y entonces le dije: ‘Pues no sé si la patria algún día me lo vaya a reclamar’. Se me quedó viendo y luego se rió.”
Álvarez, quien ha formado parte de la alta burocracia con Vicente Fox y ahora con Calderón, no explica las razones del reproche, pero responsabiliza a Fernández de Cevallos de ser el promotor de la quema de las boletas de la elección de 1988, en 1991, que denomina “un detalle menor pero simbólico”.
Cuenta: “Diego fue quien me planteó la iniciativa bajo el argumento de que ya de nada servían dado que habían estado a disposición de cuanta persona las quiso consultar. Accedí a su solicitud; sin embargo, hoy me arrepiento de ello porque esas boletas merecieron nuestra gran crítica tres años antes”.
Otro prominente panista, Ernesto Ruffo, el primer gobernador del PAN, manifestó siempre su desconfianza en Fernández de Cevallos, en una conversación con el reportero, en marzo de 2000, justo después del debate que el excandidato presidencial sostuvo con López Obrador.
“Diego aparece siempre en momentos cruciales, en situaciones en las cuales él influye y aplica esta manera de ser que no entiendo, porque nos lleva a situaciones que no arrojan resultados objetivos y concretos para la causa de México y del cambio democrático. Está dentro de los asuntos, pero cada uno ha concluido siempre en una situación no muy clara de por qué hace lo que hace.”
Además de la incineración de los documentos de la elección de 1988, Ruffo recordó la intervención de Fernández de Cevallos en la solución de conflictos electorales en Guanajuato, Sinaloa, San Luis Potosí, y en el desenlace de las negociaciones para una eventual candidatura de toda la oposición en la elección de 2000.
“Diego rebasó a la presidencia del partido, se llevó la discusión a su casa. Y se atravesó en las elecciones presidenciales de 2000.
“–¿Para qué?
“–Para que no pase nada.”
Y resumió: “Por eso digo que la palabra que define mi persona respecto de él es que no le tengo confianza”.
Es conocida también la animadversión entre Fernández de Cevallos y Fox, quien le reprochó a él y al PAN no haber tenido decisión para ganarle al PRI desde 1988, como lo escribió en su libro A Los Pinos.
“Cuando finalmente tuvimos tirado al sistema y le pusimos el pie en el pescuezo, fuimos una bola de coyones y no le dimos el tiro de gracia cuando pudimos, en gran medida por una corriente de temerosos al interior del PAN.”
Puso como ejemplo el caso de Fernández de Cevallos, a quien acusa de que, en 1994, “simplemente se echó para atrás”, y advirtió: “A mi juicio, en el PAN no hay todavía suficiente coraje ni hambre de triunfo. Pero la historia de Diego no se repetirá: voy por la Presidencia de la República”.
Más recientemente, Juan José Rodríguez Prats, que fue su allegado, tomó distancia de Fernández de Cevallos, después de que éste asistió, como invitado de honor y junto con Salinas, al cuarto informe de gobierno del priista Enrique Peña Nieto, en agosto de 2009. “Siento que Diego ya arrió sus banderas de panista”.
–¿De plano?
–De plano. Ir al informe de gobierno de Enrique Peña Nieto es una traición. Peña Nieto es el candidato de la ultraderecha. Detrás de él están los intereses más nefastos y sucios del país. ¡Cómo pudo ir!
Contó al reportero que, después de ese episodio, habló con Fernández de Cevallos: “Le dije que tenga autoestima: ‘Qué desgracia que tu lema de un México sin mentiras sea una mentira’”.
–¿Qué le respondió?
–Nada. Se quedó callado.
A raíz de la publicación en Proceso de un reportaje de María Scherer en torno a las propiedades de Fernández de Cevallos (edición 1373), el editor Rogelio Carbajal le propuso a la reportera hacer una biografía de Fernández de Cevallos, con quien se reunió, según lo narra ella misma en la Edición Especial del 30 Aniversario de Proceso.
Por fin, María Scherer le planteó la idea de Carbajal.
–¿Una biografía?
–Una biografía.
–Cuando me muera valdrá la pena.
–Vale la pena ahora, senador.
–Ten paciencia. Cuando me muera te dejo husmear en mis archivos. l
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El abogado de los diablos
Ricardo Ravelo
Diego Fernández de Cevallos no sólo es uno de los políticos más influyentes del país: tiene una prolongada trayectoria como litigante, aunque a últimas fechas se cuestiona con insistencia la integridad de sus principales clientes. Se ha dicho públicamente que el panista es abogado del narco, empleado de la mafia. El experto Edgardo Buscaglia atribuye la autoría de su secuestro a narcotraficantes y lo ve como un golpe directo al poder, al gobierno.
Hábil en el manejo del llamado “influyentismo político” y en litigar lucrativos asuntos aun cuando vayan contra los intereses del Estado, Diego Fernández de Cevallos, desaparecido desde el viernes 14, se ha visto implicado en varios escándalos por su participación como abogado de personajes relacionados con el narcotráfico.
Y aunque el presidente de la República, Felipe Calderón, ha dicho que detrás del levantón que sufrió Diego Fernández en su finca La Cabaña, en Querétaro, no está el narcotráfico, lo cierto es que El Jefe Diego ha sido señalado en múltiples ocasiones como “empleado de la mafia” y abogado del narco.
Así lo denunció en 2004 el perredista Martí Batres, cuando fungía como subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, a propósito de una entrevista que concedió Fernández de Cevallos a Televisa. En ella el panista negó ser el artífice de la difusión de los videos con los que se destapó el caso de corrupción en el que se vieron implicados prominentes políticos perredistas y el empresario Carlos Ahumada.
Dijo Batres: “Estamos oyendo a Diego que no es el jefe de la mafia; es el empleado de la mafia y no me refiero simplemente a sus amistades como las que acaba de mencionar, de Juan Collado, asesor de Mario Villanueva, o de Eduardo Fernández, Raúl Salinas o Mario Ruiz Massieu, para poner algunos ejemplos.
“Tampoco voy a hablar de lo de Punta Diamante o la quema de los paquetes electorales de 1988 para facilitar el fraude a (Carlos) Salinas… Me refiero, sobre todo, a que Diego Fernández de Cevallos es, y eso es lo más grave, un personaje incrustado ya en la mafia del narcotráfico. Él recibió cuatro millones de pesos del cártel de Juárez y tengo… el expediente completito.”
Así surgía uno de los casos más complicados que enfrentó el poderoso abogado y excandidato presidencial panista Diego Fernández de Cevallos. No era todo. El panista resultó ser defensor de Jorge Bastida Gallardo, un empresario de la construcción identificado como consuegro del capo Amado Carrillo Fuentes.
Bastida compró un paquete de acciones del Banco Anáhuac que, según se supo después, consistió en una inversión del cártel de Juárez para lavar dinero del narcotráfico, lo que implicó tanto a políticos como a empresarios.
El espinoso Banco Anáhuac
De acuerdo con el expediente judicial, en el caso de las inversiones del narcotráfico en el Banco Anáhuac salieron perjudicados –porque presuntamente perdieron parte de su fortuna tras la investigación criminal que descubrió los fondos del cártel de Juárez– familiares del expresidente Miguel de la Madrid, entre ellos su hermana Alicia, su hijo Federico y su sobrino Jorge Hurtado Horcasitas (Proceso 1116).
El escándalo estalló a finales de 1996 a raíz de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino la empresa Grupo Corporativo Anáhuac a causa de un fraude millonario, con recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se le imputó a uno de sus socios importantes, José Luis Sánchez Pizzini.
Este embrollo criminal y político también salpicó a Rodolfo Zedillo, hermano del expresidente Ernesto Zedillo que conocía a Bastida, con quien proyectó la construcción de un hotel en la Zona Rosa de la Ciudad de México, aunque según la versión del propio Rodolfo el negocio no se llevó a cabo porque Bastida Gallardo incumplió el contrato al no aportar ni un centavo para la obra.
Fernández de Cevallos fungía también como asesor legal de buena parte de los integrantes del cártel de Juárez que estaban detrás de la operación de la compra del Banco Anáhuac.
Según sus antecedentes, Bastida Gallardo provenía del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, donde se hizo rico traficando con el coyotaje y el contratismo, amparado por Leonardo Rodríguez Alcaine.
Sin embargo, la sospecha lo envolvió –y ese fue el origen de la investigación de la PGR– cuando invirtió alrededor de 10 millones de dólares en la compra de acciones del Banco Anáhuac. En su red de relaciones empresariales y políticas aparecía Juan Zepeda, entre otros, como coinversionista del banco.
Fernández de Cevallos estaba incluido en las indagatorias. El motivo: presuntamente el cártel de Juárez, a través de Bastida, le había pagado cerca de 4 millones de pesos por sus servicios.
Según la investigación, Bastida Gallardo le entregó dos cheques –con los números 76859 y 76860– por un millón 995 mil pesos y dos millones de pesos, respectivamente.
Diego Fernández no negó que recibió los cheques; lo que sí negó es que el narco se los hubiera pagado. Su argumento: “A mí me solicitaron una intervención en favor de un grupo financiero, no de una persona física”, y dijo desconocer si existía o no un nexo entre su cliente Bastida Gallardo y otra persona física en actividades ilícitas.
Añadió: “Lo relativo a mis ingresos le corresponde al fisco, y sobre ese particular no tengo nada que informar. Ni si recibí ni si no recibo, ni quién expide un cheque ni dónde se deposita”.
Como parte de una posterior averiguación previa –PGR/SIEDO/UEIDCS/097/2004– integrada contra el cártel de Juárez rindió declaración Vicente Carrillo Leyva, hijo de Amado Carrillo. En ella refiere el caso del Banco Anáhuac y afirma que el abogado del grupo que perdió su fortuna en esa inversión fallida fue Diego Fernández de Cevallos.
Así lo manifiesta en su testimonio rendido el 1 de marzo de 2009 ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO):
Por el mes de enero de 1996 empezó mi papá a gestionar la compra de acciones en la Bolsa de Valores, a través de Juan Alberto Zepeda Méndez (contacto de Jorge Bastida, el cliente de Diego Fernández), compra que no se llevó a cabo, ya que éste le ofreció un mejor negocio o inversión en la compra de acciones del Banco Anáhuac, no recuerdo si se iba a ampliar el capital del banco o uno de los socios vendía su parte, siendo este negocio por la cantidad de treinta millones de dólares, el treinta por ciento del valor del banco, incluyendo cuatro vehículos, dos de la marca BMW, uno de ellos blindado, un Porsche gris a nombre de Luis Sánchez Pizzini, y otro más, Mercedes Benz. El negocio terminó de concretarse entre febrero y julio de 1996 dándole mi papá el dinero a Juan Alberto Zepeda Méndez.
Tras la muerte de Amado Carrillo su hijo Vicente declaró que quiso recuperar el dinero de la inversión en Banco Anáhuac para Zepeda Méndez y Juan Hurtado Horcasitas, el sobrino del expresidente Miguel de la Madrid, quienes le dijeron que el banco tenía problemas por malos manejos desde antes de que nosotros (se refiere al cártel de Juárez) empezáramos la negociación para comprar las acciones.
El hijo de Amado Carrillo también dijo haberse enterado de que el banco que intentó comprar su padre mediante diversos socios había sido intervenido por la CNBV, entonces encabezada por Eduardo Fernández. Le dijeron que este funcionario se había tomado atribuciones que no le correspondían con el fin de afectar al Banco Anáhuac.
Y añadió: Ante este problema se inició una auditoría por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fungiendo como representante legal o abogado el señor Diego Fernández de Cevallos, de la cual supe por otras personas, de las que no recuerdo el nombre, que todo salió favorable al banco…
Causas difíciles
Panistas prominentes y socios en distintos litigios, Diego Fernández de Cevallos y el actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aparecieron en julio de 1997 como representantes legales de dos empresas –el hospital Santa Mónica y la funeraria García López– donde murió y fue velado, respectivamente, Antonio Flores Montes, nombre falso que se utilizó para ocultar la verdadera identidad del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes.
En ese tiempo, Carrillo Fuentes, el llamado Señor de los Cielos, era el jefe del cártel de Juárez y meses antes, después de un supuesto intento fallido por negociar con la Secretaría de la Defensa Nacional el cese de su persecución, se había instalado en Sudamérica, sobre todo en Argentina y Chile, para operar sus negocios.
Presuntamente tomó parte en la defensa de importantes figuras del fraude, como Carlos Cabal Peniche; Ángel Rodríguez El Divino; Rogelio Montemayor; Jorge Lankenau, Tomás Peñaloza Webb y Gerardo de Prevoisin. Y controla también los más influyentes despachos de México.
Según el libro Cien nombres de la transición mexicana, de Alejandro Envila, Diego Fernández y Fernando Gómez Mont fusionaron sus despachos en 1994, a raíz de lo cual crearon Cevallos y Gómez Mont, SA. El autor afirma que en ese tiempo Gómez Mont asesoraba a la PGR cuando el titular de la dependencia era Antonio Lozano Gracia, otro miembro de este grupo.
El secuestro o desaparición de Fernández de Cevallos –el viernes 21 se cumplió una semana– ocurrió en el momento en que el político ejercía mayor influencia en el gabinete de Calderón. De hecho, desde 1994 ha impuesto a los titulares de la PGR. Y en noviembre de 2008 fue una pieza clave para la designación de su socio, Fernando Gómez Mont, como secretario de Gobernación (Proceso 1718).
El actual procurador general de la República, Daniel Chávez Chávez, se formó a la sombra de Fernández de Cevallos: fue asesor y secretario de la Junta de Coordinación Política del Senado cuando Diego fue presidente de la Cámara alta y coordinó la bancada del PAN de 2000 a 2001.
Por ejemplo, en 2007 Chávez Chávez se incorporó al bufete jurídico de sus exjefes para litigar contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una indemnización de mil 500 millones de pesos a favor de un grupo de ejidatarios del puerto de Altamira, Tamaulipas.
Sin embargo, su desaparición ocurrió en un contexto turbulento: el miércoles 12 –dos días antes– fue detenida y posteriormente liberada Griselda López, excónyuge de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
Para Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia y profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), no es descabellado pensar que el crimen organizado haya secuestrado a Diego Fernández: “Los cárteles como el de Sinaloa, que se ha visto tan criticado por la protección que recibe, tienen que recurrir al secuestro para forzar negociaciones y el cumplimiento de los acuerdos con los hombres del poder”.
–¿Esto quiere decir que Diego Fernández pudiera ser rehén del narcotráfico para exigirle al presidente que cumpla posibles acuerdos con el cártel de Sinaloa o algún otro?
–Esto es probable. El secuestro o desaparición de Diego es un fuerte mensaje para Calderón. Le pegaron en el centro al poder y a su gobierno. Ahora Calderón tendrá que cumplir lo que no ha cumplido, pagar lo que no ha pagado. Ahora le tocó a Diego; mañana puede ser un empresario prominente o incluso un personaje del gabinete… l
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Millonarios litigios con el poder del poder
Carlos Acosta Córdova
Diego Fernández de Cevallos, quien hizo grandes favores al priismo y acumuló un poder notable en el panismo, aprovechó su situación privilegiada para amasar una fortuna a base de litigios que, como abogado, ganó a sus correligionarios del gobierno. Los polémicos pero sustanciosos triunfos legales que ha obtenido, aun en contra del erario, le llenaron las arcas con cantidades multimillonarias...
Aun cuando el secuestro con fines de obtener un jugoso rescate era, hasta el cierre de esta edición, sólo una sospecha en el caso de la desaparición de Diego Fernández de Cevallos, nadie duda de que el polémico abogado y exlegislador panista es un apetecible bocado para la delincuencia organizada, toda vez que ha acumulado una cuantiosa riqueza a partir de sus resonantes triunfos como litigante a favor de grandes intereses económicos, aun en detrimento del erario.
Además de su cercanía con el poder político y los favores hechos a los gobiernos priistas –particularmente al de Carlos Salinas, por quien operó entre el panismo para que se aprobaran la reprivatización bancaria, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y las reformas constitucionales en materia eclesiástica, entre otras; mientras que a Ernesto Zedillo le ayudó para que el PAN avalara el rescate bancario–, es sabido que el llamado Jefe Diego usó y abusó del poder y las influencias que le daban su condición de diputado y senador para salir airoso en procesos judiciales en los que defendió a grandes consorcios y a familias acaudaladas.
Uno de los casos más sonados y escandalosos por su monto fue el de la empresa Jugos del Valle, que desde 1996 –en el gobierno de Zedillo– había solicitado una jugosa devolución de impuestos. Ninguno de los varios bufetes de abogados contratados por la empresa pudo hacer nada durante ese sexenio.
Pero apenas se le encomendó el caso al despacho de Diego –del que han sido prominentes miembros Fernando Gómez Mont, hoy secretario de Gobernación; Arturo Chávez Chávez, actual titular de la PGR, y Antonio Lozano Gracia, quien todavía es parte del despacho y fue procurador general de la República en el gobierno de Zedillo–, sólo pasaron dos meses del inicio de la administración de Vicente Fox para que el panista queretano se alzara con un sonado triunfo.
Ya desde 1999 la Suprema Corte de Justicia había resuelto que el artículo 2-A de la Ley del IVA era inconstitucional, toda vez que hacía distinciones y discriminaciones entre alimentos semejantes, es decir, otras bebidas no pagaban este impuesto. El hecho es que, a pocos meses de que el despacho de Diego Fernández de Cevallos tomó el asunto, Jugos del Valle recuperó cerca de mil 800 millones de pesos. Por devolución de IVA, supuestamente mal retenido por Hacienda, fueron mil 540 millones, más otros 260 millones por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Por ese litigio, Diego pudo llevarse entre 30% y 50% –según abogados consultados– de lo que la Secretaría de Hacienda reintegró a Jugos del Valle, en varias entregas pero a precios actualizados y con intereses sobre lo reclamado desde 1996.
Año y medio después, el hoy desaparecido político panista se anotó otro triunfo. Tomó el caso de los herederos de Gabriel Ramos Millán, quienes exigían a la Secretaría de la Reforma Agraria una indemnización por un predio de 33 hectáreas, en Santa Úrsula Coapa, que les fue expropiado en 1984.
Ya en 1997 los Ramos Millán se habían beneficiado de otra resolución judicial por un caso similar en una zona cercana. El entonces Departamento del Distrito Federal les pagó como indemnización de un predio expropiado de 25 hectáreas poco más de 11.1 millones de pesos.
Pero por el de Santa Úrsula, asumido por el despacho de Diego –en ese entonces presidente de la Mesa Directiva del Senado–, los Ramos Millán recibieron alrededor de cien veces más de dinero. El juicio ganado a la SRA implicó que los Ramos Millán obtuvieran, un año después, mil 214 millones de pesos –y Diego, su jugoso porcentaje de comisión–, cantidad que era muy superior, inclusive, al propio presupuesto de la SRA.
La defensa legal que Diego hizo de la familia Ramos Millán –con el exorbitante pago que éstos recibieron– implicó que se enfrentara a su propio partido, particularmente con los senadores panistas. Y el resto de los partidos representados en el Congreso también se le fueron encima.
En julio de 2002 –cuando ya Diego y los Ramos Millán habían ganado el juicio a la SRA, pero todavía no se les pagaba–, el entonces diputado Felipe Calderón dijo que “el Estado no tiene dinero, y si lo tuviera, primero debe destinarse a resolver los problemas de miseria que hay en el país”.
También: “No tenemos dinero para todas las obligaciones del Estado, y el poco que hay tendrá que ser jerarquizado de acuerdo no sólo con criterios jurídicos o políticos, sino éticos”.
El perredista Alejandro Sánchez Camacho, entonces diputado local, acusó: “Legisladores como Diego Fernández de Cevallos, Fauzi Hamdan, y exfuncionarios de Acción Nacional, como Antonio Lozano Gracia, sólo utilizan su posición y la información privilegiada que ésta les permite para ganar importantes litigios contra dependencias gubernamentales, que representan pérdidas millonarias al erario”.
Fue tal el encono que suscitó Diego con ese triunfo legal contra el propio gobierno –primero de extracción panista– que senadores de su partido, encabezados por Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del hoy presidente de la República, presentaron en agosto de 2003 una iniciativa de reforma al artículo 62 constitucional para prohibir a diputados y senadores fungir simultáneamente como legisladores y abogados litigantes activos, y para, en general, “acotar la tentación de abusar de su posición de poder para sacar ganancias personales”, según se leía en la argumentación de dicha iniciativa.
La exposición de motivos de ésta señalaba que ni diputados ni senadores podrán desempeñarse “como abogados, apoderados, representantes o asesores de particulares en negocios o asuntos judiciales, por sí o por interpósita persona”.
Y si algún legislador –decía el texto– está interesado en litigar, podrá hacerlo, pero tendrá que pedir licencia al Congreso, ya que deberá dejar sus funciones legislativas mientras dure su nueva ocupación.
El asunto no pasó a mayores. El Jefe Diego se impuso. La iniciativa no logró el consenso y se envió a la congeladora. Los priistas fueron quienes más pugnaron por que no prosperara. El argumento: A nadie se le puede prohibir el derecho constitucional de desempeñar sus actividades profesionales.
Otros clientes
Otros grandes empresarios se han beneficiado de los exitosos servicios legales de Diego Fernández de Cevallos. Es el caso de las familias Autrey Maza y Ancira Elizondo, propietarios de Altos Hornos de México. Aun cuando ésta se encuentra en suspensión de pagos desde hace 10 años –no cubre a sus acreedores una deuda cercana a los 2 mil millones de dólares–, logró, gracias a los oficios del despacho de Diego, que una de sus subsidiarias –la fórmula que emplea para seguir operando a pesar de encontrarse en suspensión de pagos– pudiera vender carbón a la Comisión Federal de Electricidad, bajo un contrato de 2 mil 400 millones de dólares.
Los bancos están igualmente dentro de la gran clientela del también excandidato presidencial panista –compitió con el priista Ernesto Zedillo y el perredista Cuauhtémoc Cárdenas en la elección de 1994–. En 2001 Diego logró que el entonces banco Bital, que se había fusionado al Banco del Atlántico, no pagara a Celia Reyes, michoacana de 83 años, los más de 45 mil millones de dólares que reclamaba por un depósito que había hecho en 1988, en el Atlántico, de 59 millones de viejos pesos. Dinero que nunca tocó, que se fue renovando automáticamente en plazos de 30 días y tasas de interés que a veces superaban el 100%. Ni un quinto de lo reclamado recibió la demandante.
Más recientemente, en agosto del año pasado, el despacho de Diego Fernández de Cevallos –cuando aún se encontraba en él Arturo Chávez Chávez, ahora procurador general de la República– obtuvo un amparo en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo que implicaría la paralización de labores del puerto de Altamira, Tamaulipas, o el desembolso de más de mil 500 millones de pesos del erario.
Resulta que dos grupos de ejidatarios de la localidad iniciaron en junio de 2007 la impugnación del decreto presidencial que expropió –a principios de los años ochenta– los terrenos donde se ubica la terminal marítima. Diego y su equipo consiguieron un amparo porque en el texto del decreto no se justificó la utilidad pública del puerto para la expropiación, y no porque los ejidatarios no hayan recibido el pago por sus tierras o no se les haya dotado de nuevos predios.
Diego y sus socios ganaron en esa instancia el juicio –el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil de Tamaulipas otorgó el amparo–, pero falta la sentencia definitiva.
En su momento, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas –militante del mismo partido que Diego– aseguró que el gobierno federal no está dispuesto a que se pague dos veces por los terrenos expropiados donde se construyó el puerto industrial de Altamira, el tercero en importancia del país.
Aseguró que la dependencia tomará todas las acciones de tipo jurídico para evitar que bajo el abuso de deficiencias técnicas en este y otros casos que hay en tribunales “se pretenda obtener ganancias incorrectas”.
“No estamos dispuestos a pagar mil 500 millones de pesos ni otra cantidad por un predio que ya se pagó a los ejidatarios”, dijo Molinar.
Y esos son, apenas, algunos de los numerosos y polémicos casos ganados por Diego Fernández de Cevallos, quien hoy, desaparecido, se halla en una encrucijada. l
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El señor feudal
Verónica Espinosa
Propietario de ranchos como La Asturiana, La Alondra, El Estanco, La Escondida, La Palma y La Cabaña, en Querétaro, y de por lo menos otros dos en el vecino estado de Guanajuato, el exsenador panista Diego Fernández de Cevallos era, al momento de su desaparición, un verdadero señor feudal. Los lugareños se muestran contritos y sólo atinan a decir que ahí, en su feudo, “nadie se atrevería a hacerle daño al patrón”. En la iglesia de La Barranca, en Guanajuato, incluso los trabajadores del político le rezaron ya un novenario la semana pasada.
PEDRO ESCOBEDO, QRO.- Estos son los terrenos de Diego Fernández de Cevallos: ranchos, fincas, caminos, algunos de ellos construidos por sus trabajadores, habitantes todos ellos de las comunidades aledañas a las propiedades del exsenador panista.
Fernández de Cevallos convirtió en su feudo la geografía territorial y política entre la capital del estado y San Juan del Río.
De la carretera federal 57, a la altura del corredor industrial Querétaro-San Juan del Río, hay que adentrarse unos 10 kilómetros para llegar hasta el rancho La Cabaña, en este municipio localizado a 30 kilómetros de la capital y a otros 12 de San Juan del Río, casi en medio de ambas ciudades.
“¿Quién le iba a querer hacer daño al patrón?”, se preguntan los habitantes de San Clemente. Lo mismo hacen sus vecinos de Guadalupe Septién, Ignacio Pérez (antes El Muerto), Santa Cruz, Epigmenio González (El Ahorcado), La Palma, Cerritos, La Fuente, El Blanco…
“De aquí –enfatizan–, nadie”.
En estas tranquilas comunidades donde los patrullajes de policías o soldados son poco frecuentes, los lugareños nada sabían sobre la forma en que “desapareció” Fernández de Cevallos. Se enteraron el sábado 15 por la noche, cuando vieron los noticiarios en la televisión.
Esa noche, muchos de los pobladores andaban del otro lado de la carretera, en la feria del grano y la cantera en Pedro Escobedo.
El jueves 20, entrevistado por la reportera, uno de los habitantes sostiene: “Es hora que todavía no ven soldados por aquí, ni federales”. Dice que nadie ha ido a preguntar sobre lo ocurrido. “Nada más usted”, comenta.
El primer rancho de Fernández de Cevallos en la zona es La Asturiana, cuya barda de piedra marca el camino de entrada a los sembradíos de maíz, alfalfa y, en ocasiones, sorgo. Pero también La Alondra, El Estanco, La Escondida, La Palma y La Bolsa, rebautizada como La Cabaña.
Son ranchos forrajeros y ganaderos que comenzó a comprar desde mediados de los noventa (Proceso 1332 y 1373). Hoy, la región agrícola de Pedro Escobedo es la más tecnificada del estado y sus índices de marginalidad van de “bajos a muy bajos”.
Desde la reja de La Asturiana, el encargado comenta a la reportera que no hay vigilancia ni cuerpos de seguridad del estado en las inmediaciones porque, asegura, “no es necesaria”: “Aquí no tiene casa el patrón; nada más en El Estanco y en La Bolsa”.
El poblado más cercano a esta última propiedad de Fernández de Cevallos es San Clemente, que tomó el nombre de una vieja hacienda que fue epicentro de todas las estancias que ahora rodean la región.
En el taller de carpintería, Aquilino –Quino, le dicen los vecinos– asegura haber trabajado para Fernández de Cevallos en varias oportunidades. Lo ha hecho, dice, como operador de maquinaria para la construcción, la otra vertiente empresarial del próspero abogado.
Él participó, por ejemplo, en la construcción del aeropuerto de Querétaro: “Ya ve que enfrente del aeropuerto todo es de él”, refiere a la reportera, y recuerda que en 2001 el excandidato presidencial adquirió los predios de la zona. Lo hizo, insiste, cuando estaban en marcha la elaboración de los proyectos y los expedientes técnicos de esa obra (Proceso 1342).
Quino también relata que hace unos tres meses se encontró a Fernández de Cevallos y aprovechó para pedirle trabajo. “Me dijo que iba a tener algo para mí en Jalisco, que me esperara unos días. Es buen pagador. Nunca nos ha quedado mal”.
No oculta su simpatía por el político panista, a quien llama “el patrón” y al que algunas veces le ha dedicado canciones acompañado de un acordeón. Hace tiempo incluso le empezó a componer un corrido que aún no termina.
“Afuera dicen muchas cosas de él. ¡Quién sabe cómo será! Aquí sí estamos preocupados por él”, agrega.
Las tierras del patrón
El camino a San Clemente fue pavimentado por Fernández de Cevallos, quien también se encargó de convertir las rutas agrestes de esta semidesértica región en carreteras asfaltadas, algunas por iniciativa propia, otras por gestión ante las autoridades.
Gracias a ello ahora los vehículos transitan sin problemas a lo largo de las propiedades del panista desaparecido y en las comunidades donde viven sus trabajadores. Muchos de ellos comentan que “el patrón” llega cada ocho días a dormir a su finca. Los domingos acude a la misa de la parroquia de Santa María, en la cabecera municipal, dicen a la reportera.

La primaria y la secundaria de San Clemente forman comités escolares que piden ayuda al litigante y político para organizar sus festivales, como el del Día del Niño. El recién nombrado delegado de la SCT, José Luis Ramos Sánchez, incluso estaba pensando en ir a verlo para que le ayudara a gestionar los arreglos del camino que hoy luce un poco deteriorado.

Y aun cuando el excandidato presidencial no entra a San Clemente, hace cinco o seis años estuvo interesado en comprar el casco abandonado de la antigua hacienda de la localidad, pero desistió. Por esas fechas comenzó a construir la finca de dos plantas con techos y pórticos de teja en su rancho forrajero de La Cabaña, que compró a una persona de apellido Barroso, recuerdan los habitantes.

El inmueble se ubica al fondo de una línea de árboles que delimita el predio y que conduce a la entrada principal, ahora custodiada por dos patrullas de las policías federal y estatal. En la parte frontal está el estacionamiento, donde Fernández de Cevallos suele dejar su camioneta Escalade.

En su feudo, Fernández de Cevallos ha tenido una frenética actividad inmobiliaria, lo mismo que en otros rubros estratégicos: extendió sus dominios a Tolimán, zona donde se localiza el aeropuerto cuya construcción apoyó de manera “desinteresada”, según explicó el entonces gobernador, Ignacio Loyola Vera.

En los últimos cuatro años compró al menos otras dos enormes propiedades en Corregidora y en Jerécuaro, en el estado vecino de Guanajuato. Según la escritura 15,357 del 13 de abril de 2007, adquirió la fracción tercera del predio rústico Arroyo Hondo, con una extensión de 26 hectáreas. Se trata del próspero rancho El Álamo, en el municipio de Corregidora.

El Álamo es una propiedad rústica que colinda con la carretera Querétaro-Huimilpan, así como con el rancho de Obrajuelito, la exhacienda de Apapátaro y el ejido Vegil. La compraventa incluyó el pozo profundo, del cual se pueden extraer hasta 160 mil 300 metros cúbicos por año.

El nuevo dueño pagó a Ángel Joaquín Fernández Campos 9 millones de pesos por su propiedad ad corpus (concepto bajo el cual se vende el inmueble tal y como está, sin un contrato que especifique las medidas o extensión), según la escritura, que está registrada bajo el folio electrónico 235772 en el Registro Público de la Propiedad del estado de Guanajuato.

El notario público que dio fe de esa transacción fue Roberto Loyola Vera, secretario del priista Enrique Burgos durante su administración en Querétaro y hermano de Ignacio Loyola, quien en la época de la transacción era el gobernador de esta entidad.

En Jerécuaro, a unos 25 kilómetros de la cabecera municipal y muy cerca de la carretera a Apaseo, en los límites con Querétaro, compró a Fernando de la Mora la hacienda La Barranca hace cinco años.

El predio abarca 480 hectáreas y en sus tierras se cultivan granos para alimentar al ganado. La construcción data del siglo XVI y en un principio fue un convento jesuita, hasta que a finales del siglo XIX, durante el Porfiriato, se transformó en Hacienda. En La Colonia, la imponente edificación de dos plantas y 50 habitaciones fue utilizada incluso por la Inquisición.

Y aun cuando la operación fue discreta, a finales de 2009 causó polémica debido a que los habitantes de la localidad supieron que el queretano pretendía transplantar varios nogales de una zona ecológica protegida a los jardines de La Barranca. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tuvo que intervenir para frenar lo que los ejidatarios consideraban un ecocidio.

El delegado de la Semarnat, Francisco Javier Camarena –Fernández de Cevallos lo había ayudado a conseguir su cargo en Guanajuato, y antes en Chiapas–, trató de ayudar a su amigo el panista queretano, pero fracasó.

Lo que ya no pudo revertirse fueron los trabajos de desviación del camino de acceso a la comunidad para habilitar una entrada directa a la propiedad del político panista. Para esa obra el gobierno federal presupuestó 5 millones de pesos, dinero que gestionó de manera directa el exsenador, según declaró a los medios el regidor priista Eduardo García a finales de 2009.
Feudo político
Hace 52 años de que Francisco José Fernández de Cevallos Martínez, padre de Diego, se convirtió en el primer consejero nacional del PAN por el estado de Querétaro.
El 24 de abril de 2008, en la presentación del libro Memorias de la fundación, crecimiento y consolidación del PAN en Querétaro, que consigna la trayectoria de su padre como “uno de los pilares más sobresalientes del PAN”, Fernández de Cevallos intervino:

La política, dijo, “se ha convertido en una pelea interminable de ambiciones, de apetitos, de pasiones, de mentiras, de traiciones, de agresiones, de descalificaciones y de injurias, porque la gran mayoría de los que trabajamos en la política, a la hora de la verdad no venimos a dar. Hay que repetirlo aunque nos canse y aunque nos duela”.

Años antes de que llegara a ser, en 1994, candidato a la Presidencia –declinó en la contienda, lo que permitió al priista Ernesto Zedillo ganar la elección–, su influyentismo ya se dejaba sentir en las esferas políticas locales.

Se le menciona, por ejemplo, como orquestador del triunfo de su primo Manuel Cevallos como alcalde de la capital de Querétaro en 1988. Tres años después participó en la primera concertacesión, por medio de la cual el PAN entró a gobernar el municipio queretano de San Juan del Río.

Sin embargo, su carrera política la inició en la Ciudad de México, donde fue diputado suplente en varias ocasiones a partir de 1967. En 1991 encabezó la bancada panista durante el trienio de la LV Legislatura. Sus pares de San Lázaro le pusieron el mote de El Jefe.

Encarrilado en la política nacional, no descuidó su feudo queretano, en el cual llegó a jactarse de su amistad con oponentes políticos como Enrique Burgos García, el último gobernador priista.

El año pasado fue Diego quien evitó el cisma del PAN en las elecciones locales al frenar a su correligionario Armando Rivera, quien pretendía pasarse a las filas del PRI para competir por la alcaldía de la capital de Querétaro.

El exsenador llevó a Rivera a la Secretaría de Gobernación y ante Fernando Gómez Mont lo doblegó. Con ello evitó que el PRI arrebatara la capital a los panistas. Superadas las diferencias, en octubre Diego acudió a la toma de posesión del alcalde panista de la capital, Francisco Domínguez.

Burgos García ha estado cerca del exsenador panista, sobre todo desde el año pasado, a raíz de la muerte de Rodrigo Fernández de Cevallos, hermano de Diego. Y cuando fallecieron otros dos hermanos de su amigo –Hernán y Álvaro– el 25 de enero y el 12 de febrero de 2010, respectivamente, el priista estuvo al lado de la familia Fernández de Cevallos.

Otro amigo entrañable de Diego es su correligionario Ignacio Loyola Vera, quien lo provee de la maquinaria agrícola que necesita para las faenas en sus ranchos.