Diego y The Wall Street Journal

Advierte WSJ dudas en búsqueda de Diego
Las familias de la élite mexicana pueden sentir hoy que hasta las instituciones más poderosas no son capaces de resolver un secuestro
Nicholas Casey / The Wall Street Journal
Reforma, 17 junio 2010.- El mes pasado, los mexicanos quedaron asombrados cuando Diego Fernández de Cevallos, ex candidato presidencial, fue secuestrado en su rancho.
Sin embargo, entonces surgió una segunda sorpresa: a unas semanas del secuestro, a pesar de no encontrar al político de 69 años, la PGR informó que suspendía la investigación del caso a petición de la familia. La agencia investigadora de Querétaro, estado donde ocurrió el secuestro, informó que había hecho lo mismo.
La decisión de detener la búsqueda, sin precedentes en un secuestro de tan alto perfil, ha desatado una controversia en México. Aunque la familia no explicaría por qué intervino, en gran medida se piensa que las autoridades dejaron el caso para que la familia pudiera negociar un rescate directamente con los captores de Fernández.
El hecho muestra que en México, las familias de la élite pueden sentir hoy que hasta las instituciones más poderosas no son capaces de resolver un secuestro. El propio partido gobernante al que pertenece Fernández de Cevallos estaba buscando declarar ilegales los pagos de rescates para desalentar a los criminales, medida que parece haber sido ignorada en el caso de esta familia. El caso, que también presenta un dilema: cuando el principal investigador de México deja de trabajar en un crimen como éste, ¿eso envalentona a los secuestradores?
"Piense en el precedente que sienta esto", dice Eduardo Miranda, presidente de la Unión de Juristas de México, grupo con tendencia de izquierda que representa a jueces y abogados. "El estado simplemente no puede renunciar a su deber de esta manera".
Desde que el Presidente Felipe Calderón tomó posesión de su cargo a finales de 2006, los secuestros se han disparado. En los primeros 3 años se reportaron casi 2 mil 450, cifra cercana a lo que reportó la administración de su predecesor en el cargo. Los expertos creen que la mayoría de los secuestros nunca son reportados.
Los narcotraficantes han imitado a los grupos guerrilleros en el secuestro de empresarios acaudalados por un rescate. Otras víctimas, menos adineradas, caen presas de los llamados secuestros exprés donde la gente es plagiada y obligada a retirar dinero de cajeros automáticos. En 2008, Félix Batista, experto en secuestros quien en una compañía privada había negociado docenas de casos de rescates en México, fue secuestrado. Hasta el momento se desconoce su paradero.
Los expertos han estado de acuerdo en que los rescates lucrativos, junto con una voluntad de los mexicanos adinerados para pagarlos, son en gran parte el problema. Incluso, el PAN ha enviado al Congreso una propuesta de ley que exige que los secuestros sean reportados a la Policía y declara ilegales los pagos a los criminales. La iniciativa está estancada.
Sin embargo, parece que la desaparición de Fernández de Cevallos ha hecho que el Gobierno dé marcha atrás en la que parecía una postura severa. A diferencia de la mayoría de las víctimas de secuestro, Fernández de Cevallos es un ícono en el partido gobernante, un abogado adinerado y uno de los hombres mejor conectados de México.
"La reacción de las autoridades no me sorprende", dice Edgardo Buscaglia, profesor de leyes en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. "México posee un estado muy débil".
La PGR no ha respondido a preguntas por escrito para comentar al respecto.
Pocos dudan de la influencia en México del conocido "Jefe Diego", quien terminó segundo en la elección de 1994 y desde entonces ha mantenido un alto perfil.
El 14 de mayo, conducía a su rancho en el estado de Querétaro. Sus atacantes ya lo esperaban.
Fernández de Cevallos pronto fue reportado desaparecido y se encontraron manchas de sangre al lado de su vehículo. Las autoridades rápidamente dijeron que una foto de un hombre de barba y con los ojos vendados que fue filtrada a la prensa después del secuestro parecía ser del político, una señal de que podría estar vivo.
Los editorialistas censuran el hecho, que ensombreció la visita de estado del Presidente Calderón a Washington el mes pasado. En una telenovela mexicana, un actor entró a una oficina con un periódico con un encabezado sobre el secuestro.
Ocho días después del plagio, las autoridades anunciaron que suspendían la investigación.
Una gran parte del problema es la corrupción en las instituciones. En los últimos años, los principales funcionarios en la PGR han sido encarcelados por nexos con cárteles de la droga y organizaciones dedicadas al secuestro.
En el caso del político, una investigación podría "empeorar las cosas para Diego Fernández y su familia", dice Buscaglia.
La reciente propuesta para declarar ilegales los rescates, un obvio disuasivo contra los secuestradores, también podría presentar problemas imprevistos.
"Las víctimas entonces esencialmente se convertirían dos veces en víctimas", dice K. McCown, de Altegrity Risk International, compañía de seguridad privada con sede en Nueva York que ha negociado unos 70 casos de secuestro en México desde mediados de los años 90.
"Haz perdido a tu ser querido y potencialmente podrías ser procesado por pagar un rescate", dijo McCown, cuya firma monitorea el caso de Fernández.
McCown mencionó que Estados Unidos alguna vez enfrentó problemas similares a los de México en el negocio de los secuestros por un rescate. Sin embargo, a principios de los años 80, el FBI intensificó sus capacidades de inteligencia y ahora puede interceptar conversaciones telefónicas y correos electrónicos con más frecuencia por medio de la intervención de teléfonos, lo que hace más difícil que grupos grandes organicen un secuestro.
"En comparación, México no tiene esa infraestructura", dice. "Nosotros tenemos un sistema de justicia criminal que te pondrá en la cárcel durante muchos años".
En México, en contraste, solamente existe una oportunidad del 2 al 3 por ciento de que un crimen violento resulte en una sentencia en la cárcel para el delincuente, según estadísticas del Gobierno.
Miranda, de la unión de juristas, está de acuerdo en que el enfoque de México sobre el plagio es un proyecto en ciernes, pero dice que duda que la respuesta sea renunciar y ceder las investigaciones a entidades privadas contratadas por las familias, como Altegrity de McCown. Se pagan los rescates, y los criminales continúan con sus secuestros.
"Si el Estado no investiga, ¿entonces quién?", dijo. "Lo que estamos viendo es una privatización de las investigaciones y del sistema de justicia. No todos en México pueden darse el lujo de hacer esto".
Traducción: Jorge A. López.
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